Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1001
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i4.1718
La administración gubernamental del territorio oceánico
mexicano durante la aceleración azul (1953-2018)
The governmental administration of Mexico’s ocean territory during the blue
acceleration (1953–2018)
Rosenda Aguilar Aguilar
rosenda.aguilar@umich.mx
https://orcid.org/0000-0003-3392-9062
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia – México
Artículo recibido: 18 septiembre 2025 -Aceptado para publicación: 28 octubre 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
La Gran Aceleración del Antropoceno se ha desarrollado en los océanos a través de lo que se
conoce como aceleración azul. Esto significa que, en los últimos tiempos, se ha incentivado la
explotación de los recursos marinos en exceso y con celeridad en aras de favorecer
prioritariamente al interés económico. El objetivo del artículo es revelar el desempeño del
gobierno mexicano en torno al manejo de los recursos marinos durante el periodo que abarca
desde 1953 hasta el 2018. A través del modelo metodológico Fuerza-Presión-Estado-Impacto-
Respuesta se llevó a cabo el análisis del contenido de la Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado (1946, 1958) y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1976, 1982,
1992, 1994, 2000, 2013, 2018) revelándose una gestión administrativa federal favorecedora de la
aceleración azul en México.
Palabras clave: aceleración azul, administración gubernamental, México
ABSTRACT
The Great Acceleration of the Anthropocene has manifested in the oceans through what is known
as the Blue Acceleration. This concept refers to the recent intensification and rapid exploitation
of marine resources, primarily driven by economic interests. The aim of this article is to examine
the performance of the Mexican government regarding the management of marine resources
between 1953 and 2018. Using the Driving Force–Pressure–State–Impact–Response (DPSIR)
methodological framework, the study analyzes the content of the Law of Secretariats and
Departments of State (1946, 1958) and the Organic Law of the Federal Public Administration
(1976, 1982, 1992, 1994, 2000, 2013, 2018). The findings reveal that federal administrative
management in Mexico has consistently fostered the Blue Acceleration process.
Keywords: blue acceleration, government administration, Mexico
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1002
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
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Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1003
INTRODUCCIÓN
Los actuales cambios en las condiciones climáticas en nuestro planeta, debido a la
actividad antrópica, han llevado a proponer el establecimiento de una nueva época geológica
denominada Antropoceno.
Esta última ha aparecido desplazando a los escenarios ambientales de un Holoceno que
albergó las condiciones óptimas para el desarrollo del Homo sapiens en los últimos 10 a 12
milenios (Steffen et al., 2011; Rockström et al., 2009; Summerhates et al., 2024). La propuesta
de este término fue realizada por Paul J. Crutzen (2002) con la finalidad de evidenciar que los
efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente global han repercutido en un alejamiento
significativo del comportamiento natural del clima. La causa de ello han sido las intensas y
constantes emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero
capaces de detonar un calentamiento global que a su vez ha producido una crisis climática de
múltiples frentes (IPCC, 2023).
Y aunque actualmente existen debates acerca del reconocimiento geológico del término
Antropoceno, de facto se trata ya de un término ampliamente aceptado en la comunidad científica
que admite que los humanos hemos adquirido las capacidades para dirigir el destino del planeta
y que, además, todos sus compartimentos (atmósfera, hidrósfera, litósfera, biósfera) están
marcados por la huella del poder humano. Y es, el cambio en la composición atmosférica, el punto
que detona los posteriores grandes impactos.
El Antropoceno se ha expresado a través de un fenómeno que ha sido denominado, desde
el Centro de Resiliencia de Estocolmo, como la Gran Aceleración. Se trata de un rápido
crecimiento, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en una serie de indicadores económicos
y ambientales que muestran un enorme cambio respecto a las condiciones previas del Holoceno
(Head et al., 2022; Steffen et al., 2015). Entre los indicadores se encuentran el crecimiento
poblacional, la población urbana, el uso de energía primaria, el empleo de fertilizantes, el
consumo de agua, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso, la captura de peces marinos y el nitrógeno en zonas costeras.
Más aún, la Gran Aceleración no solo se ha puesto de manifiesto en ambientes terrestres,
sino que también ha sido documentada en los océanos; en tales espacios se le ha denominado
aceleración azul (Jouffray et al., 2020) y es considerada como un voraz proceso de expansión
humana en actividades oceánicas globales tales como maricultura, extracción de hidrocarburos y
minerales de fondo marino, desalinización de agua, transporte y cableado para comunicaciones,
entre otros. En este sentido, para México se han publicado datos que corroboran la existencia de
esta tendencia de rápido crecimiento en actividades de pesca comercial, maricultura, extracción
de algas, extracción de sal, extracción de petróleo, turismo de costa, transporte comercial
INTRODUCCIÓN
Los actuales cambios en las condiciones climáticas en nuestro planeta, debido a la
actividad antrópica, han llevado a proponer el establecimiento de una nueva época geológica
denominada Antropoceno.
Esta última ha aparecido desplazando a los escenarios ambientales de un Holoceno que
albergó las condiciones óptimas para el desarrollo del Homo sapiens en los últimos 10 a 12
milenios (Steffen et al., 2011; Rockström et al., 2009; Summerhates et al., 2024). La propuesta
de este término fue realizada por Paul J. Crutzen (2002) con la finalidad de evidenciar que los
efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente global han repercutido en un alejamiento
significativo del comportamiento natural del clima. La causa de ello han sido las intensas y
constantes emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero
capaces de detonar un calentamiento global que a su vez ha producido una crisis climática de
múltiples frentes (IPCC, 2023).
Y aunque actualmente existen debates acerca del reconocimiento geológico del término
Antropoceno, de facto se trata ya de un término ampliamente aceptado en la comunidad científica
que admite que los humanos hemos adquirido las capacidades para dirigir el destino del planeta
y que, además, todos sus compartimentos (atmósfera, hidrósfera, litósfera, biósfera) están
marcados por la huella del poder humano. Y es, el cambio en la composición atmosférica, el punto
que detona los posteriores grandes impactos.
El Antropoceno se ha expresado a través de un fenómeno que ha sido denominado, desde
el Centro de Resiliencia de Estocolmo, como la Gran Aceleración. Se trata de un rápido
crecimiento, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en una serie de indicadores económicos
y ambientales que muestran un enorme cambio respecto a las condiciones previas del Holoceno
(Head et al., 2022; Steffen et al., 2015). Entre los indicadores se encuentran el crecimiento
poblacional, la población urbana, el uso de energía primaria, el empleo de fertilizantes, el
consumo de agua, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso, la captura de peces marinos y el nitrógeno en zonas costeras.
Más aún, la Gran Aceleración no solo se ha puesto de manifiesto en ambientes terrestres,
sino que también ha sido documentada en los océanos; en tales espacios se le ha denominado
aceleración azul (Jouffray et al., 2020) y es considerada como un voraz proceso de expansión
humana en actividades oceánicas globales tales como maricultura, extracción de hidrocarburos y
minerales de fondo marino, desalinización de agua, transporte y cableado para comunicaciones,
entre otros. En este sentido, para México se han publicado datos que corroboran la existencia de
esta tendencia de rápido crecimiento en actividades de pesca comercial, maricultura, extracción
de algas, extracción de sal, extracción de petróleo, turismo de costa, transporte comercial
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1004
marítimo y cableado submarino con fibra óptica, en un periodo de 65 años (1953-2018) (Aguilar-
Aguilar y García, 2024) (Figura 1).
Figura 1.
Indicadores de la aceleración azul en territorio oceánico mexicano. Fuente: Aguilar-Aguilar y
García, 2024.
