Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1475
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.1989
Conflicto de competencia en los actos de deslinde: Atribución
notarial en el Ecuador
Conflict of jurisdiction in boundary demarcation acts: Notarial authority in Ecuador
Angie Nicole Ramos Del Pezo
angie.ramosd@upse.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-4458-3017
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador – Santa Elena
José Correa Calderón
j.correa@upse.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-2071-1008
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador – Santa Elena
Artículo recibido: 10 enero 2026 -Aceptado para publicación: 20 febrero 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
La investigación aborda los conflictos de competencia en los actos de deslinde en el Ecuador,
focalizándose en la atribución notarial en el proceso de delimitación territorial, el estudio examina
la falta de claridad en las atribuciones de los notarios, lo que ha generado incertidumbre jurídica
y retrasos en el trámite de deslinde, el objetivo es clarificar las funciones notariales en estos actos,
proponiendo soluciones normativas y operativas que fortalezcan la eficiencia y la seguridad
jurídica del sistema. Se adopta un enfoque cualitativo basado en la revisión de fuentes doctrinales,
normativas y jurisprudenciales, con el fin de contribuir al fortalecimiento del marco legal
ecuatoriano en materia de gestión territorial y protección del derecho de propiedad, asimismo, se
analiza el impacto que la indefinición competencial tiene en la tutela efectiva de los derechos de
propiedad y en el principio de seguridad jurídica, especialmente en contextos donde los conflictos
limítrofes se prolongan por vacíos normativos o interpretaciones divergentes, finalmente, se
proponen criterios orientadores que permitan armonizar la actuación notarial con el marco
constitucional y legal vigente.
Palabras clave: competencia, actos de deslinde, atribución notarial, seguridad jurídica,
gestión territorial
ABSTRACT
This research analyzes the jurisdictional conflicts that arise in property demarcation proceedings
in Ecuador, with particular emphasis on the role of notaries within the territorial delimitation
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1476
process. The study observes that current regulations do not sufficiently define the scope of notarial
powers in these procedures, leading to divergent interpretations, legal uncertainty, and
unnecessary delays in resolving boundary disputes. It examines how this lack of regulatory clarity
negatively impacts the efficiency of the demarcation system, causing overlapping jurisdictions
and affecting the effective protection of property rights. Methodologically, the study adopts a
qualitative approach based on a systematic review of doctrinal sources, regulations, and case law.
Finally, it proposes regulatory and operational criteria to strengthen the role of notaries as
guarantors of legal certainty and to promote clearer, more efficient procedures consistent with the
Ecuadorian legal system.
Keywords: jurisdiction, demarcation proceedings, notarial authority, legal certainty,
territorial management
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
process. The study observes that current regulations do not sufficiently define the scope of notarial
powers in these procedures, leading to divergent interpretations, legal uncertainty, and
unnecessary delays in resolving boundary disputes. It examines how this lack of regulatory clarity
negatively impacts the efficiency of the demarcation system, causing overlapping jurisdictions
and affecting the effective protection of property rights. Methodologically, the study adopts a
qualitative approach based on a systematic review of doctrinal sources, regulations, and case law.
Finally, it proposes regulatory and operational criteria to strengthen the role of notaries as
guarantors of legal certainty and to promote clearer, more efficient procedures consistent with the
Ecuadorian legal system.
Keywords: jurisdiction, demarcation proceedings, notarial authority, legal certainty,
territorial management
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1477
INTRODUCCIÓN
La delimitación de linderos constituye una institución jurídica directamente vinculada
con la determinación material del derecho de propiedad y con la garantía de seguridad jurídica en
las relaciones inmobiliarias, la precisión de los límites territoriales no solo previene conflictos
entre colindantes, sino que asegura la efectividad del contenido patrimonial del dominio, cuya
protección se encuentra constitucionalmente reconocida.
En la cúspide del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la ( Constitución de la República
del Ecuador, 2008) establece el principio de supremacía constitucional en su artículo 424,
disponiendo que toda norma y actuación del poder público debe ajustarse a sus disposiciones,
dentro de este marco, el artículo 75 garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, mientras que
el artículo 76 consagra las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a ser juzgado por
autoridad competente, asimismo, el artículo 66 numeral 26 reconoce el derecho a la propiedad en
todas sus formas, lo cual comprende la determinación cierta de su extensión y límites. Desde esta
perspectiva, surge controversia respecto de la delimitación territorial de un inmueble, se activa la
necesidad de intervención en cuanto a la resolución de conflictos que implica declaración o
determinación de derechos corresponde exclusivamente a órganos investidos de potestad
jurisdiccional.
En desarrollo de este mandato constitucional, el (Codigo de la Funcion Judicial, 2013)
define en su artículo 150 la jurisdicción como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, por otro lado el artículo 156 precisa que la competencia constituye la medida en que
dicha potestad se distribuye por razón de la materia, territorio, personas y grado, y el artículo 157
establece que la competencia está determinada por la ley, dichas disposiciones consolidan el
principio de legalidad competencial y delimitan el ámbito exclusivo de actuación de juezas y
jueces.
De manera complementaria, la ( Ley Notarial, 2009)l, en su artículo 18 numeral 21,
atribuye a notarias y notarios la facultad de intervenir en el deslinde y amojonamiento, siempre
que no exista controversia entre colindantes, dicha coexistencia de estas disposiciones ha
generado tensiones interpretativas tales como la ausencia de criterios normativos suficientemente
precisos para delimitar el momento en que cesa la competencia notarial y se activa la competencia
jurisdiccional ha dado lugar a ciertas incertidumbres.
Esta problemática incide directamente en la seguridad jurídica, en la garantía de tutela
judicial efectiva, una actuación fuera del ámbito competencial puede comprometer la eficacia
jurídica del deslinde y generar litigios posteriores que afectan la estabilidad del bien inmueble. en
este contexto, el presente artículo tiene como objetivo general analizar los conflictos de
competencia que se presentan en los actos de deslinde en el Ecuador, con especial énfasis en la
atribución notarial de la delimitación territorial, el estudio se desarrolla desde un enfoque
cualitativo de carácter dogmático-jurídico, sustentado en la revisión sistemática de fuentes
INTRODUCCIÓN
La delimitación de linderos constituye una institución jurídica directamente vinculada
con la determinación material del derecho de propiedad y con la garantía de seguridad jurídica en
las relaciones inmobiliarias, la precisión de los límites territoriales no solo previene conflictos
entre colindantes, sino que asegura la efectividad del contenido patrimonial del dominio, cuya
protección se encuentra constitucionalmente reconocida.
En la cúspide del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la ( Constitución de la República
del Ecuador, 2008) establece el principio de supremacía constitucional en su artículo 424,
disponiendo que toda norma y actuación del poder público debe ajustarse a sus disposiciones,
dentro de este marco, el artículo 75 garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, mientras que
el artículo 76 consagra las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a ser juzgado por
autoridad competente, asimismo, el artículo 66 numeral 26 reconoce el derecho a la propiedad en
todas sus formas, lo cual comprende la determinación cierta de su extensión y límites. Desde esta
perspectiva, surge controversia respecto de la delimitación territorial de un inmueble, se activa la
necesidad de intervención en cuanto a la resolución de conflictos que implica declaración o
determinación de derechos corresponde exclusivamente a órganos investidos de potestad
jurisdiccional.
