Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1623
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.1999
La digitalización de los procesos civiles y su impacto en el
acceso a la justicia en el Ecuador
The digitization of civil processes and its impact on access to justice in Ecuador
Alan Alberto Gomez Rios
alan.gomezrios7098@upse.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-0028-2844
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador – Santa Elena
Arturo Clery Aguirre
clery@upse.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6552-628X
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador- Santa Elena
Artículo recibido: 10 enero 2026 -Aceptado para publicación: 20 febrero 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
La digitalización de los procesos civiles en el Ecuador se ha consolidado como una estrategia
orientada a modernizar la administración de justicia y garantizar la continuidad del servicio
judicial, el presente artículo analiza el impacto de esta transformación en el acceso a la justicia, a
partir de criterios de eficiencia, equidad y protección de derechos, la investigación emplea un
enfoque metodológico mixto que integra el análisis documental y normativo con datos
cuantitativos sobre la gestión judicial, así como entrevistas a operadores y usuarios del sistema.
Los resultados muestran que la implementación de herramientas digitales ha favorecido la
celeridad procesal y la reducción de costos asociados al trámite judicial, no obstante, también se
identifican limitaciones vinculadas a la brecha digital, la insuficiente capacitación tecnológica y
las deficiencias en la infraestructura informática, se concluye que la digitalización de la justicia
civil contribuye al fortalecimiento del acceso a la justicia únicamente cuando se acompaña de
políticas públicas orientadas a la inclusión digital y al fortalecimiento institucional.
Palabras clave: digitalización judicial, justicia digital, tutela judicial efectiva
ABSTRACT
The digitization of civil proceedings in Ecuador has become a consolidated strategy aimed at
modernizing the administration of justice and ensuring the continuity of judicial services. This
article analyzes the impact of this transformation on access to justice, based on criteria of
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1624
efficiency, equity, and the protection of rights. The research employs a mixed-methods approach
that integrates documentary and regulatory analysis with quantitative data on judicial
management, as well as interviews with system operators and users. The results show that the
implementation of digital tools has favored procedural efficiency and reduced costs associated
with legal proceedings. However, limitations related to the digital divide, insufficient
technological training, and deficiencies in IT infrastructure are also identified. The study
concludes that the digitization of civil justice contributes to strengthening access to justice only
when accompanied by public policies focused on digital inclusion and institutional strengthening.
Keywords: Judicial digitization, digital justice, effective judicial protection
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
efficiency, equity, and the protection of rights. The research employs a mixed-methods approach
that integrates documentary and regulatory analysis with quantitative data on judicial
management, as well as interviews with system operators and users. The results show that the
implementation of digital tools has favored procedural efficiency and reduced costs associated
with legal proceedings. However, limitations related to the digital divide, insufficient
technological training, and deficiencies in IT infrastructure are also identified. The study
concludes that the digitization of civil justice contributes to strengthening access to justice only
when accompanied by public policies focused on digital inclusion and institutional strengthening.
Keywords: Judicial digitization, digital justice, effective judicial protection
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1625
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental y un pilar del Estado
constitucional de derechos y justicia reconocido en la Constitución de la República del Ecuador
(2008), en el ámbito de la justicia civil, este derecho se ha visto históricamente afectado por la
congestión procesal, la excesiva duración de los procesos y las barreras geográficas y económicas
que limitan el ejercicio efectivo de la tutela judicial, tales dificultades estructurales han incidido
negativamente como lo manifiesta (Zurita Chango, K. K., 2024) en la confianza ciudadana hacia
el sistema judicial y han profundizado las desigualdades en el acceso a una justicia pronta y eficaz.
En este contexto, la digitalización de los procesos judiciales surge como una estrategia
institucional así lo menciona (Merino Lopez, 2025) orientada a modernizar la administración de
justicia, optimizar recursos y garantizar una respuesta jurisdiccional oportuna, la incorporación
de herramientas tecnológicas como el expediente judicial electrónico, las notificaciones digitales
y las audiencias telemáticas ha sido impulsada como una alternativa para reducir tiempos
procesales, transparentar actuaciones judiciales y facilitar la interacción entre los sujetos
procesales y los órganos jurisdiccionales.
La implementación de tecnologías en el proceso civil plantea interrogantes relevantes sobre
su impacto real en el acceso a la justicia, tal como lo expresa (Chinchilla, 2023), que
particularmente en un país marcado por profundas desigualdades sociales, económicas y
tecnológicas, la brecha digital, la limitada alfabetización tecnológica y el acceso desigual a
internet pueden convertir a la digitalización en un factor de exclusión, afectando especialmente a
poblaciones rurales, adultos mayores y sectores vulnerables, lo que obliga a replantear el alcance
real de estas políticas públicas desde una perspectiva de derechos.
Desde un enfoque constitucional, según (Borbor Suarez, D. A., & Chininin Macanchi, M.
A. , 2025) la digitalización de la justicia civil debe analizarse a la luz de principios fundamentales
como el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad procesal y el derecho a la defensa,
la doctrina contemporánea sostiene que el uso de tecnologías en la administración de justicia no
puede concebirse únicamente como un mecanismo de eficiencia administrativa, sino como un
instrumento que debe garantizar condiciones materiales y formales para el ejercicio pleno de los
derechos procesales, evitando que la innovación tecnológica genere nuevas formas de
indefensión.
