Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1794
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.707
El control social en México: Una visión desde el sistema penal
Social control in México: A vision from the criminal system
Rafael Santacruz Lima
rsantacruzl@uaemex.mx
https://orcid.org/0000-0002-9641-3058
Universidad Autónoma del Estado de México
México
Artículo recibido: 10 enero 2025 - Aceptado para publicación: 20 febrero 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
El objetivo del presente artículo es descubrir el trabajo de control social en el sistema criminal
mexicano, ya que la aprobación y los aspectos punitivos del estado en la sociedad contribuyen a
analizar la paz y el orden. Las preguntas de investigación que se formularon en la presente
investigación fueron: ¿Cuál es el papel del control social en el sistema criminal mexicano? ¿Cómo
afectan la aprobación y los aspectos punitivos del estado en la paz y el orden en la sociedad? Este
trabajo siguió una metodología en la revisión de documentos de recursos primarios y secundarios.
Los principales resultados de este trabajo indican que el control social del sistema criminal
mexicano es necesario para preservar el sistema y la paz en la sociedad. La aprobación y los
aspectos punitivos del estado son herramientas efectivas para prevenir el crimen y proteger a los
ciudadanos. Sin embargo, en la implementación de estas medidas, tales desafíos y restricciones
también se determinan como corrupción e incompetencia en el sistema judicial.
Palabras clave: control, sistema, sociedad, derecho penal
ABSTRACT
The objective of this article is to discover the work of social control in the Mexican criminal
system, since the approval and punitive aspects of the state in society contribute to analyzing
peace and order. The research questions that were formulated in this investigation were: ¿What is
the role of social control in the Mexican criminal system? How do the approval and punitive
aspects of the state affect peace and order in society? This work followed a methodology in the
review of primary and secondary resource documents. The main results of this work indicate that
social control of the Mexican criminal system is necessary to preserve the system and peace in
society. The approval and punitive aspects of the state are effective tools to prevent crime and
protect citizens. However, in the implementation of these measures, such challenges and
restrictions are also determined as corruption and incompetence in the judicial system.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1795
Keywords: control, system, society, criminal law
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Keywords: control, system, society, criminal law
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licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1796
INTRODUCCIÓN
La regulación social busca analizar las técnicas que las comunidades emplean para
gobernar las acciones individuales, aspirando a un equilibrio social armónico Esta regulación
puede ser informal, una red invisible de costumbres y expectativas transmitidas como susurros
entre familiares y amigos o, por el contrario, oficial, impartida con la fuerza de las leyes, vigilada
por la mano firme de la justicia.
El control social tiene como objetivo garantizar que las personas cumplan con las normas
y reglas establecidas, buscando así mantener el orden y la estabilidad en la comunidad. Al
fomentar el respeto por estas normas, el control social intenta prevenir comportamientos que
puedan generar conflictos o amenazar la paz y la convivencia social. Además de salvaguardar a
la sociedad de acciones que podrían ser dañinas, el control social contribuye a fortalecer la unión
social y credebilidad en las instituciones, promoviendo valores comunes y facilitando un
desarrollo equilibrado.
A pesar de que México cuenta con un conjunto de normas y estructuras para el control
social y la justicia, enfrenta graves problemas que afectan su efectividad. La corrupción, las
desigualdades sociales, la violencia y la falta de recursos son obstáculos importantes que necesitan
ser abordados mediante reformas profundas, mayor transparencia y el fortalecimiento de las
instituciones encargadas.
Análisis del control social
Hablar de control social, es sinónimo de una serie de estrategias y procesos por medio de
los cuales una sociedad regula y orienta el comportamiento de sus miembros, con el objetivo de
lograr la aplicación de las leyes y los valores establecidos. Su función principal es preservar la
armonía, la unidad y el equilibrio, fomentando así la conformidad con lo que se considera correcto
en la sociedad. (Bustos, p. 19).
Identificamos varios tipos de control social
En primer lugar, está el control social informal, que se refiere a las normas no escritas y las
expectativas que las personas siguen en su vida diaria, es decir, este tipo de control se ejerce por
medio de instituciones informales como la familia, la escuela, la religión, los amigos y los medios
de comunicación. Las sanciones en este caso suelen ser de carácter social, como la desaprobación,
la vergüenza o el rechazo (Tenorio, p. 95).
En un segundo momento, nos encontramos con el control formal, que se refiere a las leyes,
reglamentos y normas establecidas por instituciones oficiales, como las políticas públicas, la
seguridad pública y el sistema judicial. En este contexto, las sanciones son más severas y pueden
incluir multas, así como la prisión u otras medidas legales (Tenorio, p. 95).
