Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1399
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.1983
Estrategias punitivas en crisis: militarización y obstáculos
para la prevención integral del delito
Punitive strategies in crisis: militarization and obstacles to comprehensive crime
prevention
Kimberly Yaneli Rivera Mendoza
e1317555496@live.uleam.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-4102-0371
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Manta – Ecuador
Ariana Milena Pazmiño Unda
e2300527369@live.uleam.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-0231-3382
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Manta – Ecuador
Luis Fernando Cedeño Astudillo
luisf.cedeno@uleam.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-3513-2746
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Manta – Ecuador
Artículo recibido: 18 enero 2026 -Aceptado para publicación: 20 febrero 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
Este artículo revisa la efectividad de las respuestas punitivas y la militarización implementadas
en Ecuador frente al crecimiento del crimen organizado entre 2021 y 2025. El estudio adopta un
enfoque exploratorio-descriptivo de carácter documental, porque se analizan los decretos
ejecutivos de estado de excepción, los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional y
estadísticas oficiales del SIAF de la Fiscalía General del Estado sobre muertes violentas y
dinámicas de economías ilícitas. Los datos muestran que, pese a la intervención militar
prolongada y a la evidente suspensión de derechos, la violencia letal no se ha reducido de manera
consistente. Se observa también que la estrategia reactiva no desmantela estructuras criminales
complejas porque provoca su fragmentación y reubicación territorial. Como conclusión, se
plantea sustituir la militarización por políticas de prevención integral, fortalecimiento
institucional y reinserción social orientadas a disminuir la violencia sistemáticamente.
Palabras clave: militarización, excepcionalidad, criminalidad, punitivismo, represión
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1400
ABSTRACT
This article examines the effectiveness of punitive strategies and militarization implemented in
Ecuador in response to the rise of organized crime between 2021 and 2025. Adopting an
exploratory-descriptive and documentary approach, the study analyzes executive decrees of states
of exception, rulings issued by the Constitutional Court, and official SIAF statistics from the
Attorney General’s Office regarding violent deaths and illicit economy dynamics. The data
indicates that, despite prolonged military intervention and the evident suspension of rights, lethal
violence has not consistently declined. Furthermore, it is observed that this reactive strategy fails
to dismantle complex criminal structures, instead triggering their fragmentation and territorial
relocation. The study concludes by proposing the replacement of militarization with
comprehensive prevention policies, institutional strengthening, and social reintegration aimed at
systematically reducing violence.
Keywords: militarization, exceptionality, criminality, punitivism, repression
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
ABSTRACT
This article examines the effectiveness of punitive strategies and militarization implemented in
Ecuador in response to the rise of organized crime between 2021 and 2025. Adopting an
exploratory-descriptive and documentary approach, the study analyzes executive decrees of states
of exception, rulings issued by the Constitutional Court, and official SIAF statistics from the
Attorney General’s Office regarding violent deaths and illicit economy dynamics. The data
indicates that, despite prolonged military intervention and the evident suspension of rights, lethal
violence has not consistently declined. Furthermore, it is observed that this reactive strategy fails
to dismantle complex criminal structures, instead triggering their fragmentation and territorial
relocation. The study concludes by proposing the replacement of militarization with
comprehensive prevention policies, institutional strengthening, and social reintegration aimed at
systematically reducing violence.
Keywords: militarization, exceptionality, criminality, punitivism, repression
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1401
INTRODUCCIÓN
La política criminal tiene su manifestación en el ejercicio del poder público, al ser el
Estado el encargado de garantizar el orden social y por tanto hacer frente a aquellas conductas
ilícitas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Si bien, para cumplir con dicho objetivo el
Estado tiene la potestad de aplicar mecanismos coactivos y coercitivos, el concepto de política
criminal no debe reducirse únicamente a la aplicación del poder punitivo, pues el desarrollo de
estrategias para hacer frente al fenómeno de la criminalidad debe tomarse desde una perspectiva
integral que incluya la prevención y control como ejes de intervención.
Claus (1992) sostiene que la mejor política criminal consiste en conciliar la prevención
general, la prevención especial orientada a la integración social y la limitación de la pena en un
Estado de Derecho; esta articulación es la que permite distinguir entre una política criminal
reactiva y otra estructural que tiene como base la transformación de las condiciones sociales que
producen el delito. Sin embargo, en las nuevas tendencias de lucha contra el crimen los Estados
optan por implementar mecanismos reactivos y punitivos para hacer frente al delito, lo que resulta
en una desnaturalización de la política criminal; creando un modelo que no corrige las causas
estructurales de la violencia, ni atiende la expresión fáctica de la criminalidad en sus diferentes
etapas.
Desde esta perspectiva resulta necesario abordar el crimen organizado como un desafío
distinto frente a la delincuencia común, pues no se trata únicamente de un aumento de hechos
delictivos, sino de una transformación en su naturaleza, donde las prácticas delictivas alcanzan
un alto grado de perfeccionamiento. Esta manifestación avanzada de la criminalidad, implica
estructuras operativas complejas, recursos financieros significativos, y una estructura jerárquica
que traspasa los límites de acción de un delincuente común, diferenciación que no es menor para
el Estado, ya que enfrentar a una red criminal con capacidad logística, acciones transfronterizas,
armamento y poder económico, no representa el mismo desafío que neutralizar a un actor delictivo
individual.
En esa mutación delictiva el crimen organizado pasó de ser un fenómeno local para
convertirse en una amenaza global que desborda las capacidades tradicionales de los Estados, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000)
define a la delincuencia organizada como:
“Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Como sostiene Chabat (2010) para alcanzar sus objetivos, estas organizaciones manejan
economías criminales como el narcotráfico, sicariato, secuestro, trata de personas, pornografía
INTRODUCCIÓN
La política criminal tiene su manifestación en el ejercicio del poder público, al ser el
Estado el encargado de garantizar el orden social y por tanto hacer frente a aquellas conductas
ilícitas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Si bien, para cumplir con dicho objetivo el
Estado tiene la potestad de aplicar mecanismos coactivos y coercitivos, el concepto de política
criminal no debe reducirse únicamente a la aplicación del poder punitivo, pues el desarrollo de
estrategias para hacer frente al fenómeno de la criminalidad debe tomarse desde una perspectiva
integral que incluya la prevención y control como ejes de intervención.
Claus (1992) sostiene que la mejor política criminal consiste en conciliar la prevención
general, la prevención especial orientada a la integración social y la limitación de la pena en un
Estado de Derecho; esta articulación es la que permite distinguir entre una política criminal
reactiva y otra estructural que tiene como base la transformación de las condiciones sociales que
producen el delito. Sin embargo, en las nuevas tendencias de lucha contra el crimen los Estados
optan por implementar mecanismos reactivos y punitivos para hacer frente al delito, lo que resulta
en una desnaturalización de la política criminal; creando un modelo que no corrige las causas
estructurales de la violencia, ni atiende la expresión fáctica de la criminalidad en sus diferentes
etapas.
Desde esta perspectiva resulta necesario abordar el crimen organizado como un desafío
distinto frente a la delincuencia común, pues no se trata únicamente de un aumento de hechos
delictivos, sino de una transformación en su naturaleza, donde las prácticas delictivas alcanzan
un alto grado de perfeccionamiento. Esta manifestación avanzada de la criminalidad, implica
estructuras operativas complejas, recursos financieros significativos, y una estructura jerárquica
que traspasa los límites de acción de un delincuente común, diferenciación que no es menor para
el Estado, ya que enfrentar a una red criminal con capacidad logística, acciones transfronterizas,
armamento y poder económico, no representa el mismo desafío que neutralizar a un actor delictivo
individual.
En esa mutación delictiva el crimen organizado pasó de ser un fenómeno local para
convertirse en una amenaza global que desborda las capacidades tradicionales de los Estados, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000)
define a la delincuencia organizada como:
“Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Como sostiene Chabat (2010) para alcanzar sus objetivos, estas organizaciones manejan
economías criminales como el narcotráfico, sicariato, secuestro, trata de personas, pornografía
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1402
infantil, extorsión, delitos informáticos, entre otros. Adoptando una estructura similar a la de una
empresa, con una jerarquía claramente definida, a la vez que ejercen una influencia considerable
sobre el entorno político y social mediante la corrupción de funcionarios públicos, autoridades
electas o designadas, además de otros actores estratégicos dentro de los sistemas institucionales,
lo cual le permite infiltrar y debilitar los mecanismos de control estatal.
Siendo así que el crimen organizado se ha constituido como una amenaza directa a la
seguridad pública y al poder del Estado, frente a ello se ha desarrollado una tendencia hacia el
despliegue de las fuerzas armadas para hacer frente a dicho fenómeno. De ahí la importancia de
analizar el funcionamiento de las organizaciones criminales, aquellos casos paradigmáticos de
lucha contra el crimen a nivel internacional, la mutación delictiva en el caso ecuatoriano y los
planes ejecutados por los últimos gobiernos, con el propósito de determinar el impacto y
viabilidad de la militarización como estrategia contra el crimen organizado en Ecuador.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación adopta un enfoque exploratorio-descriptivo de carácter documental.
Se analizan 37 decretos ejecutivos de estado de excepción durante los gobiernos de Guillermo
Lasso y Daniel Noboa, sus dictámenes de control de constitucionalidad y registros estadísticos
del SIAF de la Fiscalía General del Estado sobre muertes violentas y economías criminales entre
los años 2021 y 2025. A través de técnicas de análisis documental y revisión comparada, se
identifican tendencias normativas recurrentes en la suspensión de derechos y su conexión con el
aumento de los indicadores de violencia, examinando así patrones y alcances de la política
criminal adoptada.
El enfoque internacional en el combate al crimen transnacional
En el escenario latinoamericano, el crimen organizado comenzó a consolidarse a partir
de la segunda mitad del siglo XX, principalmente a través del narcotráfico como una de sus
manifestaciones más visibles, concentrándose en países como Colombia, Perú y posteriormente
México, impulsada por la creciente demanda en los mercados de Estados Unidos y Europa, este
proceso estuvo estrechamente vinculado a profundas transformaciones estructurales y
geopolíticas (Escobar, 2024).
Frente a esta expansión del crimen organizado en América Latina y el mundo, los Estados
comenzaron a reconocer que los desafíos planteados por estas redes criminales desbordaban sus
capacidades nacionales. Fue entonces que, a partir de la década de 1980, se intensificó la
formulación de estrategias internacionales para enfrentar al narcotráfico y otras manifestaciones
del crimen transnacional, promovidas especialmente desde los Estados Unidos bajo el paradigma
de la “guerra contra las drogas”, esta lógica derivó en la implementación de diversos planes de
cooperación bilateral y multilateral, caracterizados por un enfoque securitista y una fuerte
tendencia a la militarización. Analicemos sus alcances geopolíticos más conocidos:
infantil, extorsión, delitos informáticos, entre otros. Adoptando una estructura similar a la de una
empresa, con una jerarquía claramente definida, a la vez que ejercen una influencia considerable
sobre el entorno político y social mediante la corrupción de funcionarios públicos, autoridades
electas o designadas, además de otros actores estratégicos dentro de los sistemas institucionales,
lo cual le permite infiltrar y debilitar los mecanismos de control estatal.
Siendo así que el crimen organizado se ha constituido como una amenaza directa a la
seguridad pública y al poder del Estado, frente a ello se ha desarrollado una tendencia hacia el
despliegue de las fuerzas armadas para hacer frente a dicho fenómeno. De ahí la importancia de
analizar el funcionamiento de las organizaciones criminales, aquellos casos paradigmáticos de
lucha contra el crimen a nivel internacional, la mutación delictiva en el caso ecuatoriano y los
planes ejecutados por los últimos gobiernos, con el propósito de determinar el impacto y
viabilidad de la militarización como estrategia contra el crimen organizado en Ecuador.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación adopta un enfoque exploratorio-descriptivo de carácter documental.
Se analizan 37 decretos ejecutivos de estado de excepción durante los gobiernos de Guillermo
Lasso y Daniel Noboa, sus dictámenes de control de constitucionalidad y registros estadísticos
del SIAF de la Fiscalía General del Estado sobre muertes violentas y economías criminales entre
los años 2021 y 2025. A través de técnicas de análisis documental y revisión comparada, se
identifican tendencias normativas recurrentes en la suspensión de derechos y su conexión con el
aumento de los indicadores de violencia, examinando así patrones y alcances de la política
criminal adoptada.