En el caso ecuatoriano, la transición hacia la justicia digital se ha desarrollado de manera
progresiva, para (Silva Opazo, J. C., 2025) abarca especialmente a partir de la implementación
del sistema judicial electrónico y de medidas extraordinarias adoptadas durante la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, este escenario aceleró la virtualización de
actuaciones judiciales en materia civil, evidenciando tanto sus potencialidades como sus
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental y un pilar del Estado
constitucional de derechos y justicia reconocido en la Constitución de la República del Ecuador
(2008), en el ámbito de la justicia civil, este derecho se ha visto históricamente afectado por la
congestión procesal, la excesiva duración de los procesos y las barreras geográficas y económicas
que limitan el ejercicio efectivo de la tutela judicial, tales dificultades estructurales han incidido
negativamente como lo manifiesta (Zurita Chango, K. K., 2024) en la confianza ciudadana hacia
el sistema judicial y han profundizado las desigualdades en el acceso a una justicia pronta y eficaz.
En este contexto, la digitalización de los procesos judiciales surge como una estrategia
institucional así lo menciona (Merino Lopez, 2025) orientada a modernizar la administración de
justicia, optimizar recursos y garantizar una respuesta jurisdiccional oportuna, la incorporación
de herramientas tecnológicas como el expediente judicial electrónico, las notificaciones digitales
y las audiencias telemáticas ha sido impulsada como una alternativa para reducir tiempos
procesales, transparentar actuaciones judiciales y facilitar la interacción entre los sujetos
procesales y los órganos jurisdiccionales.
La implementación de tecnologías en el proceso civil plantea interrogantes relevantes sobre
su impacto real en el acceso a la justicia, tal como lo expresa (Chinchilla, 2023), que
particularmente en un país marcado por profundas desigualdades sociales, económicas y
tecnológicas, la brecha digital, la limitada alfabetización tecnológica y el acceso desigual a
internet pueden convertir a la digitalización en un factor de exclusión, afectando especialmente a
poblaciones rurales, adultos mayores y sectores vulnerables, lo que obliga a replantear el alcance
real de estas políticas públicas desde una perspectiva de derechos.
Desde un enfoque constitucional, según (Borbor Suarez, D. A., & Chininin Macanchi, M.
A. , 2025) la digitalización de la justicia civil debe analizarse a la luz de principios fundamentales
como el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad procesal y el derecho a la defensa,
la doctrina contemporánea sostiene que el uso de tecnologías en la administración de justicia no
puede concebirse únicamente como un mecanismo de eficiencia administrativa, sino como un
instrumento que debe garantizar condiciones materiales y formales para el ejercicio pleno de los
derechos procesales, evitando que la innovación tecnológica genere nuevas formas de
indefensión.
En el caso ecuatoriano, la transición hacia la justicia digital se ha desarrollado de manera
progresiva, para (Silva Opazo, J. C., 2025) abarca especialmente a partir de la implementación
del sistema judicial electrónico y de medidas extraordinarias adoptadas durante la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, este escenario aceleró la virtualización de
actuaciones judiciales en materia civil, evidenciando tanto sus potencialidades como sus
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1626
limitaciones normativas, técnicas e institucionales, lo cual hace necesario un análisis crítico de
sus resultados y desafíos actuales.
Desde una perspectiva teórica, el estudio de (Singh, A., & Chauhan, P. S., 2024), se
enmarca en los postulados del neoconstitucionalismo y del garantismo procesal, que conciben al
proceso como un instrumento para la realización efectiva de los derechos fundamentales,
asimismo, se recurre a aportes doctrinarios sobre acceso a la justicia y justicia digital, los cuales
permiten evaluar si la incorporación de tecnologías fortalece o debilita la función jurisdiccional
como garante de derechos en contextos de desigualdad estructural.
En atención a lo expuesto, el presente artículo tiene como finalidad analizar, desde una
perspectiva crítica, el alcance de la digitalización de los procesos civiles en el Ecuador y su
compatibilidad con los principios constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva,
para ello, se examinan las principales herramientas tecnológicas implementadas, su marco
normativo y su incidencia práctica en el acceso a la justicia civil, como hipótesis de investigación
se plantea que, si bien la digitalización de los procesos civiles puede contribuir a mejorar la
eficiencia y celeridad judicial, su implementación sin políticas integrales de inclusión digital y
sin adecuadas garantías procesales puede generar nuevas barreras para el acceso efectivo a la
justicia, comprometiendo el carácter garantista del Estado constitucional de derechos y justicia.
En este escenario, resulta imprescindible examinar el rol del Estado en la garantía de una
justicia digital inclusiva, entendida no solo como la provisión de plataformas tecnológicas, sino
como la adopción de políticas públicas orientadas a asegurar el acceso equitativo a dichas
herramientas. Ello implica considerar aspectos como la celeridad y economía procesal;
transparencia y trazabilidad; acceso a la justicia y brecha digital; la adaptación de procedimientos
de vulnerabilidad y la implementación de medidas alternativas que eviten la exclusión procesal
de quienes enfrentan limitaciones tecnológicas. (Espinoza Córdova, R. I., & López Ramírez, M.
