Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1399
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.1984
Intervención del Trabajador Social en situaciones de violencia
de género. Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la
fiscalía general del Estado Ecuador
Social Worker Intervention in Situations of Gender Violence. Victim and Witness
Protection System of the Attorney General's Office of Ecuador
Angela Abigail Correa Fernández
abigailcorreafernandez@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8915-3377
Instituto de Posgrado - Universidad Técnica de Manabí
Portoviejo – Ecuador
Félix Toala Barahona
felix.toala@utm.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9379-9787
Instituto de Posgrado - Universidad Técnica de Manabí
Portoviejo - Ecuador
Artículo recibido: 10 enero 2026 -Aceptado para publicación: 20 febrero 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
Este estudio analiza la intervención de los trabajadores sociales en el Sistema de Protección a
Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado de Ecuador frente a la violencia de género.
El objetivo central consiste en determinar de qué modo las estrategias de empoderamiento y la
coordinación interinstitucional inciden en la percepción de la seguridad física y la autonomía
decisional de las víctimas. Mediante un diseño mixto secuencial explicativo, se integran encuestas
a 26 profesionales y entrevistas fenomenológicas a 5 víctimas. Los resultados identifican una
paradoja central: aunque los trabajadores sociales aplican estrategias de empoderamiento —como
el respeto a la autonomía decisional (media=4.5/5) y la implementación de planes de seguridad
(media=4.2)—, su efectividad se ve limitada por deficiencias estructurales. Se evidencia una
brecha crítica entre el reconocimiento de la importancia de la coordinación interinstitucional (80%
la considera prioritaria) y su baja implementación práctica (solo 30% utiliza sistemas de
información compartida), agravada por la saturación de casos y el insuficiente acceso a refugios
(media=2.8). Se concluye que, pese a las competencias profesionales y el impacto positivo en la
recuperación de la agencia, la eficacia de la intervención se ve condicionada por la falta de
recursos y una articulación institucional insuficiente. Los hallazgos demandan políticas públicas
que fortalezcan la infraestructura de protección y garanticen la efectiva materialización del marco
legal vigente en Ecuador.
Palabras clave: violencia de género, trabajo social, sistema de protección,
empoderamiento, coordinación interinstitucional
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1400
ABSTRACT
This study analyzes the intervention of social workers within the Victim and Witness Protection
System of the Fiscalía General del Estado (Ecuadorian Attorney General's Office) in cases of
gender-based violence. The main objective is to determine how empowerment strategies and
inter-institutional coordination influence victims’ physical safety and decisional autonomy. Using
a sequential explanatory mixed-methods design, the study integrates surveys conducted with 26
social workers and phenomenological interviews with 5 victims. The results identify a central
paradox: although social workers apply empowerment strategies—such as respect for decisional
autonomy (mean = 4.5/5) and safety planning (mean = 4.2)—their effectiveness is limited by
structural deficiencies. A critical gap is evident between the high prioritization of inter-
institutional coordination (80%) and its low practical implementation (only 30% report using
shared information systems), intensified by case overload and insufficient access to shelters (mean
= 2.8). It is concluded that, despite strong professional competencies and a positive impact on
agency restoration, the effectiveness of interventions depends on the availability of resources and
cohesive institutional articulation. The findings call for public policies that strengthen protection
infrastructure and ensure the effective implementation of Ecuador’s advanced legal framework.
Keywords: gender violence, social work, protection system, empowerment, inter-
institutional coordination
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
ABSTRACT
This study analyzes the intervention of social workers within the Victim and Witness Protection
System of the Fiscalía General del Estado (Ecuadorian Attorney General's Office) in cases of
gender-based violence. The main objective is to determine how empowerment strategies and
inter-institutional coordination influence victims’ physical safety and decisional autonomy. Using
a sequential explanatory mixed-methods design, the study integrates surveys conducted with 26
social workers and phenomenological interviews with 5 victims. The results identify a central
paradox: although social workers apply empowerment strategies—such as respect for decisional
autonomy (mean = 4.5/5) and safety planning (mean = 4.2)—their effectiveness is limited by
structural deficiencies. A critical gap is evident between the high prioritization of inter-
institutional coordination (80%) and its low practical implementation (only 30% report using
shared information systems), intensified by case overload and insufficient access to shelters (mean
= 2.8). It is concluded that, despite strong professional competencies and a positive impact on
agency restoration, the effectiveness of interventions depends on the availability of resources and
cohesive institutional articulation. The findings call for public policies that strengthen protection
infrastructure and ensure the effective implementation of Ecuador’s advanced legal framework.
Keywords: gender violence, social work, protection system, empowerment, inter-
institutional coordination
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1401
INTRODUCCIÓN
La violencia de género constituye una pandemia silenciosa que traspasa fronteras,
culturas y estratos sociales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2021), el 35%
de las mujeres a nivel global ha sufrido violencia física o sexual, cifra que en Latinoamérica
alcanza el 40% (CEPAL, 2023). En Ecuador, este flagelo exhibe rasgos particulares: pese a contar
con uno de los marcos legales más avanzados de la región —la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018)—, el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC, 2024) revela que el 65% de víctimas no denuncia por desconfianza en el sistema.
Aquí emerge la paradoja central: un andamiaje jurídico robusto coexiste con fallas críticas en su
implementación práctica, especialmente en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la
Fiscalía General del Estado (FGE).
Los trabajadores sociales, actores clave en este sistema, enfrentan desafíos estructurales
como la saturación de casos (ratio de 1 profesional por cada 150 víctimas), la precariedad de
recursos para albergues de emergencia, y la persistencia de estereotipos de género en el propio
entramado institucional. Esta brecha entre teoría y praxis no solo perpetúa la revictimización, sino
que socava la credibilidad del Estado de derecho, convirtiendo la investigación en intervenciones
efectivas en una urgencia ética y política.
Estudios recientes iluminan caminos promisorios para abordar esta crisis. La
investigación de ONU Mujeres (2021) en México demostró que programas basados en
empoderamiento económico fortalecen la autonomía de las mujeres y reducen su exposición a la
violencia. Paralelamente, la experiencia colombiana documentada por la Unidad para las
Víctimas (2022) evidenció que la coordinación interinstitucional —entre fiscalía, salud y
servicios sociales— mejora significativamente los tiempos de respuesta y la eficacia en la
atención a emergencias. A nivel teórico, el giro epistemológico feminista (Castañeda, 2021) ha
redefinido los protocolos de atención al priorizar la agencia de las víctimas sobre enfoques
paternalistas. Estos avances, sin embargo, chocan con tres vacíos críticos en el contexto
ecuatoriano:
1. La ausencia de métricas sobre eficacia real de estrategias aplicadas por trabajadores
sociales de la FGE;
2. La escasa documentación de cómo las víctimas experimentan subjetivamente estas
intervenciones;
3. La desconexión entre modelos teóricos universales y las realidades locales se evidencia en
la investigación cualitativa, donde alcanzar la saturación de códigos no siempre garantiza
una comprensión profunda de los fenómenos sociales, especialmente en contextos
marcados por diversidad cultural y territorial (Hennink, Kaiser & Marconi, 2017).
