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https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.689
Análisis Comparativo de la Calidad del Gasto en Obra
Pública en los GAD de Ecuador por Niveles de Gobierno
Comparative Analysis of the Quality of Public Works Spending in Ecuador's GADs by
Levels of Government
Leonardo Marcelo Idrobo Ocampo
lmidrobo.24@est.ucab.edu.ve
https://orcid.org/0009-0008-2415-3948
Universidad Católica Andrés Bello
Caracas – Venezuela
Richard Edinson Muñoz Bravo
rmunozb@upse.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-6770-8228
Universidad Estatal Península de Santa Elena
La Libertad - Ecuador
José Luis Quiñonez Chamba
jose.luiq@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0004-1812-2652
Investigador Independiente
Guayaquil - Ecuador
Dr. Juan Carlos Muyulema Allaica
jmuyulema@upse.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-9663-8935
Universidad Estatal Península de Santa Elena
La Libertad - Ecuador
Artículo recibido: 10 enero 2025 - Aceptado para publicación: 20 febrero 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
El análisis del presupuesto público resalta la importancia de la eficiencia y la planificación fiscal
para mejorar la calidad de vida, reducir la corrupción y optimizar los recursos. La falta de
ejecución presupuestaria y los problemas estructurales impactan negativamente en los servicios,
particularmente en situaciones de crisis. Este estudio se enfocó en evaluar la calidad del gasto en
obra pública en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Ecuador, realizando un
análisis comparativo entre los diferentes niveles de gobierno. Se evaluó la relación entre el
presupuesto codificado y el devengado, así como la eficiencia en la ejecución de proyectos de
infraestructura. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y comparativo. Se identificaron
patrones de subejecución del gasto en los GAD, lo cual señala una planificación inadecuada y
deficiencias en la implementación de los presupuestos. Los resultados muestran que, entre 2015
y 2023, la ejecución presupuestaria promedio de los GAD osciló entre el 35.42% y el 53.55%,
evidenciando una brecha significativa entre lo asignado y lo ejecutado. La pandemia de COVID-
19 tuvo un impacto negativo en la ejecución presupuestaria, reduciendo el gasto devengado y

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aumentando la subejecución, especialmente en los GAD provinciales y municipales. La
optimización de la gestión presupuestaria en la administración pública es esencial para mejorar la
eficiencia del gasto y asegurar una asignación equitativa de los recursos. Se recomienda
implementar mecanismos de control interno, fortalecer la capacidad de gestión y mejorar la
planificación presupuestaria. Asimismo, es crucial adoptar modelos de gestión organizacional que
promuevan la mejora continua y la transparencia. Futuros estudios deberían enfocarse en la
aplicación de herramientas modernas de evaluación presupuestaria y en el impacto de la gestión
participativa en la eficiencia del gasto público.
Palabras clave: gobiernos autónomos, inversión pública, presupuesto
ABSTRACT
The analysis of the public budget highlights the importance of efficiency and fiscal planning to
improve quality of life, reduce corruption, and optimize resources. The lack of budget execution
and structural problems negatively impact services, particularly in times of crisis. This study
focused on evaluating the quality of public works spending in the Decentralized Autonomous
Governments (DAG) of Ecuador, conducting a comparative analysis across different levels of
government. The relationship between the coded and executed budget was assessed, as well as
the efficiency in executing infrastructure projects. The research adopted a quantitative and
comparative approach. Patterns of budget under-execution in the DAGs were identified,
indicating inadequate planning and deficiencies in budget implementation. The results show that
between 2015 and 2023, the average budget execution of the DAGs ranged from 35.42% to
53.55%, revealing a significant gap between the allocated and executed amounts. The COVID-
19 pandemic had a negative impact on budget execution, reducing the executed spending and
increasing under-execution, especially in provincial and municipal DAGs. Optimizing budget
management in public administration is essential to improving spending efficiency and ensuring
equitable resource allocation. It is recommended to implement internal control mechanisms,
strengthen management capacity, and improve budget planning. Furthermore, adopting
organizational management models that promote continuous improvement and transparency is
crucial. Future studies should focus on the application of modern budget evaluation tools and the
impact of participatory management on public spending efficiency.