S, 2023) Impacto de la digitalización en los procesos civiles
Celeridad y economía procesal
La digitalización ha permitido reducir tiempos de tramitación y costos asociados al proceso
civil, eliminando desplazamientos físicos y optimizando la gestión documental. No obstante,
desde una
perspectiva crítica, esta celeridad no siempre responde a una mejora estructural del proceso,
sino que en ocasiones se limita a una aceleración formal que no necesariamente garantiza una
mejor calidad de la decisión judicial.
Transparencia y trazabilidad
El expediente electrónico fortalece la transparencia judicial al permitir a las partes un
seguimiento continuo del estado procesal. Sin embargo, en la práctica, la información disponible
para los usuarios no siempre resulta clara ni comprensible, especialmente para litigantes sin
limitaciones normativas, técnicas e institucionales, lo cual hace necesario un análisis crítico de
sus resultados y desafíos actuales.
Desde una perspectiva teórica, el estudio de (Singh, A., & Chauhan, P. S., 2024), se
enmarca en los postulados del neoconstitucionalismo y del garantismo procesal, que conciben al
proceso como un instrumento para la realización efectiva de los derechos fundamentales,
asimismo, se recurre a aportes doctrinarios sobre acceso a la justicia y justicia digital, los cuales
permiten evaluar si la incorporación de tecnologías fortalece o debilita la función jurisdiccional
como garante de derechos en contextos de desigualdad estructural.
En atención a lo expuesto, el presente artículo tiene como finalidad analizar, desde una
perspectiva crítica, el alcance de la digitalización de los procesos civiles en el Ecuador y su
compatibilidad con los principios constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva,
para ello, se examinan las principales herramientas tecnológicas implementadas, su marco
normativo y su incidencia práctica en el acceso a la justicia civil, como hipótesis de investigación
se plantea que, si bien la digitalización de los procesos civiles puede contribuir a mejorar la
eficiencia y celeridad judicial, su implementación sin políticas integrales de inclusión digital y
sin adecuadas garantías procesales puede generar nuevas barreras para el acceso efectivo a la
justicia, comprometiendo el carácter garantista del Estado constitucional de derechos y justicia.
En este escenario, resulta imprescindible examinar el rol del Estado en la garantía de una
justicia digital inclusiva, entendida no solo como la provisión de plataformas tecnológicas, sino
como la adopción de políticas públicas orientadas a asegurar el acceso equitativo a dichas
herramientas. Ello implica considerar aspectos como la celeridad y economía procesal;
transparencia y trazabilidad; acceso a la justicia y brecha digital; la adaptación de procedimientos
de vulnerabilidad y la implementación de medidas alternativas que eviten la exclusión procesal
de quienes enfrentan limitaciones tecnológicas. (Espinoza Córdova, R. I., & López Ramírez, M.
S, 2023) Impacto de la digitalización en los procesos civiles
Celeridad y economía procesal
La digitalización ha permitido reducir tiempos de tramitación y costos asociados al proceso
civil, eliminando desplazamientos físicos y optimizando la gestión documental. No obstante,
desde una
perspectiva crítica, esta celeridad no siempre responde a una mejora estructural del proceso,
sino que en ocasiones se limita a una aceleración formal que no necesariamente garantiza una
mejor calidad de la decisión judicial.
Transparencia y trazabilidad
El expediente electrónico fortalece la transparencia judicial al permitir a las partes un
seguimiento continuo del estado procesal. Sin embargo, en la práctica, la información disponible
para los usuarios no siempre resulta clara ni comprensible, especialmente para litigantes sin
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1627
patrocinio constante, lo que evidencia una brecha entre la previsión normativa y su aplicación
real.
Acceso a la justicia y brecha digital
Pese a los avances, la digitalización ha evidenciado una brecha digital que afecta
especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Desde una postura crítica, se advierte
que la justicia digital puede reproducir desigualdades estructurales si no se acompaña de políticas
públicas inclusivas.
Uso práctico de la norma por parte de los operadores y usuarios
Desde el análisis empírico-normativo, se observa que el uso de las disposiciones legales
sobre digitalización no es uniforme. Mientras algunos operadores de justicia y litigantes emplean
adecuadamente las herramientas tecnológicas, otros las utilizan de manera meramente formal o
restrictiva.
No obstante, la digitalización de los procesos civiles no solo representa un avance
tecnológico, sino que introduce desafíos críticos en materia de seguridad jurídica y protección de
derechos fundamentales. Estas dimensiones centradas en la confidencialidad de la información,
la autenticidad de las actuaciones y la fiabilidad de los sistemas encuentran hoy una respuesta
normativa en el Reglamento de Gestión Judicial por Medios Electrónicos (Consejo de la
Judiccatura,Resolución 204-2023, 2023).
Bajo este nuevo paradigma, la validez de los actos procesales se blinda mediante la
implementación del Expediente Judicial Electrónico, el cual garantiza la integridad y trazabilidad
de los datos a través de un índice electrónico secuencial que impide alteraciones.
La incertidumbre sobre la autoría se mitiga con el uso obligatorio de la firma electrónica,
que otorga a los mensajes de datos la misma eficacia jurídica que los documentos físicos.
