Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2603
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i4.1836
Práctica de valores en funcionarios públicos y su influencia en
la prevención de delitos contra la administración pública,
Perú 2023
Practice of Values among Public Officials and Its Influence on the Prevention of Crimes
against Public Administration, Peru 2023
Luz Mery Canales Trillo
canalestrilloluz@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-7655-7998
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Administrativas
Artículo recibido: 18 noviembre 2025 -Aceptado para publicación: 28 diciembre 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la influencia de la práctica de valores en
funcionarios públicos sobre la prevención de delitos contra la administración pública en el Estado
peruano durante el año 2023. Se empleó un diseño no experimental, transversal y correlacional,
con una muestra censal de 50 funcionarios de la Secretaría Técnica y del Órgano de Control
Interno en los tres niveles de gobierno. La recolección de datos se realizó mediante cuestionarios
estructurados, con alta confiabilidad (Alfa de Cronbach > 0.94). Los resultados muestran que el
68% de los funcionarios perciben un alto nivel de práctica de valores, destacando la transparencia
en las funciones (86%) y la pertinencia en el desempeño (76%). En cuanto a la prevención de
delitos, la mayoría evaluó esta percepción en niveles medio y alto. El análisis correlacional de
Spearman evidenció una relación positiva moderada y significativa entre la práctica global de
valores y la prevención de delitos (Rho=0.463; p<0.001). Asimismo, cada dimensión evaluada,
del cumplimiento del ROF y MOF, transparencia y pertinencia en el desempeño, mostró
correlaciones significativas con la prevención de delitos. Al igual que la práctica de valores con
las dimensiones cumplimiento de las normas legales, rendición de cuentas y manejo eficiente de
recursos de la variable prevención de delitos. Se concluye que la práctica ética institucional,
especialmente la transparencia, es un factor clave para fortalecer la integridad y prevenir ilícitos
administrativos, lo que implica la necesidad de implementar reformas normativas y estrategias de
cultura organizacional que fortalezcan la gobernanza pública.
Palabras clave: práctica de valores, prevención de delitos, gestión pública, transparencia,
Perú
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2604
ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the influence of the practice of values among public officials
on the prevention of crimes against public administration in the Peruvian State during 2023. A
non-experimental, cross-sectional, and correlational design was employed, with a census sample
of 50 officials from the Technical Secretariat and the Internal Control Body across the three levels
of government. Data were collected using structured questionnaires with high reliability
(Cronbach’s Alpha > 0.94). The results show that 68% of the officials perceive a high level of
values practice, highlighting transparency in functions (86%) and relevance in performance
(76%). Regarding crime prevention, most respondents assessed it at medium and high levels.
Spearman’s correlational analysis evidenced a moderate and significant positive relationship
between the overall practice of values and crime prevention (Rho = 0.463; p < 0.001). Likewise,
each evaluated dimension—compliance with the ROF and MOF, transparency, and relevance in
performance—showed significant correlations with crime prevention, as did the practice of values
with the dimensions of compliance with legal regulations, accountability, and efficient resource
management within the crime prevention variable. It is concluded that institutional ethical
practice, especially transparency, is a key factor in strengthening integrity and preventing
administrative offenses, which implies the need to implement regulatory reforms and
organizational culture strategies to strengthen public governance.
Keywords: practice of values, crime prevention, public management, transparency, Perú
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the influence of the practice of values among public officials
on the prevention of crimes against public administration in the Peruvian State during 2023. A
non-experimental, cross-sectional, and correlational design was employed, with a census sample
of 50 officials from the Technical Secretariat and the Internal Control Body across the three levels
of government. Data were collected using structured questionnaires with high reliability
(Cronbach’s Alpha > 0.94). The results show that 68% of the officials perceive a high level of
values practice, highlighting transparency in functions (86%) and relevance in performance
(76%). Regarding crime prevention, most respondents assessed it at medium and high levels.
Spearman’s correlational analysis evidenced a moderate and significant positive relationship
between the overall practice of values and crime prevention (Rho = 0.463; p < 0.001). Likewise,
each evaluated dimension—compliance with the ROF and MOF, transparency, and relevance in
performance—showed significant correlations with crime prevention, as did the practice of values
with the dimensions of compliance with legal regulations, accountability, and efficient resource
management within the crime prevention variable. It is concluded that institutional ethical
practice, especially transparency, is a key factor in strengthening integrity and preventing
administrative offenses, which implies the need to implement regulatory reforms and
organizational culture strategies to strengthen public governance.
Keywords: practice of values, crime prevention, public management, transparency, Perú
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2605
INTRODUCCIÓN
La corrupción en la administración pública es una de las principales amenazas para el
desarrollo global, afectando tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. Este
fenómeno reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus responsabilidades básicas,
desviando recursos que deberían destinarse al bienestar de los ciudadanos, perpetuando la pobreza
y la desigualdad, y erosionando la confianza en las instituciones públicas (Acosta Davila y
Becerra Saguma, 2024). Como señala Transparency International (2023) más del 66% de los
países obtienen una calificación menor a 50 sobre 100, lo que evidencia de manera clara la
existencia de problemas significativos de corrupción. La media global se sitúa en apenas 43, y la
mayoría de las naciones no ha registrado avances o incluso ha experimentado retrocesos durante
los últimos diez años. Por otro lado, estudios empíricos indican que un incremento unitario en la
corrupción puede reducir el PIB per cápita en un rango de 0.15 % a 1.5 %. No obstante, más allá
de un cierto punto crítico, el impacto de la corrupción puede invertirse en algunas regiones, como
América Latina y el Caribe (LAC) y Medio Oriente y Norte de África (MENA) (Spyromitros y
Panagiotidis, 2022).
Una de las principales causas del fenómeno de la corrupción es la ausencia de valores o
pautas éticas en la sociedad (Montoya Vivanco, 2015). Diversos estudios han evidenciado que la
falta de práctica de valores éticos como la honestidad, responsabilidad, transparencia y el
compromiso con el cumplimiento normativo en funcionarios públicos favorece la permanecnia
de actos ilícitos y corrupción dentro de la administración pública (Khamzina et al., 2025; Yadav,
2024; Zavaleta Cabrera, 2023). La promoción activa de estos valores puede funcionar como un
mecanismo preventivo eficaz, fomentando una cultura institucional de integridad y fortaleciendo
la confianza ciudadana (Bacilio, 2024; Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), 2023). En este sentido, la ética profesional en el servicio público se
fundamenta en principios teleológicos y deontológicos que guían la toma de decisiones del
funcionario. La ética deontológica busca asegurar la integridad organizacional mediante la
adhesión a normas profesionales y la rendición de cuentas, evitando conductas que violen la
confianza pública, como la corrupción y el nepotismo. Por otro lado, la ética teleológica incentiva
la discrecionalidad y creatividad en la aplicación de normas para perseguir el bien común,
evitando tanto el formalismo excesivo como el subjetivismo que pueda socavar el Estado de
Derecho (Cox, 2015; Delgado-Alemany et al., 2020; Tseng y Wang, 2021).
En cuanto a los delitos contra la administración pública, tales como el uso indebido de
recursos públicos, el aprovechamiento de normas para beneficio personal, el pago ilegal a
funcionarios o instituciones, afectan gravemente la integridad ciudadana y generan un ambiente
antidemocrático marcado por la inseguridad y la falta de valores morales y respeto a la
institucionalidad (Casazola León et al., 2019; Montoya Vivanco, 2015). Por ello, es
INTRODUCCIÓN
La corrupción en la administración pública es una de las principales amenazas para el
desarrollo global, afectando tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. Este
fenómeno reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus responsabilidades básicas,
desviando recursos que deberían destinarse al bienestar de los ciudadanos, perpetuando la pobreza
y la desigualdad, y erosionando la confianza en las instituciones públicas (Acosta Davila y
Becerra Saguma, 2024). Como señala Transparency International (2023) más del 66% de los
países obtienen una calificación menor a 50 sobre 100, lo que evidencia de manera clara la
existencia de problemas significativos de corrupción. La media global se sitúa en apenas 43, y la
mayoría de las naciones no ha registrado avances o incluso ha experimentado retrocesos durante
los últimos diez años. Por otro lado, estudios empíricos indican que un incremento unitario en la
corrupción puede reducir el PIB per cápita en un rango de 0.15 % a 1.5 %. No obstante, más allá
de un cierto punto crítico, el impacto de la corrupción puede invertirse en algunas regiones, como
América Latina y el Caribe (LAC) y Medio Oriente y Norte de África (MENA) (Spyromitros y
Panagiotidis, 2022).
Una de las principales causas del fenómeno de la corrupción es la ausencia de valores o
pautas éticas en la sociedad (Montoya Vivanco, 2015). Diversos estudios han evidenciado que la
falta de práctica de valores éticos como la honestidad, responsabilidad, transparencia y el
compromiso con el cumplimiento normativo en funcionarios públicos favorece la permanecnia
de actos ilícitos y corrupción dentro de la administración pública (Khamzina et al., 2025; Yadav,
2024; Zavaleta Cabrera, 2023). La promoción activa de estos valores puede funcionar como un
mecanismo preventivo eficaz, fomentando una cultura institucional de integridad y fortaleciendo
la confianza ciudadana (Bacilio, 2024; Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), 2023). En este sentido, la ética profesional en el servicio público se
fundamenta en principios teleológicos y deontológicos que guían la toma de decisiones del
funcionario. La ética deontológica busca asegurar la integridad organizacional mediante la
adhesión a normas profesionales y la rendición de cuentas, evitando conductas que violen la
confianza pública, como la corrupción y el nepotismo. Por otro lado, la ética teleológica incentiva
la discrecionalidad y creatividad en la aplicación de normas para perseguir el bien común,
evitando tanto el formalismo excesivo como el subjetivismo que pueda socavar el Estado de
Derecho (Cox, 2015; Delgado-Alemany et al., 2020; Tseng y Wang, 2021).
En cuanto a los delitos contra la administración pública, tales como el uso indebido de
recursos públicos, el aprovechamiento de normas para beneficio personal, el pago ilegal a
funcionarios o instituciones, afectan gravemente la integridad ciudadana y generan un ambiente
antidemocrático marcado por la inseguridad y la falta de valores morales y respeto a la
institucionalidad (Casazola León et al., 2019; Montoya Vivanco, 2015). Por ello, es
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2606
imprescindible generar transformaciones que permitan fortalecer la transparencia y la rendición
de cuentas, demandas constantes de la ciudadanía para mejorar la efectividad administrativa
(Moreno, 2022; Zavaleta Cabrera, 2023).
A nivel internacional, eventos como la operación Lava Jato expuso un esquema de
corrupción brasileño, con desviaciones multimillonarias de recursos públicos que afectaron a
varios países latinoamericanos con repercusiones en 61 países, resultando en sentencias judiciales
por casi 5 mil millones de dólares en reembolsos hasta la fecha, incluido Perú (Alencar y Jackson-
Green, 2023). Este caso demuestra la importancia de contar con mecanismos robustos de control
y cooperación internacional para fortalecer la rendición de cuentas (Kohler y Bowra, 2020;
Wagner et al., 2023). En otros países de LAC, Cuba es percibida como el pais más corrupto con
un 50%, seguida por Mexico de 34% (Goicochea, 2020). El 58% de casos de corrupción están
vinculada a la forma de contrataciones realizadas en gobiernos regionales y locales, generando
fromas de corrupción como formulación de leyes y decretos de urgencia a favor del tráfico de
medicamentos, armas, entre otros (Palma, 2021). Por estas razones, organismos multilaterales
recomiendan implementar estrategias integrales que incluyan medidas preventivas y sanciones
judiciales efectivas (OECD, 2023).