INTRODUCCIÓN
La violencia de género constituye una pandemia silenciosa que traspasa fronteras,
culturas y estratos sociales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2021), el 35%
de las mujeres a nivel global ha sufrido violencia física o sexual, cifra que en Latinoamérica
alcanza el 40% (CEPAL, 2023). En Ecuador, este flagelo exhibe rasgos particulares: pese a contar
con uno de los marcos legales más avanzados de la región —la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018)—, el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC, 2024) revela que el 65% de víctimas no denuncia por desconfianza en el sistema.
Aquí emerge la paradoja central: un andamiaje jurídico robusto coexiste con fallas críticas en su
implementación práctica, especialmente en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la
Fiscalía General del Estado (FGE).
Los trabajadores sociales, actores clave en este sistema, enfrentan desafíos estructurales
como la saturación de casos (ratio de 1 profesional por cada 150 víctimas), la precariedad de
recursos para albergues de emergencia, y la persistencia de estereotipos de género en el propio
entramado institucional. Esta brecha entre teoría y praxis no solo perpetúa la revictimización, sino
que socava la credibilidad del Estado de derecho, convirtiendo la investigación en intervenciones
efectivas en una urgencia ética y política.
Estudios recientes iluminan caminos promisorios para abordar esta crisis. La
investigación de ONU Mujeres (2021) en México demostró que programas basados en
empoderamiento económico fortalecen la autonomía de las mujeres y reducen su exposición a la
violencia. Paralelamente, la experiencia colombiana documentada por la Unidad para las
Víctimas (2022) evidenció que la coordinación interinstitucional —entre fiscalía, salud y
servicios sociales— mejora significativamente los tiempos de respuesta y la eficacia en la
atención a emergencias. A nivel teórico, el giro epistemológico feminista (Castañeda, 2021) ha
redefinido los protocolos de atención al priorizar la agencia de las víctimas sobre enfoques
paternalistas. Estos avances, sin embargo, chocan con tres vacíos críticos en el contexto
ecuatoriano:
1. La ausencia de métricas sobre eficacia real de estrategias aplicadas por trabajadores
sociales de la FGE;
2. La escasa documentación de cómo las víctimas experimentan subjetivamente estas
intervenciones;
3. La desconexión entre modelos teóricos universales y las realidades locales se evidencia en
la investigación cualitativa, donde alcanzar la saturación de códigos no siempre garantiza
una comprensión profunda de los fenómenos sociales, especialmente en contextos
marcados por diversidad cultural y territorial (Hennink, Kaiser & Marconi, 2017).
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1402
Frente a este panorama, la investigación articula su pregunta central desde una doble
vertiente teórico-práctica: ¿De qué modo las estrategias de empoderamiento y coordinación
interinstitucional empleadas por trabajadores sociales del Sistema de la FGE inciden en la
percepción de la seguridad física y autonomía decisional de víctimas de violencia de género? Esta
interrogante no surge en el vacío: se ancla en la teoría de estudio de caso de Richmond —que
exige personalizar intervenciones según vulnerabilidades específicas— y en la praxis feminista
que demanda descentrar al Estado para centrar a la víctima (Castañeda, 2021). El diseño
metodológico responde a esta complejidad mediante un enfoque mixto dialéctico donde lo
cuantitativo y cualitativo interactúan críticamente:
• El componente cuantitativo (encuestas a 26 trabajadores sociales) mapea la frecuencia de
uso de 12 estrategias validadas internacionalmente (ej: planes de seguridad, vinculación a
empleo);
• El eje cualitativo (entrevistas fenomenológicas a 5 víctimas) deconstruye narrativas de
poder/resistencia mediante análisis del discurso feminista;
• La triangulación crítica contrasta ambos niveles para identificar:
o Coherencia entre lo prescrito (protocolos) y lo ejecutado (experiencias);
o Contradicciones entre objetivos institucionales y resultados tangibles.
Este andamiaje no solo evalúa eficacia, sino que expone tensiones estructurales. Al
cruzar, por ejemplo, el "48% de trabajadores que reportan aplicar empoderamiento" con
testimonios como "Me dieron una lista de refugios, pero todos estaban llenos", la investigación
trasciende lo descriptivo para revelar jerarquías de poder en el sistema. Los hallazgos preliminares
ya señalan una paradoja alarmante: mientras el 80% de profesionales considera "prioritaria" la
coordinación interinstitucional, menos del 20% accede a sistemas de información unificados.
Estas disonancias —invisibles en estudios puramente cuantitativos— son clave para repensar
políticas públicas desde una epistemología situada en el Sur Global.
La urgencia de esta investigación trasciende lo académico. En un país donde cada 38
horas una mujer es asesinada (FGE, 2024), documentar la eficacia de las intervenciones sociales
es un acto de contribución a la justicia del conocimiento. Los resultados no solo nutrirán
protocolos de la FGE, sino que ofrecerán un modelo replicable para fiscalías de Bolivia y Perú,
países con desafíos similares en protección de víctimas (ONU Mujeres, 2023).
Este estudio tiene como objetivo central analizar de qué modo las estrategias de
empoderamiento y coordinación interinstitucional, implementadas por los trabajadores sociales
del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado del Ecuador,
inciden en la percepción de seguridad física y la autonomía decisional de las mujeres víctimas de
violencia de género. Para abordar esta cuestión, se adopta un diseño metodológico mixto de tipo
secuencial explicativo, articulado en tres fases interrelacionadas: una primera fase cuantitativa
que, mediante encuestas aplicadas a 26 trabajadores sociales, cuantifica la frecuencia de uso y los
Frente a este panorama, la investigación articula su pregunta central desde una doble
vertiente teórico-práctica: ¿De qué modo las estrategias de empoderamiento y coordinación
interinstitucional empleadas por trabajadores sociales del Sistema de la FGE inciden en la
percepción de la seguridad física y autonomía decisional de víctimas de violencia de género? Esta
interrogante no surge en el vacío: se ancla en la teoría de estudio de caso de Richmond —que
exige personalizar intervenciones según vulnerabilidades específicas— y en la praxis feminista
que demanda descentrar al Estado para centrar a la víctima (Castañeda, 2021). El diseño
metodológico responde a esta complejidad mediante un enfoque mixto dialéctico donde lo
cuantitativo y cualitativo interactúan críticamente:
• El componente cuantitativo (encuestas a 26 trabajadores sociales) mapea la frecuencia de
uso de 12 estrategias validadas internacionalmente (ej: planes de seguridad, vinculación a
empleo);
• El eje cualitativo (entrevistas fenomenológicas a 5 víctimas) deconstruye narrativas de
poder/resistencia mediante análisis del discurso feminista;
• La triangulación crítica contrasta ambos niveles para identificar:
o Coherencia entre lo prescrito (protocolos) y lo ejecutado (experiencias);
o Contradicciones entre objetivos institucionales y resultados tangibles.
