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https://doi.org/10.69639/arandu.v11i1.231
Comparación entre Sistema Anglosajón y Régimen
Administrativo: Implicaciones para la Protección de Derechos
Comparison between the Anglo-Saxon System and the Administrative Regime:
Implications for the Protection of Rights
Abg. Geancarlos Steven González Solórzano
ggonzalezso@ulvr.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-4444-2515
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil
Ecuador, Guayaquil
Artículo recibido: 20 mayo 2024 - Aceptado para publicación: 26 junio 2024
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
El principio de legalidad es esencial en el derecho administrativo, exigiendo que todas las
acciones estatales se basen en normas jurídicas preexistentes. Este principio, que tiene raíces en
la filosofía de Aristóteles y el Derecho Romano, se ha consolidado a lo largo de la historia, desde
la Edad Media hasta el Renacimiento, y ha influenciado el Estado de Derecho moderno. La
legalidad garantiza que la administración pública actúe conforme a la ley, promoviendo
decisiones justas y proporcionales, lo que se denomina razonabilidad. Comparar el sistema
anglosajón y el régimen administrativo revela diferencias significativas en la aplicación del
principio de legalidad. En el sistema anglosajón, vigente en países como Inglaterra y Estados
Unidos, el common law se basa en precedentes judiciales, ofreciendo flexibilidad para la
evolución del derecho a través de decisiones y la interpretación de casos anteriores. Sin embargo,
esta flexibilidad puede resultar en costos elevados y una complejidad en la resolución de casos,
como se vio en el caso de los "Guildford Four", que mostró deficiencias en la administración de
justicia debido a errores judiciales y pruebas fabricadas. En contraste, el régimen administrativo,
típico de los sistemas de derecho continental, se basa en un marco legal codificado que define
claramente las competencias y procedimientos administrativos. Este enfoque previene conflictos
y asegura un funcionamiento eficiente del Estado, pero puede ser visto como rígido y menos
adaptable en comparación con el common law. Ambos sistemas presentan fortalezas y debilidades
en la protección de derechos. Una posible solución sería fusionar la codificación del régimen
administrativo con la flexibilidad del common law, incorporando mecanismos de revisión judicial
que mejoren la transparencia y participación pública, optimizando así la protección de derechos
en una estructura legal más adaptable.
Palabras clave: legalidad, derecho administrativo, anglosajón, comparación
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ABSTRACT
The principle of legality is essential in administrative law, requiring that all state actions be based
on pre-existing legal norms. This principle, which has roots in the philosophy of Aristotle and
Roman Law, has been consolidated throughout history, from the Middle Ages to the Renaissance,
and has influenced the modern Rule of Law. Legality guarantees that the public administration
acts in accordance with the law, promoting fair and proportional decisions, which is called
reasonableness. Comparing the Anglo-Saxon system and the administrative regime reveals
significant differences in the application of the principle of legality. In the Anglo-Saxon system,
in force in countries such as England and the United States, common law is based on judicial
precedents, offering flexibility for the evolution of the law through decisions and the
interpretation of previous cases. However, this flexibility can result in high costs and complexity
in resolving cases, as seen in the case of the "Guildford Four", which showed deficiencies in the
administration of justice due to miscarriages of justice and fabricated evidence. In contrast, the
administrative regime, typical of continental law systems, is based on a codified legal framework
that clearly defines administrative powers and procedures. This approach prevents conflict and
ensures efficient functioning of the State, but can be seen as rigid and less adaptable compared to
common law. Both systems present strengths and weaknesses in the protection of rights. A
possible solution would be to merge the codification of the administrative regime with the
flexibility of common law, incorporating judicial review mechanisms that improve transparency
and public participation, thus optimizing the protection of rights in a more adaptable legal
structure.
Keywords: legality, administrative law, Anglo-Saxon, comparison
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INTRODUCCIÓN
Para el inicio de la presente investigación, se debe entender que, el principio de legalidad,
es un concepto primordial en el derecho administrativo, y en toda su extensión dentro de cualquier
ordenamiento jurídico. Este principio en esencia promete que, todas las acciones y decisiones de
los órganos que se encuentran dentro del Estado, incluidos los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, incluyendo aquellos países que adhieren las funciones de Transparencia y Control Social,
y Función Electoral (Ecuador) (Constitución de la República del Ecuador, 2008), deben estar
basadas en normas jurídicas previamente establecidas.