En desarrollo de este mandato constitucional, el (Codigo de la Funcion Judicial, 2013)
define en su artículo 150 la jurisdicción como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, por otro lado el artículo 156 precisa que la competencia constituye la medida en que
dicha potestad se distribuye por razón de la materia, territorio, personas y grado, y el artículo 157
establece que la competencia está determinada por la ley, dichas disposiciones consolidan el
principio de legalidad competencial y delimitan el ámbito exclusivo de actuación de juezas y
jueces.
De manera complementaria, la ( Ley Notarial, 2009)l, en su artículo 18 numeral 21,
atribuye a notarias y notarios la facultad de intervenir en el deslinde y amojonamiento, siempre
que no exista controversia entre colindantes, dicha coexistencia de estas disposiciones ha
generado tensiones interpretativas tales como la ausencia de criterios normativos suficientemente
precisos para delimitar el momento en que cesa la competencia notarial y se activa la competencia
jurisdiccional ha dado lugar a ciertas incertidumbres.
Esta problemática incide directamente en la seguridad jurídica, en la garantía de tutela
judicial efectiva, una actuación fuera del ámbito competencial puede comprometer la eficacia
jurídica del deslinde y generar litigios posteriores que afectan la estabilidad del bien inmueble. en
este contexto, el presente artículo tiene como objetivo general analizar los conflictos de
competencia que se presentan en los actos de deslinde en el Ecuador, con especial énfasis en la
atribución notarial de la delimitación territorial, el estudio se desarrolla desde un enfoque
cualitativo de carácter dogmático-jurídico, sustentado en la revisión sistemática de fuentes
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1478
normativas y jurisprudenciales, como objetivos específicos se plantean: (i) Examinar el marco
constitucional y legal que regula la intervención notarial en los actos de deslinde en el Ecuador;
(ii) Analizar la delimitación de competencias entre notarios y órganos jurisdiccionales en esta
materia; y (iii) Comparar la regulación ecuatoriana con los modelos normativos de Colombia,
Perú y España, a fin de identificar criterios diferenciadores en la atribución notarial y su incidencia
en la seguridad jurídica.
Desde esta perspectiva, el análisis comparado ofrece según (García Casado, C., 2012).
un marco útil para valorar el grado de precisión normativa alcanzado en otros ordenamientos,
experiencias como las de Colombia, Perú y España han desarrollado esquemas, así como
mecanismos de coordinación con registros de la propiedad y autoridades catastrales, lo que ha
permitido reducir márgenes de indeterminación competencial y fortalecer la función notarial
como instrumento de seguridad jurídica preventiva, esta revisión de modelos identifican criterios
normativos que puedan contribuir a clarificar el diseño institucional ecuatoriano.
El presente estudio no se limita a describir el estado del derecho vigente, sino que busca
evaluar su coherencia interna, integrando el análisis dogmático, la interpretación sistemática y la
comparación jurídica como herramientas metodológicas orientadas a la formulación de
propuestas que fortalezcan la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad.
El análisis de los conflictos de competencia en los actos de deslinde requiere abordar
previamente conceptos clave tal como menciona los autores (Velasco, A. et al.,, 2023) que
permiten comprender la interacción entre la delimitación territorial, la función notarial y la
competencia judicial, la delimitación de linderos constituye un elemento esencial para el ejercicio
efectivo del derecho de propiedad, asegurando la certeza sobre la extensión espacial del dominio
y la estabilidad de las relaciones patrimoniales, esta precisión no solo tiene efectos materiales,
sino que también cumple una función jurídica preventiva al reducir la posibilidad de conflictos
entre colindantes:
Delimitación territorial y alcance jurídico del derecho de propiedad
La delimitación territorial constituye un componente esencial del derecho de propiedad,
pues permite precisar de manera objetiva los límites espaciales sobre los cuales el titular ejerce
sus facultades de uso, goce y disposición, esta precisión material del dominio no solo facilita la
identificación del bien, según (Epstein, R. A., 2020) fortalece la seguridad jurídica al reducir el
riesgo de conflictos entre colindantes y garantizar la estabilidad de las relaciones patrimoniales,
desde esta perspectiva, el deslinde no se limita a un acto técnico de medición, sino que constituye
un mecanismo jurídico que asegura la eficacia real del derecho de propiedad y protege su
contenido esencial frente a posibles controversias.
Además, la delimitación territorial permite diferenciar entre actos voluntarios y supuestos
controvertidos, así lo menciona (Parfit, T., 2020) que marcando el límite entre la función
preventiva de los notarios y la potestad decisoria de los órganos jurisdiccionales, cuando los
normativas y jurisprudenciales, como objetivos específicos se plantean: (i) Examinar el marco
constitucional y legal que regula la intervención notarial en los actos de deslinde en el Ecuador;
(ii) Analizar la delimitación de competencias entre notarios y órganos jurisdiccionales en esta
materia; y (iii) Comparar la regulación ecuatoriana con los modelos normativos de Colombia,
Perú y España, a fin de identificar criterios diferenciadores en la atribución notarial y su incidencia
en la seguridad jurídica.
Desde esta perspectiva, el análisis comparado ofrece según (García Casado, C., 2012).
un marco útil para valorar el grado de precisión normativa alcanzado en otros ordenamientos,
experiencias como las de Colombia, Perú y España han desarrollado esquemas, así como
mecanismos de coordinación con registros de la propiedad y autoridades catastrales, lo que ha
permitido reducir márgenes de indeterminación competencial y fortalecer la función notarial
como instrumento de seguridad jurídica preventiva, esta revisión de modelos identifican criterios
normativos que puedan contribuir a clarificar el diseño institucional ecuatoriano.
El presente estudio no se limita a describir el estado del derecho vigente, sino que busca
evaluar su coherencia interna, integrando el análisis dogmático, la interpretación sistemática y la
comparación jurídica como herramientas metodológicas orientadas a la formulación de
propuestas que fortalezcan la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad.
El análisis de los conflictos de competencia en los actos de deslinde requiere abordar
previamente conceptos clave tal como menciona los autores (Velasco, A. et al.,, 2023) que
permiten comprender la interacción entre la delimitación territorial, la función notarial y la
competencia judicial, la delimitación de linderos constituye un elemento esencial para el ejercicio
efectivo del derecho de propiedad, asegurando la certeza sobre la extensión espacial del dominio
y la estabilidad de las relaciones patrimoniales, esta precisión no solo tiene efectos materiales,
sino que también cumple una función jurídica preventiva al reducir la posibilidad de conflictos
entre colindantes:
Delimitación territorial y alcance jurídico del derecho de propiedad
La delimitación territorial constituye un componente esencial del derecho de propiedad,
pues permite precisar de manera objetiva los límites espaciales sobre los cuales el titular ejerce
sus facultades de uso, goce y disposición, esta precisión material del dominio no solo facilita la
identificación del bien, según (Epstein, R. A., 2020) fortalece la seguridad jurídica al reducir el
riesgo de conflictos entre colindantes y garantizar la estabilidad de las relaciones patrimoniales,
desde esta perspectiva, el deslinde no se limita a un acto técnico de medición, sino que constituye
un mecanismo jurídico que asegura la eficacia real del derecho de propiedad y protege su
contenido esencial frente a posibles controversias.