Según antecedentes internacionales, Peralta y Zapata (2023) llevaron a cabo una
exhaustiva revisión de la literatura sobre la corrupción pública en 19 países, destacando que el
fenómeno debe abordarse de manera transdisciplinaria, combinando economía, política,
administración pública y ciencias humanas. Sus resultados revelaron que la corrupción afecta a
diversos sectores y tiene consecuencias directas sobre las políticas públicas, sugiriendo que las
investigaciones futuras deben continuar explorando las interrelaciones causales entre estos
factores. En el ámbito legal, Morales (2021) analizó los problemas vinculados al delito de cohecho
y su relación con otras figuras penales de la corrupción pública en España. Su estudio encontró
que la corrupción política suele generar situaciones de concurrencia delictiva, en las que el
cohecho se entrelaza con otros delitos como el tráfico de influencias y la malversación de fondos
públicos. Ruiz (2024), por su parte, estudió la percepción de la corrupción política en España,
estableciendo que las microconductas desviadas contribuyen significativamente a la percepción
de corrupción política, especialmente en contextos con bajos niveles de capital social. Su
investigación, basada en un análisis cuantitativo, identificó una relación positiva entre estas
percepciones.
El análisis histórico-filosófico de Ruiz (2022)sobre la corrupción política ha sido
fundamental para entender cómo las teorías del pasado pueden aún ofrecer soluciones aplicables
hoy en día. Su estudio señala que las soluciones propuestas por pensadores clásicos podrían ser
más efectivas que algunas de las medidas implementadas en la actualidad, destacando la
importancia de reconsiderar estos enfoques para abordar el problema de la corrupción en el
contexto contemporáneo. Por último, a nivel municipal, Guillamón et al. (2021) examinaron la
imprescindible generar transformaciones que permitan fortalecer la transparencia y la rendición
de cuentas, demandas constantes de la ciudadanía para mejorar la efectividad administrativa
(Moreno, 2022; Zavaleta Cabrera, 2023).
A nivel internacional, eventos como la operación Lava Jato expuso un esquema de
corrupción brasileño, con desviaciones multimillonarias de recursos públicos que afectaron a
varios países latinoamericanos con repercusiones en 61 países, resultando en sentencias judiciales
por casi 5 mil millones de dólares en reembolsos hasta la fecha, incluido Perú (Alencar y Jackson-
Green, 2023). Este caso demuestra la importancia de contar con mecanismos robustos de control
y cooperación internacional para fortalecer la rendición de cuentas (Kohler y Bowra, 2020;
Wagner et al., 2023). En otros países de LAC, Cuba es percibida como el pais más corrupto con
un 50%, seguida por Mexico de 34% (Goicochea, 2020). El 58% de casos de corrupción están
vinculada a la forma de contrataciones realizadas en gobiernos regionales y locales, generando
fromas de corrupción como formulación de leyes y decretos de urgencia a favor del tráfico de
medicamentos, armas, entre otros (Palma, 2021). Por estas razones, organismos multilaterales
recomiendan implementar estrategias integrales que incluyan medidas preventivas y sanciones
judiciales efectivas (OECD, 2023).
Según antecedentes internacionales, Peralta y Zapata (2023) llevaron a cabo una
exhaustiva revisión de la literatura sobre la corrupción pública en 19 países, destacando que el
fenómeno debe abordarse de manera transdisciplinaria, combinando economía, política,
administración pública y ciencias humanas. Sus resultados revelaron que la corrupción afecta a
diversos sectores y tiene consecuencias directas sobre las políticas públicas, sugiriendo que las
investigaciones futuras deben continuar explorando las interrelaciones causales entre estos
factores. En el ámbito legal, Morales (2021) analizó los problemas vinculados al delito de cohecho
y su relación con otras figuras penales de la corrupción pública en España. Su estudio encontró
que la corrupción política suele generar situaciones de concurrencia delictiva, en las que el
cohecho se entrelaza con otros delitos como el tráfico de influencias y la malversación de fondos
públicos. Ruiz (2024), por su parte, estudió la percepción de la corrupción política en España,
estableciendo que las microconductas desviadas contribuyen significativamente a la percepción
de corrupción política, especialmente en contextos con bajos niveles de capital social. Su
investigación, basada en un análisis cuantitativo, identificó una relación positiva entre estas
percepciones.
El análisis histórico-filosófico de Ruiz (2022)sobre la corrupción política ha sido
fundamental para entender cómo las teorías del pasado pueden aún ofrecer soluciones aplicables
hoy en día. Su estudio señala que las soluciones propuestas por pensadores clásicos podrían ser
más efectivas que algunas de las medidas implementadas en la actualidad, destacando la
importancia de reconsiderar estos enfoques para abordar el problema de la corrupción en el
contexto contemporáneo. Por último, a nivel municipal, Guillamón et al. (2021) examinaron la
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2607
relación entre corrupción política y los ingresos fiscales en los municipios españoles. Su estudio
reveló que los municipios con mayores niveles de corrupción política tienden a tener mayores
ingresos fiscales per cápita.
En el Perú, la corrupción ha representado un desafío persistente para la estabilidad y
desarrollo nacional. La Contraloría General de la República reportó que en 2020 el daño
patrimonial por corrupción e inconducta funcional ascendió a 22,059 millones de soles,
equivalentes al 3.2% del Producto Bruto Interno (PBI) y al 12.6% de todo el presupuesto
ejecutado en ese año, cifra que afectó la respuesta estatal ante la pandemia de COVID-19
(Contraloría General de la República, 2021). En los años 2022 y 2023, se reportaron pérdidas
superiores a 24,000 millones de soles, con más del 50% concentrado en gobiernos regionales y
municipales (Contraloría General de la República, 2023). En las estadísticas también se destaca
que el Perú tiene uno de los índices más altos de soborno con un 30%, seguido de México (34%)
y Venezuela (50%) (Universidad del Pacífico, 2021). A pesar de la existencia de políticas
anticorrupción, la persistencia de problemas como la impunidad y la fiscalización insuficiente
reflejan la necesidad de fortalecer la práctica ética en la función pública peruana como el código
de ética de la función publica Ley N° 27815.
Según antecedentes nacionales, Zavaleta (2023) subraya que la corrupción en la
administración pública se manifiesta en el desvío de recursos para intereses personales, lo que
impide el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales, perjudicando directamente los
derechos de los ciudadanos. En línea con esta problemática, Rosas (2022) resalta que la
corrupción, especialmente en las contrataciones del Estado, genera un impacto negativo tanto en
el sector público como en la sociedad, distorsionando las condiciones mínimas de convivencia y
la validez de las normas. En su investigación, también destaca que la falta de integridad en los
funcionarios públicos es uno de los factores más relevantes para el incremento de estos delitos.
Por otro lado, Silva (2019), en su estudio sobre la responsabilidad pública funcional en la
Dirección Regional de Salud de Tumbes, presenta un fuerte vínculo entre la responsabilidad de
los funcionarios y la comisión de delitos de corrupción. Su análisis, basado en un coeficiente de
correlación de Pearson (0.908, p = <0.001), muestra una relación significativa entre la
responsabilidad pública y la comisión de delitos de corrupción. De igual manera, Lora (2019)
confirma que los mecanismos institucionales son fundamentales para reducir la corrupción en las
administraciones públicas. Su investigación muestra que una relación significativa (Rho de
Spearman = -0.732) existe entre la eficacia de estos mecanismos y la disminución de la
corrupción, indicando que el fortalecimiento de las estructuras institucionales y la
implementación de políticas claras son esenciales para mejorar la integridad en la gestión pública.
En la capital Lima presenta un escenario donde la percepción ciudadana sobre la falta de
transparencia y pertinencia en la administración pública municipal es alarmante (Almaaroufi et
al., 2019; Pozo Enciso et al., 2024). Según estudios recientes, el 68% de los limeños considera
relación entre corrupción política y los ingresos fiscales en los municipios españoles. Su estudio
reveló que los municipios con mayores niveles de corrupción política tienden a tener mayores
ingresos fiscales per cápita.
En el Perú, la corrupción ha representado un desafío persistente para la estabilidad y
desarrollo nacional. La Contraloría General de la República reportó que en 2020 el daño
patrimonial por corrupción e inconducta funcional ascendió a 22,059 millones de soles,
equivalentes al 3.2% del Producto Bruto Interno (PBI) y al 12.6% de todo el presupuesto
ejecutado en ese año, cifra que afectó la respuesta estatal ante la pandemia de COVID-19
(Contraloría General de la República, 2021). En los años 2022 y 2023, se reportaron pérdidas
superiores a 24,000 millones de soles, con más del 50% concentrado en gobiernos regionales y
municipales (Contraloría General de la República, 2023). En las estadísticas también se destaca
que el Perú tiene uno de los índices más altos de soborno con un 30%, seguido de México (34%)
y Venezuela (50%) (Universidad del Pacífico, 2021). A pesar de la existencia de políticas
anticorrupción, la persistencia de problemas como la impunidad y la fiscalización insuficiente
reflejan la necesidad de fortalecer la práctica ética en la función pública peruana como el código
de ética de la función publica Ley N° 27815.
Según antecedentes nacionales, Zavaleta (2023) subraya que la corrupción en la
administración pública se manifiesta en el desvío de recursos para intereses personales, lo que
impide el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales, perjudicando directamente los
derechos de los ciudadanos. En línea con esta problemática, Rosas (2022) resalta que la
corrupción, especialmente en las contrataciones del Estado, genera un impacto negativo tanto en
el sector público como en la sociedad, distorsionando las condiciones mínimas de convivencia y
la validez de las normas. En su investigación, también destaca que la falta de integridad en los
funcionarios públicos es uno de los factores más relevantes para el incremento de estos delitos.
Por otro lado, Silva (2019), en su estudio sobre la responsabilidad pública funcional en la
Dirección Regional de Salud de Tumbes, presenta un fuerte vínculo entre la responsabilidad de
los funcionarios y la comisión de delitos de corrupción. Su análisis, basado en un coeficiente de
correlación de Pearson (0.908, p = <0.001), muestra una relación significativa entre la
responsabilidad pública y la comisión de delitos de corrupción. De igual manera, Lora (2019)
confirma que los mecanismos institucionales son fundamentales para reducir la corrupción en las
administraciones públicas. Su investigación muestra que una relación significativa (Rho de
Spearman = -0.732) existe entre la eficacia de estos mecanismos y la disminución de la
corrupción, indicando que el fortalecimiento de las estructuras institucionales y la
implementación de políticas claras son esenciales para mejorar la integridad en la gestión pública.
En la capital Lima presenta un escenario donde la percepción ciudadana sobre la falta de
transparencia y pertinencia en la administración pública municipal es alarmante (Almaaroufi et
al., 2019; Pozo Enciso et al., 2024). Según estudios recientes, el 68% de los limeños considera
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2608
que la corrupción y la mala gestión son los principales problemas que afectan la prestación de
servicios como salud, educación y seguridad (Universidad del Pacífico, 2021). Este ambiente
demanda una mejora tangible en la práctica de valores por parte de los funcionarios para asegurar
una administración eficiente, responsable y transparente. La falta de mecanismos efectivos de
control y la permisividad normativa contribuyen a la persistencia de estos problemas (Neo et al.,
2023). Por ello, se requieren reformas profundas y cooperación internacional para fortalecer los
sistemas de fiscalización locales y garantizar un manejo eficiente y transparente de los recursos
públicos (OECD, 2023). Más allá del problema generalizado de la corrupción, es indispensable
centrar la atención en la práctica de valores éticos en los funcionarios públicos, pues esta
constituye un factor clave que puede incidir directamente en la prevención de dichos delitos
(Danylenko-Nehara et al., 2024). En el Perú, donde la transparencia y la rendición de cuentas aún
enfrentan desafíos estructurales, resulta imprescindible analizar cómo la práctica efectiva de
valores, manifestada en el cumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
Manual de Organización y Funciones (MOF), la transparencia en las funciones y la pertinencia
en el desempeño, fortalece la integridad institucional y contribuye a la reducción de delitos
administrativos (Zavaleta, 2023).