El jurista español (García de Enterría, 2007), señala que, el principio de legalidad es un
principio fundamental del Derecho Administrativo que, establece que todas las actuaciones de la
administración pública deben estar basadas en normas jurídicas preexistentes. Este principio
garantiza que las autoridades no puedan actuar sin un fundamento legal y que cualquier actuación
administrativa debe ser conforme a la ley. Sin duda alguna, es pertinente también señalar el
pensamiento doctrinario del Jurista (Kelsen, 1945), que la legalidad sostiene el Estado de Derecho
y asegura que el ejercicio del poder se ajuste a un marco normativo. A pesar que ambas
definiciones poseen una diferencia de años a partir de su exposición, se puede apreciar que es
primordial que la actuación administrativa sea conforme a ley o al ordenamiento jurídico. Pero,
cuando nos referimos a regímenes, se expande una brecha de análisis sobre dos vertientes: Sistema
Anglosajón y Régimen Administrativo, y es que ambos regímenes poseen fortaleces y debilidades
en cuanto a la protección de los derechos.
Cuando se el principio de legalidad, también debemos hablar de la razonabilidad, cuyo
principio exige que los actos administrativos sean justos, adecuados y proporcionales en relación
con los fines que se persiguen. (González, 2018). Y es que, la razonabilidad, implica que las
decisiones tomadas por las autoridades deben ser apropiadas, equilibradas y justificadas. Para
(Rodríguez, J. A, 2015), la razonabilidad en las decisiones administrativas implica que estas sean
apropiadas y justificadas, basadas en criterios objetivos y encaminadas al bien común. Es decir,
garantizar que las decisiones administrativas sean razonables y no arbitrarias, promoviendo el
bien común.
Pero, ¿De dónde surge el principio legalidad? (Aristóteles , 2004), el principio de legalidad
tiene sus raíces en las ideas de los filósofos griegos (Aristóteles), quien abordó el concepto de
justicia y la necesidad de normas establecidas para el gobierno justo en su obra Política.
Aristóteles argumentó que un gobierno justo debe basarse en leyes estables y conocidas, evitando
decisiones arbitrarias. Por otra parte, (Kaser, 1996), señala que, en el Derecho Romano, el
concepto de "nullum crimen, nulla poena sine lege" (no hay crimen ni pena sin ley) refleja una
forma temprana del principio de legalidad. Este principio, conocido como el "principio de la
legalidad de los delitos y penas", estableció que las acciones solo podrían ser castigadas si estaban
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previamente definidas como delitos en la ley. Durante la Edad Media, el concepto de “Gobernar
según la ley” se consolidó en la teoría política. Filósofos como (Aquino, 2005), discutieron la
necesidad de que las leyes sean justas y orientadas al bien común, influyendo en la idea de que
los poderes públicos deben actuar conforme a la ley.
De manera posterior, durante el Renacimiento, pensadores como (Bodin, 2005), abogaron
por la idea de la soberanía del Estado y la necesidad de que las leyes sirvan como normas que
guíen el comportamiento de los gobernantes, estableciendo así una estructura para la
administración pública en el marco de la legalidad. En el siglo XX, el principio de legalidad se
incorporó formalmente en las constituciones y leyes administrativas de muchos países. La
doctrina y la jurisprudencia modernas han continuado desarrollando y aplicando este principio
para garantizar que la administración pública actúe dentro de los límites de la ley y respete los
derechos de los ciudadanos. (Vázquez, 2018)
Desde la otra perspectiva, el sistema anglosajón es un conjunto de normas y principios que
rige el derecho en países de tradición anglosajona, como Inglaterra, Estados Unidos y otros países
de la Commonwealth. Su origen se puede rastrear a través de una serie de eventos históricos y
desarrollos legales que han moldeado este sistema desde sus inicios hasta la actualidad. Por
ejemplo: El Código de Alfredo es una compilación de leyes que Alfredo el Grande revisó y
promulgó para mejorar la justicia y el orden en su reino. Abarca una variedad de temas, desde
leyes penales hasta regulaciones sobre la propiedad y la administración de justicial. (Alfred the
Great, 2002); Durante el reinado de Enrique II, se consolidaron los tribunales reales y se empezó
a desarrollar el sistema de common law. Enrique II implementó un sistema judicial basado en
precedentes y decisiones de tribunales reales. (Harris, 2015); Siglo XVIII: Evolución Preliminar,
el Common Law seguía evolucionando principalmente a través de decisiones judiciales. Los
jueces continuaron desarrollando el derecho a través de la doctrina, lo que proporcionó una base
estable para la resolución de casos legales. (Davis, 1905); Colonización y Expansión Imperial:
Durante el siglo XIX y principios del XX, el Imperio Británico expandió su influencia por todo
el mundo, estableciendo colonias y territorios en América del Norte, el Caribe, África, Asia y
Oceanía. Este proceso de colonización llevó a la introducción del sistema anglosajón. Ejemplos:
Estados Unidos: La colonización británica en el siglo XVII estableció las bases del sistema legal
y de gobierno anglosajón; India y Hong Kong: Durante el dominio británico, se introdujo el
sistema legal anglosajón en estos territorios, que ha persistido incluso después de la independencia
(Venne, 2016).
