
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 787
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.1946
Género y toma de decisiones: Análisis de roles en la
agricultura familiar, comuna Chanduy, Santa Elena
Gender and decision-making: analysis of roles in family farming, Chanduy commune,
Santa Elena
Julissa Angie González González
gonzalezjuly97@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-5235-0209
Universidad Estatal Península De Santa Elena
Santa Elena – Ecuador
Jacqueline del Rocío Bacilio Bejeguen
jbacilio@upse.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-7071-1129
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Santa Elena - Ecuador
Artículo recibido: 10 noviembre 2025 -Aceptado para publicación: 18 enero 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
La agricultura familiar representa el 90% de las explotaciones agrícolas de América Latina, las
relaciones de género al interior de las unidades productivas exhiben marcadas asimetrías en el
acceso a recursos y poder decisional por género. Ante el vacío de evidencias en agricultura
familiar de la provincia de Santa Elena, Ecuador, se buscó analizar la influencia del género en la
distribución de roles y poder decisional en las comunas de la parroquia Chanduy. Bajo un enfoque
mixto, el presente estudio asume un diseño descriptivo-correlacional y un muestreo no
probabilístico por conveniencia; utilizando encuestas estructuradas, entrevistas semiestructuradas
y observación directa; los datos fueron procesados en SPSS y Plotly Studio para las pruebas χ².
Los resultados indican que las mujeres participan en más del 50% de las labores productivas, pero
solo el 10,8% de la actividad de riego y el 11,9% de la comercialización. Si bien la titularidad de
la tierra es casi equitativa en superficie, no lo es en control financiero; el 70,3 % declara decisión
conjunta sobre en qué gastarlo, pero el 31,1 % de los hombres recibe el dinero y apenas el 18,9
% de las mujeres negocian créditos. Los factores educación y liderazgo se asociaron
significativamente con la variable de género en todos los casos (p< 0,001). La desigualdad no es
cuantitativa, radica en la explotación de puntos de valor que están filtrados en base educativas,
perpetuando la exclusión femenina de la innovación y el financiamiento, la equidad del control
sobre el agua, el dinero y la información es vital para la sostenibilidad de la agricultura familiar.
Palabras clave: Agricultura familiar, género, toma de decisiones, empoderamiento de la
mujer, equidad

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ABSTRACT
Family farming represents 90% of agricultural holdings in Latin America. Gender relations within
these production units exhibit marked asymmetries in access to resources and decision-making
power. Given the lack of evidence on family farming in the province of Santa Elena, Ecuador,
this study sought to analyze the influence of gender on the distribution of roles and decision-
making power in the communities of the Chanduy parish. Using a mixed-methods approach, this
study employs a descriptive-correlational design and non-probability convenience sampling,
utilizing structured surveys, semi-structured interviews, and direct observation. Data were
processed using SPSS and Plotly Studio for χ² tests. The results indicate that women participate
in more than 50% of productive tasks, but only 10.8% of irrigation activities and 11.9% of
marketing. While land ownership is almost equitable in terms of surface area, financial control is
not. 70.3% report joint decisions on how to spend the money, but only 31.1% of men receive the
funds, while just 18.9% of women negotiate loans. Education and leadership were significantly
associated with gender in all cases (p < 0.001). The inequality is not quantitative; it lies in the
exploitation of value points filtered through educational levels, perpetuating women's exclusion
from innovation and financing. Equitable control over water, money, and information is vital for
the sustainability of family farming.
Keywords: family farming, gender, decision making, women's empowerment, equity
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INTRODUCCIÓN
La agricultura familiar desempeña un papel relevante en la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural sostenible. Este modelo de producción de agricultura familiar representa el 90%
de las explotaciones agrícolas, sustentado mediante la transferencia de saberes intergeneracional
y en la organización familiar, esto representa una porción significativa de los alimentos
consumidos local y nacionalmente (FAO, 2024). Su funcionamiento incluye la producción de
alimentos, el cuidado del territorio y la reproducción de animales. Sin embargo, a pesar de su
importancia, las relaciones de género en la agricultura familiar cuentan con múltiples
desigualdades estructurales, especialmente en lo que respecta el acceso a recursos, la distribución
de roles y la participación en la toma de decisiones.