El control social es fundamental para asegurar una convivencia armoniosa, ya que orienta
las conductas de las personas y evita situaciones que podrían provocar desorden o conflictos, es
INTRODUCCIÓN
La regulación social busca analizar las técnicas que las comunidades emplean para
gobernar las acciones individuales, aspirando a un equilibrio social armónico Esta regulación
puede ser informal, una red invisible de costumbres y expectativas transmitidas como susurros
entre familiares y amigos o, por el contrario, oficial, impartida con la fuerza de las leyes, vigilada
por la mano firme de la justicia.
El control social tiene como objetivo garantizar que las personas cumplan con las normas
y reglas establecidas, buscando así mantener el orden y la estabilidad en la comunidad. Al
fomentar el respeto por estas normas, el control social intenta prevenir comportamientos que
puedan generar conflictos o amenazar la paz y la convivencia social. Además de salvaguardar a
la sociedad de acciones que podrían ser dañinas, el control social contribuye a fortalecer la unión
social y credebilidad en las instituciones, promoviendo valores comunes y facilitando un
desarrollo equilibrado.
A pesar de que México cuenta con un conjunto de normas y estructuras para el control
social y la justicia, enfrenta graves problemas que afectan su efectividad. La corrupción, las
desigualdades sociales, la violencia y la falta de recursos son obstáculos importantes que necesitan
ser abordados mediante reformas profundas, mayor transparencia y el fortalecimiento de las
instituciones encargadas.
Análisis del control social
Hablar de control social, es sinónimo de una serie de estrategias y procesos por medio de
los cuales una sociedad regula y orienta el comportamiento de sus miembros, con el objetivo de
lograr la aplicación de las leyes y los valores establecidos. Su función principal es preservar la
armonía, la unidad y el equilibrio, fomentando así la conformidad con lo que se considera correcto
en la sociedad. (Bustos, p. 19).
Identificamos varios tipos de control social
En primer lugar, está el control social informal, que se refiere a las normas no escritas y las
expectativas que las personas siguen en su vida diaria, es decir, este tipo de control se ejerce por
medio de instituciones informales como la familia, la escuela, la religión, los amigos y los medios
de comunicación. Las sanciones en este caso suelen ser de carácter social, como la desaprobación,
la vergüenza o el rechazo (Tenorio, p. 95).
En un segundo momento, nos encontramos con el control formal, que se refiere a las leyes,
reglamentos y normas establecidas por instituciones oficiales, como las políticas públicas, la
seguridad pública y el sistema judicial. En este contexto, las sanciones son más severas y pueden
incluir multas, así como la prisión u otras medidas legales (Tenorio, p. 95).
El control social es fundamental para asegurar una convivencia armoniosa, ya que orienta
las conductas de las personas y evita situaciones que podrían provocar desorden o conflictos, es
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1797
decir, sin estos mecanismos, las leyes que regulan la vida en sociedad perderían su efectividad, lo
que afectaría la estabilidad y el bienestar colectivo, creando un ambiente de conflicto. (Tenorio,
p. 96).
El control social incluye los métodos que una comunidad utiliza para asegurar que sus
miembros sigan las normas y principios establecidos, estos pueden estar o no reconocidos por la
generalidad, pero son de observancia de la mayoría, así como las formas en que responde a las
violaciones de estas. En este sentido, se divide en dos aspectos. (Tenorio, p. 96).
Por lo tanto, el control social se enfoca en que los individuos adopten los valores sociales
como si fueran propios. Se divide en:
a) Control social formal, que tiene como objetivo explícito asegurar la conformidad social.
b) Control social informal, donde el control no es el objetivo principal, pero sí influye en
la conformidad, como sucede en el entorno familiar o escolar. (Bustos, p. 20).
De esta forma, se entiende que el sistema penal es uno de los mecanismos de control social
que el Estado utiliza para disuadir comportamientos que se consideran indeseables, por supuesto,
debe tener en cuenta las circunstancias históricas y culturales. En este sentido, el sistema penal se
diferencia de otros métodos de control social por su alta formalización y por la aplicación de
penas como consecuencia jurídica. (Resta, p. 76).
Debido a su relevancia política, el Estado moderno lo monopolizó, transfiriéndole diversos
tipos de conflictos con el objetivo de que los resolviera o, al menos, los gestionara, es decir, se
encargara de su administración. Al mismo tiempo, el Estado se adueñó de la facultad de imponer
castigos que se ve reflejado en una coacción o ius puniendi, mismo que se ve reflejado con la
implementación del derecho penal (Lea, 59).
El sistema penal es un elemento clave en la organización social, ya que establece un
conjunto de normas que definen qué comportamientos son aceptables y cuáles no en una sociedad.
Esto implica clasificar ciertas acciones como delitos y asignarles sanciones. El derecho penal
tiene como objetivo regular la conducta humana para garantizar una convivencia armoniosa. Su
función principal es disuadir a las personas de realizar actos que puedan dañar a otros o al orden
social, como el homicidio, el robo o el fraude, protegiendo así bienes fundamentales de la
sociedad (Lea, 59).