Por ello, esta investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo influye la práctica de
valores en funcionarios públicos en la prevención de delitos contra la administración pública en
el Estado peruano, 2023? Dada la persistencia de delitos como la corrupción y sus consecuencias
sociales y económicas, es fundamental explorar el rol de los valores éticos en la función pública
como mecanismo de prevención. Estudios recientes han demostrado que la promoción de valores
como la honestidad, responsabilidad y transparencia puede reducir significativamente la
incidencia de actos ilícitos en la administración pública, restaurando la confianza ciudadana y
mejorando la eficiencia gubernamental (Naciones Unidas, 2022; OECD, 2023). Este estudio
aportará evidencia empírica clave para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la
integridad y la ética en la gestión pública peruana.
El objetivo de este estudio es evaluar la práctica de valores en funcionarios públicos y su
influencia en la prevención de delitos contra la administración pública en el Estado peruano
durante el año 2023, con el propósito de sustentar el diseño y la implementación de estrategias
para mejorar la integridad institucional. Para ello, se busca: 1) Identificar la correlación entre las
dimensiones específicas de la práctica de valores (cumplimiento del ROF y MOF, transparencia
en las funciones y pertinencia en el desempeño) y la prevención de delitos; 2) Determinar si la
práctica de valores se correlaciona con las dimensiones de cumplimiento de las normas legales,
rendición de cuentas y manejo eficiente de recursos, en relación con la prevención de delitos.
que la corrupción y la mala gestión son los principales problemas que afectan la prestación de
servicios como salud, educación y seguridad (Universidad del Pacífico, 2021). Este ambiente
demanda una mejora tangible en la práctica de valores por parte de los funcionarios para asegurar
una administración eficiente, responsable y transparente. La falta de mecanismos efectivos de
control y la permisividad normativa contribuyen a la persistencia de estos problemas (Neo et al.,
2023). Por ello, se requieren reformas profundas y cooperación internacional para fortalecer los
sistemas de fiscalización locales y garantizar un manejo eficiente y transparente de los recursos
públicos (OECD, 2023). Más allá del problema generalizado de la corrupción, es indispensable
centrar la atención en la práctica de valores éticos en los funcionarios públicos, pues esta
constituye un factor clave que puede incidir directamente en la prevención de dichos delitos
(Danylenko-Nehara et al., 2024). En el Perú, donde la transparencia y la rendición de cuentas aún
enfrentan desafíos estructurales, resulta imprescindible analizar cómo la práctica efectiva de
valores, manifestada en el cumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y
Manual de Organización y Funciones (MOF), la transparencia en las funciones y la pertinencia
en el desempeño, fortalece la integridad institucional y contribuye a la reducción de delitos
administrativos (Zavaleta, 2023).
Por ello, esta investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo influye la práctica de
valores en funcionarios públicos en la prevención de delitos contra la administración pública en
el Estado peruano, 2023? Dada la persistencia de delitos como la corrupción y sus consecuencias
sociales y económicas, es fundamental explorar el rol de los valores éticos en la función pública
como mecanismo de prevención. Estudios recientes han demostrado que la promoción de valores
como la honestidad, responsabilidad y transparencia puede reducir significativamente la
incidencia de actos ilícitos en la administración pública, restaurando la confianza ciudadana y
mejorando la eficiencia gubernamental (Naciones Unidas, 2022; OECD, 2023). Este estudio
aportará evidencia empírica clave para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la
integridad y la ética en la gestión pública peruana.
El objetivo de este estudio es evaluar la práctica de valores en funcionarios públicos y su
influencia en la prevención de delitos contra la administración pública en el Estado peruano
durante el año 2023, con el propósito de sustentar el diseño y la implementación de estrategias
para mejorar la integridad institucional. Para ello, se busca: 1) Identificar la correlación entre las
dimensiones específicas de la práctica de valores (cumplimiento del ROF y MOF, transparencia
en las funciones y pertinencia en el desempeño) y la prevención de delitos; 2) Determinar si la
práctica de valores se correlaciona con las dimensiones de cumplimiento de las normas legales,
rendición de cuentas y manejo eficiente de recursos, en relación con la prevención de delitos.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2609
METODOLOGÍA
El presente estudio es de tipo básico o fundamental, orientado a generar conocimiento
teórico sin contrastar directamente una hipótesis en un contexto práctico (Arias y Covinos, 2021;
Ñaupas et al., 2018). Se aplicó un diseño no experimental, transversal y correlacional, dado que
no se manipularon variables, sino que se analizó la relación entre ellas en un momento
determinado (Ríos Ramírez, 2017).
La población estuvo constituida por 50 funcionarios de la Secretaría Técnica y del Órgano
de Control Interno en los tres niveles de gobierno. Debido a que el tamaño total de la población
es reducido y accesible, se optó por realizar un censo, incluyendo a todos los individuos, sin
realizar selección muestral (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Así, la muestra fue
equivalente a la población, integrada por 15 funcionarios de la Secretaría Técnica y 35 del Órgano
de Control Interno.
Tabla 1
Características de la muestra
Categoría Frecuencia Porcentaje (%)
Secretaría Técnica 15 30
Órgano de Control Interno 35 70
Total de participantes 50 100
Nota. La muestra corresponde a un censo de la población objetivo, incluyendo todos los funcionarios accesibles en
ambos grupos
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta mediante dos cuestionarios diseñados
específicamente para evaluar las variables “Práctica de valores en funcionarios” y “Prevención
de delitos”. Cada cuestionario incluyó 15 ítems con respuestas tipo Likert de cinco niveles (1 =
Nunca, 5 = Siempre), estructurados en dimensiones relacionadas con el cumplimiento normativo,
la transparencia, pertinencia en el desempeño y gestión eficiente, entre otros aspectos.
La confiabilidad de los instrumentos fue verificada mediante el coeficiente Alfa de
Cronbach, obteniendo valores de 0.944 y 0.943 para los cuestionarios respectivamente, lo que
indica alta consistencia interna (Cronbach, 1951),. La validez fue garantizada a través del juicio
de expertos, quienes evaluaron la pertinencia y claridad de los ítems.
El análisis de datos incluyó estadística descriptiva y correlacional. La parte descriptiva
fue presentada empleando figuras elaboradas en al software OriginPro 8.5. Par la parte inferencial,
se evaluó la normalidad con la prueba de Kolmogórov-Smirnov para verificar la normalidad en
las variables con una muestra ≥ 50 (Mishra et al., 2019), confirmando que las variables no seguían
una distribución normal. Por ello, se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico de Rho
de Spearman para determinar la relación entre variables, empleando el software SPSS versión 27
para asegurar la rigurosidad y validez de los resultados.
METODOLOGÍA
El presente estudio es de tipo básico o fundamental, orientado a generar conocimiento
teórico sin contrastar directamente una hipótesis en un contexto práctico (Arias y Covinos, 2021;
Ñaupas et al., 2018). Se aplicó un diseño no experimental, transversal y correlacional, dado que
no se manipularon variables, sino que se analizó la relación entre ellas en un momento
determinado (Ríos Ramírez, 2017).
La población estuvo constituida por 50 funcionarios de la Secretaría Técnica y del Órgano
de Control Interno en los tres niveles de gobierno. Debido a que el tamaño total de la población
es reducido y accesible, se optó por realizar un censo, incluyendo a todos los individuos, sin
realizar selección muestral (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Así, la muestra fue
equivalente a la población, integrada por 15 funcionarios de la Secretaría Técnica y 35 del Órgano
de Control Interno.
Tabla 1
Características de la muestra
Categoría Frecuencia Porcentaje (%)
Secretaría Técnica 15 30
Órgano de Control Interno 35 70
Total de participantes 50 100
Nota. La muestra corresponde a un censo de la población objetivo, incluyendo todos los funcionarios accesibles en
ambos grupos
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta mediante dos cuestionarios diseñados
específicamente para evaluar las variables “Práctica de valores en funcionarios” y “Prevención
de delitos”. Cada cuestionario incluyó 15 ítems con respuestas tipo Likert de cinco niveles (1 =
Nunca, 5 = Siempre), estructurados en dimensiones relacionadas con el cumplimiento normativo,
la transparencia, pertinencia en el desempeño y gestión eficiente, entre otros aspectos.
La confiabilidad de los instrumentos fue verificada mediante el coeficiente Alfa de
Cronbach, obteniendo valores de 0.944 y 0.943 para los cuestionarios respectivamente, lo que
indica alta consistencia interna (Cronbach, 1951),. La validez fue garantizada a través del juicio
de expertos, quienes evaluaron la pertinencia y claridad de los ítems.
El análisis de datos incluyó estadística descriptiva y correlacional. La parte descriptiva
fue presentada empleando figuras elaboradas en al software OriginPro 8.5. Par la parte inferencial,
se evaluó la normalidad con la prueba de Kolmogórov-Smirnov para verificar la normalidad en
las variables con una muestra ≥ 50 (Mishra et al., 2019), confirmando que las variables no seguían
una distribución normal. Por ello, se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico de Rho
de Spearman para determinar la relación entre variables, empleando el software SPSS versión 27
para asegurar la rigurosidad y validez de los resultados.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2610
En aspectos éticos, se respetó el anonimato, confidencialidad y voluntariedad de los
participantes, quienes fueron debidamente informados sobre los objetivos y uso académico de los
datos. El estudio cumplió con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y la
normativa ética vigente en Perú.
RESULTADOS
La Figura 1 muestra la distribución de la práctica de valores en funcionarios públicos y
sus dimensiones. El 68.0% (34) de los encuestados percibe un nivel alto en la práctica de valores,
mientras que el 28.0% (14) la evalúa como media y solo el 4.0% (2) como baja. En las
dimensiones específicas, el cumplimiento del ROF y MOF se ubica en un 50.0% (25) en nivel
alto, 44.0% medio (22) y 6.0% (3) bajo. La transparencia en las funciones destaca con un 86.0%
(43) en nivel alto, 12.0% (6) medio y 2.0% (1) bajo. Por último, la pertinencia en el desempeño
registra un 76.0% (38) alto, 20.0% (10) medio y 4.0% (2) bajo, indicando una valoración positiva
generalizada.
Figura 1
Frecuencia de práctica de valores en funcionarios y sus dimensionesBajo Medio Alto
28
6
44
50
2
12
86
4
20
76
4
Práctica de valores en funcionarios
4 4
28
68
Porcentaje (%)
Bajo Medio Alto
Cumplimiento del ROF y MOF
Bajo Medio Alto
Transparencia en las funciones
Bajo Medio Alto
68
Pertinencia en el desempeño
La Figura 2 presentan la percepción sobre la prevención de delitos contra la
administración pública. El 58.0% (29) de los participantes la considera en nivel medio, el 34.0%
(17) en nivel alto y el 8.0% (4) en nivel bajo. En cuanto a las dimensiones, el cumplimiento de
normas legales se sitúa en un 54.0% medio (27), 36.0% (18) alto y 10.0% (5) bajo. La rendición
de cuentas presenta un 46.0% (23) tanto en nivel medio como alto, con un 8.0% (4) bajo. El
manejo eficiente de recursos muestra un 56.0% (28) medio, 34.0% (17) alto y 10.0% (5) bajo,
reflejando una percepción equilibrada entre niveles medio y alto.
En aspectos éticos, se respetó el anonimato, confidencialidad y voluntariedad de los
participantes, quienes fueron debidamente informados sobre los objetivos y uso académico de los
datos. El estudio cumplió con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y la
normativa ética vigente en Perú.
RESULTADOS
La Figura 1 muestra la distribución de la práctica de valores en funcionarios públicos y
sus dimensiones. El 68.0% (34) de los encuestados percibe un nivel alto en la práctica de valores,
mientras que el 28.0% (14) la evalúa como media y solo el 4.0% (2) como baja. En las
dimensiones específicas, el cumplimiento del ROF y MOF se ubica en un 50.0% (25) en nivel
alto, 44.0% medio (22) y 6.0% (3) bajo. La transparencia en las funciones destaca con un 86.0%
(43) en nivel alto, 12.0% (6) medio y 2.0% (1) bajo. Por último, la pertinencia en el desempeño
registra un 76.0% (38) alto, 20.0% (10) medio y 4.0% (2) bajo, indicando una valoración positiva
generalizada.