En Europa, las mujeres a través de la historia tuvieron una participación invisible en la
agricultura familiar, aunque su participación ha sido clave en lo que respecta a tareas productivas
y gestión, su trabajo no es bien remunerado y excluido de registros oficiales. Durante décadas, las
políticas de la Unión Europea no les tomaron la importancia debida a las perspectivas de género,
lo que ocasiono la exclusión de las mujeres a recursos como acceso a la tierra, subsidios,
formación técnica y representación en organizaciones agrarias. En años recientes, se comenzó a
visibilizar el valor y contribución de las mujeres en el sector rural mediante políticas y estrategias
de igualdad de género (Kumari et al., 2025).
En América Latina, la desigualdad de género en la agricultura es profunda y estructurada.
La discriminación les priva de las posibilidades de su productividad, de acuerdo con FAO (2022)
solo el 18% de las mujeres son propietarias de la tierra, y un 82% lo son sus parejas. Esta
panorama no solo muestra la desigualdad de género sino también la reducción de la participación
de mujeres en unidades productivas centralizadas. Otro prejuicio punitivo es que las mujeres
tienen asignadas las entregas y el cuidado de los niños, esto obstaculiza la liberación económica
y política de las mujeres rurales.
La importancia de enfoques transformadores con base de género mejora la autonomía y
los resultados en la agricultura, de tal manera que examinan cómo las características
socioeconómicas del hogar determinan la participación de género en la toma de decisiones
relacionada a la producción. Adicionalmente, insisten en el nivel de autonomía y la toma de
decisiones de la mujer rural para mejorar su empoderamiento (Pyburn et al., 2023).
Aun así, los papeles y los recursos de toma de decisión en las empresas familiares
demuestran reflejar la desigualdad de género inherente de la cultura y las tradiciones. Sin
embargo, las mujeres representan el arco más grande de sufrimiento a pesar de que son de suma
importancia en los sistemas de producción de alimentos, la administración de recursos naturales
y la retención de la biodiversidad, lo que invierte el esfuerzo en todos los ciclos de producción,

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desde la plantación hasta la recolección, el cultivo y la venta, es a menudo en términos de
liderazgo.
Según Ferro & Morán (2025) estudiaron la Agricultura Familiar Capitalizada en el oeste
paranaense brasilero, aplican un enfoque de género generacional. El estudio se apoyó en
cuestionarios estructurados aplicados a productores hombres y mujeres durante el 2018, con un
muestreo no probabilístico. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que prevalece
un sesgo patriarcal en las decisiones y el manejo del patrimonio, lo que resulta en un factor
endógeno que pone en peligro la continuidad generacional. No obstante, se visualizaron cambios
incipientes en las nuevas generaciones, por cuanto se tienen expectativas más equitativas en la
distribución de responsabilidades.
En Ecuador, FAO-IFAD-WFP (2024) desarrollaron un diagnóstico piloto sobre normas
de género en dos provincias con el objetivo de comprender las limitaciones que enfrentaron las
mujeres rurales en sus capacidades productivas, acceso a mercados y participaron en la toma de
decisiones. El estudio, realizado en la asociación con CARE, concluyó que las mujeres soportaron
una mayor carga de trabajo no remunerado, se vieron desvalorizadas sus contribuciones a la
agricultura familiar campesina y tuvieron limitado acceso a tierra, crédito y tecnología.
Las causas de estas desigualdades en la agricultura familiar están vinculadas a normas
culturales, sistemas legales y practicas patriarcales que limita el acceso a las mujeres a recursos
productivos, lo que ocasiona una disparidad y concentración de poder por parte de autoridades en
el sector.
Tomalá & Meza (2023), por otro lado, investigaron el papel de la mujer en la Comuna
Febres Cordero, parroquia Colonche, Provincia de Santa Elena. Según el estudio, el 55% de las
mujeres desempeñan un papel representativo, especialmente en los cabildos y asambleas. A través
del enfoque mixto de investigación, encuestas, entrevistas y análisis documental, se descubrió que
las mujeres en la política tienen limitaciones debido a las cuestiones patriarcales que afectan a la
comunidad. Este descubrimiento muestra una contradicción en el núcleo de la teoría existente y
la realidad social. Si la sociedad debe creer que los hombres y las mujeres son iguales, entonces
eso es lo que debería mostrar. La acumulación de desigualdades en la agricultura familiar tiene
profundas raíces en las culturas, las redes de normas y los sistemas legales junto con las prácticas
patriarcales.