El enfoque internacional en el combate al crimen transnacional
En el escenario latinoamericano, el crimen organizado comenzó a consolidarse a partir
de la segunda mitad del siglo XX, principalmente a través del narcotráfico como una de sus
manifestaciones más visibles, concentrándose en países como Colombia, Perú y posteriormente
México, impulsada por la creciente demanda en los mercados de Estados Unidos y Europa, este
proceso estuvo estrechamente vinculado a profundas transformaciones estructurales y
geopolíticas (Escobar, 2024).
Frente a esta expansión del crimen organizado en América Latina y el mundo, los Estados
comenzaron a reconocer que los desafíos planteados por estas redes criminales desbordaban sus
capacidades nacionales. Fue entonces que, a partir de la década de 1980, se intensificó la
formulación de estrategias internacionales para enfrentar al narcotráfico y otras manifestaciones
del crimen transnacional, promovidas especialmente desde los Estados Unidos bajo el paradigma
de la “guerra contra las drogas”, esta lógica derivó en la implementación de diversos planes de
cooperación bilateral y multilateral, caracterizados por un enfoque securitista y una fuerte
tendencia a la militarización. Analicemos sus alcances geopolíticos más conocidos:
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1403
Operación Cóndor
A finales de la década de 1960, el narcotráfico en México cobró una importancia
estratégica en la relación bilateral con Estados Unidos, impulsado por el aumento del consumo de
drogas en territorio norteamericano y por la creciente violencia de los grupos criminales en
regiones como Sinaloa. En este contexto, el gobierno estadounidense de Richard Nixon
implementó el 8 de septiembre de 1969 la Operación Intercepción como una medida unilateral
que impuso rigurosos controles fronterizos y aduaneros, cuyo objetivo real, más allá de frenar el
tráfico desde México, fue presionar al gobierno mexicano para adoptar una estrategia más
agresiva e incorporar al Ejército en la lucha antidrogas (Jiménez, 2023). Aunque dicha operación
no logró grandes incautaciones, ya que los narcotraficantes diversificaron sus rutas y medios de
transporte, sentó las bases de un nuevo paradigma securitista, que fue consolidado en 1971 con la
proclamación de la denominada “guerra contra las drogas” por parte de la administración de
Nixon.
Frente a dicha presión, surgió la Operación Cóndor, una estrategia desarrollada entre
1975 y 1978 que concentró sus acciones en la región del “Triángulo Dorado” conformada por las
sierras de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y se caracterizó por la erradicación masiva de cultivos
ilícitos. Para ello, la entonces Policía Judicial Federal instaló retenes y puntos de revisión
carreteros a lo largo del perímetro de la zona, realizando aseguramientos tanto en compartimentos
ocultos como en cargamentos visibles de grandes volúmenes (BBC News Mundo, 2022).
Si bien la Operación Cóndor fue presentada como un éxito gubernamental por la
erradicación de cultivos y decomisos, sus resultados evidenciaron una reconfiguración del
narcotráfico más que su debilitamiento. La presión militar provocó el desplazamiento de los
principales cabecillas sinaloenses hacia otras regiones con menor presencia estatal, siendo
Guadalajara el punto estratégico donde se consolidaron redes criminales con mayor capacidad de
operación y financiamiento. (Pérez, 2020).
Operación Leyenda
Para la década de 1980, el Cártel de Guadalajara se había consolidado como una de las
organizaciones criminales más poderosas de México manteniendo alianzas estratégicas con redes
de narcotráfico colombianas para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. En este escenario
el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1981 fue asignado a la oficina de Guadalajara
con la misión de infiltrarse en las estructuras operativas de la organización criminal bajo una
identidad encubierta como agricultor. Fue así como Camarena logró identificar el Rancho El
Búfalo, una vasta plantación de marihuana ubicada en Chihuahua y administrada por Rafael Caro
Quintero, la información obtenida condujo en noviembre de 1984 a una de las operaciones más
significativas contra el narcotráfico en México, cuando las fuerzas federales con apoyo logístico
de la DEA destruyeron cientos de toneladas de droga en un golpe sin precedentes para la época
(Valdés, 2025). No obstante, este operativo provocó una reacción violenta que culminó con el
Operación Cóndor
A finales de la década de 1960, el narcotráfico en México cobró una importancia
estratégica en la relación bilateral con Estados Unidos, impulsado por el aumento del consumo de
drogas en territorio norteamericano y por la creciente violencia de los grupos criminales en
regiones como Sinaloa. En este contexto, el gobierno estadounidense de Richard Nixon
implementó el 8 de septiembre de 1969 la Operación Intercepción como una medida unilateral
que impuso rigurosos controles fronterizos y aduaneros, cuyo objetivo real, más allá de frenar el
tráfico desde México, fue presionar al gobierno mexicano para adoptar una estrategia más
agresiva e incorporar al Ejército en la lucha antidrogas (Jiménez, 2023). Aunque dicha operación
no logró grandes incautaciones, ya que los narcotraficantes diversificaron sus rutas y medios de
transporte, sentó las bases de un nuevo paradigma securitista, que fue consolidado en 1971 con la
proclamación de la denominada “guerra contra las drogas” por parte de la administración de
Nixon.
Frente a dicha presión, surgió la Operación Cóndor, una estrategia desarrollada entre
1975 y 1978 que concentró sus acciones en la región del “Triángulo Dorado” conformada por las
sierras de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y se caracterizó por la erradicación masiva de cultivos
ilícitos. Para ello, la entonces Policía Judicial Federal instaló retenes y puntos de revisión
carreteros a lo largo del perímetro de la zona, realizando aseguramientos tanto en compartimentos
ocultos como en cargamentos visibles de grandes volúmenes (BBC News Mundo, 2022).
Si bien la Operación Cóndor fue presentada como un éxito gubernamental por la
erradicación de cultivos y decomisos, sus resultados evidenciaron una reconfiguración del
narcotráfico más que su debilitamiento. La presión militar provocó el desplazamiento de los
principales cabecillas sinaloenses hacia otras regiones con menor presencia estatal, siendo
Guadalajara el punto estratégico donde se consolidaron redes criminales con mayor capacidad de
operación y financiamiento. (Pérez, 2020).
Operación Leyenda
Para la década de 1980, el Cártel de Guadalajara se había consolidado como una de las
organizaciones criminales más poderosas de México manteniendo alianzas estratégicas con redes
de narcotráfico colombianas para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. En este escenario
el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1981 fue asignado a la oficina de Guadalajara
con la misión de infiltrarse en las estructuras operativas de la organización criminal bajo una
identidad encubierta como agricultor. Fue así como Camarena logró identificar el Rancho El
Búfalo, una vasta plantación de marihuana ubicada en Chihuahua y administrada por Rafael Caro
Quintero, la información obtenida condujo en noviembre de 1984 a una de las operaciones más
significativas contra el narcotráfico en México, cuando las fuerzas federales con apoyo logístico
de la DEA destruyeron cientos de toneladas de droga en un golpe sin precedentes para la época
(Valdés, 2025). No obstante, este operativo provocó una reacción violenta que culminó con el
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1404
secuestro, tortura y asesinato de Camarena en 1985, lo que intensificó la presión de Washington
sobre las autoridades mexicanas y dio origen a la Operación Leyenda.
Además de desmantelar el Cártel de Guadalajara, esta operación también desencadenó
una serie de procesos judiciales y tensiones diplomáticas. Las investigaciones señalaron a Caro
Quintero como autor intelectual del asesinato de Camarena, por lo que fue incluido en la lista de
los fugitivos más buscados por el gobierno estadounidense. Caro Quintero huyó a Costa Rica,
donde fue capturado, extraditado a México y condenado a 40 años de prisión. Sin embargo, tras
cumplir 28 años de condena, fue liberado en 2013 por decisión de un juez que alegó
irregularidades en el proceso judicial.
Posteriormente, la Suprema Corte de México revocó la resolución que lo había puesto en
libertad y en 2022 fue nuevamente detenido, finalmente, en febrero de 2025, fue extraditado a
Estados Unidos junto con otros 28 presuntos líderes del narcotráfico. Asimismo, se dio la captura
de Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, siendo este último arrestado tras
haber redistribuido el control del tráfico de drogas entre sus principales subalternos, surgiendo
nuevas organizaciones, como el Cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix;
el Cártel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo; y el Cártel de Sinaloa, conformado inicialmente
bajo el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, lo que configuró una
nueva etapa en la evolución del narcotráfico en México (Calero, 2023).
Plan Colombia
El plan Colombia surgió como una idea en el año 1999 por parte del gobierno
colombiano, ante un país en graves dificultades acosado por la peor crisis económica de los
últimos 70 años y por la agudización de un conflicto armado con más de 50 años de antigüedad
con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de
Liberación Nacional ELN, así como con los paramilitares (Padilla y Reyes, 2022). No obstante,
se necesitaba el financiamiento de Estados Unidos para implementarlo, fue en el año 2000 cuando
éste aprobó una millonaria cifra, y se pusieron en práctica las ideas plasmadas con el objetivo de
combatir el narcotráfico.
Conforme lo expresa Peña (2025) “entre 2000 y 2015, Estados Unidos aportó 9.940
millones de dólares, de los cuales el 71% fue destinado a las fuerzas armadas y solo el 29% a
programas sociales, restitución de tierras y justicia”. Si bien, aunque se intentaba mantener la
lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, en la práctica esto fue difícil de sostener, puesto que
las FARC y EP eran vistas simultáneamente como narcotraficantes, insurgentes y actores
terroristas.
El conflicto armado se intensificó, el narcotráfico se fragmentó y surgieron nuevas bandas
criminales, así fue como el mandato de Andrés Pastrana que buscaba reducir los cultivos ilícitos
y combatir a las FARC, fortaleciendo la capacidad militar; terminó por profundizar el conflicto,
con el surgimiento de nuevas estructuras criminales y generando consecuencias humanitarias a
secuestro, tortura y asesinato de Camarena en 1985, lo que intensificó la presión de Washington
sobre las autoridades mexicanas y dio origen a la Operación Leyenda.
Además de desmantelar el Cártel de Guadalajara, esta operación también desencadenó
una serie de procesos judiciales y tensiones diplomáticas. Las investigaciones señalaron a Caro
Quintero como autor intelectual del asesinato de Camarena, por lo que fue incluido en la lista de
los fugitivos más buscados por el gobierno estadounidense. Caro Quintero huyó a Costa Rica,
donde fue capturado, extraditado a México y condenado a 40 años de prisión. Sin embargo, tras
cumplir 28 años de condena, fue liberado en 2013 por decisión de un juez que alegó
irregularidades en el proceso judicial.
Posteriormente, la Suprema Corte de México revocó la resolución que lo había puesto en
libertad y en 2022 fue nuevamente detenido, finalmente, en febrero de 2025, fue extraditado a
Estados Unidos junto con otros 28 presuntos líderes del narcotráfico. Asimismo, se dio la captura
de Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, siendo este último arrestado tras
haber redistribuido el control del tráfico de drogas entre sus principales subalternos, surgiendo
nuevas organizaciones, como el Cártel de Tijuana, encabezado por los hermanos Arellano Félix;
el Cártel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo; y el Cártel de Sinaloa, conformado inicialmente
bajo el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, lo que configuró una
nueva etapa en la evolución del narcotráfico en México (Calero, 2023).
Plan Colombia
El plan Colombia surgió como una idea en el año 1999 por parte del gobierno
colombiano, ante un país en graves dificultades acosado por la peor crisis económica de los
últimos 70 años y por la agudización de un conflicto armado con más de 50 años de antigüedad
con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de
Liberación Nacional ELN, así como con los paramilitares (Padilla y Reyes, 2022). No obstante,
se necesitaba el financiamiento de Estados Unidos para implementarlo, fue en el año 2000 cuando
éste aprobó una millonaria cifra, y se pusieron en práctica las ideas plasmadas con el objetivo de
combatir el narcotráfico.
Conforme lo expresa Peña (2025) “entre 2000 y 2015, Estados Unidos aportó 9.940
millones de dólares, de los cuales el 71% fue destinado a las fuerzas armadas y solo el 29% a
programas sociales, restitución de tierras y justicia”. Si bien, aunque se intentaba mantener la
lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, en la práctica esto fue difícil de sostener, puesto que
las FARC y EP eran vistas simultáneamente como narcotraficantes, insurgentes y actores
terroristas.