Además, la delimitación territorial permite diferenciar entre actos voluntarios y supuestos
controvertidos, así lo menciona (Parfit, T., 2020) que marcando el límite entre la función
preventiva de los notarios y la potestad decisoria de los órganos jurisdiccionales, cuando los
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1479
linderos se establecen de manera consensuada, el deslinde opera como un instrumento de
seguridad jurídica preventiva; en cambio, ante la presencia de desacuerdos sobre la extensión del
dominio, se activa la competencia judicial para dirimir la controversia y garantizar la tutela
efectiva del derecho de propiedad, esta distinción evidencia la importancia de comprender el
deslinde como un acto con doble dimensión: técnica y jurídica, lo que fundamenta el análisis de
los conflictos de competencia en los actos de delimitación territorial.
Competencia judicial y función notarial en el deslinde
La competencia judicial en los actos de deslinde garantiza que los conflictos sobre la
delimitación de predios sean resueltos por los órganos jurisdiccionales apropiados, para
(Fernández Martínez, M et al., 2022) se debe respetar los principios de juez natural y tutela
judicial efectiva, esta distribución de funciones evita que las decisiones sobre la extensión del
derecho de propiedad sean asumidas por sujetos no competentes, lo que podría generar nulidad
de los actos y vulneración de la seguridad jurídica, la jurisdicción, en este contexto, se entiende
como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y su correcta aplicación asegura
que las controversias sobre linderos se resuelvan con imparcialidad, legalidad y previsibilidad.
La función notarial actúa como mecanismo de prevención y certeza formal en los actos
de deslinde consensuados entre colindantes, según (Belalcázar Apunte, P. A., 2026) su
intervención permite autenticar los acuerdos, dar fe de los actos y garantizar la regularidad de los
procedimientos extrajudiciales, pero siempre dentro del marco no contencioso, cuando surgen
desacuerdos sobre la delimitación territorial, la competencia recae exclusivamente en los jueces
y tribunales, destacando la importancia de diferenciar claramente las funciones notariales de las
judiciales para evitar conflictos competenciales y fortalecer la seguridad jurídica en la gestión de
la propiedad inmueble.
Distinción entre función notarial y jurisdicción
La función notarial y la jurisdicción son actividades jurídicas complementarias, pero
claramente diferenciadas en su naturaleza y alcance, mientras que la jurisdicción constituye la
potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, conferida exclusivamente a jueces y tribunales,
para (Velástegui Mejía, H. M., & Chimborazo, L., 2025) la función notarial se limita a la
autenticación de actos y documentos voluntarios, así como a la certificación de hechos, dentro de
un marco no contencioso, esta distinción asegura que las decisiones que afectan la extensión y los
límites de la propiedad se tomen bajo criterios legales, imparciales y sujetos a control judicial,
evitando que la actuación extrajudicial del notario sustituya la función decisoria del órgano
jurisdiccional.
El deslinde ejemplifica claramente la necesidad de mantener estas funciones separadas,
el notario puede actuar para formalizar acuerdos consensuados entre colindantes y dotarlos de fe
pública, fortaleciendo la seguridad jurídica preventiva; sin embargo, cuando surge un conflicto
sobre linderos, en cuento a (Parra Lucán, M. Á., 2016) ,menciona que la intervención judicial es
linderos se establecen de manera consensuada, el deslinde opera como un instrumento de
seguridad jurídica preventiva; en cambio, ante la presencia de desacuerdos sobre la extensión del
dominio, se activa la competencia judicial para dirimir la controversia y garantizar la tutela
efectiva del derecho de propiedad, esta distinción evidencia la importancia de comprender el
deslinde como un acto con doble dimensión: técnica y jurídica, lo que fundamenta el análisis de
los conflictos de competencia en los actos de delimitación territorial.
Competencia judicial y función notarial en el deslinde
La competencia judicial en los actos de deslinde garantiza que los conflictos sobre la
delimitación de predios sean resueltos por los órganos jurisdiccionales apropiados, para
(Fernández Martínez, M et al., 2022) se debe respetar los principios de juez natural y tutela
judicial efectiva, esta distribución de funciones evita que las decisiones sobre la extensión del
derecho de propiedad sean asumidas por sujetos no competentes, lo que podría generar nulidad
de los actos y vulneración de la seguridad jurídica, la jurisdicción, en este contexto, se entiende
como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y su correcta aplicación asegura
que las controversias sobre linderos se resuelvan con imparcialidad, legalidad y previsibilidad.
La función notarial actúa como mecanismo de prevención y certeza formal en los actos
de deslinde consensuados entre colindantes, según (Belalcázar Apunte, P. A., 2026) su
intervención permite autenticar los acuerdos, dar fe de los actos y garantizar la regularidad de los
procedimientos extrajudiciales, pero siempre dentro del marco no contencioso, cuando surgen
desacuerdos sobre la delimitación territorial, la competencia recae exclusivamente en los jueces
y tribunales, destacando la importancia de diferenciar claramente las funciones notariales de las
judiciales para evitar conflictos competenciales y fortalecer la seguridad jurídica en la gestión de
la propiedad inmueble.
Distinción entre función notarial y jurisdicción
La función notarial y la jurisdicción son actividades jurídicas complementarias, pero
claramente diferenciadas en su naturaleza y alcance, mientras que la jurisdicción constituye la
potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, conferida exclusivamente a jueces y tribunales,
para (Velástegui Mejía, H. M., & Chimborazo, L., 2025) la función notarial se limita a la
autenticación de actos y documentos voluntarios, así como a la certificación de hechos, dentro de
un marco no contencioso, esta distinción asegura que las decisiones que afectan la extensión y los
límites de la propiedad se tomen bajo criterios legales, imparciales y sujetos a control judicial,
evitando que la actuación extrajudicial del notario sustituya la función decisoria del órgano
jurisdiccional.
El deslinde ejemplifica claramente la necesidad de mantener estas funciones separadas,
el notario puede actuar para formalizar acuerdos consensuados entre colindantes y dotarlos de fe
pública, fortaleciendo la seguridad jurídica preventiva; sin embargo, cuando surge un conflicto
sobre linderos, en cuento a (Parra Lucán, M. Á., 2016) ,menciona que la intervención judicial es
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1480
indispensable para dirimir la controversia de manera definitiva, esta separación funcional evita
conflictos competenciales, protege la validez de los actos de deslinde y garantiza que el derecho
de propiedad se tutelar de manera efectiva, evidenciando la relevancia de un marco normativo
que delimite con precisión los roles de notarios y jueces.