Asimismo, herramientas como el Casillero Judicial Electrónico, amparadas en la (Consejo de la
Judicatura ,Resolución 150-2017, 2027), aseguran la eficacia de las notificaciones, mientras que
los protocolos de ciberseguridad y los principios de interoperabilidad técnica y organizativa
buscan prevenir fallas sistémicas, garantizando así una tutela judicial efectiva en el marco de una
Justicia Abierta y transparente.
Los fundamentos de la Resolución 150-2017 y su evolución normativa en la Resolución
204-2023, las cuales constituyen la piedra angular de la transformación digital de los procesos
civiles y el fortalecimiento del acceso a la justicia en Ecuador, dentro de este análisis Sistémico
de la Digitalización Procesal, se encuentra las Resoluciones 150-2017 y 204-2023 del consejo de
la judicatura.
La implementación del Casillero Judicial Electrónico y el posterior Reglamento de Gestión
Judicial por Medios Electrónicos representan una reforma estructural que trasciende el cambio de
soporte del papel a lo digital para redefinir con relación el Estado.
patrocinio constante, lo que evidencia una brecha entre la previsión normativa y su aplicación
real.
Acceso a la justicia y brecha digital
Pese a los avances, la digitalización ha evidenciado una brecha digital que afecta
especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Desde una postura crítica, se advierte
que la justicia digital puede reproducir desigualdades estructurales si no se acompaña de políticas
públicas inclusivas.
Uso práctico de la norma por parte de los operadores y usuarios
Desde el análisis empírico-normativo, se observa que el uso de las disposiciones legales
sobre digitalización no es uniforme. Mientras algunos operadores de justicia y litigantes emplean
adecuadamente las herramientas tecnológicas, otros las utilizan de manera meramente formal o
restrictiva.
No obstante, la digitalización de los procesos civiles no solo representa un avance
tecnológico, sino que introduce desafíos críticos en materia de seguridad jurídica y protección de
derechos fundamentales. Estas dimensiones centradas en la confidencialidad de la información,
la autenticidad de las actuaciones y la fiabilidad de los sistemas encuentran hoy una respuesta
normativa en el Reglamento de Gestión Judicial por Medios Electrónicos (Consejo de la
Judiccatura,Resolución 204-2023, 2023).
Bajo este nuevo paradigma, la validez de los actos procesales se blinda mediante la
implementación del Expediente Judicial Electrónico, el cual garantiza la integridad y trazabilidad
de los datos a través de un índice electrónico secuencial que impide alteraciones.
La incertidumbre sobre la autoría se mitiga con el uso obligatorio de la firma electrónica,
que otorga a los mensajes de datos la misma eficacia jurídica que los documentos físicos.
Asimismo, herramientas como el Casillero Judicial Electrónico, amparadas en la (Consejo de la
Judicatura ,Resolución 150-2017, 2027), aseguran la eficacia de las notificaciones, mientras que
los protocolos de ciberseguridad y los principios de interoperabilidad técnica y organizativa
buscan prevenir fallas sistémicas, garantizando así una tutela judicial efectiva en el marco de una
Justicia Abierta y transparente.
Los fundamentos de la Resolución 150-2017 y su evolución normativa en la Resolución
204-2023, las cuales constituyen la piedra angular de la transformación digital de los procesos
civiles y el fortalecimiento del acceso a la justicia en Ecuador, dentro de este análisis Sistémico
de la Digitalización Procesal, se encuentra las Resoluciones 150-2017 y 204-2023 del consejo de
la judicatura.
La implementación del Casillero Judicial Electrónico y el posterior Reglamento de Gestión
Judicial por Medios Electrónicos representan una reforma estructural que trasciende el cambio de
soporte del papel a lo digital para redefinir con relación el Estado.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1628
Fundamentación Normativa y Validez Jurídica
El proceso de digitalización se sustenta en el mandato constitucional de modernizar el
sistema judicial para garantizar la transparencia y eficiencia como lo manifiesta en el Art. 181 de
la ( Constitucion de la Republica del Ecurador, 2008), por otro lado la Resolución 204-2023
ratifica que los documentos y mensajes de datos transmitidos por medios telemáticos tienen la
misma validez y eficacia que un documento físico original, siempre que cumplan con la normativa
de firma electrónica, esto se alinea con el artículo 66 del Código Organico General de Procesos,
que identifica al domicilio judicial electrónico como el lugar idóneo para la recepción de
notificaciones.
El Casillero Judicial Electrónico como Eje de Notificación
Definido como el código otorgado por el Consejo de la Judicatura a profesionales del
derecho e instituciones, el casillero electrónico es la herramienta técnica que permite la recepción
inmediata de actuaciones procesales8. Su impacto en el acceso a la justicia es directo:
● Eliminación de barreras físicas: Permite la gestión remota de causas, reduciendo la
necesidad de comparecencia física a las dependencias judiciales.
● Garantía de Recepción: Se considera que la notificación se ha realizado en el momento en
que el documento está disponible en la casilla de destino, optimizando los términos
procesales.