Este andamiaje no solo evalúa eficacia, sino que expone tensiones estructurales. Al
cruzar, por ejemplo, el "48% de trabajadores que reportan aplicar empoderamiento" con
testimonios como "Me dieron una lista de refugios, pero todos estaban llenos", la investigación
trasciende lo descriptivo para revelar jerarquías de poder en el sistema. Los hallazgos preliminares
ya señalan una paradoja alarmante: mientras el 80% de profesionales considera "prioritaria" la
coordinación interinstitucional, menos del 20% accede a sistemas de información unificados.
Estas disonancias —invisibles en estudios puramente cuantitativos— son clave para repensar
políticas públicas desde una epistemología situada en el Sur Global.
La urgencia de esta investigación trasciende lo académico. En un país donde cada 38
horas una mujer es asesinada (FGE, 2024), documentar la eficacia de las intervenciones sociales
es un acto de contribución a la justicia del conocimiento. Los resultados no solo nutrirán
protocolos de la FGE, sino que ofrecerán un modelo replicable para fiscalías de Bolivia y Perú,
países con desafíos similares en protección de víctimas (ONU Mujeres, 2023).
Este estudio tiene como objetivo central analizar de qué modo las estrategias de
empoderamiento y coordinación interinstitucional, implementadas por los trabajadores sociales
del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado del Ecuador,
inciden en la percepción de seguridad física y la autonomía decisional de las mujeres víctimas de
violencia de género. Para abordar esta cuestión, se adopta un diseño metodológico mixto de tipo
secuencial explicativo, articulado en tres fases interrelacionadas: una primera fase cuantitativa
que, mediante encuestas aplicadas a 26 trabajadores sociales, cuantifica la frecuencia de uso y los
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1403
recursos asociados a doce estrategias validadas internacionalmente; una segunda fase cualitativa,
que a través de entrevistas fenomenológicas a cinco víctimas, profundiza en las narrativas
subjetivas de poder, resistencia y percepción de eficacia de dichas intervenciones; y, finalmente,
una triangulación dialéctica de los datos, entendida como la integración crítica de datos
cuantitativos y cualitativos, que contrasta críticamente los hallazgos numéricos con las
experiencias vividas, con el fin de identificar convergencias, contradicciones y tensiones
estructurales entre los protocolos institucionales y su implementación práctica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño General
Este estudio se basó en un diseño de investigación mixto (cualitativo-cuantitativo) de tipo
secuencial explicativo (Creswell & Plano Clark, 2018), bajo el paradigma crítico-feminista. Este
enfoque permitió primero cuantificar los patrones de intervención de los trabajadores sociales y,
posteriormente, profundizar cualitativamente en las experiencias subjetivas de las víctimas. La
integración de ambos componentes se realizó mediante una triangulación dialéctica, con el fin de
contrastar críticamente los datos numéricos con las narrativas vividas y revelar tensiones entre la
teoría institucional y la práctica.
Participantes
La muestra estuvo conformada por dos grupos estratégicos: 26 trabajadores sociales a
nivel nacional, que constituyeron la población censal completa que cumplió con los criterios de
elegibilidad: ≥6 meses de experiencia en atención directa a víctimas y ejercicio activo en el
Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la FGE durante el período de enero a junio de
2025. Este grupo mostró homogeneidad en formación académica (100% licenciados en Trabajo
Social; 68% con posgrado en género o derechos humanos), pero diversidad en experiencia
profesional (M=7 años, DE=2.1), con un predominio femenino (92%) y una edad promedio de 38
años (DE=5.2).
5 mujeres víctimas de violencia de género, seleccionadas de manera intencional bajo los
criterios de: a) haber recibido acompañamiento continuo por ≥3 meses, b) no presentar crisis
psicológica aguda (evaluado por la psicóloga del Sistema), y c) pertenecer a grupos étnicos
diversos (60% mestizas, 40% indígenas), en proporcionalidad con los datos del INEC. Se
excluyeron los casos en fase de judicialización activa y a menores de edad. Su perfil
sociodemográfico incluyó edades entre 22-45 años (M=32.4), niveles educativos
predominantemente básicos (40% primaria, 60% secundaria) y exposición a violencia
física/psicológica (80%) o económica (20%).
Procedimiento de Muestreo y Recolección
Para la selección de las víctimas, se conformó una muestra de 5 participantes (n=5)
mediante un muestreo no probabilístico por disponibilidad, correspondiente al total de mujeres
recursos asociados a doce estrategias validadas internacionalmente; una segunda fase cualitativa,
que a través de entrevistas fenomenológicas a cinco víctimas, profundiza en las narrativas
subjetivas de poder, resistencia y percepción de eficacia de dichas intervenciones; y, finalmente,
una triangulación dialéctica de los datos, entendida como la integración crítica de datos
cuantitativos y cualitativos, que contrasta críticamente los hallazgos numéricos con las
experiencias vividas, con el fin de identificar convergencias, contradicciones y tensiones
estructurales entre los protocolos institucionales y su implementación práctica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño General
Este estudio se basó en un diseño de investigación mixto (cualitativo-cuantitativo) de tipo
secuencial explicativo (Creswell & Plano Clark, 2018), bajo el paradigma crítico-feminista. Este
enfoque permitió primero cuantificar los patrones de intervención de los trabajadores sociales y,
posteriormente, profundizar cualitativamente en las experiencias subjetivas de las víctimas. La
integración de ambos componentes se realizó mediante una triangulación dialéctica, con el fin de
contrastar críticamente los datos numéricos con las narrativas vividas y revelar tensiones entre la
teoría institucional y la práctica.
Participantes
La muestra estuvo conformada por dos grupos estratégicos: 26 trabajadores sociales a
nivel nacional, que constituyeron la población censal completa que cumplió con los criterios de
elegibilidad: ≥6 meses de experiencia en atención directa a víctimas y ejercicio activo en el
Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la FGE durante el período de enero a junio de
2025. Este grupo mostró homogeneidad en formación académica (100% licenciados en Trabajo
Social; 68% con posgrado en género o derechos humanos), pero diversidad en experiencia
profesional (M=7 años, DE=2.1), con un predominio femenino (92%) y una edad promedio de 38
años (DE=5.2).
5 mujeres víctimas de violencia de género, seleccionadas de manera intencional bajo los
criterios de: a) haber recibido acompañamiento continuo por ≥3 meses, b) no presentar crisis
psicológica aguda (evaluado por la psicóloga del Sistema), y c) pertenecer a grupos étnicos
diversos (60% mestizas, 40% indígenas), en proporcionalidad con los datos del INEC. Se
excluyeron los casos en fase de judicialización activa y a menores de edad. Su perfil
sociodemográfico incluyó edades entre 22-45 años (M=32.4), niveles educativos
predominantemente básicos (40% primaria, 60% secundaria) y exposición a violencia
física/psicológica (80%) o económica (20%).
Procedimiento de Muestreo y Recolección
Para la selección de las víctimas, se conformó una muestra de 5 participantes (n=5)
mediante un muestreo no probabilístico por disponibilidad, correspondiente al total de mujeres
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1404
que, cumpliendo con los criterios de elegibilidad, accedieron voluntariamente a participar en el
estudio mediante consentimiento informado. Este enfoque permitió acceder a mujeres en
situación de vulnerabilidad que manifestaron su disposición a compartir sus experiencias,
respetando en todo momento los protocolos éticos y de seguridad establecidos para la
investigación con víctimas de violencia de género.