Figura 1
Frecuencia de práctica de valores en funcionarios y sus dimensionesBajo Medio Alto
28
6
44
50
2
12
86
4
20
76
4
Práctica de valores en funcionarios
4 4
28
68
Porcentaje (%)
Bajo Medio Alto
Cumplimiento del ROF y MOF
Bajo Medio Alto
Transparencia en las funciones
Bajo Medio Alto
68
Pertinencia en el desempeño
La Figura 2 presentan la percepción sobre la prevención de delitos contra la
administración pública. El 58.0% (29) de los participantes la considera en nivel medio, el 34.0%
(17) en nivel alto y el 8.0% (4) en nivel bajo. En cuanto a las dimensiones, el cumplimiento de
normas legales se sitúa en un 54.0% medio (27), 36.0% (18) alto y 10.0% (5) bajo. La rendición
de cuentas presenta un 46.0% (23) tanto en nivel medio como alto, con un 8.0% (4) bajo. El
manejo eficiente de recursos muestra un 56.0% (28) medio, 34.0% (17) alto y 10.0% (5) bajo,
reflejando una percepción equilibrada entre niveles medio y alto.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2611
Figura 2
Distribución de prevención de delitos y sus dimensiones8
58
34
10
54
36
8
46 46
10
56
34
Bajo Medio Alto
0
10
20
30
40
50
60
Prevención de delitos
A
Prevención de delitos
Bajo Medio Alto
Cumplimiento de las normas legales
A
Cumplimiento de las normas legales
Bajo Medio Alto
Rendición de Cuentas en la Prevención de Delitos
A
Rendición de Cuentas en la Prevención de Delitos
Bajo Medio Alto
Porcentaje (%)
Manejo eficiente de recursos
A
Manejo eficiente de recursos
Para evaluar la relación entre la práctica de valores en funcionarios públicos y la
prevención de delitos contra la administración pública se plantearon las siguientes hipótesis:
Hipótesis general
H₀: La práctica de valores en los funcionarios públicos no influye significativamente en
la prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
H₁: La práctica de valores en los funcionarios públicos influye significativamente en la
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
La Tabla 2 presenta la correlación de Spearman entre la práctica global de valores en
funcionarios públicos y la prevención de delitos contra la administración pública, mostrando un
coeficiente de 0.463 con significancia estadística (p < 0.001). Este resultado indica una relación
positiva moderada, lo que sugiere que un mayor nivel de práctica ética en los funcionarios está
asociado con una mayor efectividad en la prevención de delitos administrativos.
Tabla 2
Correlación general entre práctica de valores y prevención de delitos (N=50)
Variable Prevención de delitos p-valor
Práctica de valores (global) 0.463 ** <0.001
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). Elaborado en el software SPSS v 27.
La Figura 3 presenta un diagrama de dispersión que muestra la relación entre la práctica
de valores y la prevención de delitos contra la administración pública, a partir de la suma de las
puntuaciones obtenidas en las encuestas aplicadas a funcionarios públicos. La línea de regresión,
representada en color rojo, muestra una correlación positiva moderada, con un valor de R² = 0.22.
Este valor indica que aproximadamente el 22% de la variabilidad en la prevención de delitos
puede ser explicada por la práctica de valores en los funcionarios públicos. Aunque existe una
Figura 2
Distribución de prevención de delitos y sus dimensiones8
58
34
10
54
36
8
46 46
10
56
34
Bajo Medio Alto
0
10
20
30
40
50
60
Prevención de delitos
A
Prevención de delitos
Bajo Medio Alto
Cumplimiento de las normas legales
A
Cumplimiento de las normas legales
Bajo Medio Alto
Rendición de Cuentas en la Prevención de Delitos
A
Rendición de Cuentas en la Prevención de Delitos
Bajo Medio Alto
Porcentaje (%)
Manejo eficiente de recursos
A
Manejo eficiente de recursos
Para evaluar la relación entre la práctica de valores en funcionarios públicos y la
prevención de delitos contra la administración pública se plantearon las siguientes hipótesis:
Hipótesis general
H₀: La práctica de valores en los funcionarios públicos no influye significativamente en
la prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
H₁: La práctica de valores en los funcionarios públicos influye significativamente en la
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
La Tabla 2 presenta la correlación de Spearman entre la práctica global de valores en
funcionarios públicos y la prevención de delitos contra la administración pública, mostrando un
coeficiente de 0.463 con significancia estadística (p < 0.001). Este resultado indica una relación
positiva moderada, lo que sugiere que un mayor nivel de práctica ética en los funcionarios está
asociado con una mayor efectividad en la prevención de delitos administrativos.
Tabla 2
Correlación general entre práctica de valores y prevención de delitos (N=50)
Variable Prevención de delitos p-valor
Práctica de valores (global) 0.463 ** <0.001
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). Elaborado en el software SPSS v 27.
La Figura 3 presenta un diagrama de dispersión que muestra la relación entre la práctica
de valores y la prevención de delitos contra la administración pública, a partir de la suma de las
puntuaciones obtenidas en las encuestas aplicadas a funcionarios públicos. La línea de regresión,
representada en color rojo, muestra una correlación positiva moderada, con un valor de R² = 0.22.
Este valor indica que aproximadamente el 22% de la variabilidad en la prevención de delitos
puede ser explicada por la práctica de valores en los funcionarios públicos. Aunque existe una
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2612
relación positiva entre ambas variables, el bajo valor de R² sugiere que otros factores, además de
la práctica de valores, también influyen en la prevención de delitos.
Figura 3
Dispersión simple de prevención de delitos con la práctica de valores30 40 50 60 70 80
20
30
40
50
60
70
B
Linear Fit of Sheet1 B
Pevencion de delitos
Practica de valores
R2= 0.22
Hipótesis específica 1:
H1: Las dimensiones de la práctica de valores (cumplimiento del ROF y MOF,
transparencia en las funciones, pertinencia en el desempeño) no influye significativamente en la
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
H0: Las dimensiones de la práctica de valores (cumplimiento del ROF y MOF,
transparencia en las funciones, pertinencia en el desempeño) no influye significativamente en la
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
La Tabla 3 presenta las correlaciones entre las dimensiones específicas de la práctica de
valores y la prevención de delitos contra la administración pública. Se observa que el
cumplimiento del ROF y MOF tiene una correlación positiva moderada con la prevención de
delitos (Rho = 0.389, p = 0.004), lo que indica que un mayor cumplimiento de los procedimientos
administrativos está relacionado con una mejora en la prevención de delitos. La transparencia en
las funciones muestra la correlación más alta (Rho = 0.465, p < 0.001), lo que resalta su fuerte
influencia en la prevención de delitos, sugiriendo que una mayor transparencia en la gestión
pública contribuye significativamente a la reducción de delitos. Por último, la pertinencia en el
desempeño también muestra una correlación significativa (Rho = 0.428, p = 0.002), lo que indica
que la adecuación y la eficiencia en el desempeño de los funcionarios públicos están directamente
asociadas con una mejor prevención de delitos. En conjunto, los resultados refuerzan la
importancia de estas tres dimensiones de la práctica de valores en la prevención de delitos en la
administración pública.
relación positiva entre ambas variables, el bajo valor de R² sugiere que otros factores, además de
la práctica de valores, también influyen en la prevención de delitos.
Figura 3
Dispersión simple de prevención de delitos con la práctica de valores30 40 50 60 70 80
20
30
40
50
60
70
B
Linear Fit of Sheet1 B
Pevencion de delitos
Practica de valores
R2= 0.22
Hipótesis específica 1:
H1: Las dimensiones de la práctica de valores (cumplimiento del ROF y MOF,
transparencia en las funciones, pertinencia en el desempeño) no influye significativamente en la
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
H0: Las dimensiones de la práctica de valores (cumplimiento del ROF y MOF,
transparencia en las funciones, pertinencia en el desempeño) no influye significativamente en la
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
La Tabla 3 presenta las correlaciones entre las dimensiones específicas de la práctica de
valores y la prevención de delitos contra la administración pública. Se observa que el
cumplimiento del ROF y MOF tiene una correlación positiva moderada con la prevención de
delitos (Rho = 0.389, p = 0.004), lo que indica que un mayor cumplimiento de los procedimientos
administrativos está relacionado con una mejora en la prevención de delitos. La transparencia en
las funciones muestra la correlación más alta (Rho = 0.465, p < 0.001), lo que resalta su fuerte
influencia en la prevención de delitos, sugiriendo que una mayor transparencia en la gestión
pública contribuye significativamente a la reducción de delitos. Por último, la pertinencia en el
desempeño también muestra una correlación significativa (Rho = 0.428, p = 0.002), lo que indica
que la adecuación y la eficiencia en el desempeño de los funcionarios públicos están directamente
asociadas con una mejor prevención de delitos. En conjunto, los resultados refuerzan la
importancia de estas tres dimensiones de la práctica de valores en la prevención de delitos en la
administración pública.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2613
Tabla 3
Correlaciones específicas entre dimensiones de práctica de valores y prevención de delitos
(N=50)
Dimensión de practica de valores Prevención de delitos p-valor
Cumplimiento del ROF y MOF 0.398 ** 0.004
Transparencia en funciones 0.465 ** <0.001
Pertinencia en desempeño 0.428 ** 0.002
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). Elaborado en el software SPSS v 27
Hipótesis específica 2:
H2: La práctica de valores influye significativamente en las dimensiones cumplimiento
de las normas legales, rendición de cuentas y manejo eficiente de recursos de la variable
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
Ho: La práctica de valores no influye significativamente en las dimensiones
cumplimiento de las normas legales, rendición de cuentas y manejo eficiente de recursos de la
variable prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
La Tabla 4 presenta las correlaciones entre las dimensiones de la práctica de valores y la
prevención de delitos contra la administración pública. Los resultados muestran que el
cumplimiento de las normas legales tiene la correlación más alta con la prevención de delitos
(Rho = 0.538, p < 0.001), lo que sugiere que una mayor adherencia a las normas legales está
fuertemente relacionada con una mejor prevención de delitos. La rendición de cuentas también
presenta una correlación significativa, aunque más baja (Rho = 0.306, p = 0.031), indicando una
influencia moderada sobre la prevención de delitos. Finalmente, el manejo eficiente de recursos
muestra una correlación significativa (Rho = 0.382, p = 0.006), lo que refleja una relación positiva
entre una gestión adecuada de los recursos y la prevención de delitos. En conjunto, estos
resultados apoyan la hipótesis alternativa (H₁) de que la práctica de valores influye
significativamente en las dimensiones clave de la prevención de delitos, especialmente en el
cumplimiento de las normas legales y el manejo de recursos.
Tabla 4
Correlaciones específicas dimensiones de práctica de valores y dimensiones de prevención de
delitos (N=50)
Prevención de delitos contra la administración pública Práctica de valores p-valor
Cumplimiento de las normas legales 0.538 ** <0.001
Rendición de cuentas 0.306 * 0.031
Manejo eficiente de recursos 0.382 ** 0.006
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral) y * al nivel 0.05 (bilateral). Elaborado en el software SPSS
v 27
Tabla 3
Correlaciones específicas entre dimensiones de práctica de valores y prevención de delitos
(N=50)
Dimensión de practica de valores Prevención de delitos p-valor
Cumplimiento del ROF y MOF 0.398 ** 0.004
Transparencia en funciones 0.465 ** <0.001
Pertinencia en desempeño 0.428 ** 0.002
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral). Elaborado en el software SPSS v 27
Hipótesis específica 2:
H2: La práctica de valores influye significativamente en las dimensiones cumplimiento
de las normas legales, rendición de cuentas y manejo eficiente de recursos de la variable
prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
Ho: La práctica de valores no influye significativamente en las dimensiones
cumplimiento de las normas legales, rendición de cuentas y manejo eficiente de recursos de la
variable prevención de delitos contra la administración pública del Estado Peruano, 2023.