Indudablemente las múltiples actividades consuntivas y no consuntivas sobre el territorio
marino en México han participado en el desarrollo económico del país y, a la vez, han sido
impulsoras de una aceleración incremental asociada a la sobreexplotación de los recursos
disponibles.
marítimo y cableado submarino con fibra óptica, en un periodo de 65 años (1953-2018) (Aguilar-
Aguilar y García, 2024) (Figura 1).
Figura 1.
Indicadores de la aceleración azul en territorio oceánico mexicano. Fuente: Aguilar-Aguilar y
García, 2024.
Indudablemente las múltiples actividades consuntivas y no consuntivas sobre el territorio
marino en México han participado en el desarrollo económico del país y, a la vez, han sido
impulsoras de una aceleración incremental asociada a la sobreexplotación de los recursos
disponibles.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1005
Frente a las evidencias de estos acelerados procesos económicos, el presente trabajo busca
presentar algunos aspectos de la administración gubernamental que se desarrollaron desde una
posición de causalidad, en el periodo 1953-2018, de la aceleración azul y que, se entretejieron
con las actividades económicas marinas promoviendo el actual estado de las cosas.
Con lo anterior en mente y de forma más específica, el objetivo del presente artículo es
revelar el papel que desempeñaron las diversas Secretarías de Estado del gobierno mexicano en
el tema de gestión oceánica durante el periodo de 1953-2018 y que resultan ser determinantes
para explicar las condiciones administrativas que favorecieron la aceleración de las actividades
económicas marinas.
La administración gubernamental de los océanos en México
A efecto de abordar aspectos de gestión marina en México, resulta fundamental presentar
de forma general, tanto el espacio territorial referido, como a quien ha correspondido su
administración.
México posee 11,592.77 kilómetros de litoral, y desde 1982, se benefició (al igual que
muchos otros países ribereños) con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR), al recibir soberanía más allá de la costa. Este derecho permitió territorializar
una franja de mar adyacente, de 200 millas náuticas (370.4 km) de distancia (ONU, 1982;
SEGOB, 1986), generando una superficie líquida de propiedad mexicana de aproximadamente
3.1 millones de km2. Resulta relevante destacar que este último valor es 1.6 veces mayor al que
representa la superficie continental mexicana (1.9 millones de km2) (Figura 2) (INEGI, 2021).
En México, todas las actividades que se desarrollan en el territorio marino se fincan en la
premisa constitucional del Artículo 27, que expone que:
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
(CPEUM, 2025, 33).
De esta forma, el gobierno federal, a través de toda una estructura gubernamental se hace
cargo de la toma de decisiones respecto a lo que ocurre en su territorio continental y marino, que
en conjunto conforman uno de los tres componentes de toda nación (Figura 2).
Frente a las evidencias de estos acelerados procesos económicos, el presente trabajo busca
presentar algunos aspectos de la administración gubernamental que se desarrollaron desde una
posición de causalidad, en el periodo 1953-2018, de la aceleración azul y que, se entretejieron
con las actividades económicas marinas promoviendo el actual estado de las cosas.
Con lo anterior en mente y de forma más específica, el objetivo del presente artículo es
revelar el papel que desempeñaron las diversas Secretarías de Estado del gobierno mexicano en
el tema de gestión oceánica durante el periodo de 1953-2018 y que resultan ser determinantes
para explicar las condiciones administrativas que favorecieron la aceleración de las actividades
económicas marinas.
La administración gubernamental de los océanos en México
A efecto de abordar aspectos de gestión marina en México, resulta fundamental presentar
de forma general, tanto el espacio territorial referido, como a quien ha correspondido su
administración.
México posee 11,592.77 kilómetros de litoral, y desde 1982, se benefició (al igual que
muchos otros países ribereños) con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR), al recibir soberanía más allá de la costa. Este derecho permitió territorializar
una franja de mar adyacente, de 200 millas náuticas (370.4 km) de distancia (ONU, 1982;
SEGOB, 1986), generando una superficie líquida de propiedad mexicana de aproximadamente
3.1 millones de km2. Resulta relevante destacar que este último valor es 1.6 veces mayor al que
representa la superficie continental mexicana (1.9 millones de km2) (Figura 2) (INEGI, 2021).
En México, todas las actividades que se desarrollan en el territorio marino se fincan en la
premisa constitucional del Artículo 27, que expone que:
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
(CPEUM, 2025, 33).
De esta forma, el gobierno federal, a través de toda una estructura gubernamental se hace
cargo de la toma de decisiones respecto a lo que ocurre en su territorio continental y marino, que
en conjunto conforman uno de los tres componentes de toda nación (Figura 2).
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1006
Figura 2
Partes constituyentes de la Nación y localización de la Administración Gubernamental de
Sostenimiento Oceánico. Elaboración propia con base en La Paz, 2017
Ahora bien, es sustancial acotar la fracción del gobierno que ha manejado el territorio
oceánico de México. Para hacerlo hay que partir del hecho de que tal fracción no resulta ser una
entidad gubernamental específica, sino una multiplicidad de entidades que, de forma parcial, han
abordado algún aspecto de la administración; es decir, en México durante el periodo en estudio,
la responsabilidad del manejo del territorio oceánico ha recaído en múltiples entidades de
gobierno que participaron de forma dispersa con diversas funciones y actividades.
Para la investigación, y debido a que son gestores clave para la instrumentación de
decisiones de la nación, las Secretarías de Estado (como parte de la administración pública federal
centralizada del Poder Ejecutivo) representaron a las entidades capaces de haber colaborado en
alguna actividad de administración oceánica en el periodo en estudio (Figura 2). Su participación
pudo llevarse a cabo a través de dos mecanismos: aquel que tiene que ver con el cumplimiento de
las atribuciones establecidas como base de su funcionamiento (estructura orgánica) y aquel que
se desarrolló sobre la marcha para dar respuestas a algunas necesidades políticas, económicas y/o
sociales que apremiaron en cada momento histórico (gestión sexenal). Debe subrayarse que las
primeras serán el centro de atención del presente trabajo.
Figura 2
Partes constituyentes de la Nación y localización de la Administración Gubernamental de
Sostenimiento Oceánico. Elaboración propia con base en La Paz, 2017
Ahora bien, es sustancial acotar la fracción del gobierno que ha manejado el territorio
oceánico de México. Para hacerlo hay que partir del hecho de que tal fracción no resulta ser una
entidad gubernamental específica, sino una multiplicidad de entidades que, de forma parcial, han
abordado algún aspecto de la administración; es decir, en México durante el periodo en estudio,
la responsabilidad del manejo del territorio oceánico ha recaído en múltiples entidades de
gobierno que participaron de forma dispersa con diversas funciones y actividades.
Para la investigación, y debido a que son gestores clave para la instrumentación de
decisiones de la nación, las Secretarías de Estado (como parte de la administración pública federal
centralizada del Poder Ejecutivo) representaron a las entidades capaces de haber colaborado en
alguna actividad de administración oceánica en el periodo en estudio (Figura 2). Su participación
pudo llevarse a cabo a través de dos mecanismos: aquel que tiene que ver con el cumplimiento de
las atribuciones establecidas como base de su funcionamiento (estructura orgánica) y aquel que
se desarrolló sobre la marcha para dar respuestas a algunas necesidades políticas, económicas y/o
sociales que apremiaron en cada momento histórico (gestión sexenal). Debe subrayarse que las
primeras serán el centro de atención del presente trabajo.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1007
MATERIALES Y MÉTODOS
Resulta importante destacar que los resultados mostrados en el presente artículo son una
parte de la aplicación de un modelo metodológico de mayor alcance que analizó la gestión
gubernamental de forma más amplia con la perspectiva de Fuerza-Presión-Estado-Impacto-
Respuesta (FPEIR) (Driver-Pressure-State-Impact-Response, DPSIR por sus siglas en inglés) y
el cual ayudó a poner en relieve las relaciones de causalidad entre las actividades humanas
(políticas, sociales, económicas y culturales) y el sistema oceánico. Particularmente, las
respuestas gubernamentales detectadas al aplicar cada fase metodológica permitieron obtener la
información expuesta en el presente trabajo.
