Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 31
https://doi.org/
10.69639/arandu.v13i2.2158
Gobernanza y Sostenibilidad en el Sector Farmacéutico
Venezolano: Criterios de Evaluación ante la Agenda 2030

Governance and Sustainability in the Venezuelan Pharmaceutical Sector: Evaluation

Criteria under the 2030 Agenda Framework

Carluys Suescum Coelho

carluyscoelho@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-2044-7684

Centro de Estudios Gerenciales Avanzados

Caracas - Venezuela

Carlysmar Suescum Coelho

carlysmarcoelho.cega@gmail.com

https://orcid.org/0009-0008-5959-4380

Centro de Estudios Gerenciales Avanzados

Caracas - Venezuela

Car
Emyr Suescum Coelho
csuescum@unimet.edu.ve

https://orcid.org/0000
-0003-1104-7800
Universidad Metropolitana

Universidad Central de Venezuela

Caracas - Venezuela

Carelys Suescum Coelho

carelyscoelho.cega@gmail.com

https://orcid.org/0009
-0005-1922-8165
Centro de Estudios Gerenciales Avanzados

Caracas - Venezuela

Carmen María Coelho Freitas

carmencoelho.cega@gmail.com

https://orcid.org/0009-0004-1599-6266

Centro de Estudios Gerenciales Avanzados

Caracas - Venezuela

Artículo recibido: 18 marzo 2026-Aceptado para publicación: 20 abril 2026

Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.

RESUMEN

La industria farmacéutica venezolana enfrenta tensiones estructurales de alta complejidad que
comprometen simultáneamente la sostenibilidad económica, social, ambiental y la gobernanza
del sector, configurando un problema público cuya resolución exige propuestas basadas en
evidencia científica verificable. El presente artículo tiene como objetivo proponer criterios para
evaluar la sostenibilidad del sector farmacéutico venezolano, articulados en torno a las
dimensiones económica, social, ambiental y de gobernanza, en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La investigación adopta un diseño no
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experimental, exploratorio y descriptivo, con enfoque documental integrativo. El corpus analítico
comprende fuentes indexadas en Scopus, Web of Science y SciELO (20222026), con inclusión
de literatura fundacional del área. Los resultados identifican los actores, recursos e interacciones
que configuran el entramado decisional del sector y proponen un sistema de criterios de
evaluación contextualizado en la realidad venezolana, donde la industria opera al 48% de su
capacidad instalada, soporta una carga impositiva del 60% sobre sus ganancias y enfrenta la
escasez estructural de medicamentos esenciales. Cada criterio se articula con los ODS
correspondientes, estableciendo la vinculación operativa entre la Agenda 2030 y las condiciones
específicas del sector. Se concluye que la transición hacia un modelo farmacéutico sostenible en
Venezuela no constituye únicamente un imperativo ético, sino una oportunidad estratégica para
el desarrollo nacional, supeditada a la convergencia coordinada entre el Estado, la industria, la
academia y la sociedad civil en un marco de gobernanza transparente, participativo y basado en
evidencia científica.

Palabras clave: sostenibilidad farmacéutica, políticas públicas, Triple Bottom Line,
gobernanza farmacéutica, ODS

ABSTRACT

The Venezuelan pharmaceutical industry faces highly complex structural tensions that

simultaneously compromise the sector's economic, social, and environmental sustainability, as

well as its governance. This situation constitutes a public problem whose res
olution demands
proposals grounded in verifiable scientific evidence. This article aims to propose criteria for

evaluating the sustainability of the Venezuelan pharmaceutical sector, articulated around

economic, social, environmental, and governance dimens
ions, in alignment with the Sustainable
Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda. The research adopts a non
-experimental,
exploratory, and descriptive design, utilizing an integrative documentary approach. The analytical

corpus comprises sources indexed
in Scopus, Web of Science, and SciELO (20222026),
including foundational literature in the field. The results identify the actors, resources, and

interactions that shape the sector's decision
-making framework, and propose a system of
evaluation criteria
contextualized within the Venezuelan reality a setting where the industry
operates at 48% of its installed capacity, bears a 60% tax burden on its profits, and confronts a

structural shortage of essential medicines. Each criterion is articulated with the c
orresponding
SDGs, thereby establishing an operational link between the 2030 Agenda and the specific

conditions of the sector. It is concluded that the transition toward a sustainable pharmaceutical

model in Venezuela constitutes not merely an ethical impe
rative, but a strategic opportunity for
national development one contingent upon the coordinated convergence of the State, industry,
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academia, and civil society within a governance framework that is transparent, participatory, and

grounded in scientific evidence.