Realizar el versus entre el Sistema Anglosajón y Régimen Administrativo es una tarea
compleja debido a que ambos operan en contextos muy distintos y persiguen objetivos y métodos
diversos. Sin embargo, señalaremos características comparativas, y son las siguientes:
El precedente judicial es una base del sistema anglosajón donde las decisiones previas de
los tribunales crean normas para futuros casos. Este sistema es adaptable, ya que las resoluciones
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judiciales evolucionan con el tiempo conforme los jueces interpretan nuevos casos. Se caracteriza
por un sistema adversarial en el que las partes en conflicto presentan argumentos para persuadir
al juez o al jurado. Los jueces tienen discreción judicial para aplicar la ley, y los abogados juegan
un rol clave en argumentar las posiciones de sus clientes. Ventajas incluyen flexibilidad,
protección de derechos y transparencia, mientras que desventajas abarcan el alto costo y la
complejidad de los precedentes. (García-Pablos de Molina, 2019)
Gráfico 1
Características del Sistema Anglosajón
En cuanto al Régimen Administrativo, establece las competencias y las respectivas
funciones de los distintos órganos y entidades que se encuentran dentro administración pública.
Esto asegura que cada entidad y funcionario actúe dentro de los límites de su autoridad y
responsabilidad, previniendo conflictos de competencias y promoviendo un funcionamiento
eficiente del aparato estatal. Uno de los aspectos relevante dentro de este régimen, es que establece
su estructura jerárquica de manera clara y precisa, con las respectivas relaciones de subordinación
y coordinación entre diferentes niveles de la administración pública.
Lo expresado, los ratifica el doctrinario (Molina, 2019), expresando que, el Régimen
Administrativo, tiene un papel crucial en la protección de los derechos de los ciudadanos mediante
la regulación de procedimientos administrativos y la garantía de derechos fundamentales. Estos
mecanismos aseguran que las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública sean
justas y equitativa.
Sistema
Anglosajón
Precedente Judicial: Se basa en el
derecho consuetudinario que se
desarrolla a partir de las decisiones
previas de los tribunales
Las resoluciones judiciales pueden
evolucionar y cambiar con el tiempo
a medida que los jueces interpretan
nuevos casos.
En el proceso judicial, las partes en
conflicto presentan sus argumentos
en una competencia para convencer
al juez o al jurado de su posición.
Sistema judicial
Alto Costo y
Complejidad de
Interpretación
Flexibilidad
Discreción
Judicial
Adaptabilidad
Procesal
Papel de los
Abogados
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Gráfico 2
Características del Régimen Administrativo
Entre las similitudes y diferencias de ambos sistemas, la primera observación que se puede
realizar entre el principio del régimen administrativo y el sistema Common Law es que proviene
del Derecho Público, mientras que el Common Law se funda sobre el Derecho Privado. Así, en
el régimen administrativo, el beneficiario del derecho o regla es el ente administrativo, mientras
que cualquier ciudadano puede lograr la misma influencia de un precedente.
Esto resalta la preocupación de una tradición que parte de (Montes , 2021), sobre el
pensamiento de Montesquieu: el temor a la concentración de poder. Pero lo que desarrolla una
seguridad o una garantía, el instituto presenta como debilidad su inmovilidad y previsibilidad. La
regla aplicable para resolver un caso dice poco acerca de estándares de igualdad, justicia o
razonabilidad aplicados para resolver los casos. Incluso, dos casos de tremenda similitud, si no
son iguales, deben ser juzgados de la misma forma. Y esta es la particularidad de la tradición del
Common Law, con el precedente judicial como fuente sobre la que se basan sus decisiones. Por
su parte, en el régimen administrativo, la decisión se emite un acto administrativo formal,
habiendo la posibilidad de proceder con la impugnación de otras vías de la justicia. (Carrión ,
2019)
Es relevante analizar ciertos casos judiciales, tanto del Régimen Anglosajón y Régimen
Administrativo.