Brevemente, para identificar las Respuestas se inició considerando a cada una de las
problemáticas detectadas como Presiones, Estados e Impactos como conflictos que podrían tener
una Respuesta gubernamental. De forma individual se realizó una búsqueda de las atribuciones
de las Secretarías capaces de responder a tales problemáticas detectadas. Así, mediante un análisis
documental de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (SEGOB, 1946, 1958) y de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (SEGOB, 1976, 1982, 1992, 1994, 2000,
2013, 2018) se obtuvieron las atribuciones descritas en la estructura orgánica del gobierno
mexicano.
Del conjunto de facultades descritas en los documentos base se extrajeron aquellas que
explicitaban algún tipo de actividad relativa a un buen manejo marino. Esto es, se analizó si las
descripciones de las atribuciones estaban enfocadas en limitar la explotación económica oceánica,
en reparar daños al ecosistema marino o en proteger componentes del sistema marino que aún
permanecían. No fueron incluidas aquellas disposiciones cuya intención fundamental fuera el
impulsar la capacidad económica y/o fomentar la explotación marina.
El periodo de análisis correspondió al de la aceleración azul, debido a que, como se ha
acotado previamente, en él se manifiesta una magnificación de actividades a partir de los años
cincuenta del siglo pasado. Con la intención de organizar la temporalidad señalada y considerando
que la política gubernamental depende, en gran medida, del poder ejecutivo, se utiliza la
subdivisión por sexenios; estos fueron once en total: Adolfo Ruiz Cortines [ARC] (1952-1958),
Adolfo López Mateos [ALM] (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz [GDO] (1964-1970), Luis
Echeverría Álvarez [LEA] (1970-1976), José López Portillo [JLP] (1976-1982), Miguel de la
Madrid Hurtado [MMH] (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari [CSG] (1988-1994), Ernesto
Zedillo Ponce de León [EZPL] (1994-2000), Vicente Fox Quezada [VFQ] (2000-2006), Felipe
Calderón Hinojosa [FCH] (2006-2012) y Enrique Peña Nieto [EPN] (2012-2018).
La sistematización de resultados, además de la temporalidad sexenal, buscó centrar la
atención en las atribuciones específicas de las Secretarías de Estado relacionadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Resulta importante destacar que los resultados mostrados en el presente artículo son una
parte de la aplicación de un modelo metodológico de mayor alcance que analizó la gestión
gubernamental de forma más amplia con la perspectiva de Fuerza-Presión-Estado-Impacto-
Respuesta (FPEIR) (Driver-Pressure-State-Impact-Response, DPSIR por sus siglas en inglés) y
el cual ayudó a poner en relieve las relaciones de causalidad entre las actividades humanas
(políticas, sociales, económicas y culturales) y el sistema oceánico. Particularmente, las
respuestas gubernamentales detectadas al aplicar cada fase metodológica permitieron obtener la
información expuesta en el presente trabajo.
Brevemente, para identificar las Respuestas se inició considerando a cada una de las
problemáticas detectadas como Presiones, Estados e Impactos como conflictos que podrían tener
una Respuesta gubernamental. De forma individual se realizó una búsqueda de las atribuciones
de las Secretarías capaces de responder a tales problemáticas detectadas. Así, mediante un análisis
documental de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (SEGOB, 1946, 1958) y de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (SEGOB, 1976, 1982, 1992, 1994, 2000,
2013, 2018) se obtuvieron las atribuciones descritas en la estructura orgánica del gobierno
mexicano.
Del conjunto de facultades descritas en los documentos base se extrajeron aquellas que
explicitaban algún tipo de actividad relativa a un buen manejo marino. Esto es, se analizó si las
descripciones de las atribuciones estaban enfocadas en limitar la explotación económica oceánica,
en reparar daños al ecosistema marino o en proteger componentes del sistema marino que aún
permanecían. No fueron incluidas aquellas disposiciones cuya intención fundamental fuera el
impulsar la capacidad económica y/o fomentar la explotación marina.
El periodo de análisis correspondió al de la aceleración azul, debido a que, como se ha
acotado previamente, en él se manifiesta una magnificación de actividades a partir de los años
cincuenta del siglo pasado. Con la intención de organizar la temporalidad señalada y considerando
que la política gubernamental depende, en gran medida, del poder ejecutivo, se utiliza la
subdivisión por sexenios; estos fueron once en total: Adolfo Ruiz Cortines [ARC] (1952-1958),
Adolfo López Mateos [ALM] (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz [GDO] (1964-1970), Luis
Echeverría Álvarez [LEA] (1970-1976), José López Portillo [JLP] (1976-1982), Miguel de la
Madrid Hurtado [MMH] (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari [CSG] (1988-1994), Ernesto
Zedillo Ponce de León [EZPL] (1994-2000), Vicente Fox Quezada [VFQ] (2000-2006), Felipe
Calderón Hinojosa [FCH] (2006-2012) y Enrique Peña Nieto [EPN] (2012-2018).
La sistematización de resultados, además de la temporalidad sexenal, buscó centrar la
atención en las atribuciones específicas de las Secretarías de Estado relacionadas.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1008
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De forma previa a exponer las atribuciones resulta importante precisar que, en el periodo
estudiado, la integración de las dependencias secretariales experimentó diversas modificaciones
en función de los requerimientos políticos.
En un inicio (sexenio ARC), se dio continuidad a lo establecido desde 1946 por su
antecesor presidencial Miguel Alemán Valdés y, para “el despacho de los negocios del poder
administrativo de la Federación y para el estudio y planeación de la política de conjunto que en
ciertos ramos debe conseguirse…” (SEGOB, 1946, 1), se contó con trece secretarías y dos
departamentos como dependencias del Ejecutivo Federal. De ellas, siete se mantuvieron hasta el
año 2018 consolidando su desarrollo en la organización política (Tabla 1). Se trata de la Secretaría
de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación
Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En contraparte, en el periodo analizado, hubo 35 secretarías que una vez creadas
experimentaron diversos cambios: por denominación y funciones, por recombinación con otras
secretarías, por disgregación o desaparición parcial o total. De forma general se puede indicar que
el número de las secretarías de estado se incrementó con el tiempo, pasando de ser trece
dependencias (sexenio ARC) a dieciséis (sexenio EPN). El número mayor de dependencias se
consiguió en los sexenios de MMH, VFQ y FCH (Tabla 1).
Cabe destacar que, en la tabla referida (así como en las posteriores Figuras 3 y 4), se
identifican a las secretarías mediante las siglas: SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería),
SAGDRPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación),
SAGDR (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), SAHOP (Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas), SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos), SBNIA (Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa), SC
(Secretaría de Comercio), SCDA (Secretaría de la Controlaría y Desarrollo Administrativo), SCFI
(Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), SCGF (Secretaría de la Contraloría General de la
Federación), SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes), SDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano), SDN (Secretaría de la Defensa Nacional), SDS (Secretaría de Desarrollo Social), Seco
(Secretaría de Economía), SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología), SEMARNAP
(Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), SEMARNAT (Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales), SEMIP (Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal),
SEne (Secretaría de Energía), SEP (Secretaría de Educación Pública), SFP (Secretaría de la
Función Pública), SG ( Secretaría de Gobernación), SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), SIC (Secretaría de Industria y Comercio), SM (Secretaría de Marina), SOP (Secretaría
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De forma previa a exponer las atribuciones resulta importante precisar que, en el periodo
estudiado, la integración de las dependencias secretariales experimentó diversas modificaciones
en función de los requerimientos políticos.