El conflicto armado se intensificó, el narcotráfico se fragmentó y surgieron nuevas bandas
criminales, así fue como el mandato de Andrés Pastrana que buscaba reducir los cultivos ilícitos
y combatir a las FARC, fortaleciendo la capacidad militar; terminó por profundizar el conflicto,
con el surgimiento de nuevas estructuras criminales y generando consecuencias humanitarias a
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1405
gran escala, bien lo podríamos considerar como un plan fallido. A pesar de la fumigación de 1,6
millones de hectáreas, la producción de cocaína aumentó un 52% entre 2013 y 2014, Colombia
volvió a encabezar la producción mundial de coca y continuó abasteciendo aproximadamente el
90% de la cocaína consumida en Estados Unidos. A ello se suma la expansión de la minería ilegal
y la aparición de las Bacrim, señales de que la estrategia centrada en erradicación y ofensiva
militar no logró nada.
Iniciativa Mérida
Citando a Bonilla y Pizarro (2024) “después del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos
se dio cuenta de la vulnerabilidad que tenían sus sistemas de defensa diseñados en un principio
para confrontaciones con enemigos tradicionales, en este caso el terrorismo”. En este sentido,
aunque México no estaba directamente afectado por grupos terroristas internacionales, sí tenía
una creciente descomposición y escalada de violencia provocada por el crimen organizado, donde
los cárteles mexicanos contaban con una sólida estructura y presencia territorial, para generar
terror en la población y desafiar al Estado. Estados Unidos consideró esta situación como una
amenaza directa a su seguridad, dado a que ambos países comparten una extensa frontera, junto
con fuertes dinámicas económicas, sociales y migratorias. Es así como surgió la Iniciativa Mérida,
un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos con su presidente George W.
Bush, y el gobierno de México con su entonces presidente Felipe Calderón.
Este acuerdo fue implementado entre 2008 y 2020, con un financiamiento de más de
3,200 millones de dólares de los cuales el 85 % se destinó al equipamiento militar de México,
para desarticular las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad fronteriza. A pesar de
estos esfuerzos, se registraron más de 370,000 homicidios dolosos desde el inicio de la llamada
“guerra contra el narco”, se pasó de 18 a 44 grupos delictivos, más de 92,000 personas
desaparecidas hasta 2020 y graves violaciones de derechos humanos provocadas por la
militarización (Barreda, 2014). Así, aunque la Iniciativa Mérida aportó importantes recursos y
tecnología, su impacto fue insuficiente para reducir estructuralmente al narcotráfico.
Plan Mano Dura de Rodrigo Duterte
Según BBC News Mundo (2024) el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue duramente
cuestionado por su administración, primero como alcalde de Davao por 22 años durante tres
periodos 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016. Posteriormente en el alto mando, puesto en el que
admitió haber dirigido un "escuadrón de la muerte" con el fin de dar por terminado el crimen
organizado, siendo apodado como “el castigador” por expresar que “estaría feliz de masacrar a
millones de drogadictos”. De acuerdo con Briceño (2020) fue un gobierno marcado por
ejecuciones extrajudiciales a criminales y consumidores de drogas, su campaña presidencial se
destacó por mencionar la pena de muerte por fusilamiento y ahorcamiento como medidas
necesarias para recuperar Filipinas.
gran escala, bien lo podríamos considerar como un plan fallido. A pesar de la fumigación de 1,6
millones de hectáreas, la producción de cocaína aumentó un 52% entre 2013 y 2014, Colombia
volvió a encabezar la producción mundial de coca y continuó abasteciendo aproximadamente el
90% de la cocaína consumida en Estados Unidos. A ello se suma la expansión de la minería ilegal
y la aparición de las Bacrim, señales de que la estrategia centrada en erradicación y ofensiva
militar no logró nada.
Iniciativa Mérida
Citando a Bonilla y Pizarro (2024) “después del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos
se dio cuenta de la vulnerabilidad que tenían sus sistemas de defensa diseñados en un principio
para confrontaciones con enemigos tradicionales, en este caso el terrorismo”. En este sentido,
aunque México no estaba directamente afectado por grupos terroristas internacionales, sí tenía
una creciente descomposición y escalada de violencia provocada por el crimen organizado, donde
los cárteles mexicanos contaban con una sólida estructura y presencia territorial, para generar
terror en la población y desafiar al Estado. Estados Unidos consideró esta situación como una
amenaza directa a su seguridad, dado a que ambos países comparten una extensa frontera, junto
con fuertes dinámicas económicas, sociales y migratorias. Es así como surgió la Iniciativa Mérida,
un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos con su presidente George W.
Bush, y el gobierno de México con su entonces presidente Felipe Calderón.
Este acuerdo fue implementado entre 2008 y 2020, con un financiamiento de más de
3,200 millones de dólares de los cuales el 85 % se destinó al equipamiento militar de México,
para desarticular las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad fronteriza. A pesar de
estos esfuerzos, se registraron más de 370,000 homicidios dolosos desde el inicio de la llamada
“guerra contra el narco”, se pasó de 18 a 44 grupos delictivos, más de 92,000 personas
desaparecidas hasta 2020 y graves violaciones de derechos humanos provocadas por la
militarización (Barreda, 2014). Así, aunque la Iniciativa Mérida aportó importantes recursos y
tecnología, su impacto fue insuficiente para reducir estructuralmente al narcotráfico.
Plan Mano Dura de Rodrigo Duterte
Según BBC News Mundo (2024) el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue duramente
cuestionado por su administración, primero como alcalde de Davao por 22 años durante tres
periodos 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016. Posteriormente en el alto mando, puesto en el que
admitió haber dirigido un "escuadrón de la muerte" con el fin de dar por terminado el crimen
organizado, siendo apodado como “el castigador” por expresar que “estaría feliz de masacrar a
millones de drogadictos”. De acuerdo con Briceño (2020) fue un gobierno marcado por
ejecuciones extrajudiciales a criminales y consumidores de drogas, su campaña presidencial se
destacó por mencionar la pena de muerte por fusilamiento y ahorcamiento como medidas
necesarias para recuperar Filipinas.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1406
El gobierno de Duterte se basó en amenazas y en una firme posición por hacer a un lado
las leyes en materia de derechos humanos, advirtiendo a todos los traficantes y criminales para
que estuvieran al tanto de las políticas y la mano dura del gobierno “porque si no los iba a matar”
(Restrepo, 2023). La respuesta internacional fue lo más certera, la Corte Penal Internacional tomó
acción y dictó una orden de arresto contra el expresidente filipino, por el delito de lesa humanidad.
Sin embargo, hasta la fecha el proceso penal se encuentra en pausa, puesto que se debe
determinar la capacidad física y mental de Duterte para enfrentar el juicio debido a su estado de
salud, aun así, la fiscalía no se ha detenido y continúa en busca de pruebas que sustenten su teoría
del caso, de esta forma Duterte deberá rendir cuentas por las graves violaciones de derechos
humanos. Como consecuencia de su mandato, de acuerdo con BBC News Mundo (2025) esta
guerra dejó un saldo dramático de 6.200 muertes oficiales, pero estimaciones de organismos
independientes elevan esa cifra hasta 27.000 personas, lo que apunta a una escala masiva de
violencia extrajudicial, revelando un nivel alarmante de impunidad, una grave violación de
derechos humanos con consecuencias letales y poco controladas.
Gobierno de Nayib Bukele
Nayib Bukele Ortez asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, su
gobierno ha sido uno de los más nombrados en temas de política criminal, pues hay dos bandos,
personas que apoyan sus actos y por otro lado quienes piensan que ha sobrepasado los extremos
violentando derechos de las personas salvadoreñas, además, su mandato ha sido cuestionado
internacionalmente por instaurar un régimen de excepción prolongado desde el año 2022 bajo el
cual se han suspendido derechos fundamentales.
En un breve contexto, durante años la “Mara Salvatrucha” o MS13, una pandilla
internacional de criminales, atemorizó con asesinatos y extorsiones a la población de El Salvador,
país que llegó a ser uno de los más violentos del mundo. Según Iporre (2024) el gobierno de
Bukele no solo negoció con la MS13 para obtener una reducción de homicidios, sino que incluso
facilitó la liberación y posterior fuga de uno de sus líderes más peligrosos “El Crook”, este pacto
secreto, reveló un Estado dispuesto a sacrificar la legalidad y la institucionalidad a cambio de
resultados aparentes, a normalizar acuerdos clandestinos con estructuras criminales y abandonar
su función de garante para reproducir un poder punitivo sin límites.
Sin embargo, luego del fracaso de las negociaciones debido a una oleada de asesinatos,
Bukele optó por recurrir al estado de excepción para facilitar las detenciones masivas de
miembros de la MS13. Conforme lo expresan Correal y Volpe (2025) los desaparecidos en las
cárceles de El Salvador, datan desde el 2022 luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el
régimen de excepción mismo que ha sido prorrogado repetidamente convirtiéndose en una
política de Estado, lo que ha derivado en más de 80.000 personas encarceladas, miles que se
consideran inocentes y han sido encerradas sin recursos legales ni comunicación con sus familias.
El gobierno de Duterte se basó en amenazas y en una firme posición por hacer a un lado
las leyes en materia de derechos humanos, advirtiendo a todos los traficantes y criminales para
que estuvieran al tanto de las políticas y la mano dura del gobierno “porque si no los iba a matar”
(Restrepo, 2023). La respuesta internacional fue lo más certera, la Corte Penal Internacional tomó
acción y dictó una orden de arresto contra el expresidente filipino, por el delito de lesa humanidad.
Sin embargo, hasta la fecha el proceso penal se encuentra en pausa, puesto que se debe
determinar la capacidad física y mental de Duterte para enfrentar el juicio debido a su estado de
salud, aun así, la fiscalía no se ha detenido y continúa en busca de pruebas que sustenten su teoría
del caso, de esta forma Duterte deberá rendir cuentas por las graves violaciones de derechos
humanos. Como consecuencia de su mandato, de acuerdo con BBC News Mundo (2025) esta
guerra dejó un saldo dramático de 6.200 muertes oficiales, pero estimaciones de organismos
independientes elevan esa cifra hasta 27.000 personas, lo que apunta a una escala masiva de
violencia extrajudicial, revelando un nivel alarmante de impunidad, una grave violación de
derechos humanos con consecuencias letales y poco controladas.
Gobierno de Nayib Bukele
Nayib Bukele Ortez asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, su
gobierno ha sido uno de los más nombrados en temas de política criminal, pues hay dos bandos,
personas que apoyan sus actos y por otro lado quienes piensan que ha sobrepasado los extremos
violentando derechos de las personas salvadoreñas, además, su mandato ha sido cuestionado
internacionalmente por instaurar un régimen de excepción prolongado desde el año 2022 bajo el
cual se han suspendido derechos fundamentales.
En un breve contexto, durante años la “Mara Salvatrucha” o MS13, una pandilla
internacional de criminales, atemorizó con asesinatos y extorsiones a la población de El Salvador,
país que llegó a ser uno de los más violentos del mundo. Según Iporre (2024) el gobierno de
Bukele no solo negoció con la MS13 para obtener una reducción de homicidios, sino que incluso
facilitó la liberación y posterior fuga de uno de sus líderes más peligrosos “El Crook”, este pacto
secreto, reveló un Estado dispuesto a sacrificar la legalidad y la institucionalidad a cambio de
resultados aparentes, a normalizar acuerdos clandestinos con estructuras criminales y abandonar
su función de garante para reproducir un poder punitivo sin límites.
Sin embargo, luego del fracaso de las negociaciones debido a una oleada de asesinatos,
Bukele optó por recurrir al estado de excepción para facilitar las detenciones masivas de
miembros de la MS13. Conforme lo expresan Correal y Volpe (2025) los desaparecidos en las
cárceles de El Salvador, datan desde el 2022 luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el
régimen de excepción mismo que ha sido prorrogado repetidamente convirtiéndose en una
política de Estado, lo que ha derivado en más de 80.000 personas encarceladas, miles que se
consideran inocentes y han sido encerradas sin recursos legales ni comunicación con sus familias.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1407
El caso de “El Crook” refleja con claridad las distorsiones que provoca una política
criminal ejercida sin controles con una seguridad prometida a fuerzas, convirtiéndose en una
forma de represión sistemática de derechos, lo que abre las puertas a los peores crímenes de la
humanidad, porque el Estado empieza a normalizar la violencia contra su propio pueblo dejando
de ser garante de justicia. Conforme lo expresa Ávila (2023) “una política estatal sin límites tiende
al autoritarismo, la represión y la vulneración masiva de derechos”.