Análisis del Caso "Guildford Four 1989” (Ainsworth, 2006): “En 1974, el IRAK provocó
una bomba en un bar de la ciudad inglesa de Guildford. Como resultado, murieron cinco personas
y cuarenta y uno resultaron heridos. En marzo de 1975 se detuvieron a cuatro personas, entre las
cuales la policía encontró a la principal sospechosa. La única prueba que inculpaba a los detenidos
era que un vecino había afirmado haberlos visto rondando por la calle, pero posteriormente este
afirmó que su declaración había sido obtenida bajo intimidación por una policía que creía que aún
Régimen
Administrativo
Establece mecanismos para que los
funcionarios públicos rindan cuentas
por sus actos y decisiones.
Se establece que las decisiones
deben tomarse sin favoritismos ni
prejuicios.
División de funciones entre
ministerios y agencias.
Sistema judicial
Asegura que las
decisiones sean
justas y basadas
en criterios
objetivos,
Garantía de
Legalidad y
Estado de
Derecho
Protege los
derechos
Sistema judicial
independiente
Acceso a la
información
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quedaba un quinto hombre por detener. Estos detenidos afirmarían haber sido torturados y, al
recibir una paliza, confesaron haber colocado la bomba. No se acepta que fue en defensa propia
al sufrir estos interrogatorios bajo la ley de emergencia sin poder tener acceso a un abogado. Bajo
estas circunstancias, confesarían según el informe que la "banda" de sus abogados formuló por
haber sido torturados, temiendo una represalia aún peor si negaban la acusación.
En octubre de 1975, otro miembro del IRAK fue detenido con un artefacto explosivo. Bajo
interrogatorio, inculpó a estos detenidos de Guildford y para ello escribió una conversación con
ellos en la que confesaban. Un año después, el miembro del IRAK detenido en 1975 en Sussex
aún era presionado por la policía, y ante la supuesta confesión que tuvo como respuesta el
arrestado en 1975, su único comentario se encontraba escrito bajo tres condiciones que le
relajarían la vigilancia a cambio de la información que sobre el caso de Guildford podría dar sobre
otros miembros, llegando a relatar con pelos y señales un relato infringido por parte de un policía
a estos sobre un interrogatorio.
A pesar de las demostraciones que este preso daba a los investigadores para probarles que
la confesión era falsa, ni estos ni los obtenidos con los abogados los dejaron manifestar en el
juicio, siendo condenados a cadena perpetua en octubre de 1975.
Este caso destaca cómo el sistema de Common Law, a pesar de sus fortalezas, puede
enfrentar serias deficiencias en la administración de justicia, especialmente en términos de errores
judiciales y el manejo de pruebas.
Análisis del Caso de la Policía de los Ángeles y la Violación de Derechos Civiles en 2020
(Roberts, 2021): En 2020, la Policía de Los Ángeles fue objeto de críticas y demandas por
violaciones de derechos civiles durante la gestión de protestas y manifestaciones relacionadas con
el movimiento Black Lives Matter. Las acusaciones incluyeron el uso excesivo de la fuerza, la
detención arbitraria de manifestantes, y la represión violenta de las protestas pacíficas.
Tabla 1
Análisis de la deficiencia de los Casos: "Guildford Four 1989” y “Policía de los Ángeles y la
Violación de Derechos Civiles en 2020”
Caso Judicial
.
Defecto 1
Defecto 2
"Guildford
Four 1989”
Pruebas Fabricadas: El caso involucró
pruebas fabricadas y falsificaciones de
pruebas por parte de la policía, lo que
demuestra fallos en el control y
supervisión de las prácticas policiales
Retraso en la Exoneración:
Aunque finalmente los
condenados fueron exonerados
en 1989, el proceso para lograr
justicia fue extremadamente
largo y doloroso.
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“Policía de los
Ángeles y la
Violación de
Derechos Civiles
en 2020”
Esta falta de control llevó a violaciones
graves de los derechos civiles, afectando
la confianza pública en las instituciones
administrativas responsables de
garantizar el respeto de los derechos
fundamentales.