En un inicio (sexenio ARC), se dio continuidad a lo establecido desde 1946 por su
antecesor presidencial Miguel Alemán Valdés y, para “el despacho de los negocios del poder
administrativo de la Federación y para el estudio y planeación de la política de conjunto que en
ciertos ramos debe conseguirse…” (SEGOB, 1946, 1), se contó con trece secretarías y dos
departamentos como dependencias del Ejecutivo Federal. De ellas, siete se mantuvieron hasta el
año 2018 consolidando su desarrollo en la organización política (Tabla 1). Se trata de la Secretaría
de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación
Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En contraparte, en el periodo analizado, hubo 35 secretarías que una vez creadas
experimentaron diversos cambios: por denominación y funciones, por recombinación con otras
secretarías, por disgregación o desaparición parcial o total. De forma general se puede indicar que
el número de las secretarías de estado se incrementó con el tiempo, pasando de ser trece
dependencias (sexenio ARC) a dieciséis (sexenio EPN). El número mayor de dependencias se
consiguió en los sexenios de MMH, VFQ y FCH (Tabla 1).
Cabe destacar que, en la tabla referida (así como en las posteriores Figuras 3 y 4), se
identifican a las secretarías mediante las siglas: SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería),
SAGDRPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación),
SAGDR (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), SAHOP (Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas), SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos), SBNIA (Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa), SC
(Secretaría de Comercio), SCDA (Secretaría de la Controlaría y Desarrollo Administrativo), SCFI
(Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), SCGF (Secretaría de la Contraloría General de la
Federación), SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes), SDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano), SDN (Secretaría de la Defensa Nacional), SDS (Secretaría de Desarrollo Social), Seco
(Secretaría de Economía), SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología), SEMARNAP
(Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), SEMARNAT (Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales), SEMIP (Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal),
SEne (Secretaría de Energía), SEP (Secretaría de Educación Pública), SFP (Secretaría de la
Función Pública), SG ( Secretaría de Gobernación), SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), SIC (Secretaría de Industria y Comercio), SM (Secretaría de Marina), SOP (Secretaría
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1009
de Obras Públicas), SPesca (Secretaría de Pesca), SPFI (Secretaría de Patrimonio y Fomento
Industrial), SPN (Secretaría de Patrimonio Nacional), SPP (Secretaría de Programación y
Presupuesto), SPre (Secretaría de la Presidencia), SRA (Secretaría de la Reforma Agraria), SER,
(Secretaría de Relaciones Exteriores), SRH (Secretaría de Recursos Hidráulicos), SS (Secretaría
de Salud), SSA (Secretaría de Salubridad y Asistencia), SSP (Secretaría de Seguridad Pública),
SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), ST (Secretaría de Turismo), STPS
(Secretaría de Trabajo y Previsión Social).
Tabla 1.
Comportamiento histórico de las Secretarías de Estado en el periodo 1953-2018
de Obras Públicas), SPesca (Secretaría de Pesca), SPFI (Secretaría de Patrimonio y Fomento
Industrial), SPN (Secretaría de Patrimonio Nacional), SPP (Secretaría de Programación y
Presupuesto), SPre (Secretaría de la Presidencia), SRA (Secretaría de la Reforma Agraria), SER,
(Secretaría de Relaciones Exteriores), SRH (Secretaría de Recursos Hidráulicos), SS (Secretaría
de Salud), SSA (Secretaría de Salubridad y Asistencia), SSP (Secretaría de Seguridad Pública),
SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), ST (Secretaría de Turismo), STPS
(Secretaría de Trabajo y Previsión Social).
Tabla 1.
Comportamiento histórico de las Secretarías de Estado en el periodo 1953-2018
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1010
En lo referente al análisis del contenido realizado en la LSDE (Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado) y en la LOAPF (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal),
este mostró modificaciones sexenales muy relevantes en cuanto a las Secretarías que integraban
el gobierno y permitió reconocer tres cuestiones: que algunas de las atribuciones llegaron a
desaparecer, y que algunas otras, aun permaneciendo, habían sufrido o una discontinuidad o una
dispersión jerárquica importante.
Desaparición de atribuciones secretariales
En relación con este punto, el análisis documental de la investigación detectó 17
Secretarías de Estado que en algún momento del periodo 1953-2018 estuvieron asociadas a 21
atribuciones diferentes en relación con la administración oceánica. De esas 21 atribuciones, 11
desaparecieron y 10 se mantuvieron hasta el año 2018. La Tabla 2 especifica estas dos situaciones.
Tabla 2
Atribuciones de la administración oceánica de las Secretarías de Estado en el periodo 1953-2018
En lo referente al análisis del contenido realizado en la LSDE (Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado) y en la LOAPF (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal),
este mostró modificaciones sexenales muy relevantes en cuanto a las Secretarías que integraban
el gobierno y permitió reconocer tres cuestiones: que algunas de las atribuciones llegaron a
desaparecer, y que algunas otras, aun permaneciendo, habían sufrido o una discontinuidad o una
dispersión jerárquica importante.
Desaparición de atribuciones secretariales
En relación con este punto, el análisis documental de la investigación detectó 17
Secretarías de Estado que en algún momento del periodo 1953-2018 estuvieron asociadas a 21
atribuciones diferentes en relación con la administración oceánica. De esas 21 atribuciones, 11
desaparecieron y 10 se mantuvieron hasta el año 2018. La Tabla 2 especifica estas dos situaciones.
Tabla 2
Atribuciones de la administración oceánica de las Secretarías de Estado en el periodo 1953-2018
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1011
Resulta importante destacar que, al analizar el contenido de las 11 atribuciones
desaparecidas, puede observarse que todas se relacionan con actividades de regulación,
investigación, cuantificación, saneamiento y capacitación que, de permanecer, hubieran
contribuido de manera importante al control de la aceleración azul. Por ejemplo, el haber
continuado con el “fomentar la investigación sobre la flora y fauna marítimas, fluviales y
lacustres” o el “conservar la flora y fauna marina y desarrollarla”, probablemente hubieran
contribuido a fortalecer la comprensión de la serie de desequilibrios ecosistémicos que se originan
por la sobreexplotación de recursos.
Al parecer, ninguna de las once atribuciones fue considerada como prioritaria para el
desarrollo económico mexicano, y su ausencia no fue reclamada por algún sector del desarrollo
pesquero, de extracción algal, de maricultura, de extracción de petróleo, de extracción de sal, de
transporte comercial marítimo, de turismo o de cableado submarino. Lo anterior es evidencia de
que el gobierno favoreció las actividades económicas oceánicas debido a que las consideró fuente
de ingresos, mientras que descartó las actividades de sostenimiento marino porque, o bien, no le
representaban ganancia alguna en el corto o mediano plazo o le resultaban un obstáculo para el
crecimiento económico.
Con base en lo anterior, puede decirse que el gobierno, a través de sus Secretarías de
Estado, fue eliminando paulatinamente atribuciones que no tenían cabida en el desarrollo de las
actividades económicas marinas. Al día de hoy, esa postura política ha resultado ser altamente
costosa en términos ambientales ya que alimentó la veloz entrada al Antropoceno y al acelerado
gasto de los recursos disponibles en los mares.
Respecto a las atribuciones que han permanecido durante todo el periodo de estudio se
detectaron cuatro en particular:
a) organizar los archivos de cartas marinas con sus estadísticas respectivas
b) regular la explotación de las salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en
las formadas directamente por las aguas del mar
c) establecer viveros, criaderos y reservas de especies de pesca
d) establecer épocas y zonas de veda para la conservación e incremento de las diferentes
especies de pesca
Aunque todas tienen un componente de manejo ambiental, su ejecución ha estado
orientada a promover y fortalecer las actividades económicas de pesca y extracción salina.