Efectos de la incompetencia funcional
La incompetencia funcional ocurre cuando un órgano o funcionario actúa fuera del
ámbito de su potestad legal, ya sea por desconocimiento de los límites normativos o por una
interpretación incorrecta de la competencia, en el contexto de los actos de deslinde, (Alejandro
Abal Oliú, 2002) menciona que la intervención de un notario en situaciones contenciosas o la
actuación de un juez fuera de su jurisdicción territorial puede generar nulidad de los actos,
inseguridad jurídica y litigiosidad adicional, afectando directamente la protección del derecho de
propiedad, estos escenarios reflejan la importancia de respetar la distribución de funciones entre
notarios y órganos jurisdiccionales, evitando que se produzcan decisiones sin respaldo legal o
capacidad decisoria suficiente.
Asimismo, la incompetencia funcional tiene efectos prácticos que trascienden la mera
formalidad, puesto que compromete la certeza registral, retrasa la resolución de conflictos y puede
generar responsabilidad legal para quienes intervienen fuera de su competencia,(Gaona-Sánchez
et. al, 2025) en este sentido, la claridad normativa y la correcta delimitación de funciones se
presentan como herramientas esenciales para garantizar que los actos de deslinde cumplan su
finalidad: proteger la propiedad, prevenir controversias y asegurar la estabilidad de las relaciones
patrimoniales, este análisis permite vincular los límites de actuación de cada órgano con la
seguridad jurídica, resaltando la necesidad de un marco regulatorio coherente que evite la
expansión indebida de funciones.
El análisis de los conflictos de competencia en los actos de deslinde en Ecuador requiere
diferenciar claramente la competencia notarial y la judicial, así como entender el papel que cada
una desempeña en la garantía de seguridad jurídica y formalidad legal, fuera de estas condiciones,
la intervención notarial carece de eficacia y la competencia recae directamente en la vía judicial
civil, tramitándose de forma voluntaria cuando no hay oposición, y sumaria si se genera conflicto.
En este contexto, el (Oficio 1082-P-CNJ-2021, 2021) constituye el criterio técnico-legal
más reciente de la Corte Nacional de Justicia, estableciendo las reglas precisas de atribución entre
notario y juez. Este oficio permite delimitar los escenarios de conflicto:
• Competencia notarial: aplica únicamente en casos rurales con acuerdo previo.
• Competencia judicial: obligatoria en zonas urbanas o ante la ausencia de acuerdo,
garantizando la resolución judicial cuando existe controversia.
• Prevención de conflictos: evita que los interesados acudan indebidamente al notario sin
cumplir los requisitos legales, remitiéndolos al procedimiento judicial correspondiente.
indispensable para dirimir la controversia de manera definitiva, esta separación funcional evita
conflictos competenciales, protege la validez de los actos de deslinde y garantiza que el derecho
de propiedad se tutelar de manera efectiva, evidenciando la relevancia de un marco normativo
que delimite con precisión los roles de notarios y jueces.
Efectos de la incompetencia funcional
La incompetencia funcional ocurre cuando un órgano o funcionario actúa fuera del
ámbito de su potestad legal, ya sea por desconocimiento de los límites normativos o por una
interpretación incorrecta de la competencia, en el contexto de los actos de deslinde, (Alejandro
Abal Oliú, 2002) menciona que la intervención de un notario en situaciones contenciosas o la
actuación de un juez fuera de su jurisdicción territorial puede generar nulidad de los actos,
inseguridad jurídica y litigiosidad adicional, afectando directamente la protección del derecho de
propiedad, estos escenarios reflejan la importancia de respetar la distribución de funciones entre
notarios y órganos jurisdiccionales, evitando que se produzcan decisiones sin respaldo legal o
capacidad decisoria suficiente.
Asimismo, la incompetencia funcional tiene efectos prácticos que trascienden la mera
formalidad, puesto que compromete la certeza registral, retrasa la resolución de conflictos y puede
generar responsabilidad legal para quienes intervienen fuera de su competencia,(Gaona-Sánchez
et. al, 2025) en este sentido, la claridad normativa y la correcta delimitación de funciones se
presentan como herramientas esenciales para garantizar que los actos de deslinde cumplan su
finalidad: proteger la propiedad, prevenir controversias y asegurar la estabilidad de las relaciones
patrimoniales, este análisis permite vincular los límites de actuación de cada órgano con la
seguridad jurídica, resaltando la necesidad de un marco regulatorio coherente que evite la
expansión indebida de funciones.
El análisis de los conflictos de competencia en los actos de deslinde en Ecuador requiere
diferenciar claramente la competencia notarial y la judicial, así como entender el papel que cada
una desempeña en la garantía de seguridad jurídica y formalidad legal, fuera de estas condiciones,
la intervención notarial carece de eficacia y la competencia recae directamente en la vía judicial
civil, tramitándose de forma voluntaria cuando no hay oposición, y sumaria si se genera conflicto.
En este contexto, el (Oficio 1082-P-CNJ-2021, 2021) constituye el criterio técnico-legal
más reciente de la Corte Nacional de Justicia, estableciendo las reglas precisas de atribución entre
notario y juez. Este oficio permite delimitar los escenarios de conflicto:
• Competencia notarial: aplica únicamente en casos rurales con acuerdo previo.
• Competencia judicial: obligatoria en zonas urbanas o ante la ausencia de acuerdo,
garantizando la resolución judicial cuando existe controversia.
• Prevención de conflictos: evita que los interesados acudan indebidamente al notario sin
cumplir los requisitos legales, remitiéndolos al procedimiento judicial correspondiente.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1481
Por su parte, la (sentencia de casacion Nº 17711-2013-0051, 2014) ilustra la aplicación
práctica del marco normativo, esta resolución evidencia cómo, ante la falta de acuerdo, el deslinde
se tramita como proceso judicial declarativo, donde la prueba documental notarial es fundamental
para determinar los límites de propiedad y resguardar la legalidad del procedimiento, además,
refuerza principios procesales como la validez del acto frente a la oposición y la garantía de
defensa, asegurando que no se produzca indefensión, aunque la diligencia inicial no cumpla
formalidades estrictas de citación.
En síntesis, la relación entre el marco técnico-legal y la práctica jurisprudencial permite
sostener que:
• La competencia depende de la ubicación y el acuerdo entre partes;
• El acto notarial constituye prueba fundamental y garantía de seguridad jurídica;
• La intervención judicial se activa en presencia de conflicto, respetando los principios
declarativos y las garantías procesales.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación adopta un enfoque cualitativo, descriptivo y documental, centrado en el
análisis del conflicto de competencia en los actos de deslinde y la atribución notarial en Ecuador,
se trata de un estudio jurídico de tipo documental y de análisis normativo, (Caballero Merlo, J.