De acuerdo con FAO (2022), el acceso equitativo de las mujeres a los recursos
incrementaría la producción en un 20-30%. En Ecuador, las unidades familiares agrícolas
lideradas por mujeres presentan un 15% más productivas, frente a las lideradas por hombres
(MAG, 2024). No obstante, Por su productividad, las explotaciones agrícolas, aunque sea
lideradas por mujeres o no, la situación con mujeres presenta una situación de desigualdad.
Las mujeres juegan un papel activo en todas las fases del ciclo productivo –siembra,
cuidado, postcosecha y comercialización, pero sin acceso a distintos recursos –desde la tierra,

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pasando por el crédito y la tecnología. Asimismo, su voz en la toma de decisiones estratégicas fue
limitada por normas culturales y arreglos patrimoniales tradicionales (ONU Mujeres, 2023).
La agricultura familiar campesina ecuatoriana constituye un pilar para la seguridad
alimentaria local, esta representa el 70% de la producción agrícola nacional y es responsable de
gran parte del abastecimiento de los mercados locales. Pero, las mujeres que participan en este
sector enfrentan condiciones estructurales desfavorables, el 20,5% poseen propiedad de tierras
agrícolas (INEC, 2023). Dicha diferencia hace que los espacios de toma de decisiones de las
mujeres no superen el 25% en comunas agrícolas locales (MAG, 2024). Esta exclusión tiene
consecuencias directas sobre la productividad, la sostenibilidad y la equidad de los sistemas
agrarios.
En el contexto de la provincia de Santa Elena, el análisis de la desigualdad de género es
casi nula, no existen estudios que analicen como se distribuyen los roles productivos y de decisión
entre hombre y mujeres en las comunidades, ni como las normas de genero impactan en la
organización familiar, el acceso a recursos y la participación en espacios de poder. Esta falta de
evidencia limita la capacidad de las instituciones y organizaciones en diseñar políticas públicas y
programas de desarrollo rural que respondan a las necesidades de las mujeres. Este trabajo
proporciona una base empírica sólida para futuras investigaciones. Por ende, el objetivo general
se basa en determinar la influencia del género en la toma de decisiones en unidades de agricultura
familiar en las comunas de la parroquia Chanduy, Santa Elena, fomentado en la determinación de
los roles de mujeres y hombres.
la investigación ofrece una visión amplia de las dinámicas de género en la agricultura de
familia, así como inspira y aporta para implementar estrategias de mejora; también establece
recomendaciones específicas para el empoderamiento de la mujer rural y el fortalecimiento de la
agricultura de familia en la provincia de Santa Elena. En este sentido, desde una perspectiva
científica, este tema añade conocimiento especializado sobre una región poco estudiada: la
dinámica de género en la agricultura de familia. Por lo tanto, se puede afirmar que esta
investigación permite crear valor en el ámbito académico y el desarrollo de políticas públicas
basadas en hechos comprobados.
Marco teórico
Disparidad de genero
El género, fue concebido como un constructo sociocultural que definió, distribuyó y
valoró diferencialmente los roles y responsabilidades de hombres/mujeres en la agricultura
familiar. Dicho constructo se considera de manera independiente de la distinción biológica,
debido a que da cuenta de cómo a través del tiempo se han distribuido las responsabilidades y las
oportunidades en la vida colectiva e individual, que define las expresiones actuales de las
diferencias y aquellas que han quedado atrás (Beriso et al., 2023).

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Bajo el formato de la agricultura familiar, el género se manifiesta como un principio
estructurante sin el cual las aparentes asimetrías se desdibujarían, y ordena y habilita las asimetrías
de género regulando cuánto uno puede respecto de otro, en términos de acceso a los recursos de
producción, participación en espacios de decisión y recepción de valorización del propio trabajo.
La domesticidad, observada en la división sexual del trabajo, se manifiesta como una jerarquía
social por la que los varones despliegan tareas mecanizadas y de gestión financiera, y las mujeres,
interrelacionadas entre sí en el planteo y el DOM, son designadas por tareas de subsistencia,
horticultura, animal doméstico menor –corral y postcosecha.