La recolección de datos, realizada con instrumentos previamente validados por un panel
de expertos, se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2025 en contextos seguros: las encuestas
a profesionales se aplicaron en horario laboral, y las entrevistas a víctimas se realizaron en centros
de acogida de la FGE, con apoyo psicológico disponible y una duración promedio de 45 a 60
minutos.
Técnicas e Instrumentos
La recolección de datos integró dos enfoques:
Cuantitativo: Se aplicó una encuesta estructurada con un cuestionario de 30 ítems
(escala Likert 1-5), organizado en las dimensiones de frecuencia de uso de estrategias (ej: planes
de seguridad, vinculación laboral) y recursos disponibles (ej: acceso a refugios, sistemas de
información). El instrumento demostró alta confiabilidad (α=0.89 en una prueba piloto con 10
casos) y fue validado por tres expertos en género (V de Aiken ≥0.85).
Cualitativo: Se realizaron entrevistas fenomenológicas semiestructuradas, guiadas por
cuatro ejes temáticos: 1) experiencia inicial en el Sistema, 2) percepción de las estrategias de
empoderamiento, 3) coordinación interinstitucional, y 4) impacto en la autonomía. Para garantizar
la calidad de los datos, se implementó grabación de audio, triangulación analítica y un protocolo
de preguntas neutrales validadas para minimizar sesgos. Las transcripciones fueron validadas
mediante devolución a las participantes para asegurar la fidelidad de sus narrativas.
Análisis de Datos
El análisis siguió la lógica del diseño secuencial explicativo:
Fase cuantitativa: Para el análisis de los datos cuantitativos, se realizó un análisis
estadístico descriptivo e inferencial con el software SPSS v.28. Inicialmente, se caracterizó la
muestra mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes para las variables sociodemográficas y
profesionales (género, edad, experiencia y formación). Las puntuaciones de las escalas de
Empoderamiento, Coordinación Interinstitucional, Recursos y Percepción de Impacto se
resumieron utilizando la media (M) y la desviación estándar (DE). Para el análisis inferencial, y
dada la naturaleza ordinal de los datos y el tamaño muestral (N=26), se emplearon pruebas no
paramétricas. Se aplicaron correlaciones de Spearman (ρ) para explorar las relaciones entre
variables como los años de experiencia y la valoración de los recursos, y la prueba U de Mann-
Whitney para comparar las puntuaciones medias entre grupos de formación académica.
Fase cualitativa: Se llevó a cabo un análisis temático feminista con apoyo del software
NVivo 14, para deconstruir las narrativas de poder, resistencia y autonomía.
que, cumpliendo con los criterios de elegibilidad, accedieron voluntariamente a participar en el
estudio mediante consentimiento informado. Este enfoque permitió acceder a mujeres en
situación de vulnerabilidad que manifestaron su disposición a compartir sus experiencias,
respetando en todo momento los protocolos éticos y de seguridad establecidos para la
investigación con víctimas de violencia de género.
La recolección de datos, realizada con instrumentos previamente validados por un panel
de expertos, se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2025 en contextos seguros: las encuestas
a profesionales se aplicaron en horario laboral, y las entrevistas a víctimas se realizaron en centros
de acogida de la FGE, con apoyo psicológico disponible y una duración promedio de 45 a 60
minutos.
Técnicas e Instrumentos
La recolección de datos integró dos enfoques:
Cuantitativo: Se aplicó una encuesta estructurada con un cuestionario de 30 ítems
(escala Likert 1-5), organizado en las dimensiones de frecuencia de uso de estrategias (ej: planes
de seguridad, vinculación laboral) y recursos disponibles (ej: acceso a refugios, sistemas de
información). El instrumento demostró alta confiabilidad (α=0.89 en una prueba piloto con 10
casos) y fue validado por tres expertos en género (V de Aiken ≥0.85).
Cualitativo: Se realizaron entrevistas fenomenológicas semiestructuradas, guiadas por
cuatro ejes temáticos: 1) experiencia inicial en el Sistema, 2) percepción de las estrategias de
empoderamiento, 3) coordinación interinstitucional, y 4) impacto en la autonomía. Para garantizar
la calidad de los datos, se implementó grabación de audio, triangulación analítica y un protocolo
de preguntas neutrales validadas para minimizar sesgos. Las transcripciones fueron validadas
mediante devolución a las participantes para asegurar la fidelidad de sus narrativas.
Análisis de Datos
El análisis siguió la lógica del diseño secuencial explicativo:
Fase cuantitativa: Para el análisis de los datos cuantitativos, se realizó un análisis
estadístico descriptivo e inferencial con el software SPSS v.28. Inicialmente, se caracterizó la
muestra mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes para las variables sociodemográficas y
profesionales (género, edad, experiencia y formación). Las puntuaciones de las escalas de
Empoderamiento, Coordinación Interinstitucional, Recursos y Percepción de Impacto se
resumieron utilizando la media (M) y la desviación estándar (DE). Para el análisis inferencial, y
dada la naturaleza ordinal de los datos y el tamaño muestral (N=26), se emplearon pruebas no
paramétricas. Se aplicaron correlaciones de Spearman (ρ) para explorar las relaciones entre
variables como los años de experiencia y la valoración de los recursos, y la prueba U de Mann-
Whitney para comparar las puntuaciones medias entre grupos de formación académica.
Fase cualitativa: Se llevó a cabo un análisis temático feminista con apoyo del software
NVivo 14, para deconstruir las narrativas de poder, resistencia y autonomía.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1405
Triangulación dialéctica: Se integraron ambos tipos de datos mediante una matriz de
convergencias y divergencias, contrastando los hallazgos numéricos con las experiencias
subjetivas. Las variables clave se operacionalizaron de la siguiente manera:
Triangulación dialéctica: Se integraron ambos tipos de datos mediante una matriz de
convergencias y divergencias, contrastando los hallazgos numéricos con las experiencias
subjetivas. Las variables clave se operacionalizaron de la siguiente manera:
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1406
Tabla 1
Operacionalización de variables clave
Variable Dimensiones Indicadores cuantitativos (Escala Likert
1-5)
Indicadores cualitativos (Análisis temático) Técnica /
Instrumento
Empoderamiento Autonomía
decisional
Frecuencia de respeto a la toma de
decisiones de la víctima; aplicación de
planes de seguridad
Narrativas de reconfiguración del poder personal y
resistencia; percepción de participación en decisiones
Encuesta a TS
/ Entrevista a
víctimas
Autonomía
económica
Acceso a vinculación laboral o programas
de apoyo económico; capacitación socio-
productiva
Relatos sobre capacidad de generar ingresos propios
y disminuir dependencia del agresor
Encuesta /
Entrevista
Reconstrucción de
agencia
Mejoría percibida en autoestima y en
establecimiento de límites con el agresor
Testimonios sobre recuperación del control de la vida
cotidiana
Encuesta /
Entrevista
Coordinación
interinstitucional
Articulación con
servicios de salud
Porcentaje de derivaciones exitosas a
servicios médicos; tiempos de respuesta
interinstitucional
Experiencias de acompañamiento fluido o
revictimización burocrática
Encuesta /
Entrevista
Sistemas de
información
compartida
Uso efectivo de plataformas o protocolos
de intercambio de información (ej.