Keywords: autonomous governments, public investment, budget
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INTRODUCCIÓN
El análisis presupuestario del sector público requiere un enfoque multidimensional que
contemple la eficiencia, eficacia, impacto y equidad de las políticas públicas, con el fin de
optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de vida de la población. Según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), es fundamental equilibrar la
sostenibilidad fiscal con estrategias de reactivación económica en la región. En el ámbito local,
investigaciones como la de Gil et al., (2023) han demostrado que una administración eficiente del
presupuesto contribuye a la mejora de los servicios básicos, mientras que una ejecución deficiente
de los ingresos puede obstaculizar este progreso, lo que resalta la urgencia de optimizar el gasto
público. Según Toribio, (2011), la economía informal implica una transferencia significativa de
recursos humanos, técnicos, materiales y financieros entre los países latinoamericanos. Por otro
lado, Domínguez & Caria, (2018) subrayan que el desarrollo humano prioriza la satisfacción de
necesidades esenciales y la autodependencia, promoviendo relaciones armónicas entre
individuos, sociedad, naturaleza y gobernanza. En esta misma línea, Cavalari-Sales & Da Fonseca
(2022) destacan que la gobernanza fortalece el ciclo de las políticas públicas mediante la
participación, transparencia y rendición de cuentas, lo que refleja la capacidad del Estado para
implementar y coordinar dichas políticas. Vargas-Velásquez & García-Pinzón, (2008) afirman
que el presupuesto público es la herramienta clave para llevar a cabo las políticas públicas,
mientras que Podestá (2020) resalta que el Estado debe utilizar la política fiscal para optimizar el
gasto público y proteger la salud, el empleo y a las poblaciones más vulnerables. Finalmente,
Armendáriz & Carrasco, (2019) destacan que la inversión pública es clave para el desarrollo
económico en América Latina, aunque enfrenta desafíos como brechas de productividad y gestión
ineficiente, exacerbadas por la corrupción. Villanueva, (2021) enfatiza la necesidad de clarificar
las responsabilidades gubernamentales y garantizar la coherencia legislativa entre niveles de
gobierno.
El análisis de la literatura revela un consenso generalizado sobre la importancia de
optimizar la eficiencia del gasto público para mejorar la calidad de los servicios. Investigaciones
como las de García et al., (2020) y León-Cázares et al., (2021) subrayan la relación crucial entre
la calidad del gasto, la transparencia y la reducción de la corrupción como factores clave para una
gestión pública adecuada. Asimismo, Vargas & Zavaleta, (2020) destacan la necesidad de una
gestión orientada a resultados para incrementar la efectividad del gasto público. De forma
paralela, otros autores proponen la implementación de modelos de gestión organizacional y
controles internos como estrategias para optimizar los recursos disponibles. Además, se ha
analizado la relación entre gasto público y crecimiento económico, resaltando su impacto positivo
en la reducción de desigualdades sociales. Entre 2015 y 2018, el aumento en el monto codificado
en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del Ecuador sugirió una visión optimista

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en la planificación fiscal; sin embargo, la ejecución efectiva reveló limitaciones debido a factores
como la burocracia y la falta de proyectos listos para ejecutarse. La pandemia de 2020 provocó
una reducción drástica en el gasto devengado, reflejando una subejecución presupuestaria
significativa, producto de la reorientación de recursos y la paralización de proyectos. A pesar de
algunos incrementos leves en 2021, la subejecución persistió, y en 2022, el gasto devengado
experimentó una nueva caída, lo que señala posibles problemas estructurales en la administración
de los recursos públicos. En este contexto, se destaca la importancia de implementar métodos de
evaluación que integren análisis estadísticos y tendencias, con el fin de identificar patrones de
gasto y optimizar la asignación de recursos en el futuro. A pesar de los esfuerzos realizados por
entidades como la Contraloría y Planifica Ecuador, aún persiste una escasez de estudios
exhaustivos sobre la calidad del gasto público.
La eficiencia en la administración del presupuesto público es un factor clave que impacta
directamente en la calidad de los servicios públicos y, en consecuencia, en el bienestar de la
población. La falta de optimización del gasto puede generar subejecución de recursos, lo que
obstaculiza el desarrollo económico y social, especialmente en contextos de crisis o limitaciones
fiscales. Este problema es particularmente relevante, ya que la correcta gestión del presupuesto
público no solo asegura el funcionamiento adecuado de las políticas públicas, sino que también
es esencial para el crecimiento sostenible y la reducción de desigualdades.
El estudio se conecta con investigaciones previas que resaltan la importancia de la
eficiencia en la gestión del presupuesto público. Por ejemplo, trabajos como los de Gil et al.,
(2023) destacan cómo una administración eficiente del presupuesto mejora la prestación de los
servicios básicos. Asimismo, Vargas-Velásquez & García-Pinzón, (2008) subrayan el papel clave
que desempeña el presupuesto público en la implementación de políticas que buscan mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Estos estudios proporcionan el contexto necesario para
entender que la optimización del gasto público es fundamental para el desarrollo económico y
social.