La percepción de falta de justicia
y de una respuesta adecuada
exacerbó el descontento y
desconfianza en las instituciones
administrativas encargadas de
regular las acciones policiales
¿Se podría realizar una fusión del sistema anglosajón y régimen administrativo? Se puede
combinar el enfoque codificado del régimen administrativo con la flexibilidad del common law.
Esto podría dar lugar a un sistema donde las leyes fundamentales y regulaciones están codificadas,
pero con un papel importante para la jurisprudencia y los precedentes en la interpretación y
aplicación de esas leyes. También se podría integrar la flexibilidad del sistema anglosajón en los
procedimientos administrativos, permitiendo cierto grado de discrecionalidad y adaptabilidad en
lugar de un riguroso formalismo.
Por otra parte, se podría adherir un mecanismo de revisión judicial que combine el control
de legalidad del régimen administrativo con la revisión más flexible y adaptativa característica
del sistema anglosajón, adoptando prácticas del sistema anglosajón que fomenten la transparencia
y la participación pública en la toma de decisiones administrativas, complementando el enfoque
más centralizado del régimen administrativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales:
1. Fuentes Jurídicas: Se utiliza fuentes jurídicas primarias, como constituciones, códigos
legales y normativas vigentes en los sistemas anglosajón y continental.
2. Literatura Académica: Se consulta una variedad de textos académicos y artículos
especializados sobre el principio de legalidad y sus aplicaciones en diferentes sistemas jurídicos.
Esto incluye obras de autores como García de Enterría, Kelsen, y Montesquieu, así como estudios
recientes sobre la comparación entre sistemas.
3. Casos Judiciales: Se analizarán casos relevantes de ambos sistemas para ilustrar la
aplicación práctica del principio de legalidad.
4. Documentos Legislativos y Administrativos: Se revisarán documentos administrativos y
legislativos que reflejan la aplicación del principio de legalidad en el régimen administrativo.
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Metodología
1. Revisión Bibliográfica: Se lleva a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente
sobre el principio de legalidad en los sistemas anglosajón y administrativo. La revisión incluirá
textos históricos, doctrinas jurídicas y estudios comparativos.
2. Análisis Comparativo: Este análisis se enfoca en las diferencias y similitudes en la
aplicación del principio de legalidad, evaluando cómo cada sistema aborda la protección de
derechos y la administración de justicia.
3. Estudio de Casos: El análisis de estos casos permitirá identificar fortalezas y debilidades
en la administración de justicia y en la protección de derechos en ambos contextos.
4. Método Comparativo: Este método permite una evaluación crítica de las prácticas y
principios en contextos legales distintos, facilitando la identificación de posibles áreas de mejora
y adaptación entre los sistemas.
El enfoque metodológico adoptado para esta investigación sigue el método comparativo
descrito por (Gerring, 2004). Este método permite un análisis en profundidad de los sistemas
jurídicos y sus aplicaciones prácticas, proporcionando una base sólida para la evaluación de
diferencias y similitudes en la protección de derechos a través del principio de legalidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis comparativo del principio de legalidad en el sistema anglosajón y el régimen
administrativo revela importantes diferencias en su aplicación y en la protección de derechos.
El sistema anglosajón, basado en el common law, otorga un papel central a los precedentes
judiciales. Las decisiones anteriores de los tribunales crean normas para casos futuros, lo que
proporciona flexibilidad y adaptación continua. Esta característica permite que el derecho
evolucione en respuesta a nuevos casos y contextos, lo que puede ser ventajoso en situaciones
cambiantes. Sin embargo, esta flexibilidad también conlleva desventajas, como altos costos
judiciales y complejidad en la resolución de casos. El caso "Guildford Four" ilustra fallos
significativos en este sistema, donde pruebas fabricadas y errores judiciales demostraron
deficiencias en la administración de justicia.
Por otro lado, el régimen administrativo se basa en un marco legal codificado, con normas
y procedimientos claramente establecidos. Esto proporciona estructura y previene conflictos de
competencias, promoviendo una administración pública más eficiente y predecible. La claridad
en la jerarquía y los procedimientos ayuda a garantizar la protección de los derechos de los
ciudadanos y la equidad en la administración pública. No obstante, esta rigidez puede limitar la
capacidad de adaptación rápida a nuevos desafíos. La estructura formal y jerárquica del régimen
administrativo puede ser vista como una debilidad en comparación con la flexibilidad del common
law.