N., 2025) que examina la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la
Función Judicial, la Ley Notarial, así como sentencias de la Corte Nacional de Justicia.
El diseño es no experimental y explicativo, ya que se analizan documentos legales y
jurisprudenciales existentes para describir y sistematizar la delimitación de competencias, los
límites legales, (Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P., 2018) permitiendo establecer
la relación entre el marco normativo y su aplicación, la población de estudio incluye toda la
normativa y jurisprudencia vinculada a los actos de deslinde y atribución notarial, mientras que
la muestra se seleccionó mediante criterio de pertinencia, priorizando libro u códigos que
clarifiquen la competencia y los procedimientos legales, tales como Constitución de la República
del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Notarial (art. 18, numeral 21), Oficio
1082-P-CNJ-2021 y Sentencia de Casación No. 17711‑2013‑0051.
La información se recolectó mediante revisión documental sistemática, utilizando fichas
de análisis jurídico para registrar aspectos normativos, criterios jurisprudenciales, alcance de
competencias, se aplicó análisis comparativo, contrastando el criterio técnico del Oficio 1082 con
la praxis judicial reflejada en la sentencia y extendiendo la comparación a los sistemas notariales
de otros países, específicamente Perú, Colombia y España, con el objetivo de identificar
similitudes y diferencias en la atribución de competencias, procedimientos y formalidades en
actos de deslindes, aplicando un análisis interpretativo que enfatiza la formalidad, la seguridad
jurídica y la protección de los derechos de las partes.
Por su parte, la (sentencia de casacion Nº 17711-2013-0051, 2014) ilustra la aplicación
práctica del marco normativo, esta resolución evidencia cómo, ante la falta de acuerdo, el deslinde
se tramita como proceso judicial declarativo, donde la prueba documental notarial es fundamental
para determinar los límites de propiedad y resguardar la legalidad del procedimiento, además,
refuerza principios procesales como la validez del acto frente a la oposición y la garantía de
defensa, asegurando que no se produzca indefensión, aunque la diligencia inicial no cumpla
formalidades estrictas de citación.
En síntesis, la relación entre el marco técnico-legal y la práctica jurisprudencial permite
sostener que:
• La competencia depende de la ubicación y el acuerdo entre partes;
• El acto notarial constituye prueba fundamental y garantía de seguridad jurídica;
• La intervención judicial se activa en presencia de conflicto, respetando los principios
declarativos y las garantías procesales.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación adopta un enfoque cualitativo, descriptivo y documental, centrado en el
análisis del conflicto de competencia en los actos de deslinde y la atribución notarial en Ecuador,
se trata de un estudio jurídico de tipo documental y de análisis normativo, (Caballero Merlo, J.
N., 2025) que examina la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la
Función Judicial, la Ley Notarial, así como sentencias de la Corte Nacional de Justicia.
El diseño es no experimental y explicativo, ya que se analizan documentos legales y
jurisprudenciales existentes para describir y sistematizar la delimitación de competencias, los
límites legales, (Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P., 2018) permitiendo establecer
la relación entre el marco normativo y su aplicación, la población de estudio incluye toda la
normativa y jurisprudencia vinculada a los actos de deslinde y atribución notarial, mientras que
la muestra se seleccionó mediante criterio de pertinencia, priorizando libro u códigos que
clarifiquen la competencia y los procedimientos legales, tales como Constitución de la República
del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Notarial (art. 18, numeral 21), Oficio
1082-P-CNJ-2021 y Sentencia de Casación No. 17711‑2013‑0051.
La información se recolectó mediante revisión documental sistemática, utilizando fichas
de análisis jurídico para registrar aspectos normativos, criterios jurisprudenciales, alcance de
competencias, se aplicó análisis comparativo, contrastando el criterio técnico del Oficio 1082 con
la praxis judicial reflejada en la sentencia y extendiendo la comparación a los sistemas notariales
de otros países, específicamente Perú, Colombia y España, con el objetivo de identificar
similitudes y diferencias en la atribución de competencias, procedimientos y formalidades en
actos de deslindes, aplicando un análisis interpretativo que enfatiza la formalidad, la seguridad
jurídica y la protección de los derechos de las partes.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1482
El análisis comparativo internacional permitió contrastar la regulación ecuatoriana con
otros modelos jurídicos, identificando elementos de buenas prácticas y posibles áreas de mejora
en la atribución de competencias notariales y en la coordinación con la autoridad judicial, (Ramos-
Galarza, C. A., 2020) dicho enfoque resulta particularmente relevante para evaluar la eficiencia
de los procedimientos no contenciosos, la integración de la documentación técnica y la definición
de responsabilidades de las partes en la delimitación de propiedades.
Asimismo, facilita un entendimiento más amplio de los estándares internacionales de
seguridad jurídica y formalidad en los actos de deslinde, aportando un marco conceptual que
permite interpretar de manera rigurosa la normativa nacional y su aplicación práctica en contextos
conflictivos, observando la interacción entre principios constitucionales como el debido proceso
y la primacía de la legalidad y notarial en la resolución de conflictos.
Esta metodología abarca una visión integrada sobre cómo la formalidad de los actos
notariales y en donde contribuyen a la resolución efectiva de los conflictos, garantizando tanto la
seguridad jurídica de los propietarios como la coherencia normativa del sistema, además,
proporciona criterios claros para la identificación de competencias y la valoración de la prueba
documental, elementos esenciales para cualquier estudio orientado a optimizar la función notarial
y la administración de justicia en el ámbito de los deslindes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis documental permitió identificar que la delimitación de competencias en los
actos de deslinde en Ecuador se encuentra claramente definida por la normativa nacional, pero su
aplicación práctica evidencia zonas de interpretación que generan conflictos competenciales. Los
hallazgos muestran que la competencia notarial se limita a actos consensuados en áreas rurales,
mientras que la competencia judicial se activa en presencia de desacuerdo, en cuanto a los
lineamientos del Oficio 1082-P-CNJ-2021 y la interpretación jurisprudencial de la Sentencia de
Casación No. 17711‑2013‑0051. En este contexto, los notarios cumplen un rol preventivo y
formalizador, asegurando la validez documental y la seguridad jurídica, mientras que los jueces
garantizan la resolución definitiva de controversias sobre límites de propiedad, respetando los
principios de tutela judicial efectiva y debido proceso.
El estudio permitió organizar los hallazgos en categorías que reflejan la lógica del análisis
jurídico: competencia notarial versus judicial, requisitos documentales y probatorios,
procedimientos y garantías procesales, y análisis comparativo internacional, la revisión
sistemática evidenció que la intervención notarial funciona como instrumento de prevención de
conflictos, otorgando fe pública a los acuerdos consensuados; sin embargo, su eficacia se ve
limitada ante controversias, activándose la jurisdicción judicial, donde la prueba documental
notarial se convierte en elemento clave para determinar los linderos y garantizar la validez de los
actos, la Sentencia 17711‑2013‑0051 muestra cómo la ausencia de acuerdo transforma el proceso
El análisis comparativo internacional permitió contrastar la regulación ecuatoriana con
otros modelos jurídicos, identificando elementos de buenas prácticas y posibles áreas de mejora
en la atribución de competencias notariales y en la coordinación con la autoridad judicial, (Ramos-
Galarza, C. A., 2020) dicho enfoque resulta particularmente relevante para evaluar la eficiencia
de los procedimientos no contenciosos, la integración de la documentación técnica y la definición
de responsabilidades de las partes en la delimitación de propiedades.