Keywords
: pharmaceutical sustainability, public policies, Triple Bottom Line,
pharmaceutical governance
, SDGs
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licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
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INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad se ha consolidado como categoría normativa y analítica de primer orden
en la agenda pública internacional, impulsada fundamentalmente por la aprobación de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), cuyo
horizonte de acción hacia 2030 establece compromisos transversales que articulan los sistemas
productivos con los imperativos del bienestar social y la integridad ambiental. En este contexto,
la industria farmacéutica ocupa un lugar estratégico, su actividad incide directamente en el ODS
3 (Salud y Bienestar), pero atraviesa de manera simultánea y frecuentemente conflictiva los ODS
8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 12 (Producción y Consumo Responsables), 13
(Acción por el Clima) y 17 (Alianzas para los Objetivos), configurando un campo de tensiones
donde la lógica del beneficio empresarial, los imperativos de la salud pública y las restricciones
medioambientales convergen con resultados que demandan análisis riguroso y sistemático.

Se entiende como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer
los recursos de las generaciones futuras (Brundtland, 1987). No obstante, el sector farmacéutico
ha mostrado una apropiación heterogénea e instrumental de este principio: algunas organizaciones
adoptan marcos genuinamente transformadores, mientras otras recurren al greenwashing,
proyectando responsabilidad ambiental sin reducir sustancialmente los impactos negativos de sus
procesos productivos. Esta brecha entre discurso y práctica constituye un desafío epistemológico
de primer orden para el diseño de políticas públicas efectivas, pues los indicadores de
sostenibilidad carentes de mecanismos de verificación independiente tienden a convertirse en
instrumentos de legitimación retórica antes que en herramientas de transformación real
(Montgomery et al., 2023).

El modelo del Triple Bottom Line (TBL) de Elkington (1997), que integra las
dimensiones económica, social y ambiental en un marco unificado de evaluación corporativa,
constituye el paradigma más ampliamente utilizado para definir y medir las acciones sostenibles
en el sector farmacéutico global. No obstante, su eficacia práctica depende de que sus preceptos
se traduzcan en criterios medibles y verificables que orienten decisiones políticas basadas en
evidencia.

Para el sector farmacéutico venezolano, esta exigencia adquiere una urgencia adicional,
la industria opera al 48% de su capacidad instalada, soporta una carga impositiva del 60% sobre
sus ganancias según datos de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR) de Venezuela
(Fiffe, 2024) y enfrenta un contexto macroeconómico adverso marcado por medidas coercitivas
unilaterales (MCU), pese a estas condiciones adversas, colocó en el mercado casi 227 millones
de unidades de fármacos a septiembre de 2024 (Peña, 2024), lo que evidencia una resiliencia
sectorial que convierte la sostenibilidad en una oportunidad estratégica de primer orden.
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La configuración de este fenómeno como problema público se inscribe en un marco
ontológico que reconoce tres dimensiones constitutivas, la primera de ellas representada por el
conflicto social generado por las tensiones entre intereses empresariales y demandas de grupos
afectados; en segundo lugar, el rol del Estado como árbitro regulatorio cuya capacidad normativa
está condicionada por la influencia de grupos de interés y las limitaciones institucionales
derivadas de la crisis (Shleifer & Vishny, 1994); y en tercer lugar, la necesidad de una
transformación estructural en la toma de decisiones empresariales que incorpore la
responsabilidad social y la sostenibilidad como elementos esenciales para la viabilidad de largo
plazo (David, 2022). La convergencia de estas tres dimensiones configura un entramado
decisional de alta complejidad que no puede ser abordado mediante instrumentos de política
sectoriales, aislados o coyunturales.