En tanto, bajo la forma agrícola familiar el género se expresa como un principio
estructurante esencial, que ordena y permite las asimetrías que regulan el acceso a los recursos de
producción, productos, la participación en espacios de decisión y el valor conferido al trabajo
propio (Akter et al., 2017). La división sexual del trabajo opera, manifestando una distribución
jerárquica: los varones realizan labores mecanizadas y de gestión financiera, comprendiendo
menos tiempo de trabajo que las mujeres; ellas, en cambio, realizan las tareas relacionadas con la
subsistencia, la horticultura, el cuidado de animales menores y diversas labores postcosecha.
La distribución horizontal del trabajo agrícola no es más que una redistribución histórica
de labores de acuerdo con el rol de género desempeñado en la sociedad; la división no es ni neutral
ni natural y corresponde a una clara jerarquía de valorización económica y social (Chekene &
Kashim, 2018). Esta segregación histórica ocasiono una sobrecarga femenina y la desvaloración
de su aporte productivo, que permaneció invisibilizado en las cuentas nacionales.
Distribución de tareas
La segregación horizontal no solo ocasiona una sobrecarga para las mujeres, que además
deben asumir tareas reproductivas y comunitarias, sino que también sustenta una valorización
económica desigual del trabajo. Dado que la mayor parte de las actividades en que participan los
varones se destinan al mercado, su labor es mayormente pagada o valorada como principal aporte
al ingreso familiar; en cambio, el trabajo productivo de las mujeres, especialmente orientado al
consumo doméstico y reproducción de la fuerza laboral, es sistemáticamente desvalorizado,
naturalizado en la extensión de sus labores domésticas y eliminado de las cuentas nacionales y
productivas.
Estas diferencias temporales no profundizan el análisis de la realidad bajo la lupa de la
división sexual del trabajo. Debido a la sobrecarga de trabajo de las tres esferas productivas:
agrícola, pecuaria, reproductiva. Cuidado a la familia y la comunidad, las mujeres superan en
promedio a los hombres en tiempo total de dedicación al trabajo. La jornada laboral de los
hombres suele ser precisa, compuesta de actividades agrícolas específicas, delimitada por horarios
y actividades más visibles y reconocidas socialmente (Vizuete et al., 2025).

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Tipos de actividades realizadas por género en actividades agrícolas
Los varones se concentraron en labores técnicas, mecanizadas y orientadas al mercado,
mientras que las mujeres se encargaron de tareas intensivas en manos de obra, siembre, deshierbe,
cosecha, almacenamiento y cuidado de animales menores (Benítez-Fernández et al., 2021). Esta
división reforzo la desigualdad, ya que los trabajos masculinos estuvieron directamente
relacionados con ingresos monetarios, mientras que las femeninas se orientaron al autoconsumo,
sin reconocimiento económico (Rodríguez, 2022).
Tareas remuneradas por género
La diferencia salarial profundizó la dependencia económica de las mujeres. Muchas de
ellas no percibieron ingresos propios o cogieron pagos menores e irregulares, lo que redujo su
autonomía financiera y capacidad de decisión sobre gastos e inversiones. Reconocer
económicamente el trabajo femenino se planteó como condición para mejorar su posición en las
cadenas de valor (Timu et al., 2024).
Para revertir esta situación, es necesario reconocer económicamente el trabajo femenino
para promover su producción y empleo en cadenas de valor remuneradas; fortalecer su capacidad
de negociación en los sistemas de mercado que comparten con las comunidades capitalistas;
mejorar la asociación de las mujeres entre sí para negociar colectivamente con empresas y
mercados y mejorar así sus opciones y desafíos; y diseñar programas de financiamiento y
capacitación que tomen en cuenta la múltiple diversidad de actividades y las restricciones de
tiempo (Sibanda, 2025).
Percepción cultural
Las percepciones culturales asignaron al varón la provisión económica y la autoridad en
la toma de decisiones, mientras que la mujer fue vinculada al cuidado y la reproducción de la
vida. Estas creencias reforzaron asimetrías y limitaron sus participación en innovaciones
productivas, generando barreras invisibles que perpetuaron su exclusión (Shortall &
Marangudakis, 2022).