Asimismo, facilita un entendimiento más amplio de los estándares internacionales de
seguridad jurídica y formalidad en los actos de deslinde, aportando un marco conceptual que
permite interpretar de manera rigurosa la normativa nacional y su aplicación práctica en contextos
conflictivos, observando la interacción entre principios constitucionales como el debido proceso
y la primacía de la legalidad y notarial en la resolución de conflictos.
Esta metodología abarca una visión integrada sobre cómo la formalidad de los actos
notariales y en donde contribuyen a la resolución efectiva de los conflictos, garantizando tanto la
seguridad jurídica de los propietarios como la coherencia normativa del sistema, además,
proporciona criterios claros para la identificación de competencias y la valoración de la prueba
documental, elementos esenciales para cualquier estudio orientado a optimizar la función notarial
y la administración de justicia en el ámbito de los deslindes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis documental permitió identificar que la delimitación de competencias en los
actos de deslinde en Ecuador se encuentra claramente definida por la normativa nacional, pero su
aplicación práctica evidencia zonas de interpretación que generan conflictos competenciales. Los
hallazgos muestran que la competencia notarial se limita a actos consensuados en áreas rurales,
mientras que la competencia judicial se activa en presencia de desacuerdo, en cuanto a los
lineamientos del Oficio 1082-P-CNJ-2021 y la interpretación jurisprudencial de la Sentencia de
Casación No. 17711‑2013‑0051. En este contexto, los notarios cumplen un rol preventivo y
formalizador, asegurando la validez documental y la seguridad jurídica, mientras que los jueces
garantizan la resolución definitiva de controversias sobre límites de propiedad, respetando los
principios de tutela judicial efectiva y debido proceso.
El estudio permitió organizar los hallazgos en categorías que reflejan la lógica del análisis
jurídico: competencia notarial versus judicial, requisitos documentales y probatorios,
procedimientos y garantías procesales, y análisis comparativo internacional, la revisión
sistemática evidenció que la intervención notarial funciona como instrumento de prevención de
conflictos, otorgando fe pública a los acuerdos consensuados; sin embargo, su eficacia se ve
limitada ante controversias, activándose la jurisdicción judicial, donde la prueba documental
notarial se convierte en elemento clave para determinar los linderos y garantizar la validez de los
actos, la Sentencia 17711‑2013‑0051 muestra cómo la ausencia de acuerdo transforma el proceso
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1483
en declarativo judicial, reforzando la seguridad jurídica mediante la validación de la defensa de
las partes y la observancia de formalidades procesales.
El análisis comparativo internacional con los sistemas de Perú, Colombia y España
permitió identificar buenas prácticas y diferencias normativas que aportan criterios para mejorar
la regulación ecuatoriana, en estos países, la coordinación entre notarios, registros de la propiedad
y autoridades catastrales contribuye a reducir la indeterminación competencial y a fortalecer la
función notarial preventiva.
España destaca por mecanismos técnicos y coordinados que integran representación
gráfica y catastro, mientras que Perú y Colombia presentan esquemas que delimitan con claridad
la actuación extrajudicial y judicial, este contraste evidencia que la regulación ecuatoriana puede
beneficiarse de criterios que fortalezcan la formalidad de los actos, la eficiencia de los
procedimientos no contenciosos y la protección de los derechos de los propietarios.
Asimismo, los hallazgos muestran que la correcta delimitación de competencias impacta
directamente en la seguridad jurídica y la estabilidad patrimonial, evitando actos nulos por
incompetencia funcional, la integración del análisis dogmático, la interpretación sistemática y la
comparación jurídica refuerza la comprensión de la interacción entre la función notarial y la
jurisdicción, mostrando que ambos mecanismos son complementarios: el notario asegura
formalidad preventiva y la autoridad judicial garantiza resolución definitiva.
En síntesis, los resultados permiten concluir que: (i) la competencia depende de la
ubicación del inmueble y del acuerdo previo entre partes; (ii) el acto notarial constituye un
instrumento fundamental de seguridad jurídica y prueba documental; (iii) la intervención judicial
se activa frente a conflictos, respetando principios procesales y garantizando la defensa; y (iv) la
comparación internacional evidencia buenas prácticas que pueden orientar la mejora normativa
ecuatoriana, estas conclusiones subrayan la pertinencia científica y práctica del estudio,
destacando la novedad en la evaluación comparativa de la atribución notarial y su incidencia en
la seguridad jurídica de los actos de deslinde en Ecuador.
Tabla 1
Comparación metodológica y analítica de actos de deslinde: sistemas notariales y judiciales en
Ecuador, Perú, Colombia y España
Categoría de
Análisis
Ecuador –
Notarial
Ecuador –
Judicial
Perú – Notarial Colombia –
Notarial
España – Notarial
Fuente de
información
Normativa
notarial, Oficio
1082, registros
públicos, planes
catastrales
Sentencias
judiciales,
normativa procesal,
informes periciales
Leyes notariales,
planos
topográficos,
escritura pública
Leyes notariales,
registros
catastrales,
informes técnicos
Legislación notarial,
Registro de la Propiedad,
certificaciones catastrales
Método de
recolección
Revisión
documental
sistemática,
fichas de análisis
jurídico
Revisión de
expedientes
judiciales, fichas
de análisis
Revisión
documental de
normativa y
praxis notarial
Revisión
documental de
normativa y
praxis notarial
Revisión de normativa y
procedimientos notariales
en declarativo judicial, reforzando la seguridad jurídica mediante la validación de la defensa de
las partes y la observancia de formalidades procesales.
El análisis comparativo internacional con los sistemas de Perú, Colombia y España
permitió identificar buenas prácticas y diferencias normativas que aportan criterios para mejorar
la regulación ecuatoriana, en estos países, la coordinación entre notarios, registros de la propiedad
y autoridades catastrales contribuye a reducir la indeterminación competencial y a fortalecer la
función notarial preventiva.
España destaca por mecanismos técnicos y coordinados que integran representación
gráfica y catastro, mientras que Perú y Colombia presentan esquemas que delimitan con claridad
la actuación extrajudicial y judicial, este contraste evidencia que la regulación ecuatoriana puede
beneficiarse de criterios que fortalezcan la formalidad de los actos, la eficiencia de los
procedimientos no contenciosos y la protección de los derechos de los propietarios.