En este escenario, el presente artículo tiene como objetivo proponer criterios para evaluar
la sostenibilidad en el sector farmacéutico venezolano, articulados en torno a las dimensiones
económica, social, ambiental y de gobernanza, en consonancia con los ODS de la Agenda 2030
y sustentados en la evidencia científica más reciente disponible en la literatura indexada de alto
impacto. El análisis adopta el enfoque de análisis de políticas públicas de Dente & Subirats (2014)
y Subirats (1992) como marco analítico articulador, complementado con la teoría del Triple
Bottom Line (TBL) y los marcos de gobernanza corporativa más relevantes del campo, con el
propósito de generar un aporte de aplicabilidad directa para los decisores públicos y privados del
sector farmacéutico venezolano.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se inscribe en un paradigma post-positivista (González &
Mercado, 2023) y adopta un diseño no experimental, exploratorio y descriptivo. El alcance
exploratorio se justifica por la limitada producción científica disponible sobre sostenibilidad
farmacéutica en el contexto venezolano específico, fenómeno ampliamente documentado por
Morgado et al. (2025), quienes evidencian el colapso de la producción científica nacional a partir
de 2017 como consecuencia directa de la crisis económica, mientras que el alcance descriptivo
responde a la necesidad de caracterizar con precisión el entramado de actores, recursos e
interacciones que configura el problema público. La estrategia metodológica es de naturaleza
documental integrativa (Marín et al., 2023), orientada al análisis sistemático de literatura
académica indexada, fuentes institucionales y estadísticas sectoriales pertinentes al objeto de
estudio.

La estrategia de búsqueda documental se ejecutó en las bases de datos como Scopus, Web
of Science y SciELO, mediante la aplicación de operadores booleanos con las siguientes cadenas
de búsqueda: sostenibilidad farmacéutica, gobernanza farmacéutica, acceso a medicamentos,
industria farmacéutica, huella de carbono, políticas farmacéuticas venezolanas, triple impacto y
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ODS. El período abarcó de 2022 a 2026, con inclusión justificada de fuentes anteriores a dicho
período por su carácter fundacional para los marcos teóricos empleados.

Los criterios de inclusión aplicados en la conformación del corpus final fueron:
pertinencia temática directa al objeto de estudio; indexación verificada en Scopus o Web of
Science, con aceptación de fuentes complementarias de SciELO para el contexto latinoamericano;
publicación en español, inglés o portugués; y rigor metodológico declarado en la sección de
métodos del artículo. Se excluyeron fuentes sin revisión por pares, páginas sin respaldo científico
y literatura gris sin justificación metodológica.

El proceso analítico se estructuró en dos fases secuenciales. En la primera, se realizó una
síntesis integradora de la literatura sobre sostenibilidad farmacéutica, greenwashing, gobernanza
sectorial y acceso a medicamentos esenciales en contextos de crisis, a partir de la cual se construyó
la matriz analítica de recursos, actores e interacciones del sector farmacéutico venezolano,
siguiendo el enfoque de análisis de decisiones públicas de Dente & Subirats (2014). En la segunda
fase se diseñó el sistema de criterios de evaluación de sostenibilidad, integrando los hallazgos de
la literatura científica con los datos estadísticos sectoriales disponibles, los marcos normativos de
la Agenda 2030 y las recomendaciones de buenas prácticas internacionales para contextos de alta
complejidad institucional comparable, como los documentados por Bastani et al. (2022) y Sajadi
& Majdzadeh (2022).

En cuanto al proceso analítico, la tipología de políticas públicas de Lowi (1970) se empleó
para clasificar los instrumentos de intervención identificados en el sector, el modelo de actores de
Scharpf (1997) para mapear las modalidades de interacción predominantes, y la revisión de las
metas específicas de los ODS de la Agenda 2030 para establecer la correspondencia entre los
criterios propuestos y los compromisos normativos internacionales. La verificación de la
coherencia interna del sistema de criterios se realizó mediante triangulación documental entre
fuentes de diferentes tradiciones académicas, con el propósito de garantizar su validez de
contenido y su pertinencia contextual para el sector farmacéutico venezolano.

RESULTADOS

El sector farmacéutico venezolano como problema público

El análisis del sector farmacéutico venezolano como problema público revela un
entramado de recursos, actores e interacciones de alta complejidad que condiciona el alcance y la
efectividad de cualquier estrategia de sostenibilidad. En el orden de los recursos políticos, la
legitimidad y el consenso social constituyen condiciones necesarias para la implementación de
políticas sostenibles en un contexto polarizado, las alianzas e incentivos estatales articulados
desde 2021 han producido una recuperación sectorial apreciable con la colocación de 227
millones de unidades de fármacos en el mercado a septiembre de 2024 (Peña, 2024), pero la
sostenibilidad de este crecimiento depende de que los mecanismos de apoyo político se traduzcan
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en marcos regulatorios estables y predecibles que reduzcan la incertidumbre para todos los actores
involucrados. La operación al 48% de la capacidad instalada revela tanto la resiliencia sectorial
como los límites sistémicos de su expansión sostenida (Fiffe, 2024).