La Tabla 4 presenta las correlaciones entre las dimensiones de la práctica de valores y la
prevención de delitos contra la administración pública. Los resultados muestran que el
cumplimiento de las normas legales tiene la correlación más alta con la prevención de delitos
(Rho = 0.538, p < 0.001), lo que sugiere que una mayor adherencia a las normas legales está
fuertemente relacionada con una mejor prevención de delitos. La rendición de cuentas también
presenta una correlación significativa, aunque más baja (Rho = 0.306, p = 0.031), indicando una
influencia moderada sobre la prevención de delitos. Finalmente, el manejo eficiente de recursos
muestra una correlación significativa (Rho = 0.382, p = 0.006), lo que refleja una relación positiva
entre una gestión adecuada de los recursos y la prevención de delitos. En conjunto, estos
resultados apoyan la hipótesis alternativa (H₁) de que la práctica de valores influye
significativamente en las dimensiones clave de la prevención de delitos, especialmente en el
cumplimiento de las normas legales y el manejo de recursos.
Tabla 4
Correlaciones específicas dimensiones de práctica de valores y dimensiones de prevención de
delitos (N=50)
Prevención de delitos contra la administración pública Práctica de valores p-valor
Cumplimiento de las normas legales 0.538 ** <0.001
Rendición de cuentas 0.306 * 0.031
Manejo eficiente de recursos 0.382 ** 0.006
Nota: ** Correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral) y * al nivel 0.05 (bilateral). Elaborado en el software SPSS
v 27
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2614
DISCUSIÓN
La evidencia empírica obtenida en este estudio revela una correlación positiva y
estadísticamente significativa (Rho de Spearman = 0.463, p < 0.001) entre la práctica de valores
en funcionarios públicos y la prevención de delitos contra la administración pública. Además, se
ha identificado El 68.0% (34) de los encuestados percibe un nivel alto en la práctica de valores,
mientras y delitos contra la administración pública. El 58.0% (29) de los participantes la considera
en nivel medio. Este hallazgo corrobora la teoría ética aplicada a la gestión pública que subraya
la función central de los valores institucionales en la consolidación de la integridad organizacional
Derecho (Cox, 2015). En comparación con investigaciones previas como las de Alvis Mariño
(2024) quien reportó una correlación alta (0.921) entre integridad pública y lucha contra la
corrupción en una entidad peruana y Soriano Olivares (2024), que encontró una correlación casi
perfecta (0.994) entre gestión pública y combate al crimen organizado en Lima. Ambos estudios
reportan coeficientes superiores en contextos más específicos, el valor moderado de coeficiente
de correlación de este estudio refleja la complejidad intrínseca del entramado institucional en el
Perú, donde múltiples factores estructurales y culturales interactúan para moldear la eficacia de
las prácticas éticas (Montoya, 2015). Esto subraya la necesidad de abordajes multidimensionales
y contextuales para fortalecer la gobernanza pública, en línea con lo que evidenció Peralta y
Zapata (2023) sobre la interdisciplinariedad en el estudio de fenómenos públicos complejos a
partir de la economía, la política, la administración pública y las ciencias humanas.
Adicionalmente, Bravo et al. (2024) señalan que, en los gobiernos locales de la Amazonía
peruana, las limitaciones en la voluntad y capacidad decisoria de los funcionarios afectan la
formulación de políticas públicas, revelando conflictos de interés y abuso de poder que dificultan
la gobernanza participativa y eficaz, lo cual puede contextualizar barreras similares en la práctica
de valores éticos a nivel nacional.
En cuanto a la primera hipótesis específico, el cumplimiento del Reglamento y Manual
de Organización y Funciones (ROF y MOF), el resultado significativo (Rho = 0.398, p = 0.004)
evidencia la relevancia de marcos normativos claros y de su observancia estricta para la
prevención efectiva de ilícitos administrativos. La literatura especializada, incluyendo a Febre y
Vera (2019)., enfatiza que la formalización de roles y responsabilidades mediante instrumentos
normativos robustos contribuye a la transparencia y a la minimización de áreas grises susceptibles
de abuso. Este hallazgo también dialoga con la reflexión de Casazola et al. (2019) sobre la
necesidad de estructuras administrativas sólidas como base para la integridad pública. Sin
embargo, la persistencia de prácticas informales y la flexibilidad normativa observada en el
contexto nacional sugieren limitaciones en la aplicación práctica del ROF y MOF, situación que
demanda reformas institucionales integrales. Este panorama es consistente con los hallazgos de
Zavaleta (2023), quien identifica en el Perú, en el desarrollo político, la ausencia de liderazgo
DISCUSIÓN
La evidencia empírica obtenida en este estudio revela una correlación positiva y
estadísticamente significativa (Rho de Spearman = 0.463, p < 0.001) entre la práctica de valores
en funcionarios públicos y la prevención de delitos contra la administración pública. Además, se
ha identificado El 68.0% (34) de los encuestados percibe un nivel alto en la práctica de valores,
mientras y delitos contra la administración pública. El 58.0% (29) de los participantes la considera
en nivel medio. Este hallazgo corrobora la teoría ética aplicada a la gestión pública que subraya
la función central de los valores institucionales en la consolidación de la integridad organizacional
Derecho (Cox, 2015). En comparación con investigaciones previas como las de Alvis Mariño
(2024) quien reportó una correlación alta (0.921) entre integridad pública y lucha contra la
corrupción en una entidad peruana y Soriano Olivares (2024), que encontró una correlación casi
perfecta (0.994) entre gestión pública y combate al crimen organizado en Lima. Ambos estudios
reportan coeficientes superiores en contextos más específicos, el valor moderado de coeficiente
de correlación de este estudio refleja la complejidad intrínseca del entramado institucional en el
Perú, donde múltiples factores estructurales y culturales interactúan para moldear la eficacia de
las prácticas éticas (Montoya, 2015). Esto subraya la necesidad de abordajes multidimensionales
y contextuales para fortalecer la gobernanza pública, en línea con lo que evidenció Peralta y
Zapata (2023) sobre la interdisciplinariedad en el estudio de fenómenos públicos complejos a
partir de la economía, la política, la administración pública y las ciencias humanas.
Adicionalmente, Bravo et al. (2024) señalan que, en los gobiernos locales de la Amazonía
peruana, las limitaciones en la voluntad y capacidad decisoria de los funcionarios afectan la
formulación de políticas públicas, revelando conflictos de interés y abuso de poder que dificultan
la gobernanza participativa y eficaz, lo cual puede contextualizar barreras similares en la práctica
de valores éticos a nivel nacional.
En cuanto a la primera hipótesis específico, el cumplimiento del Reglamento y Manual
de Organización y Funciones (ROF y MOF), el resultado significativo (Rho = 0.398, p = 0.004)
evidencia la relevancia de marcos normativos claros y de su observancia estricta para la
prevención efectiva de ilícitos administrativos. La literatura especializada, incluyendo a Febre y
Vera (2019)., enfatiza que la formalización de roles y responsabilidades mediante instrumentos
normativos robustos contribuye a la transparencia y a la minimización de áreas grises susceptibles
de abuso. Este hallazgo también dialoga con la reflexión de Casazola et al. (2019) sobre la
necesidad de estructuras administrativas sólidas como base para la integridad pública. Sin
embargo, la persistencia de prácticas informales y la flexibilidad normativa observada en el
contexto nacional sugieren limitaciones en la aplicación práctica del ROF y MOF, situación que
demanda reformas institucionales integrales. Este panorama es consistente con los hallazgos de
Zavaleta (2023), quien identifica en el Perú, en el desarrollo político, la ausencia de liderazgo
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2615
efectivo, la falta de meritocracia, una crisis ética y la deficiente construcción partidaria, junto con
la mala asignación de recursos públicos, generan corrupción, falta de transparencia y
deslegitimación de las instituciones. En el desarrollo económico, estos problemas afectan los
ingresos fiscales, la inversión, la productividad y la recaudación de impuestos, debilitando los
sistemas de control y aumentando la pobreza y la desigualdad, lo que deriva en una crisis de
gobernabilidad. En el desarrollo social, se vulneran derechos humanos fundamentales, se afecta
la salud pública y el acceso equitativo a servicios, creando un entorno antidemocrático, inseguro
y con carencia de valores.
La dimensión de transparencia en las funciones destaca como el predictor más fuerte (Rho
= 0.465, p < 0.001) de la prevención de delitos administrativos, reafirmando su rol como eje
estratégico para la gobernanza pública moderna. Este resultado es coherente con los hallazgos
reportados por Bacilio Lozano (2024) y la OECD (2023), quienes atribuyen a la transparencia un
carácter transversal que permea tanto la rendición de cuentas como la participación ciudadana y
el control social. La operación Lava Jato, analizada por Alencar y Jackson-Green (2023). Este,
ejemplifica los costos sistémicos de la falta de transparencia, y es reflejo de los retos que enfrenta
el Estado peruano en garantizar prácticas abiertas y accesibles. Además, la percepción ciudadana
en Lima, reflejada en los datos de la Universidad del Pacífico (2023), subraya la urgencia de
políticas públicas que profundicen la cultura de transparencia para revertir la crisis de confianza
institucional. Este escenario se agrava con la pérdida de legitimidad y gobernabilidad identificada
por Tuesta Torrejón (2020), donde la falta de aceptación ciudadana y cuestionamientos a las
autoridades generan desintegración institucional y disminuyen el apoyo a las políticas públicas,
reflejando el impacto social de la baja transparencia y ética en la gestión.
La pertinencia en el desempeño muestra una correlación sustantiva (Rho = 0.428, p =
0.002), lo que indica que la capacidad técnica y la adecuación funcional de los servidores públicos
constituyen elementos imprescindibles para la prevención de conductas ilícitas. Este aspecto
coincide con la visión planteada por Bacilio Lozano (2024) sobre la relación entre desempeño
ético y estabilidad social, y con las evidencias de Chainey et al. (2021) y Melkamu y Teshome
(2023) acerca de la confianza ciudadana como resultado de una gestión pública efectiva. No
obstante, la pertinencia funcional también enfrenta barreras derivadas de limitaciones
estructurales y falta de incentivos adecuados, lo que requiere intervenciones políticas orientadas
a la profesionalización y evaluación rigurosa del desempeño en el sector público. Este reto es
similar al expuesto por Bravo et al. (2024), quienes describen la falta de voluntad y coordinación
en las autoridades locales para formular políticas eficaces, lo que contribuye a la ineficacia en la
gestión pública y limita la capacidad de respuesta ante problemáticas complejas como la crisis
ambiental y social.
Referente a la segunda hipótesis específico, la práctica de valores influye
significativamente en las dimensiones clave de la prevención de delitos en la administración
efectivo, la falta de meritocracia, una crisis ética y la deficiente construcción partidaria, junto con
la mala asignación de recursos públicos, generan corrupción, falta de transparencia y
deslegitimación de las instituciones. En el desarrollo económico, estos problemas afectan los
ingresos fiscales, la inversión, la productividad y la recaudación de impuestos, debilitando los
sistemas de control y aumentando la pobreza y la desigualdad, lo que deriva en una crisis de
gobernabilidad. En el desarrollo social, se vulneran derechos humanos fundamentales, se afecta
la salud pública y el acceso equitativo a servicios, creando un entorno antidemocrático, inseguro
y con carencia de valores.
La dimensión de transparencia en las funciones destaca como el predictor más fuerte (Rho
= 0.465, p < 0.001) de la prevención de delitos administrativos, reafirmando su rol como eje
estratégico para la gobernanza pública moderna. Este resultado es coherente con los hallazgos
reportados por Bacilio Lozano (2024) y la OECD (2023), quienes atribuyen a la transparencia un
carácter transversal que permea tanto la rendición de cuentas como la participación ciudadana y
el control social. La operación Lava Jato, analizada por Alencar y Jackson-Green (2023). Este,
ejemplifica los costos sistémicos de la falta de transparencia, y es reflejo de los retos que enfrenta
el Estado peruano en garantizar prácticas abiertas y accesibles. Además, la percepción ciudadana
en Lima, reflejada en los datos de la Universidad del Pacífico (2023), subraya la urgencia de
políticas públicas que profundicen la cultura de transparencia para revertir la crisis de confianza
institucional. Este escenario se agrava con la pérdida de legitimidad y gobernabilidad identificada
por Tuesta Torrejón (2020), donde la falta de aceptación ciudadana y cuestionamientos a las
autoridades generan desintegración institucional y disminuyen el apoyo a las políticas públicas,
reflejando el impacto social de la baja transparencia y ética en la gestión.