Asimismo, los hallazgos muestran que la correcta delimitación de competencias impacta
directamente en la seguridad jurídica y la estabilidad patrimonial, evitando actos nulos por
incompetencia funcional, la integración del análisis dogmático, la interpretación sistemática y la
comparación jurídica refuerza la comprensión de la interacción entre la función notarial y la
jurisdicción, mostrando que ambos mecanismos son complementarios: el notario asegura
formalidad preventiva y la autoridad judicial garantiza resolución definitiva.
En síntesis, los resultados permiten concluir que: (i) la competencia depende de la
ubicación del inmueble y del acuerdo previo entre partes; (ii) el acto notarial constituye un
instrumento fundamental de seguridad jurídica y prueba documental; (iii) la intervención judicial
se activa frente a conflictos, respetando principios procesales y garantizando la defensa; y (iv) la
comparación internacional evidencia buenas prácticas que pueden orientar la mejora normativa
ecuatoriana, estas conclusiones subrayan la pertinencia científica y práctica del estudio,
destacando la novedad en la evaluación comparativa de la atribución notarial y su incidencia en
la seguridad jurídica de los actos de deslinde en Ecuador.
Tabla 1
Comparación metodológica y analítica de actos de deslinde: sistemas notariales y judiciales en
Ecuador, Perú, Colombia y España
Categoría de
Análisis
Ecuador –
Notarial
Ecuador –
Judicial
Perú – Notarial Colombia –
Notarial
España – Notarial
Fuente de
información
Normativa
notarial, Oficio
1082, registros
públicos, planes
catastrales
Sentencias
judiciales,
normativa procesal,
informes periciales
Leyes notariales,
planos
topográficos,
escritura pública
Leyes notariales,
registros
catastrales,
informes técnicos
Legislación notarial,
Registro de la Propiedad,
certificaciones catastrales
Método de
recolección
Revisión
documental
sistemática,
fichas de análisis
jurídico
Revisión de
expedientes
judiciales, fichas
de análisis
Revisión
documental de
normativa y
praxis notarial
Revisión
documental de
normativa y
praxis notarial
Revisión de normativa y
procedimientos notariales
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1484
Aspectos
registrados
Competencias
notariales,
formalización de
actos, requisitos
documentales
Alcance judicial,
criterios
jurisprudenciales,
garantías
procesales
Competencias,
requisitos y
procedimientos
notariales
Competencias,
requisitos,
procedimientos,
registro
Competencias,
formalidad, registro y
control legal
Comparación
aplicada
Se contrastó el
Oficio 1082 con
la práctica
notarial y judicial
Comparación con
criterios técnicos
del notariado
Comparación de
procedimientos y
requisitos con
Ecuador y
Colombia
Comparación de
formalidades y
seguridad jurídica
con Ecuador y
España
Comparación del control
registral y formalidad
con Ecuador, Perú y
Colombia
Criterios
evaluados
Formalidad,
seguridad
jurídica,
protección de
derechos de las
partes
Formalidad
judicial, derecho a
audiencia,
protección
patrimonial
Flexibilidad y
validez jurídica
de actos
consensuales
Formalidad,
seguridad y
registro de actos
notariales
Formalidad estricta,
control registral,
protección jurídica
Resultados
esperados /
Observaciones
Identificación de
similitudes y
diferencias en
competencias y
formalidades
Diferencias en la
intervención
judicial frente a
actos notariales
Procedimientos
más flexibles con
posibilidad de
impugnación
judicial
Procedimientos
notariales
intermedios,
seguridad jurídica
garantizada
Sistema más formalista,
registro obligatorio,
intervención judicial
subsidiaria
Tabla 2
Principales fuentes normativas y jurisprudenciales aplicadas al análisis de la competencia
notarial y judicial en actos de deslinde en Ecuador
Fuente Contenido principal Función en la investigación
Constitución de la República del
Ecuador
Establece principios generales sobre
la administración de justicia,
seguridad jurídica y debido proceso
Marco constitucional que guía la interpretación de
competencias y garantiza derechos procesales en
los actos de deslinde
Código Orgánico de la Función
Judicial
Regula la organización del sistema
judicial y la atribución de
competencias en materias civiles y
especiales
Define la competencia judicial en casos de
deslinde y la coordinación con la función notarial
Ley Notarial (Art. 18, numeral
21)
Determina la competencia exclusiva
del notario en actos de deslinde en
zonas rurales y bajo acuerdo entre las
partes
Delimita cuándo la atribución de competencias
corresponde al notario, asegurando formalidad y
acuerdo entre partes
Oficio 1082-P-CNJ-2021 Aclara la competencia del notario y
del juez según la ubicación y la
existencia de acuerdo entre las partes
Brinda criterio técnico-legal sobre la atribución de
competencias y resolución de conflictos de
competencia
Sentencia de Casación No.
17711-2013-0051
Ilustra la aplicación práctica de la
normativa en casos de conflicto de
deslinde y la validez de la prueba
documental notarial
Evidencia la praxis judicial, mostrando cómo se
aplican los principios normativos y la validez de
la prueba notarial
Aspectos
registrados
Competencias
notariales,
formalización de
actos, requisitos
documentales
Alcance judicial,
criterios
jurisprudenciales,
garantías
procesales
Competencias,
requisitos y
procedimientos
notariales
Competencias,
requisitos,
procedimientos,
registro
Competencias,
formalidad, registro y
control legal
Comparación
aplicada
Se contrastó el
Oficio 1082 con
la práctica
notarial y judicial
Comparación con
criterios técnicos
del notariado
Comparación de
procedimientos y
requisitos con
Ecuador y
Colombia
Comparación de
formalidades y
seguridad jurídica
con Ecuador y
España
Comparación del control
registral y formalidad
con Ecuador, Perú y
Colombia
Criterios
evaluados
Formalidad,
seguridad
jurídica,
protección de
derechos de las
partes
Formalidad
judicial, derecho a
audiencia,
protección
patrimonial
Flexibilidad y
validez jurídica
de actos
consensuales
Formalidad,
seguridad y
registro de actos
notariales
Formalidad estricta,
control registral,
protección jurídica
Resultados
esperados /
Observaciones
Identificación de
similitudes y
diferencias en
competencias y
formalidades
Diferencias en la
intervención
judicial frente a
actos notariales
Procedimientos
más flexibles con
posibilidad de
impugnación
judicial
Procedimientos
notariales
intermedios,
seguridad jurídica
garantizada
Sistema más formalista,
registro obligatorio,
intervención judicial
subsidiaria
Tabla 2
Principales fuentes normativas y jurisprudenciales aplicadas al análisis de la competencia
notarial y judicial en actos de deslinde en Ecuador
Fuente Contenido principal Función en la investigación
Constitución de la República del
Ecuador
Establece principios generales sobre
la administración de justicia,
seguridad jurídica y debido proceso
Marco constitucional que guía la interpretación de
competencias y garantiza derechos procesales en
los actos de deslinde
Código Orgánico de la Función
Judicial
Regula la organización del sistema
judicial y la atribución de
competencias en materias civiles y
especiales
Define la competencia judicial en casos de
deslinde y la coordinación con la función notarial
Ley Notarial (Art. 18, numeral
21)
Determina la competencia exclusiva
del notario en actos de deslinde en
zonas rurales y bajo acuerdo entre las
partes
Delimita cuándo la atribución de competencias
corresponde al notario, asegurando formalidad y
acuerdo entre partes
Oficio 1082-P-CNJ-2021 Aclara la competencia del notario y
del juez según la ubicación y la
existencia de acuerdo entre las partes
Brinda criterio técnico-legal sobre la atribución de
competencias y resolución de conflictos de
competencia
Sentencia de Casación No.