La mutación delictiva en el escenario ecuatoriano
La ubicación geográfica de Ecuador lo posiciona como un espacio estratégico en las
dinámicas regionales del narcotráfico, al estar situado entre Colombia y Perú, dos de los
principales productores de cocaína a nivel mundial, y con una extensa red portuaria sobre el
océano Pacífico, el país funciona como un corredor natural para el tránsito y la exportación de
drogas hacia Norteamérica y Europa (Bargent, 2019). Así, su posición geopolítica, junto con
factores estructurales como la dolarización, la infraestructura portuaria y el efecto globo causado
por el endurecimiento de las medidas contra las drogas en Colombia, transformaron al país en una
plataforma logística privilegiada dentro de las cadenas de valor del narcotráfico.
Otro factor fue la aplicación de la denominada Ley 108 promulgada en 1991, normativa
que añadía disposiciones como las penas mínimas obligatorias de diez años por la mera tenencia
de sustancias ilícitas sin diferenciar cantidades, equiparándolo con delitos de mayor gravedad,
como el asesinato, la violación, el secuestro o el robo a mano armada (Bargent, 2024). El resultado
real de esta ley fue la imposición de sentencias desproporcionadas y la aplicación abusiva de la
prisión preventiva, provocando que el hacinamiento carcelario se duplicara en menos de dos
décadas, lo que llevó a que, junto con la incapacidad de las prisiones para cumplir funciones de
rehabilitación, estas se convirtieran más bien en espacios donde la violencia se normalizó y se
reprodujo. Siendo así como las cárceles pasaron a funcionar como universidades del delito, y con
el tiempo se consolidaron en verdaderos centros de reclutamiento para el crimen organizado.
Para el año 1985 ya existía una de las primeras bandas criminales registradas en el país
“Los Queseros” liderada por Carlos Cedeño Vera en la ciudad de Manta, con actividades que
posteriormente se expandieron en la provincia de Manabí, una agrupación dedicada inicialmente
al robo en carreteras y a economías ilícitas de baja escala. Aunque violentas, esta organización
mantenía un radio de acción limitado y no alcanzaba aún un nivel de articulación nacional.
A finales de los años noventa e inicios de los 2000 aparece su principal rival “Los
Choneros” bajo el liderazgo de Jorge Véliz España alias “Teniente España”, con quienes
mantuvieron una disputa territorial que escaló en 2005, cuando el asesinato de la esposa de Véliz
intensificó la violencia y derivó en la eliminación de los Queseros mediante operaciones de
sicariato, y posteriormente, con la muerte de Teniente España en 2007. Así el liderazgo de Los
Choneros pasó a Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, quien llevó a la organización a dominar
la escena delictiva por más de una década, de su evolución nacieron facciones como Los
El caso de “El Crook” refleja con claridad las distorsiones que provoca una política
criminal ejercida sin controles con una seguridad prometida a fuerzas, convirtiéndose en una
forma de represión sistemática de derechos, lo que abre las puertas a los peores crímenes de la
humanidad, porque el Estado empieza a normalizar la violencia contra su propio pueblo dejando
de ser garante de justicia. Conforme lo expresa Ávila (2023) “una política estatal sin límites tiende
al autoritarismo, la represión y la vulneración masiva de derechos”.
La mutación delictiva en el escenario ecuatoriano
La ubicación geográfica de Ecuador lo posiciona como un espacio estratégico en las
dinámicas regionales del narcotráfico, al estar situado entre Colombia y Perú, dos de los
principales productores de cocaína a nivel mundial, y con una extensa red portuaria sobre el
océano Pacífico, el país funciona como un corredor natural para el tránsito y la exportación de
drogas hacia Norteamérica y Europa (Bargent, 2019). Así, su posición geopolítica, junto con
factores estructurales como la dolarización, la infraestructura portuaria y el efecto globo causado
por el endurecimiento de las medidas contra las drogas en Colombia, transformaron al país en una
plataforma logística privilegiada dentro de las cadenas de valor del narcotráfico.
Otro factor fue la aplicación de la denominada Ley 108 promulgada en 1991, normativa
que añadía disposiciones como las penas mínimas obligatorias de diez años por la mera tenencia
de sustancias ilícitas sin diferenciar cantidades, equiparándolo con delitos de mayor gravedad,
como el asesinato, la violación, el secuestro o el robo a mano armada (Bargent, 2024). El resultado
real de esta ley fue la imposición de sentencias desproporcionadas y la aplicación abusiva de la
prisión preventiva, provocando que el hacinamiento carcelario se duplicara en menos de dos
décadas, lo que llevó a que, junto con la incapacidad de las prisiones para cumplir funciones de
rehabilitación, estas se convirtieran más bien en espacios donde la violencia se normalizó y se
reprodujo. Siendo así como las cárceles pasaron a funcionar como universidades del delito, y con
el tiempo se consolidaron en verdaderos centros de reclutamiento para el crimen organizado.
Para el año 1985 ya existía una de las primeras bandas criminales registradas en el país
“Los Queseros” liderada por Carlos Cedeño Vera en la ciudad de Manta, con actividades que
posteriormente se expandieron en la provincia de Manabí, una agrupación dedicada inicialmente
al robo en carreteras y a economías ilícitas de baja escala. Aunque violentas, esta organización
mantenía un radio de acción limitado y no alcanzaba aún un nivel de articulación nacional.
A finales de los años noventa e inicios de los 2000 aparece su principal rival “Los
Choneros” bajo el liderazgo de Jorge Véliz España alias “Teniente España”, con quienes
mantuvieron una disputa territorial que escaló en 2005, cuando el asesinato de la esposa de Véliz
intensificó la violencia y derivó en la eliminación de los Queseros mediante operaciones de
sicariato, y posteriormente, con la muerte de Teniente España en 2007. Así el liderazgo de Los
Choneros pasó a Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, quien llevó a la organización a dominar
la escena delictiva por más de una década, de su evolución nacieron facciones como Los
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1408
Tiguerones y Los Chone Killers, que desde la cárcel y las calles se expandieron en territorios
estratégicos como Esmeraldas y Durán.
De la fusión de pandillas carcelarias guayaquileñas lideradas por William Poveda alias
“El Cubano” y Geovanny Mantilla alias “Gorras” surgieron “Los Lagartos”, teniendo como uno
de sus objetivos frenar la expansión de Los Choneros dentro y fuera de prisión. La muerte de El
Cubano en 2019 y la posterior reorganización de la facción bajo el liderazgo de Gorras
fortalecieron su cohesión, pero el fallecimiento de este último por COVID-19 en 2020 provocó
una crisis interna y un ataque violento de Los Choneros. Aun así, replegados a otros centros
penitenciarios, recuperaron control territorial e incluso extendieron su presencia en zonas
estratégicas de Guayaquil, especialmente en Guasmo Sur, un punto clave para rutas de
narcotráfico (Insight Crime, 2024).
Por otra parte, el asesinato de Rasquiña el 28 de diciembre de 2020, marcó un punto de
quiebre en la dinámica criminal del país pues precipitó la fragmentación de Los Choneros y el
ascenso de subgrupos rivales como Los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers. Esto se tradujo
en una violencia sin precedentes dentro y fuera de las cárceles, así el sistema penitenciario, que
ya se encontraba sobrepoblado y debilitado, se transformó en el epicentro de masacres recurrentes,
en las que cientos de reclusos fueron asesinados como resultado directo de las pugnas por el
control de los corredores del narcotráfico.
A esta crisis se sumó un factor determinante: el incremento sostenido de la cocaína en
tránsito por Ecuador. Como sostiene Dalby (2021) la disponibilidad de mayores volúmenes de
droga supuso más dinero y más armas para las pandillas, lo que intensificó el conflicto y
multiplicó los niveles de violencia en tiempo récord, mientras el gobierno mantenía sus esfuerzos
centrados en la gestión de la pandemia de COVID-19, las economías criminales se expandieron
a un ritmo acelerado, generando un efecto de “espiral violenta” difícil de controlar. Así el 2021
se consolidó como un año crítico, al evidenciarse la fragilidad de las instituciones estatales frente
a redes criminales con alianzas internacionales. En este contexto, la violencia dejó de ser un
fenómeno focalizado para convertirse en una amenaza estructural a la seguridad y gobernabilidad
del país.
El fracaso de los estados de excepción frente al crimen organizado
Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023) posicionó al Ecuador
entre los 10 países con más crimen organizado del mundo, con un incremento de 0,82 puntos en
el índice de criminalidad y la disminución de 0,83 puntos en niveles de resiliencia entre 2021 al
2023. En este entorno muy agravado de crimen organizado, los últimos gobiernos respondieron
con la reiterada declaratoria de estados de excepción, para movilizar a las Fuerzas Armadas en
las operaciones contra el crimen, amparado en los artículos 164 y 165 de la Constitución de la
República del Ecuador (2008).
Tiguerones y Los Chone Killers, que desde la cárcel y las calles se expandieron en territorios
estratégicos como Esmeraldas y Durán.
De la fusión de pandillas carcelarias guayaquileñas lideradas por William Poveda alias
“El Cubano” y Geovanny Mantilla alias “Gorras” surgieron “Los Lagartos”, teniendo como uno
de sus objetivos frenar la expansión de Los Choneros dentro y fuera de prisión. La muerte de El
Cubano en 2019 y la posterior reorganización de la facción bajo el liderazgo de Gorras
fortalecieron su cohesión, pero el fallecimiento de este último por COVID-19 en 2020 provocó
una crisis interna y un ataque violento de Los Choneros. Aun así, replegados a otros centros
penitenciarios, recuperaron control territorial e incluso extendieron su presencia en zonas
estratégicas de Guayaquil, especialmente en Guasmo Sur, un punto clave para rutas de
narcotráfico (Insight Crime, 2024).
Por otra parte, el asesinato de Rasquiña el 28 de diciembre de 2020, marcó un punto de
quiebre en la dinámica criminal del país pues precipitó la fragmentación de Los Choneros y el
ascenso de subgrupos rivales como Los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers. Esto se tradujo
en una violencia sin precedentes dentro y fuera de las cárceles, así el sistema penitenciario, que
ya se encontraba sobrepoblado y debilitado, se transformó en el epicentro de masacres recurrentes,
en las que cientos de reclusos fueron asesinados como resultado directo de las pugnas por el
control de los corredores del narcotráfico.
A esta crisis se sumó un factor determinante: el incremento sostenido de la cocaína en
tránsito por Ecuador. Como sostiene Dalby (2021) la disponibilidad de mayores volúmenes de
droga supuso más dinero y más armas para las pandillas, lo que intensificó el conflicto y
multiplicó los niveles de violencia en tiempo récord, mientras el gobierno mantenía sus esfuerzos
centrados en la gestión de la pandemia de COVID-19, las economías criminales se expandieron
a un ritmo acelerado, generando un efecto de “espiral violenta” difícil de controlar. Así el 2021
se consolidó como un año crítico, al evidenciarse la fragilidad de las instituciones estatales frente
a redes criminales con alianzas internacionales. En este contexto, la violencia dejó de ser un
fenómeno focalizado para convertirse en una amenaza estructural a la seguridad y gobernabilidad
del país.
El fracaso de los estados de excepción frente al crimen organizado
Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023) posicionó al Ecuador
entre los 10 países con más crimen organizado del mundo, con un incremento de 0,82 puntos en
el índice de criminalidad y la disminución de 0,83 puntos en niveles de resiliencia entre 2021 al
2023. En este entorno muy agravado de crimen organizado, los últimos gobiernos respondieron
con la reiterada declaratoria de estados de excepción, para movilizar a las Fuerzas Armadas en
las operaciones contra el crimen, amparado en los artículos 164 y 165 de la Constitución de la
República del Ecuador (2008).