El Expediente Judicial Electrónico
Bajo el artículo 115 del (Codigo Organico General de Pprocesos, 2015) y la normativa
reglamentaria, el Expediente Judicial Electrónico se consolida como un medio informático que
almacena de forma cronológica y secuencial todas las peticiones, escritos y providencias.
● Integridad y Trazabilidad: El sistema utiliza un índice electrónico para asegurar que los
documentos no sean alterados y que su localización sea inmediata1.
● Digitalización Obligatoria: Los documentos presentados físicamente deben ser
digitalizados por los servidores judiciales en un plazo máximo de 24 horas, garantizando
que el expediente digital sea el reflejo fiel de la realidad procesal.
Finalmente, el análisis del acceso a la justicia en el contexto de la digitalización exige una
evaluación integral que considere no solo los resultados en términos de eficiencia y reducción de
cargas procesales, sino también su impacto en la percepción ciudadana sobre la legitimidad del
sistema judicial, en este sentido, la justicia digital debe concebirse como un medio para fortalecer
la confianza en la función jurisdiccional y consolidar el Estado constitucional de derechos y
justicia, evitando que la innovación tecnológica se convierta en un factor de distanciamiento entre
la justicia y la ciudadanía, (Reiling, D., & Contini, F., 2022)
Fundamentación Normativa y Validez Jurídica
El proceso de digitalización se sustenta en el mandato constitucional de modernizar el
sistema judicial para garantizar la transparencia y eficiencia como lo manifiesta en el Art. 181 de
la ( Constitucion de la Republica del Ecurador, 2008), por otro lado la Resolución 204-2023
ratifica que los documentos y mensajes de datos transmitidos por medios telemáticos tienen la
misma validez y eficacia que un documento físico original, siempre que cumplan con la normativa
de firma electrónica, esto se alinea con el artículo 66 del Código Organico General de Procesos,
que identifica al domicilio judicial electrónico como el lugar idóneo para la recepción de
notificaciones.
El Casillero Judicial Electrónico como Eje de Notificación
Definido como el código otorgado por el Consejo de la Judicatura a profesionales del
derecho e instituciones, el casillero electrónico es la herramienta técnica que permite la recepción
inmediata de actuaciones procesales8. Su impacto en el acceso a la justicia es directo:
● Eliminación de barreras físicas: Permite la gestión remota de causas, reduciendo la
necesidad de comparecencia física a las dependencias judiciales.
● Garantía de Recepción: Se considera que la notificación se ha realizado en el momento en
que el documento está disponible en la casilla de destino, optimizando los términos
procesales.
El Expediente Judicial Electrónico
Bajo el artículo 115 del (Codigo Organico General de Pprocesos, 2015) y la normativa
reglamentaria, el Expediente Judicial Electrónico se consolida como un medio informático que
almacena de forma cronológica y secuencial todas las peticiones, escritos y providencias.
● Integridad y Trazabilidad: El sistema utiliza un índice electrónico para asegurar que los
documentos no sean alterados y que su localización sea inmediata1.
● Digitalización Obligatoria: Los documentos presentados físicamente deben ser
digitalizados por los servidores judiciales en un plazo máximo de 24 horas, garantizando
que el expediente digital sea el reflejo fiel de la realidad procesal.
Finalmente, el análisis del acceso a la justicia en el contexto de la digitalización exige una
evaluación integral que considere no solo los resultados en términos de eficiencia y reducción de
cargas procesales, sino también su impacto en la percepción ciudadana sobre la legitimidad del
sistema judicial, en este sentido, la justicia digital debe concebirse como un medio para fortalecer
la confianza en la función jurisdiccional y consolidar el Estado constitucional de derechos y
justicia, evitando que la innovación tecnológica se convierta en un factor de distanciamiento entre
la justicia y la ciudadanía, (Reiling, D., & Contini, F., 2022)
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1629
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, como hace mención (Pérez, J.,
2025) se orienta al análisis e interpretación de fenómenos jurídicos desde una perspectiva
doctrinal y constitucional, sin recurrir a mediciones cuantitativas ni a la recolección de datos
estadísticos, dicho enfoque resulta pertinente para examinar críticamente la digitalización de los
procesos civiles en el Ecuador y su incidencia en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
El tipo de investigación es descriptivo y analítico, ya que, por un lado, describe el marco
normativo e institucional según (Celis Vela, D. A., 2024) regula la digitalización de la justicia
civil y, por otro, analiza sus implicaciones jurídicas a la luz de los principios constitucionales del
debido proceso y la tutela judicial efectiva, asimismo, el estudio se enmarca en la investigación
jurídico-dogmática, al centrarse en el examen sistemático del derecho positivo y de la doctrina
especializada.
En cuanto al diseño de la investigación, se emplea un diseño no experimental, de carácter
documental, tal como dice (Isea-Argüelles, J. J., 2026). dado que el análisis se realiza a partir de
fuentes secundarias previamente existentes, sin manipulación de variables ni intervención directa
sobre el objeto de estudio, este diseño permite abordar el fenómeno de la digitalización judicial
desde una perspectiva teórica y normativa, atendiendo a su desarrollo y aplicación en el contexto
ecuatoriano.