Discontinuidad de las atribuciones secretariales
El otro hallazgo de la investigación se refiere a la discontinuidad en las atribuciones para
las secretarías en el periodo estudiado. Es decir, sin importar si las facultades permanecían o
desaparecían, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, o bien cambiaron a otra secretaría o
existió un cambio en el perfil de la secretaría que alojaba a la atribución.
Resulta importante destacar que, al analizar el contenido de las 11 atribuciones
desaparecidas, puede observarse que todas se relacionan con actividades de regulación,
investigación, cuantificación, saneamiento y capacitación que, de permanecer, hubieran
contribuido de manera importante al control de la aceleración azul. Por ejemplo, el haber
continuado con el “fomentar la investigación sobre la flora y fauna marítimas, fluviales y
lacustres” o el “conservar la flora y fauna marina y desarrollarla”, probablemente hubieran
contribuido a fortalecer la comprensión de la serie de desequilibrios ecosistémicos que se originan
por la sobreexplotación de recursos.
Al parecer, ninguna de las once atribuciones fue considerada como prioritaria para el
desarrollo económico mexicano, y su ausencia no fue reclamada por algún sector del desarrollo
pesquero, de extracción algal, de maricultura, de extracción de petróleo, de extracción de sal, de
transporte comercial marítimo, de turismo o de cableado submarino. Lo anterior es evidencia de
que el gobierno favoreció las actividades económicas oceánicas debido a que las consideró fuente
de ingresos, mientras que descartó las actividades de sostenimiento marino porque, o bien, no le
representaban ganancia alguna en el corto o mediano plazo o le resultaban un obstáculo para el
crecimiento económico.
Con base en lo anterior, puede decirse que el gobierno, a través de sus Secretarías de
Estado, fue eliminando paulatinamente atribuciones que no tenían cabida en el desarrollo de las
actividades económicas marinas. Al día de hoy, esa postura política ha resultado ser altamente
costosa en términos ambientales ya que alimentó la veloz entrada al Antropoceno y al acelerado
gasto de los recursos disponibles en los mares.
Respecto a las atribuciones que han permanecido durante todo el periodo de estudio se
detectaron cuatro en particular:
a) organizar los archivos de cartas marinas con sus estadísticas respectivas
b) regular la explotación de las salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en
las formadas directamente por las aguas del mar
c) establecer viveros, criaderos y reservas de especies de pesca
d) establecer épocas y zonas de veda para la conservación e incremento de las diferentes
especies de pesca
Aunque todas tienen un componente de manejo ambiental, su ejecución ha estado
orientada a promover y fortalecer las actividades económicas de pesca y extracción salina.
Discontinuidad de las atribuciones secretariales
El otro hallazgo de la investigación se refiere a la discontinuidad en las atribuciones para
las secretarías en el periodo estudiado. Es decir, sin importar si las facultades permanecían o
desaparecían, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, o bien cambiaron a otra secretaría o
existió un cambio en el perfil de la secretaría que alojaba a la atribución.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1012
Ambas características institucionales constituyen factores que propiciaron de forma
importante la aparición de la aceleración azul ya que consiguieron que las responsabilidades no
se consolidaran en ninguna dependencia y, en consecuencia, sobrevino un deficiente manejo del
territorio marino que favoreció una explotación alta y un escaso cuidado. Ambas situaciones
representan obstáculos relevantes en el camino hacia el buen manejo oceánico.
La Figura 3 refleja la discontinuidad a nivel de secretarías en aquellas atribuciones que
permanecían vigentes al 2018.
Puede notarse que existen facultades que han permanecido a lo largo del periodo de
estudio, pero que su dispersión no ha permitido su consolidación en ninguna Secretaría. Por
ejemplo, el establecimiento de reservas pesqueras pasó de la Secretaría de Industria y Comercio
(SIC), al Departamento de Pesca (DP), a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE),
a la Secretaría de Pesca (SP), a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGDRPA), y finalmente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social
(SADR). En todos los casos ocurre lo mismo a excepción de la atribución de desarrollar
estadísticas y archivar cartas marinas, que ha permanecido en la Secretaría de Marina durante el
periodo analizado.
Cabe hacer notar que esa misma dispersión ocurrió con las atribuciones que
desaparecieron (Figura 4). Por ejemplo, respecto a la atribución de conservar la flora y fauna
marina, a lo largo del periodo en estudio estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (SM), de la
Secretaría de Industria y Comercio (SIC), del Departamento de Pesca (DP), de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), de la Secretaría de Pesca (SP), y posterior a 1995 ya ni
siquiera aparece como atribución de ninguna Secretaría de Estado. Algo similar ocurrió con la
facultad del saneamiento ambiental, la cual surge tarde (1976) y que por alguna razón desaparece
prontamente (1991). En circunstancias similares se encuentra el establecimiento de criterios
ecológicos de aguas residuales, la regulación de descargas de aguas residuales, la evaluación de
especies acuáticas, el establecimiento de centros de capacitación pesquera-laboratorios de pesca
y la investigación-regulación sobre la misma, el tener inventarios sobre recursos naturales, la
investigación sobre la flora y fauna marina.
La discontinuidad revela que, a lo largo del periodo en estudio, a diversas Secretarías se
les otorgaron atribuciones en la toma de decisiones con relación al sostenimiento del territorio
oceánico mexicano, las cuáles posteriormente se confirieron a una nueva dependencia o
desaparecieron propiciando con ello, desorganización, omisiones, descuidos en el manejo marino
capaces de promover y potenciar la aceleración azul.
Ambas características institucionales constituyen factores que propiciaron de forma
importante la aparición de la aceleración azul ya que consiguieron que las responsabilidades no
se consolidaran en ninguna dependencia y, en consecuencia, sobrevino un deficiente manejo del
territorio marino que favoreció una explotación alta y un escaso cuidado. Ambas situaciones
representan obstáculos relevantes en el camino hacia el buen manejo oceánico.
La Figura 3 refleja la discontinuidad a nivel de secretarías en aquellas atribuciones que
permanecían vigentes al 2018.
Puede notarse que existen facultades que han permanecido a lo largo del periodo de
estudio, pero que su dispersión no ha permitido su consolidación en ninguna Secretaría. Por
ejemplo, el establecimiento de reservas pesqueras pasó de la Secretaría de Industria y Comercio
(SIC), al Departamento de Pesca (DP), a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE),
a la Secretaría de Pesca (SP), a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGDRPA), y finalmente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social
(SADR). En todos los casos ocurre lo mismo a excepción de la atribución de desarrollar
estadísticas y archivar cartas marinas, que ha permanecido en la Secretaría de Marina durante el
periodo analizado.
Cabe hacer notar que esa misma dispersión ocurrió con las atribuciones que
desaparecieron (Figura 4). Por ejemplo, respecto a la atribución de conservar la flora y fauna
marina, a lo largo del periodo en estudio estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (SM), de la
Secretaría de Industria y Comercio (SIC), del Departamento de Pesca (DP), de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), de la Secretaría de Pesca (SP), y posterior a 1995 ya ni
siquiera aparece como atribución de ninguna Secretaría de Estado. Algo similar ocurrió con la
facultad del saneamiento ambiental, la cual surge tarde (1976) y que por alguna razón desaparece
prontamente (1991). En circunstancias similares se encuentra el establecimiento de criterios
ecológicos de aguas residuales, la regulación de descargas de aguas residuales, la evaluación de
especies acuáticas, el establecimiento de centros de capacitación pesquera-laboratorios de pesca
y la investigación-regulación sobre la misma, el tener inventarios sobre recursos naturales, la
investigación sobre la flora y fauna marina.