La pertinencia en el desempeño muestra una correlación sustantiva (Rho = 0.428, p =
0.002), lo que indica que la capacidad técnica y la adecuación funcional de los servidores públicos
constituyen elementos imprescindibles para la prevención de conductas ilícitas. Este aspecto
coincide con la visión planteada por Bacilio Lozano (2024) sobre la relación entre desempeño
ético y estabilidad social, y con las evidencias de Chainey et al. (2021) y Melkamu y Teshome
(2023) acerca de la confianza ciudadana como resultado de una gestión pública efectiva. No
obstante, la pertinencia funcional también enfrenta barreras derivadas de limitaciones
estructurales y falta de incentivos adecuados, lo que requiere intervenciones políticas orientadas
a la profesionalización y evaluación rigurosa del desempeño en el sector público. Este reto es
similar al expuesto por Bravo et al. (2024), quienes describen la falta de voluntad y coordinación
en las autoridades locales para formular políticas eficaces, lo que contribuye a la ineficacia en la
gestión pública y limita la capacidad de respuesta ante problemáticas complejas como la crisis
ambiental y social.
Referente a la segunda hipótesis específico, la práctica de valores influye
significativamente en las dimensiones clave de la prevención de delitos en la administración
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2616
pública, específicamente en el cumplimiento de las normas legales, la rendición de cuentas y el
manejo eficiente de recursos. Las correlaciones encontradas, especialmente con el cumplimiento
de las normas legales (Rho = 0.538, p < 0.001), sugieren que un mayor seguimiento de las normas
y principios establecidos en la administración pública contribuye directamente a la reducción de
ilícitos administrativos. Este hallazgo es consistente con la teoría que sostiene que la transparencia
y la adherencia a marcos normativos sólidos son esenciales para combatir la corrupción y otros
delitos (Peralta y Zapata, 2023). En particular, la dimensión de rendición de cuentas (Rho = 0.306,
p = 0.031) refleja una influencia moderada pero significativa, que respalda la idea de que la
responsabilidad y la supervisión efectiva dentro de las instituciones públicas son factores cruciales
para prevenir la corrupción (Zavaleta, 2023). Además, la correlación encontrada con el manejo
eficiente de recursos (Rho = 0.382, p = 0.006) subraya la importancia de una gestión adecuada de
los recursos públicos, lo que coincide con las conclusiones de Guillamón et al. (2021) y Silva
(2019), quienes identifican la eficiencia administrativa como un pilar fundamental en la lucha
contra la corrupción. Este estudio se alinea con investigaciones previas, como la de Morales
(2021), que aborda los problemas legales derivados del cohecho y la malversación de fondos,
demostrando que la corrupción política se entrelaza con otros delitos, afectando la integridad del
sistema gubernamental. Asimismo, la investigación de Ruiz (2024) sobre la percepción de la
corrupción política, en la que las micro conductas desviadas afectan la percepción de la
corrupción, apoya la idea de que las pequeñas fallas en el cumplimiento de normas pueden
contribuir a un entorno más propenso a delitos en la administración pública. Además, la teoría
histórica presentada por Ruiz (2022) refuerza la necesidad de revisar enfoques filosóficos clásicos
para implementar soluciones efectivas contra la corrupción en el contexto moderno.
A pesar de los hallazgos significativos, este estudio presenta algunas limitaciones que
deben ser consideradas. En primer lugar, la muestra de 50 funcionarios de la Secretaría Técnica
y del Órgano de Control Interno en tres niveles de gobierno puede no ser representativa de toda
la administración pública peruana, lo que limita la generalización de los resultados. Además, el
diseño transversal y no experimental impide establecer relaciones causales definitivas entre la
práctica de valores y la prevención de delitos. Las percepciones de los encuestados sobre la
práctica de valores podrían estar sesgadas por factores subjetivos, ya que se basan en cuestionarios
autoinformados. Asimismo, el análisis correlacional no permite explorar en profundidad las
interacciones entre las variables involucradas, lo que sería relevante para comprender mejor los
mecanismos que subyacen a la relación observada. Finalmente, la falta de datos longitudinales
impide evaluar los efectos a largo plazo de la implementación de valores éticos en la
administración pública, lo que sería esencial para determinar la sostenibilidad de estos resultados
a lo largo del tiempo.
En síntesis, los resultados de esta investigación aportan evidencia sólida para la teoría y
la práctica de la gestión pública en contextos como el peruano, donde la práctica de valores
pública, específicamente en el cumplimiento de las normas legales, la rendición de cuentas y el
manejo eficiente de recursos. Las correlaciones encontradas, especialmente con el cumplimiento
de las normas legales (Rho = 0.538, p < 0.001), sugieren que un mayor seguimiento de las normas
y principios establecidos en la administración pública contribuye directamente a la reducción de
ilícitos administrativos. Este hallazgo es consistente con la teoría que sostiene que la transparencia
y la adherencia a marcos normativos sólidos son esenciales para combatir la corrupción y otros
delitos (Peralta y Zapata, 2023). En particular, la dimensión de rendición de cuentas (Rho = 0.306,
p = 0.031) refleja una influencia moderada pero significativa, que respalda la idea de que la
responsabilidad y la supervisión efectiva dentro de las instituciones públicas son factores cruciales
para prevenir la corrupción (Zavaleta, 2023). Además, la correlación encontrada con el manejo
eficiente de recursos (Rho = 0.382, p = 0.006) subraya la importancia de una gestión adecuada de
los recursos públicos, lo que coincide con las conclusiones de Guillamón et al. (2021) y Silva
(2019), quienes identifican la eficiencia administrativa como un pilar fundamental en la lucha
contra la corrupción. Este estudio se alinea con investigaciones previas, como la de Morales
(2021), que aborda los problemas legales derivados del cohecho y la malversación de fondos,
demostrando que la corrupción política se entrelaza con otros delitos, afectando la integridad del
sistema gubernamental. Asimismo, la investigación de Ruiz (2024) sobre la percepción de la
corrupción política, en la que las micro conductas desviadas afectan la percepción de la
corrupción, apoya la idea de que las pequeñas fallas en el cumplimiento de normas pueden
contribuir a un entorno más propenso a delitos en la administración pública. Además, la teoría
histórica presentada por Ruiz (2022) refuerza la necesidad de revisar enfoques filosóficos clásicos
para implementar soluciones efectivas contra la corrupción en el contexto moderno.
A pesar de los hallazgos significativos, este estudio presenta algunas limitaciones que
deben ser consideradas. En primer lugar, la muestra de 50 funcionarios de la Secretaría Técnica
y del Órgano de Control Interno en tres niveles de gobierno puede no ser representativa de toda
la administración pública peruana, lo que limita la generalización de los resultados. Además, el
diseño transversal y no experimental impide establecer relaciones causales definitivas entre la
práctica de valores y la prevención de delitos. Las percepciones de los encuestados sobre la
práctica de valores podrían estar sesgadas por factores subjetivos, ya que se basan en cuestionarios
autoinformados. Asimismo, el análisis correlacional no permite explorar en profundidad las
interacciones entre las variables involucradas, lo que sería relevante para comprender mejor los
mecanismos que subyacen a la relación observada. Finalmente, la falta de datos longitudinales
impide evaluar los efectos a largo plazo de la implementación de valores éticos en la
administración pública, lo que sería esencial para determinar la sostenibilidad de estos resultados
a lo largo del tiempo.
En síntesis, los resultados de esta investigación aportan evidencia sólida para la teoría y
la práctica de la gestión pública en contextos como el peruano, donde la práctica de valores
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2617
institucionales —especialmente la transparencia, el cumplimiento normativo y la pertinencia en
el desempeño— emerge como factor clave en la prevención de delitos administrativos. Esta
perspectiva exige un enfoque holístico que combine reformas normativas, fortalecimiento
institucional y estrategias de cultura organizacional para promover una administración pública
más íntegra, eficiente y legítima.
CONCLUSIONES
La hipótesis general fue confirmada, ya que los resultados del estudio evidencian que la
práctica de valores en los funcionarios públicos tiene una influencia significativa en la prevención
de delitos contra la administración pública en el Perú. La correlación moderada (Rho = 0.463, p
< 0.001) entre las variables resalta la importancia de integrar principios éticos en la gestión
pública. Estos hallazgos son relevantes al proporcionar evidencia empírica que demuestra cómo
una cultura organizacional basada en valores éticos puede mejorar la efectividad en la prevención
de delitos. Como recomendación, futuros estudios podrían investigar la relación entre valores
éticos y la prevención de delitos en otros contextos regionales, y considerar la inclusión de
variables mediadoras, como la percepción ciudadana de la transparencia y la confianza
institucional, para ampliar el enfoque de este análisis.
Asimismo, los resultados obtenidos muestran que las dimensiones específicas de la
práctica de valores, como el cumplimiento del ROF y MOF, transparencia en las funciones y
pertinencia en el desempeño, muestran una correlación significativa con la prevención de delitos
(p < 0.001), siendo la transparencia el factor más influyente (Rho = 0.465). Esto refuerza la
importancia de las dimensiones normativas y éticas en la lucha contra la corrupción y los delitos
administrativos. A partir de estos resultados, se recomienda realizar estudios adicionales que
exploren cómo las políticas públicas pueden fomentar estas dimensiones de la ética institucional
de manera más efectiva, así como investigar las barreras que impiden la plena implementación de
estas prácticas en contextos locales o de bajos recursos.
Por último, la práctica de valores influye significativamente en dimensiones clave, como
el cumplimiento de las normas legales, la rendición de cuentas y el manejo eficiente de recursos,
lo que se refleja en las correlaciones positivas con la prevención de delitos (p < 0.01). Este
hallazgo resalta la necesidad de fortalecer los marcos normativos y las estructuras institucionales
en la administración pública, y subraya la relación entre una gestión eficiente y la reducción de
ilícitos administrativos. En recomendación a futuros estudios profundicen en la implementación
de estrategias de capacitación que refuercen los valores y en la evaluación de su impacto a largo
plazo en la sostenibilidad de la integridad pública. Además, sería útil investigar cómo las reformas
institucionales pueden mejorar la aplicación de los principios éticos en la práctica diaria de los
funcionarios públicos.
institucionales —especialmente la transparencia, el cumplimiento normativo y la pertinencia en
el desempeño— emerge como factor clave en la prevención de delitos administrativos. Esta
perspectiva exige un enfoque holístico que combine reformas normativas, fortalecimiento
institucional y estrategias de cultura organizacional para promover una administración pública
más íntegra, eficiente y legítima.
CONCLUSIONES
La hipótesis general fue confirmada, ya que los resultados del estudio evidencian que la
práctica de valores en los funcionarios públicos tiene una influencia significativa en la prevención
de delitos contra la administración pública en el Perú. La correlación moderada (Rho = 0.463, p
< 0.001) entre las variables resalta la importancia de integrar principios éticos en la gestión
pública. Estos hallazgos son relevantes al proporcionar evidencia empírica que demuestra cómo
una cultura organizacional basada en valores éticos puede mejorar la efectividad en la prevención
de delitos. Como recomendación, futuros estudios podrían investigar la relación entre valores
éticos y la prevención de delitos en otros contextos regionales, y considerar la inclusión de
variables mediadoras, como la percepción ciudadana de la transparencia y la confianza
institucional, para ampliar el enfoque de este análisis.
Asimismo, los resultados obtenidos muestran que las dimensiones específicas de la
práctica de valores, como el cumplimiento del ROF y MOF, transparencia en las funciones y
pertinencia en el desempeño, muestran una correlación significativa con la prevención de delitos
(p < 0.001), siendo la transparencia el factor más influyente (Rho = 0.465). Esto refuerza la
importancia de las dimensiones normativas y éticas en la lucha contra la corrupción y los delitos
administrativos. A partir de estos resultados, se recomienda realizar estudios adicionales que
exploren cómo las políticas públicas pueden fomentar estas dimensiones de la ética institucional
de manera más efectiva, así como investigar las barreras que impiden la plena implementación de
estas prácticas en contextos locales o de bajos recursos.