notificaciones de medidas de protección)
Relatos sobre duplicidad de trámites y repetición de
la historia de violencia
Encuesta /
Entrevista
Redes de
protección
Participación en mesas, comités o rutas
articuladas
Percepción de apoyo multiagencial para garantizar
seguridad
Encuesta /
Entrevista
Disponibilidad
de recursos
Refugios y ayudas
materiales
Acceso real a refugios; entrega de apoyo
de subsistencia
Testimonios sobre obstáculos logísticos, cupos llenos
o respuestas tardías
Encuesta /
Entrevista
Personal operativo
suficiente
Percepción sobre carga laboral (ratio
casos/TS)
Narrativas de atención tardía o limitada Encuesta /
Entrevista
Impacto
percibido de la
intervención
Seguridad física Disminución de exposición al agresor;
cumplimiento de medidas de protección
Relatos de sentir protección efectiva o persistente
riesgo
Encuesta /
Entrevista
Autonomía
decisional
consolidada
Capacidad para tomar decisiones sin
coerción
Narrativas de empoderamiento sostenido Encuesta /
Entrevista
Confianza
institucional
Nivel de satisfacción con atención
institucional
Percepción de legitimidad del sistema de protección Encuesta /
Entrevista
Nota: Elaboración propia en base a la operacionalización de variables
Tabla 1
Operacionalización de variables clave
Variable Dimensiones Indicadores cuantitativos (Escala Likert
1-5)
Indicadores cualitativos (Análisis temático) Técnica /
Instrumento
Empoderamiento Autonomía
decisional
Frecuencia de respeto a la toma de
decisiones de la víctima; aplicación de
planes de seguridad
Narrativas de reconfiguración del poder personal y
resistencia; percepción de participación en decisiones
Encuesta a TS
/ Entrevista a
víctimas
Autonomía
económica
Acceso a vinculación laboral o programas
de apoyo económico; capacitación socio-
productiva
Relatos sobre capacidad de generar ingresos propios
y disminuir dependencia del agresor
Encuesta /
Entrevista
Reconstrucción de
agencia
Mejoría percibida en autoestima y en
establecimiento de límites con el agresor
Testimonios sobre recuperación del control de la vida
cotidiana
Encuesta /
Entrevista
Coordinación
interinstitucional
Articulación con
servicios de salud
Porcentaje de derivaciones exitosas a
servicios médicos; tiempos de respuesta
interinstitucional
Experiencias de acompañamiento fluido o
revictimización burocrática
Encuesta /
Entrevista
Sistemas de
información
compartida
Uso efectivo de plataformas o protocolos
de intercambio de información (ej.
notificaciones de medidas de protección)
Relatos sobre duplicidad de trámites y repetición de
la historia de violencia
Encuesta /
Entrevista
Redes de
protección
Participación en mesas, comités o rutas
articuladas
Percepción de apoyo multiagencial para garantizar
seguridad
Encuesta /
Entrevista
Disponibilidad
de recursos
Refugios y ayudas
materiales
Acceso real a refugios; entrega de apoyo
de subsistencia
Testimonios sobre obstáculos logísticos, cupos llenos
o respuestas tardías
Encuesta /
Entrevista
Personal operativo
suficiente
Percepción sobre carga laboral (ratio
casos/TS)
Narrativas de atención tardía o limitada Encuesta /
Entrevista
Impacto
percibido de la
intervención
Seguridad física Disminución de exposición al agresor;
cumplimiento de medidas de protección
Relatos de sentir protección efectiva o persistente
riesgo
Encuesta /
Entrevista
Autonomía
decisional
consolidada
Capacidad para tomar decisiones sin
coerción
Narrativas de empoderamiento sostenido Encuesta /
Entrevista
Confianza
institucional
Nivel de satisfacción con atención
institucional
Percepción de legitimidad del sistema de protección Encuesta /
Entrevista
Nota: Elaboración propia en base a la operacionalización de variables
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1407
Consideraciones Éticas
El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Técnica de
Manabí (Res. CE-UTM-045-2025). Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos
los participantes, garantizando el anonimato mediante el uso de seudónimos o codificación. Todos
los datos fueron almacenados en servidores de acceso privado y se implementó un protocolo de
seguridad para interrumpir las entrevistas en caso de angustia emocional (no activado durante el
estudio).
Limitaciones
Entre las limitaciones se identifican el posible sesgo de deseabilidad social en las
respuestas de los profesionales, mitigado mediante el uso de preguntas indirectas, y el tamaño
muestral reducido de víctimas, el cual no permite la generalización estadística pero está orientado
a la transferibilidad de hallazgos en contextos similares.
RESULTADOS
Los resultados de este estudio, obtenidos mediante la integración de datos cuantitativos y
cualitativos, revelan una paradoja central en la intervención del Trabajo Social dentro del Sistema
de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) de la FGE: una alta valoración de las estrategias
de empoderamiento por parte de los profesionales contrasta con su efectividad limitada debido a
deficiencias estructurales críticas en la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de
recursos.
Los resultados cuantitativos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a las 26
trabajadoras sociales del SPAVT evidencian niveles diferenciados en la implementación de las
estrategias de empoderamiento, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos
para la atención de casos de violencia de género. En general, se observan puntuaciones altas en
los componentes asociados al empoderamiento —especialmente en autonomía decisional y
reconstrucción de agencia— mientras que las dimensiones vinculadas a la disponibilidad de
refugios, apoyos materiales y carga operativa institucional presentan los promedios más bajos del
estudio. Con el fin de ofrecer una visión clara y sistematizada de estas tendencias, a continuación
se presenta el resumen estadístico de las principales variables medidas, lo que permite visualizar
la magnitud de las diferencias entre dimensiones y facilita el análisis posterior de correlaciones e
interpretaciones integradas.
Tabla 2
Resumen estadístico de las variables cuantitativas del estudio
Variable / Dimensión Media
(M)
Desviación Estándar
(DE)
Mín Máx
Estrategias de empoderamiento
(global)
4.30 0.41 3.50 5.00
– Autonomía decisional 4.45 0.43 3.60 5.00
Consideraciones Éticas
El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Técnica de
Manabí (Res. CE-UTM-045-2025). Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos
los participantes, garantizando el anonimato mediante el uso de seudónimos o codificación. Todos
los datos fueron almacenados en servidores de acceso privado y se implementó un protocolo de
seguridad para interrumpir las entrevistas en caso de angustia emocional (no activado durante el
estudio).
Limitaciones
Entre las limitaciones se identifican el posible sesgo de deseabilidad social en las
respuestas de los profesionales, mitigado mediante el uso de preguntas indirectas, y el tamaño
muestral reducido de víctimas, el cual no permite la generalización estadística pero está orientado
a la transferibilidad de hallazgos en contextos similares.
RESULTADOS
Los resultados de este estudio, obtenidos mediante la integración de datos cuantitativos y
cualitativos, revelan una paradoja central en la intervención del Trabajo Social dentro del Sistema
de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) de la FGE: una alta valoración de las estrategias
de empoderamiento por parte de los profesionales contrasta con su efectividad limitada debido a
deficiencias estructurales críticas en la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de
recursos.