Los recursos económicos presentan una tensión estructural característica del contexto
venezolano en donde la crisis económica ha limitado severamente la capacidad del sector para
financiar investigación, desarrollo e innovación, mientras que la carga impositiva del 60% sobre
las ganancias comprime los márgenes de reinversión indispensables para la adopción de
tecnologías más limpias y prácticas sostenibles. En contraste, los recursos legales (Ley de
Medicamentos, Ley Orgánica de Salud, Resoluciones) requieren actualización para incorporar los
principios de sostenibilidad y los nuevos estándares internacionales en la materia. Los recursos
cognitivos, por su parte, se encuentran seriamente comprometidos, donde las estadísticas
muestran que la producción científica nacional colapsó después de 2017, lo que limita la
capacidad del sector de generar y aplicar conocimiento independiente para la toma de decisiones
basada en evidencia (Morgado et al., 2025).

Los actores del sector farmacéutico venezolano se articulan en cinco categorías
analíticamente diferenciables. Los actores políticos del Poder Ejecutivo buscan equilibrar la
promoción de la innovación con el acceso a medicamentos esenciales; los actores burocráticos,
encarnados en el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), el Servicio Autónomo de
Contraloría Sanitaria (SACS) y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), ejercen
potestades regulatorias que definen los estándares de calidad e inocuidad (Cuyás, 2021); los
actores de intereses especiales se organizan principalmente a través de la Cámara de la Industria
Farmacéutica (CIFAR), la Cámara Venezolana de Droguerías (CAVEDRO) y la Cámara
Venezolana de Farmacias (CAVEFAR); los actores de interés general defienden el acceso a
medicamentos esenciales; y los expertos académicos aportan el conocimiento técnico-científico
indispensable, aunque su independencia puede verse comprometida por el financiamiento
industrial (Verdú, 2021). Las interacciones entre estos actores alternan entre la coordinación
negativa, la negociación y la colaboración según la tipología de Scharpf (1997), con predominio
de los dos primeros patrones y un déficit estructural en el tercero.

Tipología de políticas públicas e instrumentos de intervención

El análisis del sector farmacéutico venezolano permite identificar los tres tipos de política
pública descritos por Dente & Subirats (2014). Las políticas distributivas asignan beneficios
mediante subsidios a la importación de materias primas y exenciones fiscales orientadas a
mantener la disponibilidad de medicamentos básicos. Las políticas redistributivas transfieren
recursos a través de una carga tributaria del 60% sobre las ganancias sectoriales, proporción
estructuralmente incompatible con la capacidad de reinversión que requiere la modernización
sostenible del sector (Fiffe, 2024). Las políticas regulatorias establecen estándares de producción,
comercialización y uso para garantizar seguridad, eficacia y calidad. En los tipos redistributivo y
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regulatorio, la coerción opera de manera inmediata (Lowi, 1970), lo que impone al Estado la
responsabilidad de diseñar instrumentos que incentiven la sostenibilidad sin comprometer el
acceso a medicamentos esenciales (Doocy et al., 2022).

Sistema de criterios de evaluación de sostenibilidad farmacéutica

El sistema de criterios de evaluación propuesto para el sector farmacéutico venezolano
(Tabla 1) se estructura en cuatro dimensiones interrelacionadas: económica, social, ambiental y
de gobernanza, dimensiones en perfecta alineación con el TBL y los ODS de la Agenda 2030. La
interdependencia entre estas dimensiones es constitutiva y no meramente instrumental, pues
ninguna puede ser evaluada ni gestionada de forma aislada sin comprometer la coherencia
sistémica del modelo, toda vez que las empresas del sector farmacéutico que poseen un enfoque
sostenible son más eficientes en el uso de recursos, en la gestión de riesgos y en sus relaciones
con los stakeholders, lo que impacta positivamente tanto en sus resultados financieros como en el
desarrollo sostenible de sus entornos (López-Toro et al., 2021).

Tabla 1

Sistema de criterios de evaluación de la sostenibilidad farmacéutica venezolana alineada con
los ODS de la Agenda 2030

Dimensión
ODS
vinculados

Criterios de evaluación
Referentes
Económica

ODS 8, 9
Rentabilidad y capacidad de reinversión;
relación carga impositiva/I+D;
competitividad y calidad de
medicamentos; asequibilidad para grupos
vulnerables; generación de empleo de
calidad; utilización de capacidad
instalada

Fiffe (2024); Oldfield

et al. (2025); Deng et

al.
(2025); Huang et al.
(2023)

Social

ODS 3, 10
Disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad (DAAC) de
medicamentos esenciales; salud y
seguridad laboral; Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) verificable en
comunidades; ética empresarial y
prevención de conflictos de interés;
continuidad del suministro de
tratamientos crónicos