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1409
Resulta esencial abordar la teoría de Mbembe (2006) quien en su ensayo “Necropolítica”,
enlazando la noción foucaultiana de biopoder con las figuras del estado de excepción y del estado
de sitio, definió a la soberanía como el derecho de matar, donde el poder ya no se limita a
administrar la vida, sino que se ejerce mediante la facultad de decidir “quién puede vivir y quién
debe morir”. En esta lógica, la política moderna opera sobre una base en la cual la excepción,
urgencia y la producción de un enemigo, se convierten en los fundamentos normativos del poder,
que invoca y produce estas condiciones para justificar la suspensión del derecho y ejercer su
dominio sobre cuerpos considerados sacrificables.
Partiendo desde el postulado de Mbembe, analicemos cómo esta relación entre soberanía,
excepción y violencia se ha manifestado en los últimos planes llevados a cabo en contra del crimen
organizado en nuestro país:
Gobierno de Guillermo Lasso
Guillermo Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021, de acuerdo con Barrera
(2021) Ecuador enfrentaba una grave crisis en el sistema penitenciario que estalló con crudeza en
el 2021 con más de 250 personas privadas de la libertad asesinadas en amotinamientos violentos.
Frente a esta alarmante situación el gobierno recurrió a la declaratoria de estados de excepción
bajo la causal de grave conmoción interna, herramienta que se convirtió en un mecanismo
frecuente de su política criminal. Veamos los estados de excepción decretados en el marco de esta
estrategia contra el crimen:
Tabla 1
Estados de excepción decretados en el gobierno de Guillermo Lasso y su control de
constitucionalidad
N° FECHA DECRETO EJECUTIVO CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
210 2021/09/29
Estado de excepción por grave
conmoción interna en los centros de
privación de libertad a nivel
nacional.
En Dictamen No. 5-21-EE/21 favorable de
constitucionalidad, en cuanto a la movilización
de las Fuerzas Armadas en el control de las
cárceles.
224 2021/10/18
Estado de excepción por grave
conmoción interna por 60 días, en
nueve provincias.
En Dictamen No. 6-21-EE/21, la Corte
Constitucional condicionó la constitucionalidad:
de 60 a 30 días por falta de justificación.
257 2021/11/18 Estado de excepción por grave
conmoción interna.
En Dictamen No. 7-21-EE /21, la Corte ratificó
renovar el estado xcepción vía Decreto Ejecutivo
Nº 224.
276 2021/11/28 Estado de excepción por grave
conmoción interna a nivel nacional.
En Dictamen No. 8-21-EE/21 la Corte enfatizó al
presidente de la República el extremo cuidado
que debe observar en la movilización de las
Fuerzas Armadas.
411 2022/04/29
Estado de excepción en las
provincias de Guayas, Esmeraldas y
Manabí.
En Dictamen 2‑22‑EE/22, la Corte aprobó el
estado, pues en dos meses hubo 1 276 muertes
violentas.
455 2022/06/17
Estado de excepción en las
provincias de Cotopaxi, Pichincha e
Imbabura, por las paralizaciones.
En Dictamen No. 3-22-EE/22 la Corte dictaminó
la constitucionalidad parcial del estado de
excepción en las provincias por grave conmoción
interna
461 2022/06/25 Terminación del estado de
excepción y, se deroga el Decreto.
En Dictamen No. 4-22-EE/22 la Corte aprobó el
decreto 461 y derogó el Decreto Ejecutivo No.
455.
Resulta esencial abordar la teoría de Mbembe (2006) quien en su ensayo “Necropolítica”,
enlazando la noción foucaultiana de biopoder con las figuras del estado de excepción y del estado
de sitio, definió a la soberanía como el derecho de matar, donde el poder ya no se limita a
administrar la vida, sino que se ejerce mediante la facultad de decidir “quién puede vivir y quién
debe morir”. En esta lógica, la política moderna opera sobre una base en la cual la excepción,
urgencia y la producción de un enemigo, se convierten en los fundamentos normativos del poder,
que invoca y produce estas condiciones para justificar la suspensión del derecho y ejercer su
dominio sobre cuerpos considerados sacrificables.
Partiendo desde el postulado de Mbembe, analicemos cómo esta relación entre soberanía,
excepción y violencia se ha manifestado en los últimos planes llevados a cabo en contra del crimen
organizado en nuestro país:
Gobierno de Guillermo Lasso
Guillermo Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021, de acuerdo con Barrera
(2021) Ecuador enfrentaba una grave crisis en el sistema penitenciario que estalló con crudeza en
el 2021 con más de 250 personas privadas de la libertad asesinadas en amotinamientos violentos.
Frente a esta alarmante situación el gobierno recurrió a la declaratoria de estados de excepción
bajo la causal de grave conmoción interna, herramienta que se convirtió en un mecanismo
frecuente de su política criminal. Veamos los estados de excepción decretados en el marco de esta
estrategia contra el crimen:
Tabla 1
Estados de excepción decretados en el gobierno de Guillermo Lasso y su control de
constitucionalidad
N° FECHA DECRETO EJECUTIVO CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
210 2021/09/29
Estado de excepción por grave
conmoción interna en los centros de
privación de libertad a nivel
nacional.
En Dictamen No. 5-21-EE/21 favorable de
constitucionalidad, en cuanto a la movilización
de las Fuerzas Armadas en el control de las
cárceles.
224 2021/10/18
Estado de excepción por grave
conmoción interna por 60 días, en
nueve provincias.
En Dictamen No. 6-21-EE/21, la Corte
Constitucional condicionó la constitucionalidad:
de 60 a 30 días por falta de justificación.
257 2021/11/18 Estado de excepción por grave
conmoción interna.
En Dictamen No. 7-21-EE /21, la Corte ratificó
renovar el estado xcepción vía Decreto Ejecutivo
Nº 224.
276 2021/11/28 Estado de excepción por grave
conmoción interna a nivel nacional.
En Dictamen No. 8-21-EE/21 la Corte enfatizó al
presidente de la República el extremo cuidado
que debe observar en la movilización de las
Fuerzas Armadas.
411 2022/04/29
Estado de excepción en las
provincias de Guayas, Esmeraldas y
Manabí.
En Dictamen 2‑22‑EE/22, la Corte aprobó el
estado, pues en dos meses hubo 1 276 muertes
violentas.
455 2022/06/17
Estado de excepción en las
provincias de Cotopaxi, Pichincha e
Imbabura, por las paralizaciones.
En Dictamen No. 3-22-EE/22 la Corte dictaminó
la constitucionalidad parcial del estado de
excepción en las provincias por grave conmoción
interna
461 2022/06/25 Terminación del estado de
excepción y, se deroga el Decreto.
En Dictamen No. 4-22-EE/22 la Corte aprobó el
decreto 461 y derogó el Decreto Ejecutivo No.
455.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1410
463 2022/06/29
Estado de excepción en las
provincias de Azuay, Imbabura,
Sucumbíos y Orellana.
En Dictamen No. 5-22-EE/22 declaró la
constitucionalidad, salvo el plazo en el artículo 2,
mismo que permanecerá vigente hasta la
notificación del dictamen.
527 2022/08/14 Estado de excepción en los cantones
Guayaquil, Durán y Samborondón.
La Corte emite Dictamen No. 6-22-EE/22
favorable de constitucionalidad del estado de
excepción en los cantones de Guayaquil, Durán
y Samborondón por grave
conmoción interna.
561 2022/09/12 Estado de excepción en los cantones
Guayaquil, Durán y Samborondón.
En Dictamen No. 7-22-EE/22 la Corte declaró la
constitucionalidad de la renovación del estado de
excepción por grave conmoción interna.
588 2022/11/01 Estado de excepción en las
provincias de Guayas y Esmeraldas
En Dictamen No. 8-22-EE/22 la Corte exhortó
recordar que el objetivo final del estado de
excepción es garantizar el orden público, la paz
social y la convivencia pacífica de los
ciudadanos.
590 2022/11/09
Restricción a la libertad de tránsito
en las provincias de Guayas,
Esmeraldas y Santo Domingo de los
Tsáchilas.
En Dictamen No. 8-22-EE/22 la Corte declara la
constitucionalidad del Decreto que modificó el
horario de restricción a la libertad de tránsito.
601 2022/11/22
Restricción a la libertad de tránsito
en Guayas, Esmeraldas y Santo
Domingo de los Tsáchilas.
En Dictamen No. 8-22-EE/22 la Corte resolvió
declarar constitucional el decreto que modificó el
toque de queda.
681 2023/03/03 Estado de excepción en la provincia
de Esmeraldas.
En Dictamen No. 1-23-EE/23 la Corte dictamina
la constitucionalidad del estado de excepción en
la provincia de Esmeradas por grave conmoción
interna
706 2023/04/01
Estado de excepción en los cantones
de Guayaquil, Durán,
Samborondón, Santa Elena y Los
Ríos.
En Dictamen No. 3-23-EE/23,
la Corte declaró la constitucionalidad del estado
de excepción por grave conmoción interna.
823 2023/07/24
Estado de Excepción en los centros
de privación de libertad a nivel
nacional.
En Dictamen 7-23-EE/23 la Corte declaró
constitucional el estado de excepción por grave
conmoción interna en todos los centros de
privación de libertad.
824 2023/07/24 Estado de Excepción en el cantón
Durán, Manabí y Los Ríos.
En Dictamen 5-23-EE/23, la Corte declaró la
constitucionalidad del estado de excepción por
grave conmoción interna
841 2023/08/10
Estado de excepción en todo el
territorio nacional por la actividad
criminal a nivel nacional.
En Dictamen 6-23-EE/23
la Corte declaró la constitucionalidad del
decreto, además llamó la atención al presidente
debido a la falta de prolijidad en la determinación
de las medidas a ser adoptadas en el estado de
excepción.
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuentes: Plataforma Informática de la Presidencia de la República y
Sistema Automático de la Corte Constitucional.
Tomando la respuesta militar como correcta, las medidas decretadas por Lasso durante
los estados de excepción incluyeron la movilización de las Fuerzas Armadas, restricciones a la
libertad de tránsito y de reunión, controles extraordinarios en centros penitenciarios y zonas
consideradas críticas, en este sentido, podemos observar una práctica similar a la necropolítica
descrita por Mbembe donde el ejercicio del poder soberano se expresa a través de la urgencia
normalizada en nombre de la seguridad nacional.
Gobierno de Daniel Noboa
463 2022/06/29
Estado de excepción en las
provincias de Azuay, Imbabura,
Sucumbíos y Orellana.
En Dictamen No. 5-22-EE/22 declaró la
constitucionalidad, salvo el plazo en el artículo 2,
mismo que permanecerá vigente hasta la
notificación del dictamen.
527 2022/08/14 Estado de excepción en los cantones
Guayaquil, Durán y Samborondón.
La Corte emite Dictamen No. 6-22-EE/22
favorable de constitucionalidad del estado de
excepción en los cantones de Guayaquil, Durán
y Samborondón por grave
conmoción interna.
561 2022/09/12 Estado de excepción en los cantones
Guayaquil, Durán y Samborondón.
En Dictamen No. 7-22-EE/22 la Corte declaró la
constitucionalidad de la renovación del estado de
excepción por grave conmoción interna.
588 2022/11/01 Estado de excepción en las
provincias de Guayas y Esmeraldas
En Dictamen No. 8-22-EE/22 la Corte exhortó
recordar que el objetivo final del estado de
excepción es garantizar el orden público, la paz
social y la convivencia pacífica de los
ciudadanos.
590 2022/11/09
Restricción a la libertad de tránsito
en las provincias de Guayas,
Esmeraldas y Santo Domingo de los
Tsáchilas.
En Dictamen No. 8-22-EE/22 la Corte declara la
constitucionalidad del Decreto que modificó el
horario de restricción a la libertad de tránsito.
601 2022/11/22
Restricción a la libertad de tránsito
en Guayas, Esmeraldas y Santo
Domingo de los Tsáchilas.
En Dictamen No. 8-22-EE/22 la Corte resolvió
declarar constitucional el decreto que modificó el
toque de queda.
681 2023/03/03 Estado de excepción en la provincia
de Esmeraldas.
En Dictamen No. 1-23-EE/23 la Corte dictamina
la constitucionalidad del estado de excepción en
la provincia de Esmeradas por grave conmoción
interna
706 2023/04/01
Estado de excepción en los cantones
de Guayaquil, Durán,
Samborondón, Santa Elena y Los
Ríos.
En Dictamen No. 3-23-EE/23,
la Corte declaró la constitucionalidad del estado
de excepción por grave conmoción interna.
823 2023/07/24
Estado de Excepción en los centros
de privación de libertad a nivel
nacional.