En línea con teorías sobre gobernanza y economía pública, este estudio aborda la necesidad
de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, como lo plantean autores como García et
al., (2020) y León-Cázares et al., (2021). A partir de la teoría de la gobernanza de Cavalari-Sales
& Da Fonseca, (2022), se argumenta que una gestión adecuada del presupuesto puede mejorar la
calidad de los servicios públicos y reducir las desigualdades, como lo indica la teoría del
desarrollo humano de Domínguez & Caria, (2018). Estos marcos teóricos subrayan la importancia
de integrar la eficiencia en la gestión del gasto público como una variable central en el desarrollo
económico y social.
Prácticamente, este estudio resalta la necesidad de implementar métodos de evaluación del
gasto público y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Esto es crucial
para optimizar la asignación de recursos y garantizar una mejora en la calidad de los servicios

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públicos. En este sentido, el presente estudio se enfoca en la relación entre la eficiencia en el gasto
público y su impacto en el desarrollo económico y la calidad de vida en América Latina, con un
enfoque específico en Ecuador.
El objetivo principal del estudio es analizar la relación entre la eficiencia en el gasto público
y su impacto en el desarrollo económico y la calidad de vida en América Latina, centrándose
particularmente en la gestión de los recursos en Ecuador. Para ello, se realiza una comparación
de la ejecución presupuestaria en los diferentes niveles de gobierno en el país, con el fin de
identificar patrones y áreas de mejora.
Estudios recientes como los de Portillo-Molina et al., (2019); Ramírez-Pérez et al., (2022)
y Reyes-Díaz, (2022) han abordado la temática de la utilización eficiente de los recursos públicos.
Estos autores destacan que una correcta gestión de los fondos del Estado es crucial para maximizar
los beneficios sociales y económicos. Además, coinciden en que una administración pública
eficiente no solo es vital para el buen funcionamiento de las políticas públicas, sino también para
la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico a largo plazo. La correcta gestión de los recursos
públicos puede generar impactos positivos en diversas áreas, como la educación, la salud y la
infraestructura, mejorando así el bienestar de la población.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación emplea un análisis documental exhaustivo que abarca los reglamentos y
normativas vigentes en la gestión presupuestaria pública, así como las principales teorías sobre
planificación financiera. Esta revisión se complementa con un análisis de estudios previos sobre
la administración de presupuestos en gobiernos locales y la ejecución del gasto público.
Adoptando un enfoque cuantitativo fundamentado en las investigaciones de López-Maldonado et
al., (2024) y Encalada-Tenorio et al., (2020), la metodología aplicada integra el Análisis
Comparativo y el Método de Variación Presupuestaria, lo que permite examinar la relación entre
el presupuesto codificado y el presupuesto devengado en los GAD. El análisis se sustenta en datos
oficiales obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, correspondientes al
periodo 2015-2023, proporcionando una fuente confiable y actualizada sobre la planificación y
ejecución presupuestaria de estas instituciones. La elección de este periodo facilita la
identificación de tendencias a largo plazo y fluctuaciones anuales en la gestión presupuestaria,
permitiendo evaluar su impacto en el desarrollo de proyectos de inversión pública a nivel local.
Para realizar el análisis, se aplican tasas de crecimiento a las variables de presupuesto
codificado y devengado, con el objetivo de identificar patrones en el uso de los recursos,
determinar posibles desviaciones y evaluar la capacidad de los GAD para convertir los fondos
asignados en resultados tangibles en áreas clave, como infraestructura, servicios básicos y
desarrollo comunitario. Este enfoque proporciona una perspectiva detallada sobre la

Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1472
correspondencia entre los recursos presupuestarios proyectados y los efectivamente empleados, y
permite identificar áreas de mejora en la administración y distribución de los recursos públicos.
El diseño metodológico es descriptivo y transversal. La dimensión descriptiva facilita el
análisis de la naturaleza de los datos presupuestarios y los contextos específicos de cada sector de
los GAD, mientras que el diseño transversal ofrece una visión panorámica del fenómeno durante
el periodo de estudio, proporcionando un análisis integral de los factores que influyen en el
cumplimiento de los presupuestos y su impacto en la inversión pública local. Con este enfoque,
el estudio pretende sentar las bases para la formulación de recomendaciones prácticas orientadas
a optimizar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos a nivel de los gobiernos
locales en Ecuador.