Oldfield et al. (2025);

Irons (2024); Doocy et

al.
(2022); Verdú
(2021)

Ambiental

ODS 12,
13, 15

Inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) por alcances
1/2/3; metas de reducción alineadas con
el Acuerdo de París; gestión integral de
residuos (minimización, reciclaje,
disposición segura); eficiencia hídrica y
energética; uso de energías renovables;

Hagenaars et al.
(2025); Belal et al.
(2025); Noonan et al.
(2024); Moreno-
Barragán et al. (2023)
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evaluación de impacto sobre
biodiversidad y ecosistemas acuáticos

Gobernanza

ODS 16, 17
Actualización del marco regulatorio con
principios de Agenda 2030; transparencia
y verificabilidad del reporte ESG;
auditoría independiente y mecanismos
anti-greenwashing; cumplimiento de
puntos anticorrupción según la
Convencion de Naciones Unidas contra
la Corrupción (UNCAC); colaboración
multiactor institucionalizada; tecnologías
de trazabilidad en la cadena de suministro

Wong et al. (2024);

Montgomery et al.

(2023); Calciolari et al.

(2024); Mastrantonas

et al.
(2024)
Fuente: Elaboración propia (2026)

Dimensión Económica

En la dimensión económica, vinculada fundamentalmente al ODS 8, los criterios de
evaluación se organizan en torno a tres ejes. El primero refiere a la rentabilidad sostenible,
evaluada no solo a partir de los ingresos absolutos del sector, sino de la relación entre la carga
impositiva y la capacidad de reinversión en tecnologías más eficientes e investigación y
desarrollo, en donde el precio promedio de los medicamentos venezolanos, estimado en 3.40
dólares por unidad por la Cámara de la Industria Farmacéutica (Fiffe, 2024), limita el margen de
maniobra comercial al tiempo que compromete el acceso de los grupos más vulnerables.

El segundo eje abarca la competitividad y la innovación, evaluadas a partir de la calidad
de los medicamentos según estándares internacionales, la inversión en I+D como porcentaje de
los ingresos sectoriales y la adopción de tecnologías de producción más eficientes. El tercer eje
refiere a la generación de empleo de calidad, ya que con el 48% de la capacidad instalada activa,
existe un margen cuantificable para la creación de empleo formal bien remunerado que, a su vez,
fortalecería el mercado interno de consumidores de medicamentos y potenciaría el círculo
virtuoso de la sostenibilidad económica en toda la cadena de valor farmacéutica.

Dimensión Social

La dimensión social, articulada con los ODS 3 y 10, se evalúa fundamentalmente a través
de cuatro criterios. El criterio central y de mayor urgencia para el contexto venezolano es el acceso
equitativo a medicamentos esenciales, medido en términos de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad (DAAC), conforme a la metodología estandarizada OMS-HAI empleada
por Oldfield et al. (2025) en 54 países de ingreso bajo y medio, cuyos resultados demostraron que
ninguna región de la OMS alcanza las metas recomendadas de disponibilidad. El segundo criterio
comprende la salud y seguridad laboral de los trabajadores del sector, evaluada a través del
cumplimiento de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad y la implementación de
programas de prevención de riesgos ocupacionales. El tercer criterio incluye la responsabilidad
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social empresarial verificable con las comunidades locales, que requiere indicadores concretos de
inversión social y prácticas éticas en la relación con profesionales de la salud. El cuarto criterio
aborda la transparencia y la ética empresarial en las decisiones que afectan el acceso a
medicamentos, con especial énfasis en la prevención de los conflictos de interés documentados
por Verdú (2021).

Dimensión Ambiental

La dimensión ambiental, directamente vinculada a los ODS 12, 13 y 15, requiere
incorporar criterios cuantitativos cuya urgencia ha quedado respaldada por la evidencia científica
más reciente. El criterio primario es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) por alcances 1, 2 y 3, acompañado del establecimiento de metas de reducción alineadas con
la implementación progresiva de procesos productivos con menor intensidad de carbono,
incluyendo la transición hacia energías renovables y la autogeneración energética (Belal et al.,
2025). El segundo criterio refiere a la gestión integral de residuos, que comprende la
minimización en la fuente, la reutilización y el reciclaje de solventes y materiales, el tratamiento
adecuado de residuos peligrosos conforme a estándares internacionales y la disposición final
segura.