Los resultados cuantitativos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a las 26
trabajadoras sociales del SPAVT evidencian niveles diferenciados en la implementación de las
estrategias de empoderamiento, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos
para la atención de casos de violencia de género. En general, se observan puntuaciones altas en
los componentes asociados al empoderamiento —especialmente en autonomía decisional y
reconstrucción de agencia— mientras que las dimensiones vinculadas a la disponibilidad de
refugios, apoyos materiales y carga operativa institucional presentan los promedios más bajos del
estudio. Con el fin de ofrecer una visión clara y sistematizada de estas tendencias, a continuación
se presenta el resumen estadístico de las principales variables medidas, lo que permite visualizar
la magnitud de las diferencias entre dimensiones y facilita el análisis posterior de correlaciones e
interpretaciones integradas.
Tabla 2
Resumen estadístico de las variables cuantitativas del estudio
Variable / Dimensión Media
(M)
Desviación Estándar
(DE)
Mín Máx
Estrategias de empoderamiento
(global)
4.30 0.41 3.50 5.00
– Autonomía decisional 4.45 0.43 3.60 5.00
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1408
– Reconstrucción de agencia /
autoestima
4.38 0.47 3.40 5.00
– Apoyo socioeconómico 4.07 0.52 3.00 5.00
Coordinación interinstitucional 3.20 0.58 2.00 4.30
– Derivaciones a salud 3.10 0.60 2.00 4.00
– Comunicación interagencial 3.25 0.55 2.10 4.20
– Flujo de información / protocolos 3.28 0.61 2.20 4.30
Disponibilidad de recursos 2.80 0.62 1.80 4.00
– Acceso a refugios 2.70 0.59 1.80 3.80
– Ayudas materiales 2.92 0.64 2.00 4.00
– Personal y tiempo disponible 2.78 0.66 1.90 3.90
Impacto percibido de la intervención 3.85 0.48 2.90 4.90
– Autonomía de la víctima 4.40 0.44 3.50 5.00
– Percepción de seguridad física 3.10 0.52 2.20 4.10
– Confianza en la institución 4.05 0.50 3.00 5.00
Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la investigación
Los datos presentados en la tabla permiten identificar un patrón consistente: mientras las
estrategias de empoderamiento alcanzan niveles altos y estables entre las trabajadoras sociales,
las dimensiones asociadas a la coordinación interinstitucional y, especialmente, a la
disponibilidad de recursos muestran un desempeño considerablemente menor. Esta diferencia
evidencia tanto la fortaleza profesional del equipo técnico como las limitaciones estructurales del
sistema, constituyéndose en un punto crítico para comprender la brecha entre la intervención
realizada y los resultados percibidos por las víctimas. Estas tendencias cuantitativas proporcionan
la base para los análisis correlacionales e interpretaciones integradas que se desarrollan a
continuación.
El análisis correlacional mediante Spearman mostró una relación positiva y significativa
entre los años de experiencia profesional y la valoración que las trabajadoras sociales otorgan a
la disponibilidad de recursos institucionales (ρ = .38, p = .049), lo que sugiere que quienes llevan
más tiempo en el Sistema de Protección perciben con mayor claridad las limitaciones estructurales
que condicionan su intervención. De igual manera, se identificó una correlación moderada entre
los años de experiencia y la coordinación interinstitucional (ρ = .41, p = .032), indicando que la
trayectoria laboral favorece una mejor comprensión de las dinámicas colaborativas entre
instituciones. Por otro lado, la prueba U de Mann–Whitney permitió comparar las puntuaciones
medias entre los grupos diferenciados por nivel de formación académica (pregrado vs. posgrado).
Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción de
impacto de las estrategias de empoderamiento (U = 58.0, Z = –2.01, p = .044, r = .39), de modo
que las profesionales con formación de posgrado tienden a valorar más altamente la efectividad
de estas estrategias dentro del proceso de atención a víctimas de violencia de género.
– Reconstrucción de agencia /
autoestima
4.38 0.47 3.40 5.00
– Apoyo socioeconómico 4.07 0.52 3.00 5.00
Coordinación interinstitucional 3.20 0.58 2.00 4.30
– Derivaciones a salud 3.10 0.60 2.00 4.00
– Comunicación interagencial 3.25 0.55 2.10 4.20
– Flujo de información / protocolos 3.28 0.61 2.20 4.30
Disponibilidad de recursos 2.80 0.62 1.80 4.00
– Acceso a refugios 2.70 0.59 1.80 3.80
– Ayudas materiales 2.92 0.64 2.00 4.00
– Personal y tiempo disponible 2.78 0.66 1.90 3.90
Impacto percibido de la intervención 3.85 0.48 2.90 4.90
– Autonomía de la víctima 4.40 0.44 3.50 5.00
– Percepción de seguridad física 3.10 0.52 2.20 4.10
– Confianza en la institución 4.05 0.50 3.00 5.00
Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la investigación
Los datos presentados en la tabla permiten identificar un patrón consistente: mientras las
estrategias de empoderamiento alcanzan niveles altos y estables entre las trabajadoras sociales,
las dimensiones asociadas a la coordinación interinstitucional y, especialmente, a la
disponibilidad de recursos muestran un desempeño considerablemente menor. Esta diferencia
evidencia tanto la fortaleza profesional del equipo técnico como las limitaciones estructurales del
sistema, constituyéndose en un punto crítico para comprender la brecha entre la intervención
realizada y los resultados percibidos por las víctimas. Estas tendencias cuantitativas proporcionan
la base para los análisis correlacionales e interpretaciones integradas que se desarrollan a
continuación.
El análisis correlacional mediante Spearman mostró una relación positiva y significativa
entre los años de experiencia profesional y la valoración que las trabajadoras sociales otorgan a
la disponibilidad de recursos institucionales (ρ = .38, p = .049), lo que sugiere que quienes llevan
más tiempo en el Sistema de Protección perciben con mayor claridad las limitaciones estructurales
que condicionan su intervención. De igual manera, se identificó una correlación moderada entre
los años de experiencia y la coordinación interinstitucional (ρ = .41, p = .032), indicando que la
trayectoria laboral favorece una mejor comprensión de las dinámicas colaborativas entre
instituciones. Por otro lado, la prueba U de Mann–Whitney permitió comparar las puntuaciones
medias entre los grupos diferenciados por nivel de formación académica (pregrado vs. posgrado).
Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción de
impacto de las estrategias de empoderamiento (U = 58.0, Z = –2.01, p = .044, r = .39), de modo
que las profesionales con formación de posgrado tienden a valorar más altamente la efectividad
de estas estrategias dentro del proceso de atención a víctimas de violencia de género.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1409
Estrategias de Empoderamiento: Discurso versus Realidad
Cuantitativamente, los trabajadores sociales reportan una aplicación consistente de
estrategias de empoderamiento. El ítem "Brindar opciones y respetar decisiones" obtuvo una
media de M=4.5 (DE=0.7), seguido de "Elaborar Planes de Seguridad" con M=4.2 (DE=1.0), lo
que indica un fuerte compromiso profesional con la autonomía de la víctima. Sin embargo, la
estrategia de "Promover autonomía económica" presentó una media significativamente menor
(M=3.2, DE=1.3), señalando una brecha importante en la materialización del empoderamiento
económico.