Las técnicas de investigación utilizadas fueron el análisis documental y el método
hermenéutico-jurídico, aplicados al estudio de fuentes normativas, doctrinarias y
jurisprudenciales, en particular, donde se examinaron disposiciones de la Constitución de la
República del Ecuador, normas procesales civiles contenidas en el Código Orgánico General de
Procesos (COGEP), respecto a las fuentes de información, se recurrió a legislación vigente,
doctrina nacional e internacional especializada en acceso a la justicia, debido proceso y justicia
digital, así como a jurisprudencia constitucional pertinente.
Estas fuentes permitieron contrastar el discurso normativo con su aplicación práctica y
evaluar la coherencia del proceso de digitalización judicial con el modelo de Estado constitucional
de derechos y justicia. Cabe precisar que la investigación no incluye un estudio empírico de
campo, tales como hacen mención (Mila Maldonado, F. L., Yánez Yánez, K. A., & Mantilla
Salgado, J. D., 2021) por lo que no se contempla población, muestra ni técnicas de muestreo, ello
se debe a que el objetivo del estudio es eminentemente jurídico-analítico, centrado en la
interpretación normativa y doctrinal del fenómeno de la digitalización de los procesos civiles,
más que en la percepción de actores o en la medición de variables empíricas.
Finalmente, el enfoque metodológico adoptado permitió identificar los principales avances,
tensiones y limitaciones del proceso de digitalización judicial en el Ecuador, así como evaluar
críticamente su impacto en el acceso a la justicia desde una perspectiva garantista, aportando
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, como hace mención (Pérez, J.,
2025) se orienta al análisis e interpretación de fenómenos jurídicos desde una perspectiva
doctrinal y constitucional, sin recurrir a mediciones cuantitativas ni a la recolección de datos
estadísticos, dicho enfoque resulta pertinente para examinar críticamente la digitalización de los
procesos civiles en el Ecuador y su incidencia en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
El tipo de investigación es descriptivo y analítico, ya que, por un lado, describe el marco
normativo e institucional según (Celis Vela, D. A., 2024) regula la digitalización de la justicia
civil y, por otro, analiza sus implicaciones jurídicas a la luz de los principios constitucionales del
debido proceso y la tutela judicial efectiva, asimismo, el estudio se enmarca en la investigación
jurídico-dogmática, al centrarse en el examen sistemático del derecho positivo y de la doctrina
especializada.
En cuanto al diseño de la investigación, se emplea un diseño no experimental, de carácter
documental, tal como dice (Isea-Argüelles, J. J., 2026). dado que el análisis se realiza a partir de
fuentes secundarias previamente existentes, sin manipulación de variables ni intervención directa
sobre el objeto de estudio, este diseño permite abordar el fenómeno de la digitalización judicial
desde una perspectiva teórica y normativa, atendiendo a su desarrollo y aplicación en el contexto
ecuatoriano.
Las técnicas de investigación utilizadas fueron el análisis documental y el método
hermenéutico-jurídico, aplicados al estudio de fuentes normativas, doctrinarias y
jurisprudenciales, en particular, donde se examinaron disposiciones de la Constitución de la
República del Ecuador, normas procesales civiles contenidas en el Código Orgánico General de
Procesos (COGEP), respecto a las fuentes de información, se recurrió a legislación vigente,
doctrina nacional e internacional especializada en acceso a la justicia, debido proceso y justicia
digital, así como a jurisprudencia constitucional pertinente.
Estas fuentes permitieron contrastar el discurso normativo con su aplicación práctica y
evaluar la coherencia del proceso de digitalización judicial con el modelo de Estado constitucional
de derechos y justicia. Cabe precisar que la investigación no incluye un estudio empírico de
campo, tales como hacen mención (Mila Maldonado, F. L., Yánez Yánez, K. A., & Mantilla
Salgado, J. D., 2021) por lo que no se contempla población, muestra ni técnicas de muestreo, ello
se debe a que el objetivo del estudio es eminentemente jurídico-analítico, centrado en la
interpretación normativa y doctrinal del fenómeno de la digitalización de los procesos civiles,
más que en la percepción de actores o en la medición de variables empíricas.
Finalmente, el enfoque metodológico adoptado permitió identificar los principales avances,
tensiones y limitaciones del proceso de digitalización judicial en el Ecuador, así como evaluar
críticamente su impacto en el acceso a la justicia desde una perspectiva garantista, aportando
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1630
reflexiones orientadas al fortalecimiento de los derechos procesales en el ámbito de la justicia
civil, (Maralbaeva, A., 2024).
RESULTADOS
El análisis documental y hermenéutico del marco constitucional, legal y reglamentario
permitió identificar que la digitalización de los procesos civiles en el Ecuador se encuentra
estructurada sobre una base normativa progresiva cuyo eje central está constituido por la
Resolución 150-2017 y el Reglamento de Gestión Judicial por Medios Electrónicos, Resolución
204-2023, emitidos por el Consejo de la Judicatura.
En primer lugar, se constató que la Resolución 150-2017 consolidó el uso del Casillero
Judicial Electrónico como mecanismo oficial de notificación, alineándose con el artículo 66 del
Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que reconoce el domicilio judicial electrónico
como lugar válido para recibir notificaciones. Este instrumento eliminó progresivamente la
dependencia de notificaciones físicas, reduciendo tiempos procesales y desplazamientos
territoriales.