El tercer criterio incorpora el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos mediante
tecnologías de automatización, Internet de las Cosas (IoT) e (IA) aplicada a los procesos
productivos. El cuarto criterio comprende la evaluación del impacto sobre la biodiversidad
mediante estudios de impacto ambiental sistemáticos y la implementación de medidas de
mitigación verificables ante los efectos de la contaminación por ingredientes farmacéuticos
activos (IFAs) en los cuerpos de agua (Moreno-Barragán et al., 2023).

Dimensión Gobernanza

La dimensión de gobernanza, vinculada a los ODS 16 y 17, articula y condiciona las tres
dimensiones precedentes. El primer criterio parte de la actualización y clarificación del marco
regulatorio farmacéutico para incorporar los principios de la Agenda 2030, la protección de la
propiedad intelectual y los nuevos estándares internacionales de sostenibilidad. El segundo
criterio comprende la transparencia y la rendición de cuentas en el reporte de sostenibilidad (ESG
reporting), incluyendo la verificación independiente de los compromisos declarados y la
implementación de mecanismos específicos para prevenir el greenwashing.

El tercero abarca la colaboración multiactor institucionalizada, con espacios formales de
diálogo entre el Estado, la industria, la academia y la sociedad civil para el diseño participativo
de políticas farmacéuticas. El cuarto criterio incorpora la adopción de tecnologías de trazabilidad
como blockchain para la cadena de suministro, herramienta de gobernanza que soporta el
cumplimiento de los ODS 12 y 16, previniendo la circulación de medicamentos falsificados y
fortaleciendo la integridad del sistema regulatorio (Mastrantonas et al., 2024).
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DISCUSIÓN

Los criterios de evaluación propuestos adquieren mayor solidez analítica cuando se
contrastan sistemáticamente con la evidencia científica internacional sobre los procesos de
transición hacia la sostenibilidad en sectores farmacéuticos que operan bajo condiciones de alta
complejidad institucional. El hallazgo más relevante es la tensión identificada por Bade et al.
(2024) cuando ciertas medidas de sostenibilidad pueden generar conflictos con la seguridad del
suministro farmacéutico, de modo que las políticas orientadas a reducir el impacto ambiental de
la producción pueden, paradójicamente, incrementar el riesgo de desabastecimiento. Esta tensión
adquiere una dimensión especial en Venezuela, donde la escasez de medicamentos esenciales es
ya un problema estructural preexistente documentado por Doocy et al. (2022), lo que obliga a
implementar los criterios propuestos de manera gradual y secuencial, priorizando aquellos que
fortalecen simultáneamente la sostenibilidad y la seguridad del suministro.

En la dimensión económica, la relación entre la carga impositiva y la sostenibilidad del
sector constituye uno de los factores determinantes de la capacidad de inversión en innovación y
tecnologías limpias. Huang et al. (2023) demostraron que la responsabilidad social empresarial
mejora significativamente la competitividad corporativa a través del control interno como
mecanismo mediador, ofreciendo respaldo empírico a la premisa del Valor Compartido de Porter
& Kramer (2006) porque los compromisos de sostenibilidad no constituyen un coste sin retorno,
sino que se convierten en generadores de ventaja competitiva cuando se integran coherentemente
en las estrategias corporativas. En el contexto venezolano, esto sugiere que una reforma del
esquema impositivo orientada a incentivar la inversión en sostenibilidad podría producir
rendimientos superiores para el conjunto del sistema, tanto en términos fiscales como de salud
pública y desarrollo nacional.

La dimensión social de los criterios propuestos encuentra su validación más contundente
y dolorosa en la documentación de las consecuencias sanitarias directas de la insostenibilidad
farmacéutica venezolana. Los datos de Irons (2024) sobre la crisis de acceso a antirretrovirales
no son únicamente estadísticas de cobertura terapéutica, sino que constituyen indicadores de un
sistema que ha fallado en garantizar el derecho constitucional y humano a la salud, generando
daños biológicos irreversibles sobre los pacientes al producir resistencia farmacológica por
interrupciones reiteradas del tratamiento.

Morgado et al. (2025) confirmaron que Venezuela registra la tasa más alta de
interrupciones de tratamiento antirretroviral en América Latina desde 2016, con solo el 16% de
pacientes recibiendo terapia en el período más crítico. Por su parte, Oldfield et al. (2025)
demostraron mediante la metodología OMS-HAI que ninguna región del mundo alcanza las metas
recomendadas de disponibilidad de medicamentos esenciales en los sistemas públicos de salud,
lo que confirma que el déficit de acceso a medicamentos es un problema estructural del sistema
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farmacéutico global que en Venezuela se expresa con singular agudeza dado el contexto de crisis
multidimensional.