Por último, la práctica de valores influye significativamente en dimensiones clave, como
el cumplimiento de las normas legales, la rendición de cuentas y el manejo eficiente de recursos,
lo que se refleja en las correlaciones positivas con la prevención de delitos (p < 0.01). Este
hallazgo resalta la necesidad de fortalecer los marcos normativos y las estructuras institucionales
en la administración pública, y subraya la relación entre una gestión eficiente y la reducción de
ilícitos administrativos. En recomendación a futuros estudios profundicen en la implementación
de estrategias de capacitación que refuercen los valores y en la evaluación de su impacto a largo
plazo en la sostenibilidad de la integridad pública. Además, sería útil investigar cómo las reformas
institucionales pueden mejorar la aplicación de los principios éticos en la práctica diaria de los
funcionarios públicos.
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2618
REFERENCIAS
Acosta Davila, A. M., y Becerra Saguma, L. R. (2024). Corrupción en la Administración Pública
Latinoamericana: Impactos, Perspectivas y Recomendaciones para el Desarrollo. Ciencia
Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 6993–7005.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12880
Alencar, E. C. N., y Jackson-Green, B. (2023). Applying Synthetic Control Method to Estimate
the Impact of the Lava Jato Operation on the Worldwide Governance Indicators in Brazil.
Journal of White Collar and Corporate Crime, 4(1), 38–55.
https://doi.org/10.1177/2631309X211017874
Almaaroufi, S., Golda-Pongratz, K., Jauregui-Fung, F., Pereira, S., Pulido-Castro, N., y
Kenworthy, J. (2019). Place-Making through the Creation of Common Spaces in Lima’s
Self-Built Settlements: El Ermitaño and Pampa de Cueva as Case Studies for a Regional
Urbanization Strategy. Urban Science, 3(4), 112. https://doi.org/10.3390/urbansci3040112
Alvis Mariño, C. (2024). Integridad pública y su influencia en la lucha contra la corrupción de
la Superintendencia Nacional De Fiscalización Laboral - 2023 [Universidad San Ignacio
de Loyola]. https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d51aad46-e5b3-4f2d-
84ee-e9a832f40be6/content
Arias gonzales, J. L., y Covinos Gallardo, M. (2021). Diseño y metodología de la investigación
(Issue June). ENFOQUES CONSULTING EIRL.
Bacilio, A. (2024). Corrupción en la Administración Pública: Una Amenaza a la Seguridad
NacionalURIDAD NACIONAL. Aspectos Relevantes Para La Seguridad y Desarrollo
Nacional , 1(28). https://doi.org/10.58211/pjb0mn69
Bacilio Lozano, E. (2024). Corrupción en la administración pública: una amenaza a la seguridad
nacional. Revista Cuadernos de Trabajo, 1.
https://revistas.caen.edu.pe/index.php/cuadernodetrabajo/article/view/114/105
Bravo, E., Amasifuen, C. A., Cayo, I. S., Pariente, E., Sanchez, T., Vásquez, J., y Vergara, A. J.
(2024). Constraints on Public Policy Design and Formulation: A Case Study on the
Conservation of Natural Resources in Local Governments of the Amazonia, Peru.
Sustainability, 16(19), 8559. https://doi.org/10.3390/su16198559
Casazola León, J. A., Rojas Bellido, K. C., Sampén Contreras, R. E., Larico Mamani, D., y
Espinoza Coila, M. (2019). Denuncias y condenas sobre los delitos contra la administración
pública en el Perú y el sistema anticorrupción de Puno durante el año 2018, y propuestas de
los derechos para reducir su comisión delictiva. Revista de Derecho, 4(2), 42–56.
https://doi.org/10.47712/rd.2019.v4i2.44
REFERENCIAS
Acosta Davila, A. M., y Becerra Saguma, L. R. (2024). Corrupción en la Administración Pública
Latinoamericana: Impactos, Perspectivas y Recomendaciones para el Desarrollo. Ciencia
Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 6993–7005.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12880
Alencar, E. C. N., y Jackson-Green, B. (2023). Applying Synthetic Control Method to Estimate
the Impact of the Lava Jato Operation on the Worldwide Governance Indicators in Brazil.
Journal of White Collar and Corporate Crime, 4(1), 38–55.
https://doi.org/10.1177/2631309X211017874
Almaaroufi, S., Golda-Pongratz, K., Jauregui-Fung, F., Pereira, S., Pulido-Castro, N., y
Kenworthy, J. (2019). Place-Making through the Creation of Common Spaces in Lima’s
Self-Built Settlements: El Ermitaño and Pampa de Cueva as Case Studies for a Regional
Urbanization Strategy. Urban Science, 3(4), 112. https://doi.org/10.3390/urbansci3040112
Alvis Mariño, C. (2024). Integridad pública y su influencia en la lucha contra la corrupción de
la Superintendencia Nacional De Fiscalización Laboral - 2023 [Universidad San Ignacio
de Loyola]. https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d51aad46-e5b3-4f2d-
84ee-e9a832f40be6/content
Arias gonzales, J. L., y Covinos Gallardo, M. (2021). Diseño y metodología de la investigación
(Issue June). ENFOQUES CONSULTING EIRL.
Bacilio, A. (2024). Corrupción en la Administración Pública: Una Amenaza a la Seguridad
NacionalURIDAD NACIONAL. Aspectos Relevantes Para La Seguridad y Desarrollo
Nacional , 1(28). https://doi.org/10.58211/pjb0mn69
Bacilio Lozano, E. (2024). Corrupción en la administración pública: una amenaza a la seguridad
nacional. Revista Cuadernos de Trabajo, 1.
https://revistas.caen.edu.pe/index.php/cuadernodetrabajo/article/view/114/105
Bravo, E., Amasifuen, C. A., Cayo, I. S., Pariente, E., Sanchez, T., Vásquez, J., y Vergara, A. J.
(2024). Constraints on Public Policy Design and Formulation: A Case Study on the
Conservation of Natural Resources in Local Governments of the Amazonia, Peru.
Sustainability, 16(19), 8559. https://doi.org/10.3390/su16198559
Casazola León, J. A., Rojas Bellido, K. C., Sampén Contreras, R. E., Larico Mamani, D., y
Espinoza Coila, M. (2019). Denuncias y condenas sobre los delitos contra la administración
pública en el Perú y el sistema anticorrupción de Puno durante el año 2018, y propuestas de
los derechos para reducir su comisión delictiva. Revista de Derecho, 4(2), 42–56.
https://doi.org/10.47712/rd.2019.v4i2.44
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2619
Chainey, S. P., Croci, G., y Rodriguez Forero, L. J. (2021). The Influence of Government
Effectiveness and Corruption on the High Levels of Homicide in Latin America. Social
Sciences, 10(5), 172. https://doi.org/10.3390/socsci10050172
Contraloría General de la República. (2021, August 13). El país perdió S/ 22,059 millones por
corrupción. El Peruano. https://www.elperuano.pe/noticia/126672-el-pais-perdio-s-22059-
millones-por-corrupcion
Contraloría General de la República. (2023, May 16). Con recursos públicos perdidos por la
corrupción en 2022 se habría podido eliminar la pobreza en el Perú. Gobierno Del Perú.
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/758609-con-recursos-publicos-
perdidos-por-la-corrupcion-en-2022-se-habria-podido-eliminar-la-pobreza-en-el-peru
Cox, R. W. (2015). Ethics and Integrity in Public Administration: Concepts and Cases.
Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315704531
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika,
16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555
Danylenko-Nehara, Y., Semenets-Orlova, I., Kapitanets, S., Kyrychenko, M., y Bykov, O. (2024).
The ethical aspect of public administration under special regime and sustainable
development. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias, 3.
https://doi.org/10.56294/sctconf2024.755
Delgado-Alemany, R., Blanco-González, A., y Díez-Martín, F. (2020). Ethics and Deontology in
Spanish Public Universities. Education Sciences, 10(9), 259.
https://doi.org/10.3390/educsci10090259
Febre Perez, L., y Vera Guivar, K. (2019). “importancia del manual de organización y
funciones”: Una revisión de la literatura científica de los últimos 10 años [Universidad
Privada del Norte]. https://core.ac.uk/download/pdf/328898227.pdf
Goicochea Elías, J. J. (2020). La corrupción de los funcionarios públicos en tiempos del
coronavirus. Lumen, 16(1), 73–92. https://doi.org/10.33539/lumen.2020.v16n1.2286
Guillamón, M. D., Cifuentes, J., Faura, U., y Benito, B. (2021). Effect of political corruption on
municipal tax revenues. Revista de Contabilidad, 24(2), 231–240.
https://doi.org/10.6018/rcsar.410581
Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas
cuantitativa, cualitativa y mixta. Mc Graw Hill, 1(Mexico), 714.
Khamzina, Z., Buribayev, Y., y Tileubergenov, Y. (2025). Institutionalizing integrity: rethinking
ethical and cultural standards in Kazakhstan’s civil service. Frontiers in Political Science,
7. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1573608
Kohler, J. C., y Bowra, A. (2020). Exploring anti-corruption, transparency, and accountability in
the World Health Organization, the United Nations Development Programme, the World
Chainey, S. P., Croci, G., y Rodriguez Forero, L. J. (2021). The Influence of Government
Effectiveness and Corruption on the High Levels of Homicide in Latin America. Social
Sciences, 10(5), 172. https://doi.org/10.3390/socsci10050172
Contraloría General de la República. (2021, August 13). El país perdió S/ 22,059 millones por
corrupción. El Peruano. https://www.elperuano.pe/noticia/126672-el-pais-perdio-s-22059-
millones-por-corrupcion
Contraloría General de la República. (2023, May 16). Con recursos públicos perdidos por la
corrupción en 2022 se habría podido eliminar la pobreza en el Perú. Gobierno Del Perú.
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/758609-con-recursos-publicos-
perdidos-por-la-corrupcion-en-2022-se-habria-podido-eliminar-la-pobreza-en-el-peru
Cox, R. W. (2015). Ethics and Integrity in Public Administration: Concepts and Cases.
Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315704531
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika,
16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555
Danylenko-Nehara, Y., Semenets-Orlova, I., Kapitanets, S., Kyrychenko, M., y Bykov, O. (2024).
The ethical aspect of public administration under special regime and sustainable
development. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias, 3.
https://doi.org/10.56294/sctconf2024.755
Delgado-Alemany, R., Blanco-González, A., y Díez-Martín, F. (2020). Ethics and Deontology in
Spanish Public Universities. Education Sciences, 10(9), 259.
https://doi.org/10.3390/educsci10090259
Febre Perez, L., y Vera Guivar, K. (2019). “importancia del manual de organización y
funciones”: Una revisión de la literatura científica de los últimos 10 años [Universidad
Privada del Norte]. https://core.ac.uk/download/pdf/328898227.pdf
Goicochea Elías, J. J. (2020). La corrupción de los funcionarios públicos en tiempos del
coronavirus. Lumen, 16(1), 73–92. https://doi.org/10.33539/lumen.2020.v16n1.2286
Guillamón, M. D., Cifuentes, J., Faura, U., y Benito, B. (2021). Effect of political corruption on
municipal tax revenues. Revista de Contabilidad, 24(2), 231–240.
https://doi.org/10.6018/rcsar.410581
Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas
cuantitativa, cualitativa y mixta. Mc Graw Hill, 1(Mexico), 714.