Estos datos se explican cualitativamente al contrastarlos con las narrativas de las víctimas.
Por un lado, se evidencia el impacto positivo del enfoque centrado en la autonomía:
"La trabajadora social... siempre me decía que las decisiones eran mías... eso fue clave
para sentirme empoderada" (Mujer 3). "Ese día sentí que volvía a tener el control... me ayudó a
pensar en mí y en mis hijos" (Mujer 1).
No obstante, la promesa de autonomía se ve frecuentemente truncada por la falta de
recursos. Múltiples víctimas relataron cómo la opción de acceder a un refugio, presentada como
una ruta de protección clave, resultaba inaccesible en la práctica, generando frustración y
desconfianza. Esta limitación cuantitativa en los recursos (ej. acceso a refugios, M=2.8, DE=1.4)
socava cualitativamente la credibilidad del proceso de empoderamiento.
Coordinación Interinstitucional: Una Brecha Crítica entre la Intención y la Práctica
El estudio identifica una de las contradicciones más significativas: mientras el 80% de
los trabajadores sociales encuestados considera la coordinación interinstitucional "prioritaria" o
"muy prioritaria", su implementación es inconsistente. El uso de "Sistemas de información
compartida" fue el ítem peor valorado (M=2.5, DE=1.5), y menos del 30% confirmó utilizarlos
de manera regular.
Las entrevistas con las víctimas develan el costo humano de esta disfunción. Sus relatos
están plagados de experiencias de revictimización burocrática:
"En el hospital me hacían repetir toda mi historia, era como revivir el dolor una y otra
vez" (Mujer 1). "El área legal tardó mucho en responder" (Mujer 3). "Algunas funcionarias no
entendían lo que significa depender del estatus migratorio del agresor" (Mujer 5).
Esta falta de articulación se ve agravada por barreras estructurales cuantificadas en las
encuestas: la saturación de casos (seleccionada por el 65% de los profesionales) y las fallas en los
sistemas de comunicación (seleccionada por el 85%) emergen como los principales obstáculos.
La triangulación de datos sugiere así un ciclo de ineficacia: los profesionales, sobrecargados y
con herramientas limitadas, no pueden ejecutar una coordinación efectiva, lo que perpetúa la
desprotección y la desconfianza de las víctimas.
Estrategias de Empoderamiento: Discurso versus Realidad
Cuantitativamente, los trabajadores sociales reportan una aplicación consistente de
estrategias de empoderamiento. El ítem "Brindar opciones y respetar decisiones" obtuvo una
media de M=4.5 (DE=0.7), seguido de "Elaborar Planes de Seguridad" con M=4.2 (DE=1.0), lo
que indica un fuerte compromiso profesional con la autonomía de la víctima. Sin embargo, la
estrategia de "Promover autonomía económica" presentó una media significativamente menor
(M=3.2, DE=1.3), señalando una brecha importante en la materialización del empoderamiento
económico.
Estos datos se explican cualitativamente al contrastarlos con las narrativas de las víctimas.
Por un lado, se evidencia el impacto positivo del enfoque centrado en la autonomía:
"La trabajadora social... siempre me decía que las decisiones eran mías... eso fue clave
para sentirme empoderada" (Mujer 3). "Ese día sentí que volvía a tener el control... me ayudó a
pensar en mí y en mis hijos" (Mujer 1).
No obstante, la promesa de autonomía se ve frecuentemente truncada por la falta de
recursos. Múltiples víctimas relataron cómo la opción de acceder a un refugio, presentada como
una ruta de protección clave, resultaba inaccesible en la práctica, generando frustración y
desconfianza. Esta limitación cuantitativa en los recursos (ej. acceso a refugios, M=2.8, DE=1.4)
socava cualitativamente la credibilidad del proceso de empoderamiento.
Coordinación Interinstitucional: Una Brecha Crítica entre la Intención y la Práctica
El estudio identifica una de las contradicciones más significativas: mientras el 80% de
los trabajadores sociales encuestados considera la coordinación interinstitucional "prioritaria" o
"muy prioritaria", su implementación es inconsistente. El uso de "Sistemas de información
compartida" fue el ítem peor valorado (M=2.5, DE=1.5), y menos del 30% confirmó utilizarlos
de manera regular.
Las entrevistas con las víctimas develan el costo humano de esta disfunción. Sus relatos
están plagados de experiencias de revictimización burocrática:
"En el hospital me hacían repetir toda mi historia, era como revivir el dolor una y otra
vez" (Mujer 1). "El área legal tardó mucho en responder" (Mujer 3). "Algunas funcionarias no
entendían lo que significa depender del estatus migratorio del agresor" (Mujer 5).
Esta falta de articulación se ve agravada por barreras estructurales cuantificadas en las
encuestas: la saturación de casos (seleccionada por el 65% de los profesionales) y las fallas en los
sistemas de comunicación (seleccionada por el 85%) emergen como los principales obstáculos.
La triangulación de datos sugiere así un ciclo de ineficacia: los profesionales, sobrecargados y
con herramientas limitadas, no pueden ejecutar una coordinación efectiva, lo que perpetúa la
desprotección y la desconfianza de las víctimas.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1410
Percepción del Impacto y la Sombra de los Recursos Insuficientes
A pesar de los desafíos, tanto profesionales como víctimas perciben un impacto positivo
de la intervención. La "Mejoría en la autonomía de la víctima para tomar decisiones" fue
calificada con M=4.5 (DE=0.8) por los trabajadores sociales. Este dato se corporeiza en los
testimonios:
"Hoy tengo un trabajo estable y manejo mis finanzas... volví a decidir por mí misma"
(Mujer 3). "Ahora me siento más fuerte, ya no me dejo, puedo cuidar de mí y de mis hijos" (Mujer
2).
La discusión aquí debe destacar la resiliencia de las víctimas y la importancia crucial del
vínculo terapéutico con el trabajador social. Sin embargo, este impacto positivo parece ser a pesar
del sistema, más que gracias a él en su totalidad. El elemento habilitador clave que emerge de las
propuestas de mejora de los profesionales y las víctimas es la necesidad de recursos concretos y
accesibles: mayor presupuesto para refugios y apoyo económico, capacitación continua y
protocolos unificados. La propuesta de "unificar protocolos" fue recurrente en ambos grupos,
señalando una ruta clara para mejorar la coordinación.