La contrastación de los criterios ambientales propuestos con la evidencia científica más
reciente revela la urgencia de su incorporación en el sistema evaluativo. Hagenaars et al. (2025),
en el estudio sobre la huella de carbono del sector farmacéutico extendido en 77 regiones durante
(19952019), determinaron que las emisiones de GEI del sector farmacéutico global crecieron un
77%, superando el promedio mundial del 49%, con los países de altos ingresos generando una
huella per cápita entre 9 y 10 veces superior a la de los países de ingreso medio-bajo. Noonan et
al. (2024) recalcan que hasta el 95% de las emisiones de algunos medicamentos se concentran en
la adquisición de materias primas y manufactura, lo que sitúa al ODS 12 como el punto de palanca
más potente para la transformación ambiental del sector. En el caso venezolano, donde la
dependencia de materias primas importadas bajo un régimen de sanciones encarece
estructuralmente los insumos productivos, la reducción de la huella de carbono upstream es
simultáneamente una exigencia ambiental, económica y estratégica.

La brecha entre el discurso de sostenibilidad y la práctica real en el sector farmacéutico
que los criterios de gobernanza propuestos buscan cerrar mediante mecanismos de verificación
independiente, encuentra respaldo analítico robusto. Montgomery et al. (2023) identificaron siete
formas de greenwashing y advirtieron que el fenómeno se torna más virulento conforme proliferan
compromisos de neutralidad climática con afirmaciones cuestionables, de hecho, tal como
sostienen Calciolari et al. (2024) la industria farmacéutica es significativamente menos
transparente en su divulgación climática que la industria química, solo un 0.32% frente al 5.11%
de la industria química, evidenciando una brecha de reporte que los sistemas de evaluación deben
cerrar mediante estándares de verificación externa. En el contexto venezolano, donde la presión
regulatoria sobre el reporte de sostenibilidad es aún limitada, la ausencia de mecanismos anti-
greenwashing podría convertir los criterios de evaluación propuestos en instrumentos de
legitimación retórica antes que de transformación efectiva.

En la dimensión de gobernanza, los hallazgos de Wong et al. (2024) sobre las brechas de
implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en el
sector farmacéutico de siete países revelan que la ratificación formal de instrumentos
internacionales no garantiza la integridad de los procesos farmacéuticos en cuanto a su procesos
clave: aprobación de productos, selección de formularios, adquisición y dispensación.

Hampshire et al. (2022) refuerzan este argumento desde una perspectiva cualitativa,
demostrando que los actores farmacéuticos en contextos de recursos limitados enfrentan dilemas
éticos severos cuando los marcos de gobernanza ignoran las condiciones socioeconómicas reales
en las que operan, lo que advierte sobre el riesgo de trasplantar mecánicamente estándares
diseñados para economías desarrolladas, hallazgos que justifican la incorporación de mecanismos
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específicos de verificación y auditoría como componentes sustantivos y no meramente
accidentales del criterio de gobernanza propuesto.

La articulación de los criterios propuestos con los ODS de la Agenda 2030 no es
simplemente declarativa, sino operativa y verificable. Martinengo et al. (2025) demostraron que
la química medicinal contribuye directamente a la consecución de 16 de los 17 ODS, y que los
compromisos de reducción de carbono de empresas como AstraZeneca con su programa Ambition
Zero Carbon, y Merck con meta de neutralidad para 2040, constituyen ejemplos de la alineación
de los ODS con la estrategia corporativa a partir de indicadores verificables. Mastrantonas et al.
(2024) identificaron que las tecnologías de la Industria 4.0, incluyendo la manufactura continua,
reducen el consumo de energía y agua entre el 25% y el 50% (ODS 13), mientras que la
trazabilidad blockchain previene medicamentos falsificados (ODS 12 y 16), lo que refuerza la
pertinencia del criterio de adopción tecnológica en la dimensión de gobernanza.

La comparación con el caso iraní es particularmente iluminadora para el análisis del
contexto venezolano por cuanto Bastani et al. (2022) demostraron que las sanciones
internacionales disrumpen la cadena de suministro farmacéutica no solo a través de restricciones
formales, sino mediante barreras en transacciones bancarias, restricciones de envío y devaluación
monetaria que encarecen los ingredientes farmacéuticos activos, una dinámica que reproduce con
notable fidelidad la situación venezolana. Por ello, Sajadi & Majdzadeh (2022) propusieron como
estrategias de mitigación el fortalecimiento de la producción doméstica de ingredientes
farmacéuticos activos (IFAs), la diversificación de proveedores, la formalización de canales
humanitarios para la adquisición de medicamentos y los mecanismos de cooperación
internacional, todas estas estrategias son directamente aplicables al diseño de políticas
farmacéuticas venezolanas y susceptibles de integrarse como componentes operativos del criterio
económico de sostenibilidad propuesto.