La idea ampliamente difundida de que los varones son mejor preparados para desarrollar
tareas técnico-comerciales contribuye a que la mujer se contagie de esa creencia y dude de sus
habilidades para abordar dicho conocimiento. Es por tal razón que, salvo para el caso de que la
culminación de las capacitaciones y las nuevas tecnologías requieran la mirada técnico-mercantil
actitudinal, no hay diferencia en el abordaje de dichas temáticas de acuerdo con el género. La
justificación cultural de que a las mujeres les es propio realizar las tareas de cuidado lleva a ver
natural la desigualdad que la sobrecarga justifica. Reciclar estas realidades constituye un
posicionamiento a través de intervenciones que promuevan otro entendimiento acerca de la
masculinidad y feminidad. Visibilizar el aporte económico que la mujer realiza y fomentar el
abordaje de la vida reproductiva en conjunto con las labores productivas (Kumari et al., 2025).

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En las producciones agrícolas familiares, los hombres asumieron la mayoría de las
decisiones estratégicas, como inversiones en tecnología y compras de insumos agrícolas, mientras
que las mujeres participaron en decisiones operativas, solo en el proceso de siembras luego
realizaron sus oficios del hogar (Quisumbing & Doss, 2021). Esta exclusión redujo su autonomía
e hizo vulnerables a las familias. La equidad en la toma de decisiones ha demostrado mejorar las
gestiones de recursos y la sostenibilidad (Jena & Behera, 2024).
Participación política y organizativa
Las mujeres participan activamente en la base de organizaciones comunitarias, pero su
presencia en cargo de liderazgo fue mínima. Este fenómeno, descrito como “sobrerrepresentación
participativa y subrepresentación decisoria” , limitó su capacidad de incidencia en agendas
colectivas (Perelli et al., 2024). La sobrecarga doméstica, estereotipos y estructuras organizativas
excluyentes fueron las principales barreras identificadas.
Por tal motivo, las barreras a las que se enfrentan incluyen la sobrecarga de trabajo en el
hogar y el trabajo productivo que limita su disponibilidad, los estereotipos que cuestionan su
autoridad y capacidades de liderazgo y las prácticas organizativas excluyentes que no tienen en
cuenta sus necesidades específicas. Para remediar esto, debemos fortalecer la inclusión abundante
de las mujeres en la política y la organización. Esto significa más cuotas o medidas de inclusión
numérica, sino la transformación de las culturas organizativas, la promoción del liderazgo
femenino y la redistribución de las cargas de cuidado (Marty et al., 2024).
Cultura y creencias de género
La cultura local legitimo la división sexual del trabajo del trabajo naturalizó la
subordinación femenina. Las creencias tradicionales asociaron la masculinidad con fuerza,
autoridad y provisión económica, y la feminidad con cuidado y tareas domésticas y reproductivas,
perpetuando desigualdades estructurales (Ambort, 2022). Esas normas culturales, transmitidas de
generación en generación, organizan no solo la vida cotidiana, pero refuerzan las jerarquías de
género que restringen la autonomía y libertad de las mujeres en la toma de decisión (Sexsmith
et al., 2017).
Otras creencias utilizadas para construir el género son las relacionadas con el papel del
hombre y la mujer. Estos juegan un papel normativo que se refiere a lo que es apropiado y
aceptable o “natural” en términos de qué deben hacer los hombres y las mujeres. En el caso de las
áreas rurales involucradas en la agricultura familiar, las normas de género están relacionadas con
el ideal de masculinidad que se basa en la capacidad de proporcionar a la familia, la fuerza física,
el control de la decisión y los recursos de producción (Fausto-Sterling, 2012)..
Las mujeres tuvieron escasa participación en decisiones estratégicas como inversión en
infraestructura o diversificación productiva, mientras que los hombres dominaron espacios
vinculados a la producción, ingresos y mercados. En contraste, ellas ejercieron mayor autonomía

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en decisiones domésticas y reproductivas, subordinadas a la aprobación masculina en asuntos de
mayor impacto económico (Msofi Mgalamadzi et al., 2024).