La discontinuidad revela que, a lo largo del periodo en estudio, a diversas Secretarías se
les otorgaron atribuciones en la toma de decisiones con relación al sostenimiento del territorio
oceánico mexicano, las cuáles posteriormente se confirieron a una nueva dependencia o
desaparecieron propiciando con ello, desorganización, omisiones, descuidos en el manejo marino
capaces de promover y potenciar la aceleración azul.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1013
Figura 3
Discontinuidad de las atribuciones relativas al sostenimiento oceánico que han permanecido
hasta el 2018 en diversas Secretarías
Figura 3
Discontinuidad de las atribuciones relativas al sostenimiento oceánico que han permanecido
hasta el 2018 en diversas Secretarías
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1014
Figura 4
Desaparición de las atribuciones relativas al sostenimiento oceánico en periodo 1953-2018
Figura 4
Desaparición de las atribuciones relativas al sostenimiento oceánico en periodo 1953-2018
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1015
Dispersión jerárquica de las atribuciones
Es conveniente precisar que, ciertas atribuciones que desaparecieron del nivel de
secretaría, no necesariamente se extinguieron. Algunas de ellas fueron alojadas en niveles
administrativos de menor jerarquía, tales como subsecretarías, institutos, programas, comisiones,
procuradurías, órganos públicos descentralizados, entre otras, cuya naturaleza representó
necesariamente una menor disposición de recursos y una disminución en el alcance de sus
decisiones. El caso de las atribuciones relativas a la actividad pesquera son ejemplo de lo anterior.
Aunque fue hasta el sexenio de José López Portillo que la administración de la pesca
alcanzó el estatus de Secretaría (1982), previamente esta gestión tuvo un recorrido en instancias
de menor posición en la estructura administrativa; inicialmente en la Dirección Forestal de Caza
y Pesca perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF) (1917); luego en la
Dirección de Pesquerías (1923) de la misma SAF; después en el Departamento Forestal y de Caza
y Pesca de la SAF (1935); posteriormente en la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas
perteneciente a la Secretaría de Industria y Comercio (1958); luego en la Subsecretaría de Pesca
de la SIC (1971); hasta convertirse en dependencia administrativa autónoma, casi a nivel de
secretaría denominada Departamento de Pesca (1976) (Soberanes Fernández, 1994).
La posición secretarial (obtenida a finales de 1982) solo duró 12 años debido a que en
1994 se decidió la fusión de las atribuciones de pesca con algunas otras de índole ambiental. Así,
todas bajo un enfoque integrador constituyeron la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. Al interior de esta última se anidó a la Subsecretaría de Pesca, encargada de la
política pesquera nacional, el fomento acuícola, la inspección y vigilancia, así como el
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. Posteriormente, en el año 2000, de nivel
de subsecretaría se pasó al de órgano administrativo desconcentrado al crearse la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (SAGDRPA, 2001); en este punto se trasladó a otra secretaría,
una de índole agropecuario (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación), debilitando el enfoque ambiental y fortaleciendo el de la seguridad alimentaria.
Hasta el año 2018 el manejo pesquero en el territorio marino mexicano estuvo a cargo de esta
comisión.
Puede establecerse que este nivel de dispersión jerárquica provocó que las secretarías
delegaran algunas atribuciones a otras instancias y, con ello, las relegaron a sitios administrativos
sin la fuerza del aparato gubernamental para proteger los océanos de los problemas derivados de
la pesca. En consecuencia, actualmente se padecen problemas tales como: pesca ilegal, pesca no
regulada, pesca no declarada, reducción de la abundancia de especies, destrucción del hábitat
físico del fondo marino, contaminación plástica e islas de basura, captura incidental sin
regulaciones, uso de artes de pesca destructiva, entre tantos más (Aguilar-Aguilar y García, 2024).
De forma concluyente puede indicarse que la dispersión jerárquica, en un efecto diluyente de la
Dispersión jerárquica de las atribuciones
Es conveniente precisar que, ciertas atribuciones que desaparecieron del nivel de
secretaría, no necesariamente se extinguieron. Algunas de ellas fueron alojadas en niveles
administrativos de menor jerarquía, tales como subsecretarías, institutos, programas, comisiones,
procuradurías, órganos públicos descentralizados, entre otras, cuya naturaleza representó
necesariamente una menor disposición de recursos y una disminución en el alcance de sus
decisiones. El caso de las atribuciones relativas a la actividad pesquera son ejemplo de lo anterior.
Aunque fue hasta el sexenio de José López Portillo que la administración de la pesca
alcanzó el estatus de Secretaría (1982), previamente esta gestión tuvo un recorrido en instancias
de menor posición en la estructura administrativa; inicialmente en la Dirección Forestal de Caza
y Pesca perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF) (1917); luego en la
Dirección de Pesquerías (1923) de la misma SAF; después en el Departamento Forestal y de Caza
y Pesca de la SAF (1935); posteriormente en la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas
perteneciente a la Secretaría de Industria y Comercio (1958); luego en la Subsecretaría de Pesca
de la SIC (1971); hasta convertirse en dependencia administrativa autónoma, casi a nivel de
secretaría denominada Departamento de Pesca (1976) (Soberanes Fernández, 1994).
La posición secretarial (obtenida a finales de 1982) solo duró 12 años debido a que en
1994 se decidió la fusión de las atribuciones de pesca con algunas otras de índole ambiental. Así,
todas bajo un enfoque integrador constituyeron la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. Al interior de esta última se anidó a la Subsecretaría de Pesca, encargada de la
política pesquera nacional, el fomento acuícola, la inspección y vigilancia, así como el
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. Posteriormente, en el año 2000, de nivel
de subsecretaría se pasó al de órgano administrativo desconcentrado al crearse la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (SAGDRPA, 2001); en este punto se trasladó a otra secretaría,
una de índole agropecuario (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación), debilitando el enfoque ambiental y fortaleciendo el de la seguridad alimentaria.
Hasta el año 2018 el manejo pesquero en el territorio marino mexicano estuvo a cargo de esta
comisión.
Puede establecerse que este nivel de dispersión jerárquica provocó que las secretarías
delegaran algunas atribuciones a otras instancias y, con ello, las relegaron a sitios administrativos
sin la fuerza del aparato gubernamental para proteger los océanos de los problemas derivados de
la pesca. En consecuencia, actualmente se padecen problemas tales como: pesca ilegal, pesca no
regulada, pesca no declarada, reducción de la abundancia de especies, destrucción del hábitat
físico del fondo marino, contaminación plástica e islas de basura, captura incidental sin
regulaciones, uso de artes de pesca destructiva, entre tantos más (Aguilar-Aguilar y García, 2024).
De forma concluyente puede indicarse que la dispersión jerárquica, en un efecto diluyente de la
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1016
gestión gubernamental, favoreció la aparición de la aceleración azul en territorio oceánico
mexicano.
Secretaría de Marina
El hablar de aceleración azul y el manejo oceánico obliga a realizar un análisis desde el
enfoque de una de las secretarías que se encuentra directamente vinculada al tema: la Secretaría
de Marina. Fue hasta 1940, en el sexenio del Manuel Ávila Camacho, que adquirió el nivel de
secretaría después de realizar un recorrido administrativo en el Ministerio de Guerra y Marina
como mesa, sección y departamento autónomo (siglo XIX y siglo XX) (SM, 2012).
Para tomar la decisión de ese ascenso, indudablemente, el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial orientó las cosas para otorgar mayor sustento institucional al poder naval
mexicano a efecto de controlar, administrar, orientar y vigilar las actividades marítimas que se
efectuaban en el país. Fue plenamente reconocido “el caos organizacional que generaba el tener
los asuntos marítimos diseminados en diversos organismos nacionales (Secretaría de Agricultura
y Fomento, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como la Secretaría de la Defensa
Nacional)” (SM, 2012, 29).