En Dictamen 7-23-EE/23 la Corte declaró
constitucional el estado de excepción por grave
conmoción interna en todos los centros de
privación de libertad.
824 2023/07/24 Estado de Excepción en el cantón
Durán, Manabí y Los Ríos.
En Dictamen 5-23-EE/23, la Corte declaró la
constitucionalidad del estado de excepción por
grave conmoción interna
841 2023/08/10
Estado de excepción en todo el
territorio nacional por la actividad
criminal a nivel nacional.
En Dictamen 6-23-EE/23
la Corte declaró la constitucionalidad del
decreto, además llamó la atención al presidente
debido a la falta de prolijidad en la determinación
de las medidas a ser adoptadas en el estado de
excepción.
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuentes: Plataforma Informática de la Presidencia de la República y
Sistema Automático de la Corte Constitucional.
Tomando la respuesta militar como correcta, las medidas decretadas por Lasso durante
los estados de excepción incluyeron la movilización de las Fuerzas Armadas, restricciones a la
libertad de tránsito y de reunión, controles extraordinarios en centros penitenciarios y zonas
consideradas críticas, en este sentido, podemos observar una práctica similar a la necropolítica
descrita por Mbembe donde el ejercicio del poder soberano se expresa a través de la urgencia
normalizada en nombre de la seguridad nacional.
Gobierno de Daniel Noboa
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1411
Luego de la muerte cruzada, Daniel Noboa fue electo presidente el 23 de noviembre de
2023 en un agravado escenario de violencia y crimen en el Ecuador, frente a ello como parte de
su política en materia de seguridad presentó el Plan Fénix. Uno de los primeros pasos fue el
reconocimiento de una situación de “grave conmoción interna” mediante el Decreto Ejecutivo
No. 110 y a través del Decreto Ejecutivo No. 111 declaró la existencia de un “conflicto armado
interno”, identificando a 22 grupos del crimen organizado como terroristas, además, dispuso la
intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno.
Veamos los decretos ejecutivos que declararon estados de excepción en el marco del Plan
Fénix y el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional:
Tabla 2
Estados de excepción en el gobierno de Daniel Noboa hasta 2025 y su control de
constitucionalidad
No. FECHA DECRETO EJECUTIVO CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
110 2024/01/08 Estado de excepción en todo el territorio
nacional por grave conmoción interna.
Declarado constitucional mediante
Dictamen 1-24-EE/24.
193 2024/03/07 Se renueva por treinta días adicionales, la
declaratoria del estado de excepción.
Fue declarado constitucional mediante
Dictamen 2-24-EE/24.
229 2024/04/19
Estado de excepción por grave
conmoción interna y calamidad pública,
en todo el territorio nacional, por la
emergencia en el sector eléctrico.
En Dictamen 4-24-EE/24 se declaró
constitucional la causal de grave
conmoción interna y la inconstitucionalidad
de la intervención del bloque de seguridad.
250 2024/04/30
Estado de excepción en las provincias de
El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa
Elena.
Declarado inconstitucional en Dictamen 5-
24-EE/24, por no cumplir con los requisitos
materiales del estado de excepción.
275 2024/05/22
Estado de excepción por conflicto armado
interno en Guayas, El Oro, Santa Elena,
Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos;
y en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Declarado inconstitucional en Dictamen 6-
24-EE/24 debido a que los hechos
expuestos no configuraron la causal de
conflicto armado interno.
318 2024/07/02
Estado de excepción Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y
el cantón Camilo Ponce Enríquez de la
provincia de Azuay.
En Dictamen 7-24-EE/24 se determinó la
constitucionalidad de la causal de grave
conmoción interna y la inconstitucionalidad
de conflicto armado interno.
377 2024/08/30 Se renueva por treinta días adicionales, la
declaratoria de estado de excepción.
En Dictamen 9-24-EE/24 se determinó la
constitucionalidad.
410 2024/10/03
Estado de excepción en Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro; el
Distrito Metropolitano de Quito y, el
cantón Camilo Ponce Enríquez.
En Dictamen 11-24-EE se declaró la
constitucionalidad de grave conmoción
interna y la inconstitucionalidad de
conflicto armado interno y otras medidas
como la intervención de las FF.AA.
469 2024/12/02
Se renueva por treinta días la declaratoria
del estado de excepción, por grave
conmoción interna.
En Dictamen 12-24-EE/24 se declaró la
constitucionalidad de la renovación del
estado de excepción, sin aplicarse en el
interior de los CPL.
493 2025/01/02
Estado de excepción en Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro,
Sucumbíos; Quito, La Troncal y el cantón
Camilo Ponce Enríquez, y en CPL a nivel
nacional.
En Dictamen 1-25-EE/25 se declaró
constitucional la grave conmoción interna,
salvo en el cantón La Troncal y en los CPL,
y la inconstitucionalidad de la causal de
conflicto armado interno.
552 2025/03/03 Renovación por 30 días del estado de
excepción del Decreto No. 493.
Se declaró constitucional mediante
Dictamen 2-25-EE/25.
Luego de la muerte cruzada, Daniel Noboa fue electo presidente el 23 de noviembre de
2023 en un agravado escenario de violencia y crimen en el Ecuador, frente a ello como parte de
su política en materia de seguridad presentó el Plan Fénix. Uno de los primeros pasos fue el
reconocimiento de una situación de “grave conmoción interna” mediante el Decreto Ejecutivo
No. 110 y a través del Decreto Ejecutivo No. 111 declaró la existencia de un “conflicto armado
interno”, identificando a 22 grupos del crimen organizado como terroristas, además, dispuso la
intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno.
Veamos los decretos ejecutivos que declararon estados de excepción en el marco del Plan
Fénix y el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional:
Tabla 2
Estados de excepción en el gobierno de Daniel Noboa hasta 2025 y su control de
constitucionalidad
No. FECHA DECRETO EJECUTIVO CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
110 2024/01/08 Estado de excepción en todo el territorio
nacional por grave conmoción interna.
Declarado constitucional mediante
Dictamen 1-24-EE/24.
193 2024/03/07 Se renueva por treinta días adicionales, la
declaratoria del estado de excepción.
Fue declarado constitucional mediante
Dictamen 2-24-EE/24.
229 2024/04/19
Estado de excepción por grave
conmoción interna y calamidad pública,
en todo el territorio nacional, por la
emergencia en el sector eléctrico.
En Dictamen 4-24-EE/24 se declaró
constitucional la causal de grave
conmoción interna y la inconstitucionalidad
de la intervención del bloque de seguridad.
250 2024/04/30
Estado de excepción en las provincias de
El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa
Elena.
Declarado inconstitucional en Dictamen 5-
24-EE/24, por no cumplir con los requisitos
materiales del estado de excepción.
275 2024/05/22
Estado de excepción por conflicto armado
interno en Guayas, El Oro, Santa Elena,
Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos;
y en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
Declarado inconstitucional en Dictamen 6-
24-EE/24 debido a que los hechos
expuestos no configuraron la causal de
conflicto armado interno.
318 2024/07/02
Estado de excepción Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y
el cantón Camilo Ponce Enríquez de la
provincia de Azuay.
En Dictamen 7-24-EE/24 se determinó la
constitucionalidad de la causal de grave
conmoción interna y la inconstitucionalidad
de conflicto armado interno.
377 2024/08/30 Se renueva por treinta días adicionales, la
declaratoria de estado de excepción.
En Dictamen 9-24-EE/24 se determinó la
constitucionalidad.
410 2024/10/03
Estado de excepción en Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro; el
Distrito Metropolitano de Quito y, el
cantón Camilo Ponce Enríquez.
En Dictamen 11-24-EE se declaró la
constitucionalidad de grave conmoción
interna y la inconstitucionalidad de
conflicto armado interno y otras medidas
como la intervención de las FF.AA.
469 2024/12/02
Se renueva por treinta días la declaratoria
del estado de excepción, por grave
conmoción interna.
En Dictamen 12-24-EE/24 se declaró la
constitucionalidad de la renovación del
estado de excepción, sin aplicarse en el
interior de los CPL.
493 2025/01/02
Estado de excepción en Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro,
Sucumbíos; Quito, La Troncal y el cantón
Camilo Ponce Enríquez, y en CPL a nivel
nacional.
En Dictamen 1-25-EE/25 se declaró
constitucional la grave conmoción interna,
salvo en el cantón La Troncal y en los CPL,
y la inconstitucionalidad de la causal de
conflicto armado interno.
552 2025/03/03 Renovación por 30 días del estado de
excepción del Decreto No. 493.
Se declaró constitucional mediante
Dictamen 2-25-EE/25.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1412
599 2025/04/12
Estado de excepción en Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro,
Sucumbíos, Quito, y el cantón Camilo
Ponce Enríquez; así como, en los CPL a
nivel nacional.
En Dictamen 3-25-EE/25 se declaró la
constitucionalidad, salvo en los CPL y el
cantón Camilo Ponce Enríquez, y la
inconstitucionalidad de la suspensión del
derecho a la libertad de reunión.
23 2025/06/10
Renovación 30 días de estado de
excepción establecido Decreto Ejecutivo
No. 599.
Dictamen favorable 4-25-EE/25 sobre la
renovación del estado de excepción.
76 2025/08/06
Estado de excepción en El Oro, Guayas,
Los Ríos y Manabí, por la causal de grave
conmoción interna.
En Dictamen 5-25-EE/25 se declaró la
constitucionalidad de grave conmoción
interna. Y la inconstitucionalidad de
realizar inspecciones y requisas.
109 2025/08/20
Incluir a los cantones de La Maná, Las
Naves y Echeandía, en el estado de
excepción por grave conmoción interna,
declarado en Decreto Ejecutivo No. 76.
En Dictamen 5-25-EE/25 se declaró la
constitucionalidad de la inclusión
focalizada de declaratoria de estado de
excepción, únicamente en el cantón
Echeandía.
134 2025/09/16
Estado de excepción en Carchi, Imbabura,
Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y
Santo Domingo, por grave conmoción
interna.
En Dictamen 6-25-EE/25 se declaró la
inconstitucionalidad en Pichincha,
Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo
de los Tsáchilas.
175 2025/10/05
Renovar por treinta días, la declaratoria
de estado de excepción por grave
conmoción interna establecido en los
Decretos Ejecutivos No. 76 y 109.
En Dictamen 8-25-EE/25 declaró
constitucional la renovación y las medidas
adoptadas en los decretos ejecutivos 76 y
109.
202 2025/11/04
Estado de excepción en Manabí, Guayas,
Santa Elena, Los Ríos, El Oro, La Maná,
Las Naves y Echeandía.
En Dictamen 9-25-EE/25, se declaró
constitucional excluyendo a La Maná, Las
Naves y Echeandía.
277 2025/12/31
Estado de excepción en Guayas, Manabí,
Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha,
Esmeraldas, Santo Domingo y
Sucumbíos, La Maná, Las Naves y
Echeandía.
El Caso Nro.1-26-EE se recibió en la Corte
Constitucional el 31 diciembre de 2025.
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuentes: Plataforma Informática de la Presidencia de la República y
Sistema Automático de la Corte Constitucional.
Es decir, hasta el año 2025 el gobierno de Noboa emitió 19 decretos ejecutivos
enmarcados en la política de “mano dura contra las drogas” para declarar y renovar estados de
excepción, que incluían medidas como restricciones de derechos, la categorización de zonas por
nivel de peligrosidad y el reconocimiento de grupos armados como terroristas. Con ello podemos
establecer una clara analogía de gobierno necropolítico, donde la excepcionalidad se torna
permanente, la urgencia se justifica con la existencia de un “enemigo interno” y aquellos
territorios señalados de alta peligrosidad se transforman en zonas de abandono.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 3
Noticias del delito por año de registro según el tipo penal a escala nacional entre 2021 a 2025
Tipo penal 2021 2022 2023 2024 2025 Total NDDs
Asesinato 3.200 5.293 9.018 8.164 9.464 35.139
Extorsión 2.799 8.398 21.809 23.082 16.129 72.217
Extorsión sexual 9 80 156 164 185 594
Homicidio 1.345 1.303 1.766 1.378 2.311 8.103
599 2025/04/12
Estado de excepción en Guayas, Los Ríos,
Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro,
Sucumbíos, Quito, y el cantón Camilo
Ponce Enríquez; así como, en los CPL a
nivel nacional.