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo investigativo se llevó a cabo en la Parroquia Chanduy del cantón Santa Elena,
provincia de Santa Elena, ubicada en la costa ecuatoriana, caracterizada por su ámbito pesquero
y su producción agrícolas, consta de 14 comunas, enfocadas al ámbito agrícola: San Rafael,
Pechiche y Zapotal donde la agricultura familiar se convierte en una actividad económica y
cultural, su población es mestiza y se cultiva: maíz, frijol, hortalizas, plátanos, sandias, melón;
también se dedican a la producción pecuaria de especies menores.
El diseño de la investigación es descriptivo, correlacional y aplicado. Descriptivo, porque
permite caracterizar los roles de géneros en la agricultura familiar; correlacional, porque posibilita
examinar la relación entre género y toma de decisiones en la familia, y; aplicado, porque formula
propuestas concretas.
El enfoque de la investigación fue mixto, aplicando a un enfoque cuantitativo para realizar
encuestas estructuradas con el propósito de medir la frecuencia, magnitud y distribución de la
participación en decisiones, la asignación de tareas de acuerdo al género y el acceso a los recursos,
para llevar a cabo los análisis descriptivos e inferenciales. En el enfoque cualitativo para concretar
las entrevistas semiestructuradas, grupos focales y la observación social directa con el fin de
explorar percepciones, creencias y significados acerca de los roles y las relaciones de poder en la
familia.
La población está constituida por productores a pequeña escala que se asientan y realizan
actividades productivas en la parroquia Chanduy, comprende hombres y mujeres mayores de 18
años que intervengan directamente en la agricultura familiar, ya sea en calidad de titular de la
unidad productiva, miembros activos del hogar o delegados de organizaciones comunitarias. De
acuerdo con datos oficiales del MAG Santa Elena, hay un total de 223 mujeres que se dedican a
la agricultura (MAG, 2024)
Se empleo un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando personas que
cumplieron criterios de inclusión (residencia en Chanduy, participación activa en la actividad
agrícola). La muestra final estuvo compuesta por 74 personas, distribuidas proporcionalmente por
sexo, y se complementó con tres grupos focales de mujeres rurales para profundizar en
experiencias y percepciones.
El procesamiento y análisis estadístico de la información recolectada se llevó a cabo con el
software SPSS (Statistical Package for Social Sciences). A través del cual se realizaron pruebas
de chi-cuadrado para conocer la asociación entre las variables categóricas género vs. nivel
educativo, terreno vs. tamaño y tamaño vs. liderazgo, con nivel de significancia de 5%.
Adicionalmente los resultados se detallan con su respectivo chi-cuadrado, grados de libertad y p-

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valores. Para la representación gráfica de los resultados, se utilizó Plotly Studio, herramienta que
permitió generar visualizaciones interactivas (mapas de calor, gráficos circulares y de barras) que
facilitan la interpretación de patrones de participación por género en actividades agrícolas y
espacios de toma de decisiones.
RESULTADOS
Figura 1
Distribución de género en las actividades agrícolas
Nota. Datos obtenidos de encuesta aplicada a agricultores(a) de la parroquia Chanduy
El mapa de calor de la Figura 1 revela un gradiente de participación que oscila entre la
paridad funcional y la segregación vertical. Las actividades de siembra, cosecha, selección,
distribución y administración presentan porcentajes compartidos superiores al 55%, lo que sugiere
una división del trabajo relativamente simétrica en las fases productivas de menor valor
estratégico. Este bloque de color intermedio indica que la norma social local ha internalizado la
presencia femenina en el campo, al menos en tareas donde la decisión económica final no está en
juego.
Las barras con mayor intensidad (riego y la comercialización) muestran una
concentración significativa de roles masculinos hacia los puntos de mayor valor de uso y cambio.
El riego, con 50% de participación masculina frente a 10,8 % femenina, representa el acceso
diferencial a un recurso escaso y a la infraestructura que condiciona el rendimiento del cultivo;
mientras que la comercialización constituye el momento de conversión del trabajo agrícola en
flujo de caja, y, por tanto, de poder de negociación. Esta asimetría confirma la persistencia de una
división sexual del trabajo que asigna a los hombres la interfaz entre la unidad productiva y el
mercado, restringiendo la capacidad de las mujeres para transformar su fuerza de trabajo en
decisiones de asignación de recursos y, en última instancia, en acumulación de capital.