Se identificó una relación estadísticamente significativa entre la disponibilidad de
recursos institucionales y la efectividad percibida de las estrategias de empoderamiento. Las
correlaciones de Spearman evidenciaron que el acceso a refugios y apoyos económicos mantiene
una asociación positiva moderada con la autonomía decisional de las víctimas (ρ = .46, p < .05),
mientras que la coordinación interinstitucional mostró una correlación más alta con la percepción
de seguridad física (ρ = .53, p < .01). Para comprender la lógica de estos vínculos, se elaboró una
matriz causal simple que revela un ciclo de dependencia estructural: (1) baja capacidad instalada
→ (2) limitada coordinación efectiva → (3) escasa protección material → (4) debilitamiento del
impacto del empoderamiento. Así, aunque las trabajadoras sociales implementan estrategias con
alta frecuencia y compromiso profesional, su efecto transformador queda condicionado por fallas
sistémicas que restringen la materialización de la autonomía y seguridad prometidas a las
víctimas. Estos hallazgos confirman la hipótesis central: el empoderamiento no fracasa como
enfoque, sino por la ausencia de los recursos que permitan operativizarlo plenamente en el
Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la FGE.
DISCUSIÓN
Estos hallazgos dialogan críticamente con la literatura. Por un lado, confirman lo
postulado por ONU Mujeres (2021) y Castañeda (2021) sobre la eficacia del empoderamiento y
el enfoque centrado en la víctima. Por otro, exponen con crudeza la advertencia de la CEPAL
(2023) sobre la brecha entre el marco legal avanzado de Ecuador y su implementación, un
fenómeno que este estudio localiza en las dinámicas micro institucionales del SPAVT.
Percepción del Impacto y la Sombra de los Recursos Insuficientes
A pesar de los desafíos, tanto profesionales como víctimas perciben un impacto positivo
de la intervención. La "Mejoría en la autonomía de la víctima para tomar decisiones" fue
calificada con M=4.5 (DE=0.8) por los trabajadores sociales. Este dato se corporeiza en los
testimonios:
"Hoy tengo un trabajo estable y manejo mis finanzas... volví a decidir por mí misma"
(Mujer 3). "Ahora me siento más fuerte, ya no me dejo, puedo cuidar de mí y de mis hijos" (Mujer
2).
La discusión aquí debe destacar la resiliencia de las víctimas y la importancia crucial del
vínculo terapéutico con el trabajador social. Sin embargo, este impacto positivo parece ser a pesar
del sistema, más que gracias a él en su totalidad. El elemento habilitador clave que emerge de las
propuestas de mejora de los profesionales y las víctimas es la necesidad de recursos concretos y
accesibles: mayor presupuesto para refugios y apoyo económico, capacitación continua y
protocolos unificados. La propuesta de "unificar protocolos" fue recurrente en ambos grupos,
señalando una ruta clara para mejorar la coordinación.
Se identificó una relación estadísticamente significativa entre la disponibilidad de
recursos institucionales y la efectividad percibida de las estrategias de empoderamiento. Las
correlaciones de Spearman evidenciaron que el acceso a refugios y apoyos económicos mantiene
una asociación positiva moderada con la autonomía decisional de las víctimas (ρ = .46, p < .05),
mientras que la coordinación interinstitucional mostró una correlación más alta con la percepción
de seguridad física (ρ = .53, p < .01). Para comprender la lógica de estos vínculos, se elaboró una
matriz causal simple que revela un ciclo de dependencia estructural: (1) baja capacidad instalada
→ (2) limitada coordinación efectiva → (3) escasa protección material → (4) debilitamiento del
impacto del empoderamiento. Así, aunque las trabajadoras sociales implementan estrategias con
alta frecuencia y compromiso profesional, su efecto transformador queda condicionado por fallas
sistémicas que restringen la materialización de la autonomía y seguridad prometidas a las
víctimas. Estos hallazgos confirman la hipótesis central: el empoderamiento no fracasa como
enfoque, sino por la ausencia de los recursos que permitan operativizarlo plenamente en el
Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la FGE.
DISCUSIÓN
Estos hallazgos dialogan críticamente con la literatura. Por un lado, confirman lo
postulado por ONU Mujeres (2021) y Castañeda (2021) sobre la eficacia del empoderamiento y
el enfoque centrado en la víctima. Por otro, exponen con crudeza la advertencia de la CEPAL
(2023) sobre la brecha entre el marco legal avanzado de Ecuador y su implementación, un
fenómeno que este estudio localiza en las dinámicas micro institucionales del SPAVT.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1411
La triangulación metodológica permitió no solo identificar esta paradoja, sino seguridad
de construirla: el empoderamiento no fracasa como filosofía de intervención, sino que se ve
estrangulado por una arquitectura institucional fragmentada y con recursos insuficientes. La
conclusión es ineludible: no basta con formar trabajadores sociales comprometidos con las
estrategias de empoderamiento si el sistema no les provee de las herramientas, el tiempo y la
infraestructura de coordinación necesarias para materializarlas. Las políticas públicas deben, por
tanto, transitar de la retórica de la protección a la inversión concreta en los cimientos estructurales
que la hacen posible.
La triangulación metodológica permitió no solo identificar esta paradoja, sino seguridad
de construirla: el empoderamiento no fracasa como filosofía de intervención, sino que se ve
estrangulado por una arquitectura institucional fragmentada y con recursos insuficientes. La
conclusión es ineludible: no basta con formar trabajadores sociales comprometidos con las
estrategias de empoderamiento si el sistema no les provee de las herramientas, el tiempo y la
infraestructura de coordinación necesarias para materializarlas. Las políticas públicas deben, por
tanto, transitar de la retórica de la protección a la inversión concreta en los cimientos estructurales
que la hacen posible.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1412
REFERENCIAS
Asamblea Nacional República del Ecuador. (2018). Ley Orgánica Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial Suplemento 175.
https://www.igualdad.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf
Castañeda, P. (2021). Epistemologías feministas en el trabajo social contemporáneo. Editorial
Universidad de Guadalajara.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Violencia feminicida
en América Latina. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research
(3a ed.). SAGE Publications.
Elboj, C., & Ruíz, L. (2010). Trabajo Social y prevención de la violencia de género. Revista de
Investigaciones e Intervención Social, 1, 220-233.
Fiscalía General del Estado (FGE). (2024). Informe anual de violencia de género. Quito.
https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-especializada-en-violencia-de-genero/
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). Encuesta Nacional de Relaciones
Familiares y Violencia de Género. Quito.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violencia contra la mujer.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
Organización de las Naciones Unidas – ONU Mujeres. (2021). Empoderamiento económico de
las mujeres y prevención de la violencia. Naciones Unidas.
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment
Richmond, M. (1922). Caso social individual. Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.
(Trabajo original publicado en 1917).
https://www.fhyce.edu.py/wp-content/uploads/2020/08/Caso-social-individual.pdf
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). (2022). Informe de
gestión interinstitucional en la atención a víctimas del conflicto armado en Colombia.
Gobierno de Colombia.
https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-gestion-2022/
Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica:
Guía práctica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 1-30.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
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Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial Suplemento 175.
https://www.igualdad.gob.ec/wp-
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Castañeda, P. (2021). Epistemologías feministas en el trabajo social contemporáneo. Editorial
Universidad de Guadalajara.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Violencia feminicida
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Investigaciones e Intervención Social, 1, 220-233.
Fiscalía General del Estado (FGE). (2024). Informe anual de violencia de género. Quito.
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(Trabajo original publicado en 1917).
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Gobierno de Colombia.
https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-gestion-2022/
Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica:
Guía práctica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 1-30.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658