Su creación la colocó en el rango de institución militar nacional de carácter permanente
al servicio del Estado cuando le fueron asignadas 29 responsabilidades que pueden clasificarse en
tres tipos: de orden administrativo-organizacional, de seguridad-defensa nacional y de orden
ambiental.
Al respecto de estas últimas, el decreto de creación de la Secretaría de Marina (1940)
establece, entre otras, las siguientes atribuciones (SEGOB, 1940):
a) la conservación, desarrollo, organización, fomento, protección, vigilancia y control de
la fauna y flora marítima, fluviales y lacustres
b) la administración de los recursos del mar y las vedas de las diferentes especies de
pesca
c) los institutos de investigación, de enseñanza elemental y superior y todo género de
propaganda social y cultural en materia de pesca y cartas piscícolas
d) las exploraciones y recolecciones científicas de la flora y fauna marítima, fluvial y
lacustre
e) las estaciones experimentales y laboratorios de pesca marítima, fluvial y lacustre
f) la formación y archivo de cartas marítimas y la estadística marítima en general
Su establecimiento parecería ser un escenario prometedor en términos de buen manejo
ambiental, sin embargo, solo dieciocho años después (SEGOB, 1958), la Secretaría ya había
desaparecido cinco de ellas y mantuvo solamente el asunto del archivo de cartas marinas (el cual
de “formación del archivo” cambió a “organización del archivo”). Es decir, en general, las
facultades de orden ambiental desaparecieron prontamente para la Secretaría de Marina.
gestión gubernamental, favoreció la aparición de la aceleración azul en territorio oceánico
mexicano.
Secretaría de Marina
El hablar de aceleración azul y el manejo oceánico obliga a realizar un análisis desde el
enfoque de una de las secretarías que se encuentra directamente vinculada al tema: la Secretaría
de Marina. Fue hasta 1940, en el sexenio del Manuel Ávila Camacho, que adquirió el nivel de
secretaría después de realizar un recorrido administrativo en el Ministerio de Guerra y Marina
como mesa, sección y departamento autónomo (siglo XIX y siglo XX) (SM, 2012).
Para tomar la decisión de ese ascenso, indudablemente, el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial orientó las cosas para otorgar mayor sustento institucional al poder naval
mexicano a efecto de controlar, administrar, orientar y vigilar las actividades marítimas que se
efectuaban en el país. Fue plenamente reconocido “el caos organizacional que generaba el tener
los asuntos marítimos diseminados en diversos organismos nacionales (Secretaría de Agricultura
y Fomento, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como la Secretaría de la Defensa
Nacional)” (SM, 2012, 29).
Su creación la colocó en el rango de institución militar nacional de carácter permanente
al servicio del Estado cuando le fueron asignadas 29 responsabilidades que pueden clasificarse en
tres tipos: de orden administrativo-organizacional, de seguridad-defensa nacional y de orden
ambiental.
Al respecto de estas últimas, el decreto de creación de la Secretaría de Marina (1940)
establece, entre otras, las siguientes atribuciones (SEGOB, 1940):
a) la conservación, desarrollo, organización, fomento, protección, vigilancia y control de
la fauna y flora marítima, fluviales y lacustres
b) la administración de los recursos del mar y las vedas de las diferentes especies de
pesca
c) los institutos de investigación, de enseñanza elemental y superior y todo género de
propaganda social y cultural en materia de pesca y cartas piscícolas
d) las exploraciones y recolecciones científicas de la flora y fauna marítima, fluvial y
lacustre
e) las estaciones experimentales y laboratorios de pesca marítima, fluvial y lacustre
f) la formación y archivo de cartas marítimas y la estadística marítima en general
Su establecimiento parecería ser un escenario prometedor en términos de buen manejo
ambiental, sin embargo, solo dieciocho años después (SEGOB, 1958), la Secretaría ya había
desaparecido cinco de ellas y mantuvo solamente el asunto del archivo de cartas marinas (el cual
de “formación del archivo” cambió a “organización del archivo”). Es decir, en general, las
facultades de orden ambiental desaparecieron prontamente para la Secretaría de Marina.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1017
Probablemente, los ajustes en las atribuciones se generaron debido a las diferentes
posiciones geopolíticas que el país asumió antes y después de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Particularmente durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se promovió un
programa nacional marítimo denominado Marcha al Mar, cuya instrumentación requirió de los
ajustes a las atribuciones de la Secretaría de Marina. El programa buscaba explotar al máximo la
privilegiada posición geopolítica mexicana dentro del continente americano y para ello requería
atraer el tráfico marítimo en puertos adecuados (desarrollo portuario), mejorar sus
comunicaciones, establecer diferentes industrias portuarias (principalmente la pesquera),
impulsar el cabotaje y la navegación de altura además de potencializar la marina mercante
mexicana (Rodríguez Ávila, 2017).
Debe resaltarse que el programa de ARC tuvo una naturaleza meramente económica.
Buscó explotar, construir y colonizar la fértil riqueza del trópico mexicano e integrar al desarrollo
económico y social la red de los 70 puertos nacionales, distribuidos en los más de 10,000
kilómetros de litorales y sus zonas de influencia (SM, 2012). En este sentido, la función
desempeñada por la Secretaría de Marina fue adquiriendo un matiz más integrado a los
requerimientos económicos que a los del buen manejo ambiental de los océanos.
Lo anterior se vio reforzado con la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, suscrita en 1976 por José López Portillo. En ella, a la Secretaría de Marina le
correspondía el despacho de 19 asuntos, de los cuales 18 no presentan un enfoque ambiental y
solo uno de ellos destacaba el “Programar y ejecutar, directamente o en colaboración con otras
dependencias o instituciones, los trabajos de investigación oceanográfica en las aguas de
jurisdicción federal” (SEGOB, 1976, 6); se esperaría que dicha investigación se hubiera avocado
a cuestiones de mejoramiento en el manejo ecológico marino, sin embargo, los resultados apuntan
a que dicha investigación se enfocó en la exploración y explotación de nuevos recursos útiles para
el crecimiento económico.
Finalmente, al día de hoy, a la Secretaría de Marina se le reconocen de forma tradicional
tres principales funciones respecto a la patria: el papel diplomático (simbólico), el papel de
vigilancia (policía) y el papel militar (disuasión y guerra) (Rivera y Carrillo, 2024). Esta situación
reafirma que, en su estructura y funciones actuales, no se visualiza el establecimiento y ejecución
de acciones encauzadas a conseguir el sostenimiento marino, entendido como el establecimiento
de límites a la explotación económica oceánica, como la introducción de políticas de reparación
de daños al ecosistema marino o como la creación de disposiciones que busquen proteger los
componentes marinos que aún permanecen.
CONCLUSIONES
Durante el periodo de 1953 a 2018 el gobierno mexicano administró su territorio marino
desde una perspectiva económica. Es decir, los recursos fueron extraídos no solo con una
Probablemente, los ajustes en las atribuciones se generaron debido a las diferentes
posiciones geopolíticas que el país asumió antes y después de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Particularmente durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se promovió un
programa nacional marítimo denominado Marcha al Mar, cuya instrumentación requirió de los
ajustes a las atribuciones de la Secretaría de Marina. El programa buscaba explotar al máximo la
privilegiada posición geopolítica mexicana dentro del continente americano y para ello requería
atraer el tráfico marítimo en puertos adecuados (desarrollo portuario), mejorar sus
comunicaciones, establecer diferentes industrias portuarias (principalmente la pesquera),
impulsar el cabotaje y la navegación de altura además de potencializar la marina mercante
mexicana (Rodríguez Ávila, 2017).
Debe resaltarse que el programa de ARC tuvo una naturaleza meramente económica.