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Figura 2
Toma de decisiones financieras por género
Nota. Datos obtenidos de encuesta aplicada a agricultores(a) de la parroquia Chanduy
La Figura 2 indica que la toma de decisiones financieras en el hogar agrícola sigue un
patrón de “presupuesto familiar” más que de control individual: el 70.3% de la toma de
declaraciones de los productores considera que el gasto de efectivo es una prerrogativa de destino
común. Eso, en combinación que con el sesgo del género implica que hay alguna norma de
negociación interna que reduce el grado extremo de la desposesión. Sin embargo, la aparente
equidad desaparece cuando se descomponen las etapas del flujo de caja: la recepción física de la
compensación la obtiene el 18.9% de las mujeres, el 31.1% de los hombres la captura y la
negociación de financiamiento es aún más desequilibrado. De esta secuencia se puede ver que la
“decisión común” solo se hace valer una vez que los hombres han establecido el control inicial
sobre el recurso, y por lo tanto presentan un poder asimétrico en la mesa de negociación
doméstica.
Figura 3
Actitudes sobre los roles de género en la agricultura
Nota: Datos obtenidos de encuesta aplicada a agricultores(a) de la parroquia Chanduy
El 9,46 % de los agricultores está “totalmente de acuerdo” con que “los hombres deberían
tomar las decisiones importantes”, un 59,5 % expresa plena conformidad con que “las mujeres
son capaces de liderar proyectos agrícolas”. Esta diferencia de 50 puntos porcentuales sugiere que
la norma de autoridad masculina ha perdido legitimidad simbólica, al menos en el discurso

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explícito; sin embargo, el 31,1 % que se posiciona como “neutral” ante la primera afirmación
actúa como reserva ideológica que puede activarse en contextos de escasez o conflicto, lo que
limita la traducción real de la actitud pro-liderazgo en comportamientos de delegación efectiva de
poder.
Tabla 1
Significación estadística - Género
Test Chi-Square p-value Resultado Interpretación
Género vs Nivel
educativo 33.98 < 0.001 SIGNIFICATIVO
Fuerte asociación
entre género y
educación
Género vs Tamaño
del terreno 3.45 0.485 NO
SIGNIFICATIVO
No hay asociación
entre género y
tamaño del terreno
Género vs
Participación en el
liderazgo
17.89 < 0.001 SIGNIFICATIVO
Fuerte asociación
entre género y
liderazgo
Nota. Datos obtenidos de encuesta aplicada a agricultores(a) de la parroquia Chanduy
La prueba de chi-cuadrado revela que la distribución del nivel educativo y la participación
en roles de liderazgo varían sistemáticamente según el género (p < 0,001), mientras que el tamaño
de la parcela no muestra diferencias significativas (p = 0,485). Esto indica que el acceso a la tierra
es equitativo en términos de superficie, pero el capital humano, político, educación y liderazgo
permanece fuertemente segregado por el género, lo que constituye los verdaderos cuellos de
botella estructural para la equidad en la agricultura estudiada.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en Chanduy coinciden con la tendencia regional descrita en la
literatura: la división sexual del trabajo agrícola continúa asignando a los varones el control de
los “puntos de valor” (riego y comercialización), mientras que las mujeres concentran su
participación en tareas de menor poder de negociación (siembra, cosecha y selección). Este patrón
también es similar con la evidencia que señalan Ferro & Morán con relación al oeste paranaense,
en el que la administración patrimonial, así como las decisiones estratégicas tenían un fuerte sesgo
patriarcal; y con el hallazgo que FAO-IFAD-WFP (2024) estableció en dos provincias
ecuatorianas, que confirma la exclusión de las mujeres para el acceso a los mercados y la
financiación.