En Dictamen 3-25-EE/25 se declaró la
constitucionalidad, salvo en los CPL y el
cantón Camilo Ponce Enríquez, y la
inconstitucionalidad de la suspensión del
derecho a la libertad de reunión.
23 2025/06/10
Renovación 30 días de estado de
excepción establecido Decreto Ejecutivo
No. 599.
Dictamen favorable 4-25-EE/25 sobre la
renovación del estado de excepción.
76 2025/08/06
Estado de excepción en El Oro, Guayas,
Los Ríos y Manabí, por la causal de grave
conmoción interna.
En Dictamen 5-25-EE/25 se declaró la
constitucionalidad de grave conmoción
interna. Y la inconstitucionalidad de
realizar inspecciones y requisas.
109 2025/08/20
Incluir a los cantones de La Maná, Las
Naves y Echeandía, en el estado de
excepción por grave conmoción interna,
declarado en Decreto Ejecutivo No. 76.
En Dictamen 5-25-EE/25 se declaró la
constitucionalidad de la inclusión
focalizada de declaratoria de estado de
excepción, únicamente en el cantón
Echeandía.
134 2025/09/16
Estado de excepción en Carchi, Imbabura,
Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y
Santo Domingo, por grave conmoción
interna.
En Dictamen 6-25-EE/25 se declaró la
inconstitucionalidad en Pichincha,
Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo
de los Tsáchilas.
175 2025/10/05
Renovar por treinta días, la declaratoria
de estado de excepción por grave
conmoción interna establecido en los
Decretos Ejecutivos No. 76 y 109.
En Dictamen 8-25-EE/25 declaró
constitucional la renovación y las medidas
adoptadas en los decretos ejecutivos 76 y
109.
202 2025/11/04
Estado de excepción en Manabí, Guayas,
Santa Elena, Los Ríos, El Oro, La Maná,
Las Naves y Echeandía.
En Dictamen 9-25-EE/25, se declaró
constitucional excluyendo a La Maná, Las
Naves y Echeandía.
277 2025/12/31
Estado de excepción en Guayas, Manabí,
Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha,
Esmeraldas, Santo Domingo y
Sucumbíos, La Maná, Las Naves y
Echeandía.
El Caso Nro.1-26-EE se recibió en la Corte
Constitucional el 31 diciembre de 2025.
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuentes: Plataforma Informática de la Presidencia de la República y
Sistema Automático de la Corte Constitucional.
Es decir, hasta el año 2025 el gobierno de Noboa emitió 19 decretos ejecutivos
enmarcados en la política de “mano dura contra las drogas” para declarar y renovar estados de
excepción, que incluían medidas como restricciones de derechos, la categorización de zonas por
nivel de peligrosidad y el reconocimiento de grupos armados como terroristas. Con ello podemos
establecer una clara analogía de gobierno necropolítico, donde la excepcionalidad se torna
permanente, la urgencia se justifica con la existencia de un “enemigo interno” y aquellos
territorios señalados de alta peligrosidad se transforman en zonas de abandono.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 3
Noticias del delito por año de registro según el tipo penal a escala nacional entre 2021 a 2025
Tipo penal 2021 2022 2023 2024 2025 Total NDDs
Asesinato 3.200 5.293 9.018 8.164 9.464 35.139
Extorsión 2.799 8.398 21.809 23.082 16.129 72.217
Extorsión sexual 9 80 156 164 185 594
Homicidio 1.345 1.303 1.766 1.378 2.311 8.103
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1413
Robo 75.334 93.684 104.505 87.465 85.619 446.607
Secuestro 688 883 1.641 1.938 1.808 6.958
Secuestro extorsivo 230 571 1.449 1.898 1.632 5.780
Sicariato 32 55 81 53 43 264
Tráfico ilícito de
sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización
11.310 10.894 8.936 9.452 9.301 49.893
Total NDDs 94.947 121.161 149.361 133.594 126.492 625.555
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
De los datos proporcionados por Fiscalía General del Estado llaman especialmente la
atención las alarmantes cifras de muertes violentas, que incluyen asesinatos, homicidios y
sicariatos, con un total acumulado de 43.506 noticias del delito (NDDs), gran parte de estas
vinculadas a disputas por el control territorial, ajustes de cuentas y conflictos entre organizaciones
criminales. En relación con las economías del crimen, el delito de tráfico de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización registra un total de 49.893 NDDs en el período analizado, pese
al control militar ejecutado en puertos y zonas fronterizas, además de la extradición de figuras
relevantes del narcotráfico. Otras economías criminales como extorsión, extorsión sexual,
secuestro y secuestro extorsivo, reflejan niveles elevados y tendencias preocupantes, esto junto
con las causas por robo que ascienden a 446.607, confirman un grave escenario de violencia en
el país.
Figura 1
Muertes violentas entre los años 2021 a 2025 en las seis provincias con mayor incidencia a nivel
nacional
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Con el análisis de las cifras de muertes violentas a nivel nacional durante el periodo 2021
a 2025 proporcionadas por Fiscalía General del Estado, se seleccionaron las seis provincias con
mayor incidencia de asesinatos, homicidios y sicariatos; siendo la más violenta Guayas con un
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Guayas Manabí Los Rios Pichincha El Oro Esmeraldas
Asesinato Homicidio Sicariato
Robo 75.334 93.684 104.505 87.465 85.619 446.607
Secuestro 688 883 1.641 1.938 1.808 6.958
Secuestro extorsivo 230 571 1.449 1.898 1.632 5.780
Sicariato 32 55 81 53 43 264
Tráfico ilícito de
sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización
11.310 10.894 8.936 9.452 9.301 49.893
Total NDDs 94.947 121.161 149.361 133.594 126.492 625.555
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
De los datos proporcionados por Fiscalía General del Estado llaman especialmente la
atención las alarmantes cifras de muertes violentas, que incluyen asesinatos, homicidios y
sicariatos, con un total acumulado de 43.506 noticias del delito (NDDs), gran parte de estas
vinculadas a disputas por el control territorial, ajustes de cuentas y conflictos entre organizaciones
criminales. En relación con las economías del crimen, el delito de tráfico de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización registra un total de 49.893 NDDs en el período analizado, pese
al control militar ejecutado en puertos y zonas fronterizas, además de la extradición de figuras
relevantes del narcotráfico. Otras economías criminales como extorsión, extorsión sexual,
secuestro y secuestro extorsivo, reflejan niveles elevados y tendencias preocupantes, esto junto
con las causas por robo que ascienden a 446.607, confirman un grave escenario de violencia en
el país.
Figura 1
Muertes violentas entre los años 2021 a 2025 en las seis provincias con mayor incidencia a nivel
nacional
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Con el análisis de las cifras de muertes violentas a nivel nacional durante el periodo 2021
a 2025 proporcionadas por Fiscalía General del Estado, se seleccionaron las seis provincias con
mayor incidencia de asesinatos, homicidios y sicariatos; siendo la más violenta Guayas con un
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Guayas Manabí Los Rios Pichincha El Oro Esmeraldas
Asesinato Homicidio Sicariato
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1414
total acumulado de 22.371 NDDs, seguida por Manabí con 4.495 NDDs, Los Ríos con 3.850
NDDs, Pichincha con 2.261 NDDs, El Oro con 2.794 NDDs y Esmeraldas con 2.426 NDDs.
El mayor número de causas corresponden al delito de asesinato, mientras que el sicariato
presenta las cifras más bajas en comparación, lo cual se atribuye a la dificultad de determinar en
la etapa de noticia del delito los elementos que configuran este tipo penal, lo que lleva a que
muchos casos sean inicialmente calificados como asesinato u homicidio. A ello se suma que las
cifras analizadas se limitan a los casos ingresados como noticias del delito, por lo que es posible
que existan más muertes violentas en la realidad, pero quedando únicamente registradas en el acto
administrativo de levantamiento de cadáver sin que se inicie de forma inmediata una investigación
penal.
Figura 2
Tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre los años 2021 a 2025 en las seis
provincias con mayor incidencia a nivel nacional
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Del análisis de las cifras proporcionadas por Fiscalía General del Estado, se seleccionaron
las seis provincias con mayores índices de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
a nivel nacional entre los años 2021 a 2025, correspondientes a: Guayas, Pichincha, Manabí, El
Oro, Los Ríos y Esmeraldas, que superan ampliamente al resto de provincias del Ecuador. Estos
resultados responden a factores como la ubicación estratégica de puertos, rutas logísticas y
corredores de droga, aun cuando sea han implementado estrategias como la extradición de lideres
del narcotráfico como Auseno B. alias “Llanero”., Nirama Ch.G. alias “Nirama” y Adolfo M.
alias“Fito” líder de la banda de Los Choneros. Para el 2025 se observa una disminución de noticias
de delito, sin embargo, esto no indica una disminución del crimen, sino que se puede atribuir a
una menor capacidad operativa del Estado pues esta reducción resulta mínima y no implica una
desarticulación real de las bandas criminales.
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5.000
Guayas Pichincha Manabí El Oro Los Rios Esmeraldas
2021 2022 2023 2024 2025
total acumulado de 22.371 NDDs, seguida por Manabí con 4.495 NDDs, Los Ríos con 3.850
NDDs, Pichincha con 2.261 NDDs, El Oro con 2.794 NDDs y Esmeraldas con 2.426 NDDs.
El mayor número de causas corresponden al delito de asesinato, mientras que el sicariato
presenta las cifras más bajas en comparación, lo cual se atribuye a la dificultad de determinar en
la etapa de noticia del delito los elementos que configuran este tipo penal, lo que lleva a que
muchos casos sean inicialmente calificados como asesinato u homicidio. A ello se suma que las
cifras analizadas se limitan a los casos ingresados como noticias del delito, por lo que es posible
que existan más muertes violentas en la realidad, pero quedando únicamente registradas en el acto
administrativo de levantamiento de cadáver sin que se inicie de forma inmediata una investigación
penal.
Figura 2
Tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre los años 2021 a 2025 en las seis
provincias con mayor incidencia a nivel nacional
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Del análisis de las cifras proporcionadas por Fiscalía General del Estado, se seleccionaron
las seis provincias con mayores índices de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
a nivel nacional entre los años 2021 a 2025, correspondientes a: Guayas, Pichincha, Manabí, El
Oro, Los Ríos y Esmeraldas, que superan ampliamente al resto de provincias del Ecuador. Estos
resultados responden a factores como la ubicación estratégica de puertos, rutas logísticas y
corredores de droga, aun cuando sea han implementado estrategias como la extradición de lideres
del narcotráfico como Auseno B. alias “Llanero”., Nirama Ch.G. alias “Nirama” y Adolfo M.
alias“Fito” líder de la banda de Los Choneros. Para el 2025 se observa una disminución de noticias
de delito, sin embargo, esto no indica una disminución del crimen, sino que se puede atribuir a
una menor capacidad operativa del Estado pues esta reducción resulta mínima y no implica una
desarticulación real de las bandas criminales.
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Guayas Pichincha Manabí El Oro Los Rios Esmeraldas
2021 2022 2023 2024 2025
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1415
Figura 3
Noticias del delito por año de registro según el tipo penal en la provincia de Manabí
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Conforme a las cifras proporcionadas por Fiscalía General del Estado entre los años 2021
y 2025 en la provincia de Manabí se evidencia que los delitos de robo, extorsión y asesinato
presentan aumentos significativos a lo largo del período, destacándose el robo como el tipo penal
con mayor número de registros acumulando un total de 27.368 causas. Por otro lado, el tráfico
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización mantiene cifras constantes y elevadas, en
conjunto estos datos reflejan que lejos de una contención efectiva, la criminalidad en la provincia
ha ido intensificándose año a año, consolidando a Manabí como una de las provincias con mayor
persistencia y expansión de la actividad delictiva a lo largo de los últimos cinco años.