En segundo término, el estudio evidenció que la Resolución 204-2023, que expide el
Reglamento de Gestión Judicial por Medios Electrónicos, fortaleció la estructura jurídica del
proceso digital al regular el Expediente Judicial Electrónico, la firma electrónica obligatoria y los
principios de interoperabilidad y seguridad informática. Este reglamento otorga a los mensajes de
datos la misma eficacia jurídica que a los documentos físicos originales, siempre que cumplan
con la normativa sobre firma electrónica.
Asimismo, el análisis sistemático del artículo 115 del COGEP permitió constatar que el
expediente judicial electrónico se configura como un repositorio informático cronológico y
secuencial que garantiza la integridad y trazabilidad de las actuaciones procesales mediante un
índice electrónico que impide alteraciones indebidas. Esta estructura técnica fortalece la seguridad
jurídica y la autenticidad de los actos procesales.
No obstante, los resultados también evidenciaron que la consolidación del sistema digital
introduce nuevas exigencias materiales para el ejercicio del derecho de defensa, tales como acceso
a conectividad estable, dispositivos electrónicos adecuados y alfabetización tecnológica, lo que
puede incidir de manera diferenciada en sectores vulnerables. No obstante, la digitalización de
los procesos civiles no solo representa un avance tecnológico, sino que introduce desafíos críticos
en materia de seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales. Estas dimensiones
centradas en la confidencialidad de la información, la autenticidad de las actuaciones y la
fiabilidad de los sistemas encuentran hoy una respuesta normativa en el Reglamento de Gestión
Judicial por Medios Electrónicos Resolución 204-2023.
Bajo este nuevo paradigma, la validez de los actos procesales se blinda mediante la
implementación del Expediente Judicial Electrónico, el cual garantiza la integridad y trazabilidad
reflexiones orientadas al fortalecimiento de los derechos procesales en el ámbito de la justicia
civil, (Maralbaeva, A., 2024).
RESULTADOS
El análisis documental y hermenéutico del marco constitucional, legal y reglamentario
permitió identificar que la digitalización de los procesos civiles en el Ecuador se encuentra
estructurada sobre una base normativa progresiva cuyo eje central está constituido por la
Resolución 150-2017 y el Reglamento de Gestión Judicial por Medios Electrónicos, Resolución
204-2023, emitidos por el Consejo de la Judicatura.
En primer lugar, se constató que la Resolución 150-2017 consolidó el uso del Casillero
Judicial Electrónico como mecanismo oficial de notificación, alineándose con el artículo 66 del
Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que reconoce el domicilio judicial electrónico
como lugar válido para recibir notificaciones. Este instrumento eliminó progresivamente la
dependencia de notificaciones físicas, reduciendo tiempos procesales y desplazamientos
territoriales.
En segundo término, el estudio evidenció que la Resolución 204-2023, que expide el
Reglamento de Gestión Judicial por Medios Electrónicos, fortaleció la estructura jurídica del
proceso digital al regular el Expediente Judicial Electrónico, la firma electrónica obligatoria y los
principios de interoperabilidad y seguridad informática. Este reglamento otorga a los mensajes de
datos la misma eficacia jurídica que a los documentos físicos originales, siempre que cumplan
con la normativa sobre firma electrónica.
Asimismo, el análisis sistemático del artículo 115 del COGEP permitió constatar que el
expediente judicial electrónico se configura como un repositorio informático cronológico y
secuencial que garantiza la integridad y trazabilidad de las actuaciones procesales mediante un
índice electrónico que impide alteraciones indebidas. Esta estructura técnica fortalece la seguridad
jurídica y la autenticidad de los actos procesales.
No obstante, los resultados también evidenciaron que la consolidación del sistema digital
introduce nuevas exigencias materiales para el ejercicio del derecho de defensa, tales como acceso
a conectividad estable, dispositivos electrónicos adecuados y alfabetización tecnológica, lo que
puede incidir de manera diferenciada en sectores vulnerables. No obstante, la digitalización de
los procesos civiles no solo representa un avance tecnológico, sino que introduce desafíos críticos
en materia de seguridad jurídica y protección de derechos fundamentales. Estas dimensiones
centradas en la confidencialidad de la información, la autenticidad de las actuaciones y la
fiabilidad de los sistemas encuentran hoy una respuesta normativa en el Reglamento de Gestión
Judicial por Medios Electrónicos Resolución 204-2023.
Bajo este nuevo paradigma, la validez de los actos procesales se blinda mediante la
implementación del Expediente Judicial Electrónico, el cual garantiza la integridad y trazabilidad
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1631
de los datos a través de un índice electrónico secuencial que impide alteraciones, la incertidumbre
sobre la autoría se mitiga con el uso obligatorio de la firma electrónica, que otorga a los mensajes
de datos la misma eficacia jurídica que los documentos físicos. Asimismo, herramientas como el
Casillero Judicial Electrónico, amparadas en la Resolución 150-2017, aseguran la eficacia de las
notificaciones, mientras que los protocolos de ciberseguridad y los principios de interoperabilidad
técnica y organizativa buscan prevenir fallas sistémicas, garantizando así una tutela judicial
efectiva en el marco de una Justicia Abierta y transparente.