RESULTADOS
El análisis de la literatura existente revela significativas convergencias en aspectos
cruciales de la administración pública y la gestión presupuestaria. En particular, numerosos
autores coinciden en la necesidad de optimizar la eficiencia del gasto público como una estrategia
para asegurar una mayor calidad en los servicios proporcionados. Investigaciones realizadas por
García et al., (2020); León-Cázares et al., (2021); Rodríguez et al., (2020) subrayan esta relación,
a la que se suman las contribuciones de Bastidas-Vaca et al., (2016); Pilay & Ugando, (2020),
quienes también enfatizan que la calidad del gasto, junto con la transparencia y la disminución de
la corrupción, es vital para una gestión adecuada de los recursos. Del mismo modo, Morán &
Ayvar, (2020) proponen nuevas líneas de investigación orientadas a potenciar la eficiencia en la
gestión municipal. La vinculación entre la gestión presupuestaria y los resultados alcanzados se
presenta como otro tema recurrente en la literatura. Vargas & Zavaleta, (2020); Vílchez, (2021)
analizan el impacto de la gestión orientada a resultados sobre la calidad del gasto, un aspecto que
también es examinado por Solórzano-Zavala, (2022) en el contexto de la ejecución
presupuestaria. Complementando esta discusión, Mejía & Zambrano, (2023); Pérez-Castillo,
(2021) destacan la importancia de establecer controles adecuados en la ejecución presupuestaria
y de implementar indicadores de evaluación del desempeño. En otro orden, Merino, 2019; Valiño,
(2023) resaltan la relevancia de evaluar las políticas públicas mediante el análisis de coste-
beneficio, lo que enriquece el debate sobre la eficiencia del gasto.
El efecto de los modelos de gestión organizacional en la administración pública se erige
como un tema central en las investigaciones Choloquinga, (2021); López et al., (2021) promueven
la adopción de modelos que favorezcan la mejora continua, un enfoque alineado con el estudio
de Leyton & Gil, (2017), quienes investigan la implementación de herramientas modernas de
gestión. Asimismo, Cornejo & Sánchez, (2021); Navarro & Delgado, (2020) destacan que los
estilos de gestión organizacional y la administración financiera municipal son factores
determinantes para optimizar la utilización de los recursos presupuestales y para estimular el

Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1473
desarrollo económico a nivel local. Por otro lado, varios autores coinciden en la relación entre el
gasto público y el crecimiento económico Espitia et al., (2019); Ibarra, (2021) analizan de qué
manera el gasto público incide en el crecimiento económico y en la disminución de la desigualdad,
mientras que Behar-Villegas, (2021) alerta sobre los riesgos asociados al malgasto en el sector
público. Quinde-Rosales et al., (2020); Ramírez, (2016) complementan esta perspectiva al
investigar la relación entre el gasto público y los ingresos, especialmente en el contexto de los
recursos petroleros en naciones como Ecuador.
Finalmente, al abordar la interacción entre la administración pública, el presupuesto y su
efecto en el bienestar social y económico, Álvarez et al., (2022); Huárac-Quispe et al., (2022)
coinciden en que la reestructuración y la implementación de mecanismos como el presupuesto
participativo son esenciales para combatir la corrupción y mejorar la asignación de recursos.
Navarro & Delgado (2020) también subrayan la relevancia del control interno en la
administración municipal, argumentando que este, junto con un firme compromiso institucional,
es fundamental para una gestión más transparente y eficiente. Además, investigaciones como las
de Sánchez, 2021; Tello, (2018) indagan sobre cómo la capacidad de los gobiernos subnacionales
para gestionar el gasto afecta el crecimiento económico y las condiciones de vida, una
preocupación también abordada por Sánchez-Martínez, (2020), quien enfatiza la necesidad de
cerrar la brecha entre el gasto planificado y el ejecutado. En síntesis, se establece un consenso
acerca de que la mejora en la eficiencia del gasto público y la transparencia en la gestión son
elementos esenciales para el desarrollo económico y la equidad social.
La Tabla 1 ofrece una visión detallada sobre los montos codificados y devengados a lo
largo de varios años, lo que permite llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre la eficiencia en la
ejecución del presupuesto. El monto codificado se refiere a la asignación de recursos para cada
año fiscal, mientras que el monto devengado representa el gasto real realizado por los GAD. Al
analizar estos dos elementos, se puede entender mejor cuáles son las áreas que requieren atención
y cómo se gestionan los recursos presupuestarios.