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Una similitud clave entre ambos sistemas es su origen en el derecho público y la necesidad
de proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, las diferencias son notables. El common
law se basa en la jurisprudencia y el precedente, mientras que el régimen administrativo se enfoca
en la codificación y la formalidad de los procedimientos. Estas diferencias reflejan enfoques
variados para lograr justicia y proteger los derechos en contextos distintos.
El análisis de casos como "Guildford Four" y las violaciones de derechos civiles en Los
Ángeles destaca las debilidades en ambos sistemas. El caso de "Guildford Four" expone fallos en
la supervisión y control judicial dentro del sistema anglosajón, mientras que el caso de Los
Ángeles ilustra problemas de cumplimiento y supervisión en el régimen administrativo.
La fusión del sistema anglosajón y el régimen administrativo podría combinar las fortalezas
de ambos enfoques. Una propuesta sería integrar un marco legal codificado con la flexibilidad del
common law, permitiendo que la jurisprudencia y los precedentes jueguen un papel importante
en la interpretación y aplicación de las leyes. Además, incorporar mecanismos de revisión judicial
que combinen el control de legalidad del régimen administrativo con la adaptabilidad del common
law podría mejorar la transparencia y participación pública, optimizando así la protección de
derechos en una estructura legal más flexible y eficiente.
La investigación revela que ambos sistemas tienen fortalezas y debilidades en la aplicación
del principio de legalidad. El sistema anglosajón ofrece flexibilidad, pero enfrenta desafíos en la
administración de justicia, mientras que el régimen administrativo proporciona estructura y
previsibilidad, pero puede ser menos adaptable. La fusión de ambos sistemas podría ofrecer un
enfoque equilibrado que combine la rigidez normativa con la adaptabilidad judicial, mejorando
así la protección de los derechos en diferentes contextos.
CONCLUSIONES
El principio de legalidad es fundamental tanto en el Derecho Administrativo como en los
sistemas jurídicos en general. Establece que todas las acciones de las autoridades deben basarse
en normas jurídicas preexistentes, evitando así la arbitrariedad.
La razonabilidad complementa el principio de legalidad, exigiendo que las decisiones
administrativas sean justas, adecuadas y proporcionales a los fines que se persiguen. La
razonabilidad asegura que las actuaciones no solo se ajusten a la ley, sino que también sean
equitativas y razonables en su contexto.
El Sistema Anglosajón, basado en el Common Law, se caracteriza por la flexibilidad y
adaptabilidad a través de precedentes judiciales. Aunque tiene ventajas como la protección de
derechos y la transparencia, también presenta desventajas como el alto costo y la complejidad. El
Régimen Administrativo, por otro lado, ofrece una estructura jerárquica clara y precisa para la
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administración pública, asegurando un funcionamiento eficiente y la protección de los derechos
ciudadanos mediante mecanismos de regulación y procedimiento administrativo.
El caso "Guildford Four" destaca deficiencias en la administración de justicia en el sistema
anglosajón, particularmente en relación con errores judiciales y el manejo de pruebas. Esto resalta
la importancia de un sistema judicial que prevenga y corrija tales errores.
El caso de la Policía de Los Ángeles en 2020 evidencia la necesidad de mecanismos
efectivos para proteger los derechos civiles y garantizar que las autoridades actúen de manera
proporcional y justa, incluso en situaciones de alta tensión social.
Recomendaciones
Promover y garantizar la estricta observancia del principio de legalidad en todas las
actuaciones administrativas. Esto incluye una revisión regular de las normas y procedimientos
para asegurar que se ajusten a los principios jurídicos establecidos. Incluir criterios claros de
razonabilidad en la toma de decisiones administrativas, asegurando que las decisiones sean no
solo legales, sino también justas y proporcionales a los fines que se persiguen.
En el sistema anglosajón, implementar mecanismos para minimizar los errores judiciales,
como sistemas de revisión de casos y protocolos más estrictos para el manejo de pruebas. En el
Régimen Administrativo, asegurar la transparencia y accesibilidad de los procedimientos
administrativos, permitiendo la impugnación efectiva de decisiones y garantizando la protección
de los derechos de los ciudadanos.
Desarrollar programas de formación y capacitación para los funcionarios públicos en
relación con el principio de legalidad y la razonabilidad, para mejorar la calidad y equidad en la
toma de decisiones administrativas.
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