La operacionalización del TBL en el sector farmacéutico venezolano exige reconocer que
las tres dimensiones del modelo presentan jerarquías de urgencia diferenciadas en función del
contexto de crisis. Mientras que en economías desarrolladas la transición sostenible puede
abordarse de manera relativamente simultánea, en Venezuela la secuencia de prioridades está
determinada por la crisis en curso, recomendándose el abordaje de en el siguiente orden: primero,
garantizar la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos esenciales (ODS 3); segundo,
estabilizar las condiciones económicas del sector para preservar y ampliar la capacidad productiva
doméstica (ODS 8 y 9); tercero, incorporar progresivamente las exigencias de sostenibilidad
ambiental y de gobernanza (ODS 12, 13 y 16); y cuarto, articular el conjunto de estos avances en
un marco de cooperación internacional que apalanque el financiamiento y la transferencia
tecnológica necesarios para la transición sostenible (ODS 17).

Como se puede apreciar, este orden no implica jerarquizar el valor intrínseco de las
dimensiones, sino reconocer a partir del contexto del país la lógica de las restricciones operativas
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reales en entornos de alta complejidad institucional, tal como documentan de manera consistente
los casos analizados por Bastani et al. (2022) y la evidencia de acceso a medicamentos en países
de ingreso medio-bajo sistematizada por Oldfield et al. (2025).

Desde la perspectiva de la interdisciplinariedad como enfoque integrador en el diseño y
formulación de políticas públicas, el sistema de criterios propuesto trasciende el análisis sectorial
convencional al vincular la sostenibilidad farmacéutica con la justicia social (Sen, 2009), la teoría
de los stakeholders (Freeman, 2015) y los marcos de gobernanza corporativa anticorrupción. Esta
integración conceptual es condición necesaria para que los criterios de evaluación propuestos
adquieran la robustez teórica y la aplicabilidad práctica que requiere su adopción en los sistemas
de política pública venezolanos.

CONCLUSIONES

La sostenibilidad en el sector farmacéutico venezolano se configura como un problema
público de naturaleza compleja y multidimensional que no puede ser abordado mediante
instrumentos de política sectoriales, aislados o coyunturales. La investigación propuso un sistema
de criterios de evaluación articulado en cuatro dimensiones interrelacionadas (económica, social,
ambiental y de gobernanza) en alineación con los ODS de la Agenda 2030, particularmente los
ODS 3, 8, 9, 12, 13, 16 y 17. La arquitectura del sistema de criterios coloca el acceso equitativo
a medicamentos esenciales como el imperativo de mayor urgencia, sobre el cual deben construirse
progresivamente las exigencias de las demás dimensiones de sostenibilidad, reconociendo la
lógica de las restricciones operativas reales que caracterizan el contexto venezolano.

La transición hacia un modelo farmacéutico sostenible en Venezuela requiere un proceso
de diseño participativo e institucionalizado que considere las condiciones estructurales específicas
del sector como variables endógenas del modelo de sostenibilidad, y no como meras notas de
contexto. Los hallazgos del análisis evidencian que la resiliencia sectorial observable constituye
una base real sobre la cual articular la transición sostenible, siempre que se acompañe de los
incentivos fiscales, los marcos regulatorios actualizados y los mecanismos de gobernanza que
hagan viable la inversión en sostenibilidad sin comprometer la seguridad del suministro de
medicamentos esenciales.

El fortalecimiento de la gobernanza del sector farmacéutico venezolano emerge como la
dimensión habilitante de todas las demás, donde la formalización de una política nacional de
medicamentos que integre explícitamente los principios de sostenibilidad y los compromisos de
los ODS constituye un prerrequisito institucional impostergable que, una vez consolidado,
permitiría al Estado robustecer su capacidad rectora, planificadora y regulatoria en un sector de
importancia estratégica para la salud pública, la seguridad social y el desarrollo nacional
sostenible, dotando al país de los instrumentos normativos e institucionales necesarios para
orientar con coherencia y eficacia la transformación del sistema farmacéutico nacional.
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