Buscó explotar, construir y colonizar la fértil riqueza del trópico mexicano e integrar al desarrollo
económico y social la red de los 70 puertos nacionales, distribuidos en los más de 10,000
kilómetros de litorales y sus zonas de influencia (SM, 2012). En este sentido, la función
desempeñada por la Secretaría de Marina fue adquiriendo un matiz más integrado a los
requerimientos económicos que a los del buen manejo ambiental de los océanos.
Lo anterior se vio reforzado con la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, suscrita en 1976 por José López Portillo. En ella, a la Secretaría de Marina le
correspondía el despacho de 19 asuntos, de los cuales 18 no presentan un enfoque ambiental y
solo uno de ellos destacaba el “Programar y ejecutar, directamente o en colaboración con otras
dependencias o instituciones, los trabajos de investigación oceanográfica en las aguas de
jurisdicción federal” (SEGOB, 1976, 6); se esperaría que dicha investigación se hubiera avocado
a cuestiones de mejoramiento en el manejo ecológico marino, sin embargo, los resultados apuntan
a que dicha investigación se enfocó en la exploración y explotación de nuevos recursos útiles para
el crecimiento económico.
Finalmente, al día de hoy, a la Secretaría de Marina se le reconocen de forma tradicional
tres principales funciones respecto a la patria: el papel diplomático (simbólico), el papel de
vigilancia (policía) y el papel militar (disuasión y guerra) (Rivera y Carrillo, 2024). Esta situación
reafirma que, en su estructura y funciones actuales, no se visualiza el establecimiento y ejecución
de acciones encauzadas a conseguir el sostenimiento marino, entendido como el establecimiento
de límites a la explotación económica oceánica, como la introducción de políticas de reparación
de daños al ecosistema marino o como la creación de disposiciones que busquen proteger los
componentes marinos que aún permanecen.
CONCLUSIONES
Durante el periodo de 1953 a 2018 el gobierno mexicano administró su territorio marino
desde una perspectiva económica. Es decir, los recursos fueron extraídos no solo con una
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1018
celeridad incremental, sino en una abundancia desmedida capaz de participar de la aceleración
azul planetaria característica del Antropoceno; así, actividades económicas como la pesquería,
maricultura, extracción de algas, sal, petróleo, turismo, transporte comercial marítimo y cableado
submarino, aunque beneficiaron el desarrollo del país, también contribuyeron a crear múltiples
problemas ecosistémicos capaces de desequilibrar los vínculos de coexistencia entre los seres
humanos y el entorno marino (biótico y abiótico).
La necesidad de buscar soluciones a la aceleración azul ha conducido a analizar a los
agentes que propiciaron y que podrían seguir favoreciendo esta situación. En este sentido, se ha
centrado la atención en el manejo administrativo del gobierno mexicano hacia su territorio
marino.
Al respecto puede decirse que, aunque el gobierno pudo haber establecido límites a las
actividades económicas, o priorizado las acciones de conservación y de restauración frente a la
explotación desmedida, decidió no hacerlo. Por el contrario, solo priorizó el fortalecimiento del
crecimiento económico y no contempló la importancia ambiental del sostenimiento marino.
El desinterés por este último quedó de manifiesto en el presente artículo al mostrar la
desaparición, discontinuidad y dispersión jerárquica de las atribuciones del gobierno federal,
quien a través de las Secretarías de Estado no contuvo la desmesurada explotación marina. Esto
es, y se expuso anteriormente, que actividades como la regulación de pesca, la conservación de
flora y fauna marinas, el saneamiento ambiental, el establecimiento de centros de capacitación
pesquera, entre otras que desaparecieron, podrían haber desempeñado un papel de contrapeso en
esa carrera acelerada por los recursos marinos.
En el mismo sentido, la discontinuidad y la dispersión de facultades y atribuciones solo
favorecieron la desorganización y la omisión; de esta forma, cualquier actividad que contribuyera
al sostenimiento marino fue quedando soslayada, lejos de las prioridades de la agenda política.
Con lo anteriormente expuesto lo que se pretende subrayar es que, en el futuro inmediato,
la gestión gubernamental mexicana debería reconocer las áreas de oportunidad descritas y rescatar
atribuciones que desaparecieron, fortalecerlas, además de consolidar el manejo de su territorio
marino en una sola unidad gubernamental que priorice el mantenimiento de las condiciones
ambientales que sostienen la vida sobre cualquier interés económico.
Es decir, la administración y estructura gubernamental mexicana en el tema oceánico debe
trabajar en el resurgimiento de atribuciones, en la consolidación de su continuidad en una
estructura gubernamental específica, y en el incremento de las acciones de sostenimiento oceánico
en la vertiente de límites/control, reparación y conservación. Todo esto en un marco de
cooperación y aprendizaje internacional que promueva, en conjunto, un abordaje a las condiciones
que el Antropoceno está presentando.
No debería perderse de vista que garantizar el mantenimiento del sistema oceánico es
una de las formas de proteger la existencia futura de la especie humana.
celeridad incremental, sino en una abundancia desmedida capaz de participar de la aceleración
azul planetaria característica del Antropoceno; así, actividades económicas como la pesquería,
maricultura, extracción de algas, sal, petróleo, turismo, transporte comercial marítimo y cableado
submarino, aunque beneficiaron el desarrollo del país, también contribuyeron a crear múltiples
problemas ecosistémicos capaces de desequilibrar los vínculos de coexistencia entre los seres
humanos y el entorno marino (biótico y abiótico).
La necesidad de buscar soluciones a la aceleración azul ha conducido a analizar a los
agentes que propiciaron y que podrían seguir favoreciendo esta situación. En este sentido, se ha
centrado la atención en el manejo administrativo del gobierno mexicano hacia su territorio
marino.
Al respecto puede decirse que, aunque el gobierno pudo haber establecido límites a las
actividades económicas, o priorizado las acciones de conservación y de restauración frente a la
explotación desmedida, decidió no hacerlo. Por el contrario, solo priorizó el fortalecimiento del
crecimiento económico y no contempló la importancia ambiental del sostenimiento marino.
El desinterés por este último quedó de manifiesto en el presente artículo al mostrar la
desaparición, discontinuidad y dispersión jerárquica de las atribuciones del gobierno federal,
quien a través de las Secretarías de Estado no contuvo la desmesurada explotación marina. Esto
es, y se expuso anteriormente, que actividades como la regulación de pesca, la conservación de
flora y fauna marinas, el saneamiento ambiental, el establecimiento de centros de capacitación
pesquera, entre otras que desaparecieron, podrían haber desempeñado un papel de contrapeso en
esa carrera acelerada por los recursos marinos.
En el mismo sentido, la discontinuidad y la dispersión de facultades y atribuciones solo
favorecieron la desorganización y la omisión; de esta forma, cualquier actividad que contribuyera
al sostenimiento marino fue quedando soslayada, lejos de las prioridades de la agenda política.
Con lo anteriormente expuesto lo que se pretende subrayar es que, en el futuro inmediato,
la gestión gubernamental mexicana debería reconocer las áreas de oportunidad descritas y rescatar
atribuciones que desaparecieron, fortalecerlas, además de consolidar el manejo de su territorio
marino en una sola unidad gubernamental que priorice el mantenimiento de las condiciones
ambientales que sostienen la vida sobre cualquier interés económico.
Es decir, la administración y estructura gubernamental mexicana en el tema oceánico debe
trabajar en el resurgimiento de atribuciones, en la consolidación de su continuidad en una
estructura gubernamental específica, y en el incremento de las acciones de sostenimiento oceánico
en la vertiente de límites/control, reparación y conservación. Todo esto en un marco de
cooperación y aprendizaje internacional que promueva, en conjunto, un abordaje a las condiciones
que el Antropoceno está presentando.
No debería perderse de vista que garantizar el mantenimiento del sistema oceánico es
una de las formas de proteger la existencia futura de la especie humana.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 1019
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