Khamzina, Z., Buribayev, Y., y Tileubergenov, Y. (2025). Institutionalizing integrity: rethinking
ethical and cultural standards in Kazakhstan’s civil service. Frontiers in Political Science,
7. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1573608
Kohler, J. C., y Bowra, A. (2020). Exploring anti-corruption, transparency, and accountability in
the World Health Organization, the United Nations Development Programme, the World
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2620
Bank Group, and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Globalization
and Health, 16(1), 101. https://doi.org/10.1186/s12992-020-00629-5
Lora, C. A. (2019). Los mecanismos para la institucionalidad y su relación con la corrupción en
la Municipalidad de San Miguel, 2018 [Tesis de maestría, Universidad Norbert Wiener].
https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f64e5204-7f85-4759-8882-
a61b5764dd1f/content
Melkamu, M. T., y Teshome, W. (2023). Public trust in the police: Investigating the influence of
police performance, procedural fairness, and police-community relations in Addis Ababa,
Ethiopia. Cogent Social Sciences, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2199559
Mishra, P., Pandey, C., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., y Keshri, A. (2019). Descriptive statistics
and normality tests for statistical data. Annals of Cardiac Anaesthesia, 22(1), 67.
https://doi.org/10.4103/aca.ACA_157_18
Montoya Vivanco, Y. (2015). Manual sobre delitos contra la administración pública (Pontificia
Universidad Católica del Perú y Open Society Foundations, Eds.). Gráfica Columbus S.R.L.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/Manual-sobre-Delitos-contra-
la-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf
Morales, M. (2021). Problemas concursales entre el delito de cohecho y otras figuras vinculadas
a la corrupción pública. Revista Electrónica de Estudios Penales y de La Seguridad: REEPS.
https://produccioncientifica.ugr.es/documentos/643ed9405a5b5b7b495cc2f9
Moreno, A. ; P. M. ; M. G. (2022). Transparencia y corrupción: Rol del habitus en las disputas
por el poder. Revista de Ciencias Sociales, 28(1), 334–351.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28069961024
Ñaupas, H., Valdivia, R. M., Palacios, J. J., y Romero, H. E. (2018). Metodología de la
investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis. In Ediciones de la U (5th ed.).
Ediciones de la U.
Neo, S., Grimmelikhuijsen, S., y Tummers, L. (2023). Core values for ideal civil servants:
Service‐oriented, responsive and dedicated. Public Administration Review, 83(4), 838–862.
https://doi.org/10.1111/puar.13583
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023, March 23). Anti-
corruption and integrity. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/topics/anti-
corruption-and-integrity.html
Palma Cueva, R. M. (2021). El sistema de administración de justicia en el Perú bajo la perspectiva
filisófica de los derechos humanos. Lumen, 17(1), 141–151.
https://doi.org/10.33539/lumen.2021.v17n1.2394
Peralta Borray, D. A., y Zapata, S. (2023). Investigaciones y explicaciones sobre corrupción
pública. Cuadernos de Contabilidad, 24, 1–24. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc24.iecp
Bank Group, and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Globalization
and Health, 16(1), 101. https://doi.org/10.1186/s12992-020-00629-5
Lora, C. A. (2019). Los mecanismos para la institucionalidad y su relación con la corrupción en
la Municipalidad de San Miguel, 2018 [Tesis de maestría, Universidad Norbert Wiener].
https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f64e5204-7f85-4759-8882-
a61b5764dd1f/content
Melkamu, M. T., y Teshome, W. (2023). Public trust in the police: Investigating the influence of
police performance, procedural fairness, and police-community relations in Addis Ababa,
Ethiopia. Cogent Social Sciences, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2199559
Mishra, P., Pandey, C., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., y Keshri, A. (2019). Descriptive statistics
and normality tests for statistical data. Annals of Cardiac Anaesthesia, 22(1), 67.
https://doi.org/10.4103/aca.ACA_157_18
Montoya Vivanco, Y. (2015). Manual sobre delitos contra la administración pública (Pontificia
Universidad Católica del Perú y Open Society Foundations, Eds.). Gráfica Columbus S.R.L.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/Manual-sobre-Delitos-contra-
la-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf
Morales, M. (2021). Problemas concursales entre el delito de cohecho y otras figuras vinculadas
a la corrupción pública. Revista Electrónica de Estudios Penales y de La Seguridad: REEPS.
https://produccioncientifica.ugr.es/documentos/643ed9405a5b5b7b495cc2f9
Moreno, A. ; P. M. ; M. G. (2022). Transparencia y corrupción: Rol del habitus en las disputas
por el poder. Revista de Ciencias Sociales, 28(1), 334–351.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28069961024
Ñaupas, H., Valdivia, R. M., Palacios, J. J., y Romero, H. E. (2018). Metodología de la
investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis. In Ediciones de la U (5th ed.).
Ediciones de la U.
Neo, S., Grimmelikhuijsen, S., y Tummers, L. (2023). Core values for ideal civil servants:
Service‐oriented, responsive and dedicated. Public Administration Review, 83(4), 838–862.
https://doi.org/10.1111/puar.13583
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023, March 23). Anti-
corruption and integrity. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/topics/anti-
corruption-and-integrity.html
Palma Cueva, R. M. (2021). El sistema de administración de justicia en el Perú bajo la perspectiva
filisófica de los derechos humanos. Lumen, 17(1), 141–151.
https://doi.org/10.33539/lumen.2021.v17n1.2394
Peralta Borray, D. A., y Zapata, S. (2023). Investigaciones y explicaciones sobre corrupción
pública. Cuadernos de Contabilidad, 24, 1–24. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc24.iecp
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2621
Pozo Enciso, R. S., Atuncar Deza, S. M., Arbieto Mamani, O., Mendoza Vargas, M. G., y Felix
Pachas, H. L. (2024). Public Management for Local Development: Perception from the
Administrative Area of a Municipality in Peru. F1000Research, 13, 113.
https://doi.org/10.12688/f1000research.143844.1
Ríos Ramírez, R. (2017). Metodología para la investigación y redacción.
Rosas, A. M. (2022). Políticas anticorrupción en las contrataciones de obras del Estado, en un
gobierno local 2021 [Tesis doctoral, Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/80605/Rosas_MVDPAMDR
-SD.pdf?sequence=8yisAllowed=y
Ruiz Lorenzo, V. (2024). De las microconductas desviadas a la corrupción política en España.
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 177, 127–142.
https://doi.org/10.5477/cis/reis.177.127
Ruiz Morales, M. L. (2022). Algunas repercusiones político-criminales de la conformación de la
corrupción política como delito en la historia del pensamiento: aplicabilidad actual de los
planteamientos. Ciencia Jurídica, 11(21), 59–86. https://doi.org/10.15174/cj.v11i21.403
Silva, J. F. (2019). La responsabilidad pública funcional y delitos de corrupción de la Dirección
Regional de Salud Tumbes - 2018 [Tesis de maestria, Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/42690/Silva_UJF.pdf?seque
nce=1yisAllowed=y
Soriano Olivares, J. (2024). Transparencia en la gestión pública y su relación contra el crimen
organizado en la ciudad de lima 2022 [Universidad Nacional Federico Villareal].
https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/9085/UNFV_EUPG_Sorian
o_Olivares_Jonathan_Mestria_2024.pdf?sequence=1yisAllowed=y
Spyromitros, E., y Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in
developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators.
Cogent Economics y Finance, 10(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129368
Transparency International. (2023, April 13). Corruption Perceptions Index 2023.
https://www.transparency.org/en/cpi/2023/
Tseng, P.-E., y Wang, Y.-H. (2021). Deontological or Utilitarian? An Eternal Ethical Dilemma
in Outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16),
8565. https://doi.org/10.3390/ijerph18168565
Tuesta Torrejón, J. (2020). Los delitos contra la administración pública y sus consecuencias en
legitimidad del gobierno en Bagua [Universidad Señor de Sipan].
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/8049/Tuesta%20Torrej%C3
%B3n%20Jorge%20Luis.pdf?sequence=1
Pozo Enciso, R. S., Atuncar Deza, S. M., Arbieto Mamani, O., Mendoza Vargas, M. G., y Felix
Pachas, H. L. (2024). Public Management for Local Development: Perception from the
Administrative Area of a Municipality in Peru. F1000Research, 13, 113.
https://doi.org/10.12688/f1000research.143844.1
Ríos Ramírez, R. (2017). Metodología para la investigación y redacción.
Rosas, A. M. (2022). Políticas anticorrupción en las contrataciones de obras del Estado, en un
gobierno local 2021 [Tesis doctoral, Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/80605/Rosas_MVDPAMDR
-SD.pdf?sequence=8yisAllowed=y
Ruiz Lorenzo, V. (2024). De las microconductas desviadas a la corrupción política en España.
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 177, 127–142.
https://doi.org/10.5477/cis/reis.177.127
Ruiz Morales, M. L. (2022). Algunas repercusiones político-criminales de la conformación de la
corrupción política como delito en la historia del pensamiento: aplicabilidad actual de los
planteamientos. Ciencia Jurídica, 11(21), 59–86. https://doi.org/10.15174/cj.v11i21.403
Silva, J. F. (2019). La responsabilidad pública funcional y delitos de corrupción de la Dirección
Regional de Salud Tumbes - 2018 [Tesis de maestria, Universidad César Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/42690/Silva_UJF.pdf?seque
nce=1yisAllowed=y
Soriano Olivares, J. (2024). Transparencia en la gestión pública y su relación contra el crimen
organizado en la ciudad de lima 2022 [Universidad Nacional Federico Villareal].
https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/9085/UNFV_EUPG_Sorian
o_Olivares_Jonathan_Mestria_2024.pdf?sequence=1yisAllowed=y
Spyromitros, E., y Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in
developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators.
Cogent Economics y Finance, 10(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129368
Transparency International. (2023, April 13). Corruption Perceptions Index 2023.
https://www.transparency.org/en/cpi/2023/
Tseng, P.-E., y Wang, Y.-H. (2021). Deontological or Utilitarian? An Eternal Ethical Dilemma
in Outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16),
8565. https://doi.org/10.3390/ijerph18168565
Tuesta Torrejón, J. (2020). Los delitos contra la administración pública y sus consecuencias en
legitimidad del gobierno en Bagua [Universidad Señor de Sipan].
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/8049/Tuesta%20Torrej%C3
%B3n%20Jorge%20Luis.pdf?sequence=1
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2622
Universidad del Pacífico. (2021). Estadísticas en materia de corrupción y lavado de activos.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/observatorio-anticorrupcion/seccion/estadisticas-en-materia-
de-corrupcion-y-lavado-de-activos/
Wagner, B., de Gooyert, V., y Veeneman, W. (2023). Sustainable development goals as
accountability mechanism? A case study of Dutch infrastructure agencies. Journal of
Responsible Technology, 14, 100058. https://doi.org/10.1016/j.jrt.2023.100058
Yadav, B. (2024). Ética en la administración pública: ¿Por qué es importante la integridad?
Revista Internacional de Investigación Multidisciplinaria, 9(1), 282–286.
https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n01.035
Zavaleta Cabrera, E. M. (2023). La Corrupción en la Administración Pública y su impacto en el
desarrollo político, económico y social, en el contexto Peruano. Comuni@cción: Revista de
Investigación En Comunicación y Desarrollo, 14(1). https://doi.org/10.33595/2226-
1478.14.1.786
Universidad del Pacífico. (2021). Estadísticas en materia de corrupción y lavado de activos.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/observatorio-anticorrupcion/seccion/estadisticas-en-materia-
de-corrupcion-y-lavado-de-activos/
Wagner, B., de Gooyert, V., y Veeneman, W. (2023). Sustainable development goals as
accountability mechanism? A case study of Dutch infrastructure agencies. Journal of
Responsible Technology, 14, 100058. https://doi.org/10.1016/j.jrt.2023.100058
Yadav, B. (2024). Ética en la administración pública: ¿Por qué es importante la integridad?
Revista Internacional de Investigación Multidisciplinaria, 9(1), 282–286.
https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n01.035
Zavaleta Cabrera, E. M. (2023). La Corrupción en la Administración Pública y su impacto en el
desarrollo político, económico y social, en el contexto Peruano. Comuni@cción: Revista de
Investigación En Comunicación y Desarrollo, 14(1). https://doi.org/10.33595/2226-
1478.14.1.786