Tabla 1
Variación de ejecución presupuestaria anual en obra pública de los GAD
Año Codificado Devengado Valores por
devengar
Ejecución
presupuestaria
2015 3,396,501,388.61 1,591,952,427.84 1,804,548,960.77 46.87%
2016 3,583,926,802.74 1,697,982,201.85 1,885,944,600.89 47.38%
2017 3,826,925,621.17 1,985,787,377.74 1,841,138,243.43 51.89%
2018 4,551,602,911.35 2,437,610,591.07 2,113,992,320.28 53.55%
2019 3,726,322,960.79 1,894,248,576.99 1,832,074,383.80 50.83%
2020 2,955,920,995.80 1,174,392,623.81 1,781,528,371.99 39.73%
2021 3,195,937,518.81 1,237,688,743.08 1,958,248,775.73 38.73%
2022 4,164,070,131.37 1,474,968,058.46 2,689,102,072.91 35.42%
2023 3,308,138,785.28 1,402,309,016.84 1,905,829,768.44 42.39%

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Desde 2015 hasta 2018, el monto codificado a nivel general de los GAD muestra una
tendencia creciente. Este incremento puede interpretarse como una señal de optimismo en la
planificación fiscal, con una previsión de mayores necesidades de financiamiento para proyectos
y servicios públicos. Sin embargo, la ejecución del gasto permanece estable, sin una variación
significativa. A pesar de los aumentos en el monto devengado hasta 2018, la brecha entre lo
codificado y lo ejecutado comienza a ampliarse, lo que sugiere que, a pesar de la mayor asignación
de recursos, la capacidad de ejecución está limitada. Esta situación podría estar influenciada por
diversos factores, tales como la falta de proyectos listos para ser ejecutados, la burocracia, la
ineficiencia administrativa o incluso la escasez de personal capacitado para gestionar los recursos.
El año 2020 constituye un punto de inflexión crucial en este análisis. La pandemia de
COVID-19 impactó de manera sin precedentes las finanzas públicas y la gestión de los recursos.
La caída abrupta en el monto devengado, que se reduce a 1,174,392,623.81, refleja las dificultades
enfrentadas en el contexto de una reducción significativa de la asignación de recursos durante ese
período. No solo la ejecución presupuestaria se vio afectada por las restricciones sanitarias y la
necesidad de redirigir recursos hacia la emergencia sanitaria, sino que también es probable que
muchas iniciativas y proyectos fueran suspendidos o retrasados. Esto da lugar a una variación
negativa en el presupuesto ejecutado, con una subutilización de recursos públicos asignados de
1,781,528,371.99.
En los años 2021 y 2022, aunque se observa un incremento en el monto devengado en
comparación con 2020, persiste la problemática de la subejecución. En 2021, la ejecución del
presupuesto sigue a la baja, y la proporción de recursos no utilizados continúa siendo
considerable. Este fenómeno podría indicar que, aunque algunas actividades se han reanudado,
las estructuras administrativas aún enfrentan dificultades para adaptarse a la nueva realidad post-
pandemia.
Para 2022, el monto devengado experimenta una nueva caída, alcanzando una variación
negativa de 2,689,102,072.91, lo cual resulta alarmante y requiere un análisis detallado. A pesar
de un aumento en la asignación presupuestaria, la ejecución presupuestaria sigue siendo
deficiente. El devengamiento de recursos en este período presenta una variación negativa global
del 35.42% en los GAD, lo que refleja un bajo nivel de utilización de los recursos destinados a
proyectos de beneficio social. Este patrón indica una subejecución drástica del presupuesto
asignado, sugiriendo la presencia de problemas sistémicos que trascienden contratiempos
temporales, como se puede observar en la Figura 1.

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Figura 1
Ejecución presupuestaria anual en obra pública de los GAD
La escasa utilización de los presupuestos planificados se convierte en herramientas críticas
para entender la efectividad de la ejecución del presupuesto. La constante subejecución puede
reflejar deficiencias en la planificación, donde los recursos son asignados sin una evaluación
adecuada de la capacidad de ejecución. Es fundamental analizar si los proyectos y programas de
los GAD están alineados con las necesidades y prioridades del momento. Además, es posible que
haya una falta de coordinación entre las diferentes áreas internas de cada entidad, lo que podría
generar cuellos de botella en la implementación de inversión en el ámbito local. Desde una
perspectiva más amplia, el análisis de estos datos puede ser enriquecido al considerar el contexto
socioeconómico en el que se desarrolla esta gestión presupuestaria. Factores externos como
cambios en la economía, políticas gubernamentales, condiciones sociales y otros eventos
imprevistos como desastres naturales o crisis sanitarias ocurridas deben ser considerados si se
realiza un análisis individualizado a cada GAD, ya que influyen directamente en la capacidad de
las entidades para ejecutar sus presupuestos de manera efectiva.
