Vol. 11/ Núm. 2 2024 pág. 2330
INTRODUCCIÓN
El Impuesto al Valor Agregado IVA, acorde a Rodríguez et al. (2022) en la mayoría de países de
América Latina se sitúa como una fuente importante de recaudación de ingresos fiscales para el estado,
aquel tributo de naturaleza indirecta, tiene aplicación sobre el consumo de bienes y servicios, su tasa y
estructura difieren entre cada nación. Según lo referido por Almeida et al. (2020) Uruguay y Argentina
presentan las tasas más elevadas con el 22% y 21% respectivamente, mientras que Paraguay tiene el
valor porcentual más bajo con el 10%.
Las recaudaciones de este impuesto han demostrado ser determinantes para mantener la
estabilidad fiscal, no obstante, Armijos (2021) sostiene que es evidente la disparidad existente entre los
valores que se graban entre cada país, situación que suele generar controversia respecto al impacto que
genera la aplicación del IVA en relación al consumo y la dinámica socioeconómica en general. Aunado
a ello se presentan otros desafíos, incluyendo la informalidad económica y la evasión fiscal.
Estos factores, según Ramirez et al. (2021) pueden limitar su función como herramienta de
recaudación. Sin embargo, varios países han implementado reformas fiscales para mejorar la
transparencia del sistema de IVA, considerando que su implementación debe ser cuidadosamente
diseñada para equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la carga sobre los consumidores.
En el Ecuador han acontecido algunos cambios en el ámbito tributario, producto de algunas
decisiones políticas, que han impactado de manera económica, entre ellas se encuentran actualizaciones
en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado. En el periodo de gobierno 2024, el presidente Daniel
Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 198 dispuso el incremento de la tarifa del IVA al 15% a partir
del 01 de abril de 2024, aquello representa un cambio significativo en la política tributaria del país
(Diario DW, 2024).
Este cambio, según lo manifestado por Ortiz, (2024) fue implementado con el propósito de
conseguir más recursos para destinarlos a acciones que permitan contrarrestar la situación de
inseguridad que atraviesa el país actualmente, sin embargo, existen dilemas alrededor de la
temporalidad o permanencia de esta medida.
En este sentido, Muñoz (2021) considera que las decisiones de ajustar la tasa de aquel impuesto,
generan un impacto significativo, debido al alcance que posee sobre el precio final de los bienes y
servicios, cuyo incremento se traduce en la disminución del poder adquisitivo de los consumidores,
llevándolos a una valoración de sus patrones de gasto, dando prioridad a la compra de productos
indispensables.
Además, Chica y Guzmán (2021) en un ambiente económico en que los ingresos crecen a un
ritmo más lento que los precios, aquel aumento implica que la demanda agregada se contrae y los
consumidores deben buscar adaptarse a dicha situación. Los hogares han visto una reducción en su
poder adquisitivo, lo que ha llevado a una disminución en el consumo de bienes y servicios (Diario El
Universo, 2024). Esto, a su vez, ha impactado negativamente a los pequeños y medianos empresarios