Figura 4
Noticias del delito por tipo penal entre los años 2021 a 2025 en el cantón Manta
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Los datos plasmados en la figura 4 corresponden a las noticias del delito ingresadas entre
los años 2021 y 2025 en el cantón Manta, acumulando un total de 10.245 causas entre muertes
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Asesinato
Extorsión
Extorsión sexual
Homicidio
Robo
Secuestro
Secuestro extorsivo
Sicariato
Tráfico ilícito de sustancias
2025 2024 2023 2022 2021
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Asesinato
Extorsión
Extorsión sexual
Homicidio
Robo
Secuestro
Secuestro extorsivo
Sicariato
Tráfico ilícito de sustancias
Figura 3
Noticias del delito por año de registro según el tipo penal en la provincia de Manabí
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Conforme a las cifras proporcionadas por Fiscalía General del Estado entre los años 2021
y 2025 en la provincia de Manabí se evidencia que los delitos de robo, extorsión y asesinato
presentan aumentos significativos a lo largo del período, destacándose el robo como el tipo penal
con mayor número de registros acumulando un total de 27.368 causas. Por otro lado, el tráfico
ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización mantiene cifras constantes y elevadas, en
conjunto estos datos reflejan que lejos de una contención efectiva, la criminalidad en la provincia
ha ido intensificándose año a año, consolidando a Manabí como una de las provincias con mayor
persistencia y expansión de la actividad delictiva a lo largo de los últimos cinco años.
Figura 4
Noticias del delito por tipo penal entre los años 2021 a 2025 en el cantón Manta
Autores: Rivera, Pazmiño y Cedeño (2026) Fuente: Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales SIAF.
Los datos plasmados en la figura 4 corresponden a las noticias del delito ingresadas entre
los años 2021 y 2025 en el cantón Manta, acumulando un total de 10.245 causas entre muertes
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Asesinato
Extorsión
Extorsión sexual
Homicidio
Robo
Secuestro
Secuestro extorsivo
Sicariato
Tráfico ilícito de sustancias
2025 2024 2023 2022 2021
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Asesinato
Extorsión
Extorsión sexual
Homicidio
Robo
Secuestro
Secuestro extorsivo
Sicariato
Tráfico ilícito de sustancias
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violentas, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, secuestro, secuestro extorsivo,
robo, extorsión y extorsión sexual. El delito de robo se consolida como el tipo penal de mayor
incidencia, seguido por el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, asesinato
y extorsión, delitos que reflejan una persistente dinámica de criminalidad organizada y violencia.
De esta manera se evidencia el incremento año tras año de la criminalidad a nivel nacional
y la limitada eficacia de las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo. Con el análisis de
los estados de excepción durante los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa que se
recopilan en las tablas 1 y 2, se demuestra el desgaste de este instrumento constitucional, puesto
que en múltiples ocasiones fueron decretados y renovados sin una evaluación técnica de sus
resultados ni una clara estrategia de seguridad con visión a largo plazo. Al respecto, la Corte
Constitucional en sus dictámenes ha sido enfática exhortando al ejecutivo para que haga un
correcto uso de la declaratoria de estado de excepción y medidas decretadas, que cumplan con los
elementos formales y materiales, entre estos la acreditación de que se configuraban las causales
invocadas, recomendaciones que no fueron adoptadas sino más bien ignoradas por el gobierno de
turno.
Para contrastar el modelo ecuatoriano con el internacional, hemos analizado distintos
casos paradigmáticos de guerras contra las drogas: La Operación Cóndor, Plan Colombia,
Iniciativa Mérida, Plan Mano Dura en Filipinas y la política criminal del gobierno de Nayib
Bukele, en los cuales se observa como un patrón común, la priorización del uso de la fuerza militar
como eje central. Si bien estos modelos en algunos casos han logrado grandes incautaciones y
detenciones, se los ha considerado como planes fallidos por sus efectos colaterales graves, tales
como el desplazamiento, fragmentación y expansión de los grupos delictivos, las violaciones de
derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho.
CONCLUSIONES
La importancia del análisis de la viabilidad de la militarización como estrategia frente al
crimen organizado radica en la escalada de violencia que ha afectado directamente a la población
ecuatoriana en los últimos años, por lo que en esta línea cabe cuestionar las acciones adoptadas
por los últimos gobiernos de turno. La existencia de organizaciones criminales en el Ecuador no
es un fenómeno reciente, sin embargo, para el año 2021 se desataron factores como el
hacinamiento carcelario, la muerte de líderes del narcotráfico, el aumento del volumen de cocaína
en tránsito y la limitada reacción estatal para desarticular dichas estructuras, lo que desencadenó
en una lucha por el control de rutas y territorios, incidiendo de manera directa en el aumento
delictivo a nivel nacional.
Frente a esta crisis, tanto la administración de Guillermo Lasso como la de Daniel Noboa
inspirados en modelos como “la mano dura” y “lucha contra las drogas” respondieron con la
reiterada declaratoria de estados de excepción mediante la expedición de 37 decretos ejecutivos
violentas, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, secuestro, secuestro extorsivo,
robo, extorsión y extorsión sexual. El delito de robo se consolida como el tipo penal de mayor
incidencia, seguido por el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, asesinato
y extorsión, delitos que reflejan una persistente dinámica de criminalidad organizada y violencia.
De esta manera se evidencia el incremento año tras año de la criminalidad a nivel nacional
y la limitada eficacia de las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo. Con el análisis de
los estados de excepción durante los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa que se
recopilan en las tablas 1 y 2, se demuestra el desgaste de este instrumento constitucional, puesto
que en múltiples ocasiones fueron decretados y renovados sin una evaluación técnica de sus
resultados ni una clara estrategia de seguridad con visión a largo plazo. Al respecto, la Corte
Constitucional en sus dictámenes ha sido enfática exhortando al ejecutivo para que haga un
correcto uso de la declaratoria de estado de excepción y medidas decretadas, que cumplan con los
elementos formales y materiales, entre estos la acreditación de que se configuraban las causales
invocadas, recomendaciones que no fueron adoptadas sino más bien ignoradas por el gobierno de
turno.
Para contrastar el modelo ecuatoriano con el internacional, hemos analizado distintos
casos paradigmáticos de guerras contra las drogas: La Operación Cóndor, Plan Colombia,
Iniciativa Mérida, Plan Mano Dura en Filipinas y la política criminal del gobierno de Nayib
Bukele, en los cuales se observa como un patrón común, la priorización del uso de la fuerza militar
como eje central. Si bien estos modelos en algunos casos han logrado grandes incautaciones y
detenciones, se los ha considerado como planes fallidos por sus efectos colaterales graves, tales
como el desplazamiento, fragmentación y expansión de los grupos delictivos, las violaciones de
derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho.
CONCLUSIONES
La importancia del análisis de la viabilidad de la militarización como estrategia frente al
crimen organizado radica en la escalada de violencia que ha afectado directamente a la población
ecuatoriana en los últimos años, por lo que en esta línea cabe cuestionar las acciones adoptadas
por los últimos gobiernos de turno. La existencia de organizaciones criminales en el Ecuador no
es un fenómeno reciente, sin embargo, para el año 2021 se desataron factores como el
hacinamiento carcelario, la muerte de líderes del narcotráfico, el aumento del volumen de cocaína
en tránsito y la limitada reacción estatal para desarticular dichas estructuras, lo que desencadenó
en una lucha por el control de rutas y territorios, incidiendo de manera directa en el aumento
delictivo a nivel nacional.
Frente a esta crisis, tanto la administración de Guillermo Lasso como la de Daniel Noboa
inspirados en modelos como “la mano dura” y “lucha contra las drogas” respondieron con la
reiterada declaratoria de estados de excepción mediante la expedición de 37 decretos ejecutivos
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1417
entre 2021 a 2025, justificando la intervención de las fuerzas armadas en tareas de orden interno
y la suspensión de determinados derechos, con las causales de grave conmoción interna y
conflicto armado interno. Aun cuando la Corte Constitucional a través de sus dictámenes de
constitucionalidad, señaló en repetidas ocasiones la inconstitucionalidad de medidas adoptadas y
de ciertas declaratorias por no cumplir con el control formal y material, además de exhortar al
ejecutivo sobre no hacer un uso excesivo y repetitivo de los decretos de excepción, advirtiendo
sobre el peligro de convertir lo excepcional en regla.
Esto junto con los datos recopilados de noticias de delito entre los años 2021 a 2025 de
muertes violentas y de economías criminales como el tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, extorsión, extorsión sexual, secuestro y secuestro, además del delito de
robo como un síntoma permanente de violencia; evidencia que a la par que se decretaban estados
de excepción movilizando a las Fuerzas Armadas, las cifras de crímenes en Ecuador se mantenían
en una tendencia constante, consolidando a provincias como Guayas y Manabí como epicentros
de violencia y de operación de redes criminales complejas.
La teoría necropolítica de Achille Mbembe se vio reflejada con el análisis de la relación
entre soberanía, excepción y violencia en el Ecuador, donde el Estado para enfrentar el crimen
organizado, ha optado por la producción constante de una situación de urgencia y por la aplicación
de un poder punitivo que decide de manera selectiva, quiénes quedan expuestos a la violencia y
la vulneración de derechos. Además, desde la experiencia internacional con casos como la
Operación Cóndor, la Operación Leyenda, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, la mano dura
en Filipinas, se demostró que la militarización y el enfoque reactivo no solo ha sido ineficaz, sino
que ha reforzado la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales que terminan por
desplazarse, fraccionarse y por tanto expandirse, sin ser realmente desarticuladas.
En síntesis, los resultados de esta investigación dejan a la luz el fracaso de la política
criminal reactiva y punitiva en Ecuador, por tanto, se invita a abandonar la lógica de los estados
de excepción y la militarización como únicas respuestas frente al crimen organizado. Pues solo
mediante la transformación de las condiciones estructurales que propician la violencia, el
fortalecimiento institucional y la articulación de estrategias de prevención, reinserción y control
social, será posible aspirar a una reducción sostenible de la criminalidad.
entre 2021 a 2025, justificando la intervención de las fuerzas armadas en tareas de orden interno
y la suspensión de determinados derechos, con las causales de grave conmoción interna y
conflicto armado interno. Aun cuando la Corte Constitucional a través de sus dictámenes de
constitucionalidad, señaló en repetidas ocasiones la inconstitucionalidad de medidas adoptadas y
de ciertas declaratorias por no cumplir con el control formal y material, además de exhortar al
ejecutivo sobre no hacer un uso excesivo y repetitivo de los decretos de excepción, advirtiendo
sobre el peligro de convertir lo excepcional en regla.
Esto junto con los datos recopilados de noticias de delito entre los años 2021 a 2025 de
muertes violentas y de economías criminales como el tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, extorsión, extorsión sexual, secuestro y secuestro, además del delito de
robo como un síntoma permanente de violencia; evidencia que a la par que se decretaban estados
de excepción movilizando a las Fuerzas Armadas, las cifras de crímenes en Ecuador se mantenían
en una tendencia constante, consolidando a provincias como Guayas y Manabí como epicentros
de violencia y de operación de redes criminales complejas.
La teoría necropolítica de Achille Mbembe se vio reflejada con el análisis de la relación
entre soberanía, excepción y violencia en el Ecuador, donde el Estado para enfrentar el crimen
organizado, ha optado por la producción constante de una situación de urgencia y por la aplicación
de un poder punitivo que decide de manera selectiva, quiénes quedan expuestos a la violencia y
la vulneración de derechos. Además, desde la experiencia internacional con casos como la
Operación Cóndor, la Operación Leyenda, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, la mano dura
en Filipinas, se demostró que la militarización y el enfoque reactivo no solo ha sido ineficaz, sino
que ha reforzado la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales que terminan por
desplazarse, fraccionarse y por tanto expandirse, sin ser realmente desarticuladas.
En síntesis, los resultados de esta investigación dejan a la luz el fracaso de la política
criminal reactiva y punitiva en Ecuador, por tanto, se invita a abandonar la lógica de los estados
de excepción y la militarización como únicas respuestas frente al crimen organizado. Pues solo
mediante la transformación de las condiciones estructurales que propician la violencia, el
fortalecimiento institucional y la articulación de estrategias de prevención, reinserción y control
social, será posible aspirar a una reducción sostenible de la criminalidad.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1418
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hacia-estados-unidos-y-europa/
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cambiara la lucha contra las drogas de EE.UU. BBC News Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62187294
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expresidente filipino que organizó matanzas para combatir la delincuencia. BBC News
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arresto de Rodrigo Duterte por la CPI (y qué tan efectiva fue). BBC News Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/articles/c743x1ygv2go
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Nacional y lucha contra el narcotráfico para generar recomendaciones al Plan Nacional
de Seguridad Integral de Ecuador [bachelorThesis, Universidad del Azuay].
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conexiones-narcos-cia-gobierno-mexicano.html
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paso-muerte-caso-orix
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