Es esencial, por tanto, que las autoridades y gestores de recursos lleven a cabo una revisión
exhaustiva de sus políticas de gasto. Esto incluye establecer mecanismos de control más robustos
y adoptar prácticas de gestión más flexibles que permitan a las instituciones adaptarse a las
circunstancias cambiantes y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente. Asimismo,
fomentar la transparencia en la gestión pública puede aumentar la confianza de la ciudadanía y, a
su vez, mejorar la rendición de cuentas. Para mejorar la calidad del gasto público, es fundamental
contar con herramientas efectivas que permitan evaluar y monitorear el uso de los recursos. Dos
de las propuestas más relevantes en este contexto son la aplicación de GPR y el CMI. Ambas
metodologías ofrecen enfoques distintos pero complementarios para asegurar una medición de
que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva.
Otra ventaja del GPR y el CMI es que fomenta una cultura de desempeño dentro de la
organización. Al establecer métricas claras y visibles, se motiva a empleados y gestores a alcanzar
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
4.000.000.000,00
4.500.000.000,00
5.000.000.000,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Codificado Devengado

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los objetivos, lo que a su vez promueve la responsabilidad. Además, el CMI es adaptable y
flexible, lo que permite su implementación en diversas áreas del sector público, desde la gestión
financiera y presupuestaria hasta la atención al cliente. Finalmente, se hace necesario implementar
estrategias que aborden las causas subyacentes de la ineficiencia en la ejecución del presupuesto.
Esto podría incluir la capacitación del personal, la simplificación de procesos administrativos, la
mejora en la planificación de proyectos y la creación de una cultura de evaluación continua que
permita ajustes y optimizaciones en tiempo real. Con un enfoque renovado en la ejecución del
presupuesto, las entidades pueden avanzar hacia un uso más efectivo de los recursos públicos, lo
que a su vez se traduce en un mejor servicio a la ciudadanía.
Comparativo de ejecución presupuestaria entre sectores
La ejecución presupuestaria en obra pública de los GAD durante el período 2015-2023
muestra importantes variaciones tanto en la asignación como en el devengo de recursos. Tal como
se muestra en la Tabla 2, los porcentajes de ejecución presupuestaria anual en los diferentes
sectores varían considerablemente, lo que refleja no solo las decisiones de asignación de fondos,
sino también la eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la obra pública. Esta
información es crucial para comprender las dinámicas de inversión pública en los GAD y para
identificar áreas de mejora en la ejecución de proyectos en los próximos años.
Tabla 2
Porcentaje de ejecución presupuestaria anual en obra pública de los GAD por sectores
Año GAD
Provinciales
GAD
Municipales
GAD
Parroquiales
Total
devengado en
obra pública
2015 59.33% 42.13% 51.65% 46.87%
2016 63.17% 42.72% 53.59% 47.38%
2017 50.42% 52.08% 56.47% 51.89%
2018 47.03% 55.31% 54.01% 53.55%
2019 47.90% 51.56% 55.32% 50.83%
2020 40.18% 39.56% 39.46% 39.73%
2021 41.17% 37.97% 38.16% 38.73%
2022 33.02% 35.77% 45.08% 35.42%
2023 42.82% 41.70% 50.42% 42.39%
En el caso de los GAD Provinciales, se observa que la ejecución en obra pública tuvo su
punto más alto en 2016, alcanzando un 63.17%. Este incremento puede estar relacionado con
políticas enfocadas en fortalecer la infraestructura provincial, especialmente en vialidad y
desarrollo rural. Sin embargo, a partir de 2017, el porcentaje de ejecución empieza a disminuir,
llegando al 47.03% en 2018 y 47.90% en 2019. Esta baja puede atribuirse a una reorientación de
prioridades presupuestarias y a una disminución en los recursos asignados a nivel provincial. Con
la llegada de la pandemia en 2020, la ejecución provincial cae de manera más drástica, alcanzando
un mínimo de 33.02% en 2022. La emergencia sanitaria forzó a los gobiernos provinciales a

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redirigir fondos hacia la atención de la crisis de salud pública, lo que limitó considerablemente la
inversión en infraestructura y otros proyectos de obra pública, a pesar que la asignación
presupuestaria en este último año tuvo un incremento considerable. En 2023, se observa una leve
recuperación en la ejecución presupuestaria, alcanzando un 42.82%. Este incremento sugiere un
esfuerzo por retomar los proyectos pendientes que se vieron afectados durante los años críticos
de la pandemia, como se ilustra en la Figura 2.