17711-2013-0051
Ilustra la aplicación práctica de la
normativa en casos de conflicto de
deslinde y la validez de la prueba
documental notarial
Evidencia la praxis judicial, mostrando cómo se
aplican los principios normativos y la validez de
la prueba notarial
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1485
REFERENCIAS
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional del Ecuador. Registro
Oficial No. 449. https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador
Ley Notarial. (2009). Ley Notarial. Registro Oficial Suplemento 544.
https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-notarial
Alejandro Abal Oliú. (2002). Revista de tecnica forense. Consecuencias de la incompetencia de
los órganos jurisdiccionales. https://revistas.fcu.edu.uy/index.php/rtf/article/view/1711
Belalcázar Apunte, P. A. (2026). Revista cientifica, dominio de las ciencias . La función notarial
frente a la digitalización de los actos jurídicos: límites, garantías y riesgos en el notariado
electrónico, 12(1). https://doi.org/https://doi.org/10.23857/dc.v12i1.4674
Caballero Merlo, J. N. (2025). Ciencia Rev. Científica Multidisciplinaria. Metodología de la
investigación desde un enfoque cualitativo: resultados y experiencias., 9(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v9.n2.2025.16-26
Codigo de la Funcion Judicial. (2013). Ley 0. Registro Oficial Suplemento 38.
https://www.lexis.com.ec/biblioteca/codigo-organico-funcion-judicial
Epstein, R. A. (2020). Property Rights: Long and Skinny. International journal of the commons,
14(1). https://doi.org/DOI: 10.5334/ijc.993
Fernández Martínez, M et al. (2022). Opinión Jurídica,. El deslinde urbano como mecanismo de
protección del patrimonio inmobiliario, 21(45).
https://doi.org/https://doi.org/10.22395/ojum.v21n45a18
Gaona-Sánchez et. al. (2025). Noesis. Revista Electrónica de Investigación. Causas y efectos de
la ineficacia del acto jurídico y nulidad notarial en Latinoamérica, 7(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i2.477
García Casado, C. (2012). Dialnet plus. La competencia notarial en los asuntos no contenciosos,
1(17). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4122121
Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). McGraw-Hill. Loja.
https://doi.org/978-1-4562-6096-5
Oficio 1082-P-CNJ-2021. (2021). Corte Nacional de justicia .
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/consultas_absueltas/No_Penales/Proces
al/169.pdf
Parfit, T. (2020). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Territorial rights and territorial justice.
Parra Lucán, M. Á. (2016). Derecho Privado y Constitución. La jurisdicción voluntaria y las leyes
civiles autonómicas. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18042/cepc/dpc.30.03
Ramos-Galarza, C. A. (2020). CienciAmérica. Los Alcances de una investigación, 9(3).
https://doi.org/http://orcid.org/0000-0001-5614-1994
REFERENCIAS
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional del Ecuador. Registro
Oficial No. 449. https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador
Ley Notarial. (2009). Ley Notarial. Registro Oficial Suplemento 544.
https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-notarial
Alejandro Abal Oliú. (2002). Revista de tecnica forense. Consecuencias de la incompetencia de
los órganos jurisdiccionales. https://revistas.fcu.edu.uy/index.php/rtf/article/view/1711
Belalcázar Apunte, P. A. (2026). Revista cientifica, dominio de las ciencias . La función notarial
frente a la digitalización de los actos jurídicos: límites, garantías y riesgos en el notariado
electrónico, 12(1). https://doi.org/https://doi.org/10.23857/dc.v12i1.4674
Caballero Merlo, J. N. (2025). Ciencia Rev. Científica Multidisciplinaria. Metodología de la
investigación desde un enfoque cualitativo: resultados y experiencias., 9(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v9.n2.2025.16-26
Codigo de la Funcion Judicial. (2013). Ley 0. Registro Oficial Suplemento 38.
https://www.lexis.com.ec/biblioteca/codigo-organico-funcion-judicial
Epstein, R. A. (2020). Property Rights: Long and Skinny. International journal of the commons,
14(1). https://doi.org/DOI: 10.5334/ijc.993
Fernández Martínez, M et al. (2022). Opinión Jurídica,. El deslinde urbano como mecanismo de
protección del patrimonio inmobiliario, 21(45).
https://doi.org/https://doi.org/10.22395/ojum.v21n45a18
Gaona-Sánchez et. al. (2025). Noesis. Revista Electrónica de Investigación. Causas y efectos de
la ineficacia del acto jurídico y nulidad notarial en Latinoamérica, 7(2).
https://doi.org/https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i2.477
García Casado, C. (2012). Dialnet plus. La competencia notarial en los asuntos no contenciosos,
1(17). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4122121
Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). McGraw-Hill. Loja.
https://doi.org/978-1-4562-6096-5
Oficio 1082-P-CNJ-2021. (2021). Corte Nacional de justicia .
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/consultas_absueltas/No_Penales/Proces
al/169.pdf
Parfit, T. (2020). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Territorial rights and territorial justice.
Parra Lucán, M. Á. (2016). Derecho Privado y Constitución. La jurisdicción voluntaria y las leyes
civiles autonómicas. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18042/cepc/dpc.30.03
Ramos-Galarza, C. A. (2020). CienciAmérica. Los Alcances de una investigación, 9(3).
https://doi.org/http://orcid.org/0000-0001-5614-1994
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1486
sentencia de casacion Nº 17711-2013-0051. (2014). En S. D. CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA DEL ECUADOR.
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_civil/2014/51-2013.pdf
Velasco, A. et al.,. (2023). Science Direct. Determination of the property boundary – A review of
selected civil law jurisdictions.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106445
Velástegui Mejía, H. M., & Chimborazo, L. (2025). Cultura: International Journal of Philosophy
of Culture and Axiology. Voluntary Jurisdiction In Ecuador: Notaries And Judges, 22(9).
https://culturajournal.com/submissions/index.php/ijpca/article/view/1707/1834
sentencia de casacion Nº 17711-2013-0051. (2014). En S. D. CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA DEL ECUADOR.
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_civil/2014/51-2013.pdf
Velasco, A. et al.,. (2023). Science Direct. Determination of the property boundary – A review of
selected civil law jurisdictions.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106445
Velástegui Mejía, H. M., & Chimborazo, L. (2025). Cultura: International Journal of Philosophy
of Culture and Axiology. Voluntary Jurisdiction In Ecuador: Notaries And Judges, 22(9).
https://culturajournal.com/submissions/index.php/ijpca/article/view/1707/1834