Tabla 1
Instrumentos normativos que estructuran la digitalización del proceso civil en el Ecuador
Instrumento Contenido principal Impacto en el acceso a la
justicia
Constitución de la
Republica del
Ecuador (art. 181)
Competencias del Consejo de la
Judicatura en modernización y
administración del sistema
judicial
Base constitucional para la
transformación tecnológica
COGEP (arts. 66 y
115)
Domicilio judicial electrónico y
expediente electrónico
Reconocimiento legal de
actuaciones digitales
Resolución 150-
2017
Implementación del Casillero
Judicial Electrónico
Optimización de
notificaciones y reducción
de barreras físicas
Resolución 204-
2023
Reglamento de Gestión Judicial
por Medios Electrónicos
Regulación integral del
expediente digital, firma
electrónica y seguridad
DISCUSIÓN
Los hallazgos permiten sostener que la digitalización del proceso civil ecuatoriano no
constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una reconfiguración estructural del modelo
de gestión jurisdiccional. La implementación del casillero judicial electrónico y del expediente
judicial electrónico redefine las formas tradicionales de interacción procesal, desplazando el
soporte físico por un entorno digital regulado.
Desde una perspectiva constitucional, la equiparación jurídica entre documento físico y
mensaje de datos fortalece la seguridad jurídica y la autenticidad procesal; sin embargo, dicha
equivalencia exige condiciones técnicas que no siempre se encuentran garantizadas en todos los
contextos territoriales. En este sentido, la eficacia normativa del sistema depende no solo de su
regulación formal, sino de su accesibilidad material.
La novedad del presente estudio radica en evidenciar que las Resoluciones 150-2017 y
204-2023 constituyen la piedra angular del proceso de digitalización judicial, pero su impacto en
el acceso a la justicia es ambivalente: mientras optimizan la gestión procesal y reducen barreras
físicas, también pueden generar desigualdades derivadas de la brecha digital.
de los datos a través de un índice electrónico secuencial que impide alteraciones, la incertidumbre
sobre la autoría se mitiga con el uso obligatorio de la firma electrónica, que otorga a los mensajes
de datos la misma eficacia jurídica que los documentos físicos. Asimismo, herramientas como el
Casillero Judicial Electrónico, amparadas en la Resolución 150-2017, aseguran la eficacia de las
notificaciones, mientras que los protocolos de ciberseguridad y los principios de interoperabilidad
técnica y organizativa buscan prevenir fallas sistémicas, garantizando así una tutela judicial
efectiva en el marco de una Justicia Abierta y transparente.
Tabla 1
Instrumentos normativos que estructuran la digitalización del proceso civil en el Ecuador
Instrumento Contenido principal Impacto en el acceso a la
justicia
Constitución de la
Republica del
Ecuador (art. 181)
Competencias del Consejo de la
Judicatura en modernización y
administración del sistema
judicial
Base constitucional para la
transformación tecnológica
COGEP (arts. 66 y
115)
Domicilio judicial electrónico y
expediente electrónico
Reconocimiento legal de
actuaciones digitales
Resolución 150-
2017
Implementación del Casillero
Judicial Electrónico
Optimización de
notificaciones y reducción
de barreras físicas
Resolución 204-
2023
Reglamento de Gestión Judicial
por Medios Electrónicos
Regulación integral del
expediente digital, firma
electrónica y seguridad
DISCUSIÓN
Los hallazgos permiten sostener que la digitalización del proceso civil ecuatoriano no
constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una reconfiguración estructural del modelo
de gestión jurisdiccional. La implementación del casillero judicial electrónico y del expediente
judicial electrónico redefine las formas tradicionales de interacción procesal, desplazando el
soporte físico por un entorno digital regulado.
Desde una perspectiva constitucional, la equiparación jurídica entre documento físico y
mensaje de datos fortalece la seguridad jurídica y la autenticidad procesal; sin embargo, dicha
equivalencia exige condiciones técnicas que no siempre se encuentran garantizadas en todos los
contextos territoriales. En este sentido, la eficacia normativa del sistema depende no solo de su
regulación formal, sino de su accesibilidad material.
La novedad del presente estudio radica en evidenciar que las Resoluciones 150-2017 y
204-2023 constituyen la piedra angular del proceso de digitalización judicial, pero su impacto en
el acceso a la justicia es ambivalente: mientras optimizan la gestión procesal y reducen barreras
físicas, también pueden generar desigualdades derivadas de la brecha digital.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1632
Desde una perspectiva prospectiva, el fortalecimiento de la justicia digital en el Ecuador
requiere políticas públicas complementarias orientadas a garantizar conectividad universal,
capacitación tecnológica y asistencia técnica para usuarios vulnerables, de modo que la
digitalización no se convierta en una barrera indirecta al ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la justicia.
Desde una perspectiva prospectiva, el fortalecimiento de la justicia digital en el Ecuador
requiere políticas públicas complementarias orientadas a garantizar conectividad universal,
capacitación tecnológica y asistencia técnica para usuarios vulnerables, de modo que la
digitalización no se convierta en una barrera indirecta al ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la justicia.
Vol. 13/ Núm. 1 2026 pág. 1633
REFERENCIAS
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