Figura 2
Ejecución presupuestaria anual en obra pública de los GAD Provinciales
Los GAD Municipales presentan una evolución más estable en cuanto a la ejecución de
obra pública, aunque también se ven impactados por la pandemia. Entre 2015 y 2017, el
porcentaje de ejecución crece, alcanzando en 2017 un 52.08%, probablemente impulsado por la
inversión en infraestructura urbana y servicios básicos para mejorar la calidad de vida en áreas
municipales de acuerdo a las competencias asignadas por ley. En 2018 y 2019, la ejecución se
mantiene en niveles altos, con un 55.31% en 2018 y un 51.56% en 2019, lo que refleja una
continuidad en los proyectos de infraestructura municipal. No obstante, con el inicio de la
pandemia en 2020, el porcentaje de ejecución cae abruptamente, con un 39.56% en 2020 además
de la reducción del presupuesto asignado y un mínimo de 35.77% en 2022 a pesar del incremento
presupuestario del mencionado periodo. La crisis sanitaria afectó de manera particular a los
municipios, que experimentaron una reducción de ingresos en el 2020 debido a la disminución de
la actividad económica y tuvieron que destinar recursos para atender la emergencia. En 2023, el
porcentaje de ejecución muestra una ligera recuperación, alcanzando el 41.70%, lo cual sugiere
una reactivación de proyectos pospuestos aun que tuvo una disminución (Figura 3).
59,33%
63,17%
50,42%
47,03%
47,90%
40,18%
41,17%
33,02%
42,82%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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Figura 3
Ejecución presupuestaria anual en obra pública de los GAD Municipales
En cuanto a los GAD Parroquiales, el porcentaje de ejecución en obra pública también
muestra una variación importante, especialmente en los años de pandemia. En los primeros años
analizados, se observa una tendencia ascendente, logrando su punto máximo en 2017 con un
56.47%. Esta alza puede estar relacionada con políticas de desarrollo rural y ejecución de
proyectos y programas de desarrollo social, donde la inversión es crucial para la comunidad.
Durante 2018 y 2019, la ejecución se mantiene estable en niveles altos, con un 54.01% en 2018
y un 55.32% en 2019, lo cual evidencia una continuidad en los proyectos y programas para las
zonas rurales. Sin embargo, el impacto de la pandemia en 2020 y 2021 provoca una reducción
notable, con un mínimo de 38.16% en 2021. Ante la crisis sanitaria, los GAD Parroquiales
enfrentaron limitaciones presupuestarias. En 2023, la ejecución sube a 50.42%, reflejando una
reactivación en la inversión pública a nivel parroquial y el intento de retomar las actividades de
desarrollo comunitario pausados durante la pandemia., como se muestra en la Figura 4.
Figura 4
Ejecución presupuestaria anual en obra pública de los GAD Parroquiales
El total devengado en obra pública, que representa el promedio de ejecución de los tres
sectores, refleja en gran medida las mismas tendencias observadas individualmente. Durante el
periodo 2015-2017, el porcentaje de ejecución total muestra un incremento, alcanzando su punto
42,13% 42,72%
52,08%
55,31%
51,56%
39,56%
37,97%
35,77%
41,70%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
51,65%
53,59%
56,47%
54,01% 55,32%
39,46%
38,16%
45,08%
50,42%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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máximo en 2017 con un 51.89%. Esto sugiere un alto compromiso con la inversión en
infraestructura en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, la estabilidad comienza a disminuir
ligeramente en 2018 y 2019, aunque la ejecución se mantiene por encima del 50%. Con la llegada
de la pandemia en 2020, el porcentaje de ejecución total cae significativamente, alcanzando su
punto más bajo en 2021 con 38.73%, reflejando cómo la emergencia sanitaria y económica afectó
la capacidad de inversión en obra pública a nivel nacional. En el año 2022 a pesar del incremento
del presupuesto planificado a efecto post pandémico la ejecución presupuestaria cae en su nivel
más bajo alcanzando una ejecución del 35.42%. En 2023, se observa una recuperación, con un
total devengado del 42.39%, lo cual sugiere una lenta reactivación de los proyectos de
infraestructura, aunque aún con desafíos significativos para alcanzar los niveles previos a la
pandemia., como se observa en Figura 5.