Además, se observa que en Chanduy la titularidad de la superficie agraria se registra a
nombre del hogar en lugar de cada miembro, lo que oculta la concentración de la tenencia en
manos masculinas, a pesar de que el tamaño de parcela no varía significativamente por género (p
= 0,485). Este hallazgo contrasta con el reporte del INEC (2023), que indica que solo el 20,5 %

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del total de las unidades agrícolas en el país son titularizadas por mujeres. Esta coincidencia
parcial pone en evidencia que la titularidad formal –no la superficie– es la variable clave para
explicar la desigualdad de poder, como lo señala Rodríguez (2022)
La correlación altamente significativa entre los factores género y nivel educativo (χ² =
33,98; p < 0,001) recoge la asimetría que, como observa Vizuete et al. (2025) para la provincia
de Santa Elena, donde las mujeres presentan menor escolaridad que los varones. Dado que la
educación media-superior es requisito para acceder a programas de extensión agraria y crédito
blandos, la brecha educativa actúa como filtro previo que perpetúa la exclusión femenina de los
circuitos de innovación y financiamiento, reforzando el círculo vicioso identificado por Pyburn
et al. (2023).
Respecto a la decisión de la toma de decisiones financieras, el 70 % de los encuestados que
optaron por la alternativa “Decisión conjunta” puede parecer inconsistente con los resultados de
Tomalá & Meza (2023), Colonche, donde la mujer no era parte de las decisiones concernientes a
las finanzas sino solo a las operaciones. Sin embargo, la descomposición secuencial del flujo de
caja, es decir, recepción física del dinero y negociación de préstamos, revela que, de hecho, la
equidad percibida es análoga a la “negociación sesgada” mencionada por Quisumbing & Doss
(2021) en Ghana y Bangladesh.
La actitud favorable hacia el liderazgo femenino en 59% de acuerdo es más alta que la
informada por Perelli et al. (2024) en organizaciones rurales del sur de América (≈ 45%), pero
simultáneamente el 31% “neutral” sobre la autoridad masculina confirma la existencia de una
“reserva ideológica” de actitudes que pueden ser activadas por la crisis para limitar la traducción
de actitud positiva igualitaria en la delegación real de poder. Este resultado corresponde a la
hipótesis de Shortall & Marangudakis (2022) sobre la lenta evolución de las normas culturales en
comparación con las actitudes declaradas y mantener estereotipos como una barrera invisible para
la autoridad femenina.
CONCLUSIONES
El análisis empírico realizado en las comunas de Chanduy confirma que la desigualdad de
género en la agricultura familiar no se origina en la falta de participación laboral de las mujeres,
sino en la asimetría de poder que se reproduce en los momentos de mayor valor estratégico: el
control del agua, del dinero y de la información financiera. A pesar de que las mujeres participan
en más del 50 % de las tareas productivas, su presencia se reduce drásticamente en el riego (10,8
%) y en la comercialización (11,9 %), dos actividades que condicionan la rentabilidad y la
acumulación de capital. Dicha segregación vertical replica el patrón regional y sudamericano, ya
documentado por Ferro & Morán (2025) y FAO-IFAD-WFP (2024), pero suma además la
evidencia de que el salario no implica, en este caso, autonomía económica.

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La investigación demuestra que, cuando se mide la titularidad de la tierra solo a nivel de
superficie, su titularidad es equitativa en Chanduy, pero ese título no se traduce en control sobre
los recursos. La negociación financiera, el acceso al crédito, y la recepción del dinero aún se
encuentra mediada por estructuras patriarcales que consideran a los varones “interlocutores
válidos” de la banca y los proveedores. Este resultado coincide con la tesis de Deere & Twyman
(2014) y Rodríguez (2022) sobre la diferencia crucial entre “acceso” y “control” de activos.
La educación es altamente desigual por género y, por lo tanto, actúa como filtro previo que
limita el acceso de las mujeres a programas de extensión agraria y a redes de innovación,
generando desigualdad en diversos aspectos como un menor poder de negociación y exclusión de
los espacios de toma de decisión como lo mencionan Vizuete et al. (2025) y Pyburn et al. (2023).
En cuanto a la actitud hacia el liderazgo femenino, el 59% de las personas se mostró a
favor, el 31% restante se declaró “neutra” respecto a la autoridad masculina y, en la práctica, la
participación de las mujeres en cargos decisorios es nula. Estos datos indican que las normas
cambian de manera más lenta que las opiniones declaradas y generan un mecanismo de
autocontrol que impide que las capacidades de las mujeres se transformen en liderazgo real, una
situación que coincide plenamente con el fenómeno de “sobrerrepresentación participativa y
subrepresentación decisoria” identificado por Perelli et al. (2024).

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