Vol. 11/ Núm. 1 2024 pág. 449
las operaciones. Las normas de supervisión institucional exigen que la dirección se adhiera a
principios éticos y fomente los valores adoptados por la organización, además de someter el
sistema de supervisión a un monitoreo y evaluación constante. Este seguimiento continuo permite
identificar posibles errores con antelación y tomar decisiones correctivas de manera oportuna
(Mormul, 2021).
En el ámbito nacional, los recientes informes sobre la calidad de los servicios de salud
han revelado una situación alarmante. El 37% de los hospitales carecen de personal suficiente
para atender adecuadamente a los pacientes, el 42% no lleva a cabo procedimientos esenciales
como pruebas inmunológicas, hematológicas y otras de diagnóstico, y además, el 42% de estos
centros no cuenta con el equipamiento mínimo necesario, lo que pone en riesgo la calidad de
atención. El acceso universal a la salud y a la seguridad social, considerados derechos humanos
fundamentales, deben ser garantizados, no solo como una obligación mínima del gobierno y del
Estado, sino también como un compromiso ético. Para lograr esto, es crucial implementar una
serie de mecanismos de supervisión institucional (Figueroa y Panana, 2023).
La supervisión gubernamental incluye la supervisión, el monitoreo y la verificación de
las acciones y resultados de la gestión pública, evaluando la eficiencia, efectividad, transparencia
y economía en el uso de los recursos del Estado. Para ello, se han establecido hasta 35 políticas
gubernamentales en áreas de ética, transparencia y lucha contra la corrupción. La deficiencia en
los niveles de supervisión ha resultado en una asignación ineficaz de recursos, afectando servicios
públicos vitales como la educación, salud y vivienda, lo que ha perjudicado el desarrollo y
bienestar de la población. Por lo tanto, se sostiene que es necesario un cambio de enfoque,
priorizando la implementación de mecanismos de supervisión institucional simultánea que puedan
prevenir y alertar de manera oportuna sobre posibles actos de corrupción (Taqqueri, 2023).
Según las Normas de Supervisión Institucional aprobadas por la Resolución de la
Contraloría n.° 295-2021-CG, se establece que: "El control gubernamental constituye un proceso
integral y permanente, que tiene como finalidad contribuir a la mejora continua en la gestión de
las entidades; así como en el uso de los bienes y recursos del Estado" (Contraloría General de la
República, 2021).
Además, se destaca que Perú ha experimentado beneficios a través de esfuerzos de
supervisión institucional simultánea, como el aumento de la capacidad para alertar a los
funcionarios sobre riesgos y situaciones adversas, lo que permite una respuesta oportuna para
mitigar los problemas. También aborda las preocupaciones de la ciudadanía mediante informes
oportunos, lo que facilita la participación de las partes interesadas, mejora la transparencia,
fomenta la confianza y fortalece la credibilidad. Asimismo, se emplean equipos
multidisciplinarios que aplican métodos especializados, lo que enriquece considerablemente las
auditorías mediante la recopilación de datos en tiempo real (Shack, 2020).