Figura 5
Ejecución presupuestaria anual en obra pública de los GAD por sectores
Cada sector de los GAD refleja distintos niveles de ejecución presupuestaria,
probablemente debido a diferencias en sus capacidades operativas, prioridades de inversión y
contextos económicos. Los GAD provinciales y municipales han consolidado un menor
porcentaje de recursos devengados en obra pública en los últimos años, mientras que los GAD
parroquiales se mantienen con niveles de ejecución más moderados, a pesar de los incrementos
temporales observados en el período de reactivación post-pandemia. Pese a los incrementos
observados en los porcentajes devengados en obra pública por parte de los GAD provinciales,
municipales y parroquiales durante los primeros y el último año en el período de análisis 2015-
2023, los porcentajes de ejecución de los presupuestos planificados son bastante bajos en estas
entidades, considerando los montos planificados. Esta situación evidencia que, aunque se lograron
avances importantes en la inversión en infraestructura, persisten limitaciones que impiden el uso
completo de los recursos asignados. Entre los factores que podrían contribuir a esta situación se
encuentran desafíos administrativos, problemas en la planificación y ejecución de proyectos,
retrasos en la entrega de recursos y posibles restricciones en la capacidad operativa de algunos
GAD, especialmente los parroquiales. La falta de una ejecución total también podría indicar la
46,87% 47,38%
51,89%
53,55%
50,83%
39,73%
38,73%
35,42%
42,39%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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necesidad de mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión presupuestaria para maximizar el
impacto de los recursos disponibles en beneficio de las comunidades.
DISCUSIÓN
De acuerdo a Ramírez-Pérez et al., (2022) argumenta que la matriz de riesgos debe
evolucionar como herramienta administrativa apoyada en un software que facilite la gestión de
riesgos contractuales, promoviendo una contratación pública innovadora, transparente y orientada
al desarrollo territorial. Obaco et al., (2024) explica que La primacía urbana se asocia con mayores
asentamientos informales, destacando el papel clave del gobierno en su reducción en América
Latina y el Caribe fortaleciendo la inversión pública. Para García-Nicolás, (2016) La
competitividad de un territorio se define como su capacidad para generar ingresos crecientes,
mejorar el nivel de vida de sus habitantes . De acuerdo a Báez-Melián, (2018) La política fiscal,
como herramienta clave de la política económica, permite reducir la desigualdad mediante un
gasto social focalizado y un sistema impositivo progresivo, sin comprometer el crecimiento
económico si está adecuadamente diseñado. En contraste Brito-Gaona & Iglesias, (2021)
explicaron que el gasto público financiado con impuestos puede limitar la inversión privada,
cuestionando la expansión estatal priorizada por algunos gobiernos latinoamericanos. De acuerdo
a Brida et al., (2020) América Latina presenta una brecha significativa en infraestructura de
transporte en comparación con los países industrializados y en desarrollo. Para Turnes-Abelenda
& Vence-Deza, (2019) Es esencial analizar la relación entre el gasto público en infraestructuras
y el crecimiento económico, incluyendo comparaciones entre territorios.
CONCLUSIONES
Existe un consenso en la literatura sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto
público para garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. La subejecución presupuestaria
observada en los años analizados resalta la importancia de establecer controles robustos y
prácticas de gestión adaptativas que permitan a las entidades públicas alinear sus asignaciones de
recursos con las necesidades reales y prioritarias. Esto incluye la implementación de metodologías
como el GPR y el CMI, que no solo facilitan la medición del desempeño, sino que también
fomentan una cultura de responsabilidad y evaluación continua en la administración pública.
Ninguno de los sectores de GAD logró alcanzar el 100% de ejecución presupuestaria en
obra pública entre 2015 y 2023, lo cual sugiere la existencia de desafíos en la planificación y
administración de los recursos que limitan la plena utilización del presupuesto asignado. La
revisión de los datos de ejecución presupuestaria, especialmente durante años críticos como 2020,
pone de manifiesto que factores externos como la pandemia de COVID-19 y otros eventos
imprevistos influyen considerablemente en la capacidad de los GAD para ejecutar sus
presupuestos.
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Es esencial que los gestores de recursos públicos no solo analicen sus políticas de gasto,
sino que también tomen en cuenta el contexto socioeconómico y las condiciones cambiantes que
pueden afectar la implementación de proyectos y programas, promoviendo así una gestión más
flexible y efectiva de los recursos públicos. La falta de ejecución total en todos los tipos de GAD
destaca la importancia de mejorar la eficiencia en la gestión presupuestaria. Una mayor capacidad
de planificación y seguimiento permitiría optimizar los recursos, logrando un mayor impacto de
la inversión en obra pública para beneficio de las comunidades locales.

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