El derecho penal, a través de la imposición de castigos como la cárcel o las multas, ejerce
un efecto preventivo. Al sancionar a quienes violan la ley, se disuade a otros de cometer
infracciones similares. Este sistema no solo castiga las conductas delictivas, sino que también
envía un mensaje claro a la sociedad sobre las consecuencias de romper las normas, fomentando
así el respeto por el orden establecido. De esta manera, cumple una función ejemplarizante al
demostrar que el incumplimiento de las normas jurídicas conlleva sanciones por parte del Estado.
(Lea, 62).
decir, sin estos mecanismos, las leyes que regulan la vida en sociedad perderían su efectividad, lo
que afectaría la estabilidad y el bienestar colectivo, creando un ambiente de conflicto. (Tenorio,
p. 96).
El control social incluye los métodos que una comunidad utiliza para asegurar que sus
miembros sigan las normas y principios establecidos, estos pueden estar o no reconocidos por la
generalidad, pero son de observancia de la mayoría, así como las formas en que responde a las
violaciones de estas. En este sentido, se divide en dos aspectos. (Tenorio, p. 96).
Por lo tanto, el control social se enfoca en que los individuos adopten los valores sociales
como si fueran propios. Se divide en:
a) Control social formal, que tiene como objetivo explícito asegurar la conformidad social.
b) Control social informal, donde el control no es el objetivo principal, pero sí influye en
la conformidad, como sucede en el entorno familiar o escolar. (Bustos, p. 20).
De esta forma, se entiende que el sistema penal es uno de los mecanismos de control social
que el Estado utiliza para disuadir comportamientos que se consideran indeseables, por supuesto,
debe tener en cuenta las circunstancias históricas y culturales. En este sentido, el sistema penal se
diferencia de otros métodos de control social por su alta formalización y por la aplicación de
penas como consecuencia jurídica. (Resta, p. 76).
Debido a su relevancia política, el Estado moderno lo monopolizó, transfiriéndole diversos
tipos de conflictos con el objetivo de que los resolviera o, al menos, los gestionara, es decir, se
encargara de su administración. Al mismo tiempo, el Estado se adueñó de la facultad de imponer
castigos que se ve reflejado en una coacción o ius puniendi, mismo que se ve reflejado con la
implementación del derecho penal (Lea, 59).
El sistema penal es un elemento clave en la organización social, ya que establece un
conjunto de normas que definen qué comportamientos son aceptables y cuáles no en una sociedad.
Esto implica clasificar ciertas acciones como delitos y asignarles sanciones. El derecho penal
tiene como objetivo regular la conducta humana para garantizar una convivencia armoniosa. Su
función principal es disuadir a las personas de realizar actos que puedan dañar a otros o al orden
social, como el homicidio, el robo o el fraude, protegiendo así bienes fundamentales de la
sociedad (Lea, 59).
El derecho penal, a través de la imposición de castigos como la cárcel o las multas, ejerce
un efecto preventivo. Al sancionar a quienes violan la ley, se disuade a otros de cometer
infracciones similares. Este sistema no solo castiga las conductas delictivas, sino que también
envía un mensaje claro a la sociedad sobre las consecuencias de romper las normas, fomentando
así el respeto por el orden establecido. De esta manera, cumple una función ejemplarizante al
demostrar que el incumplimiento de las normas jurídicas conlleva sanciones por parte del Estado.
(Lea, 62).
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1798
El derecho penal también ayuda a reafirmar la autoridad del Estado y el sistema de justicia,
lo que a su vez refuerza la credibilidad de la población en la aplicación justa y equitativa de las
leyes, es decir, de esta manera actúa como un mecanismo de control que busca asegurar la
tranquilidad, la seguridad y la paz en la comunidad, lo que demuestra que el derecho penal tiene
un papel fundamental en fortalecer la autoridad del Estado y la credibilidad en el sistema legal.
Por lo tanto, al asegurar que las leyes se apliquen de forma justa e imparcial, las personas
confían en que se mantendrá el orden y que aquellos que cometan delitos recibirán las sanciones
correspondientes. Este proceso, a su vez, refuerza la credibilidad de los órganos jurisdiccionales
encargados de impartir justicia. Así, el derecho penal no solo castiga a quienes violan la ley, sino
que también ayuda a preservar la seguridad, el orden y la estabilidad social al regular el
comportamiento de los individuos.
Así las cosas, a raíz de esta forma de reacción, especialmente a partir de la revolución
francesa, se busca definir de la mejor manera posible el castigo. De este modo, las normas
establecidas en este sentido se convierten en una defensa del ciudadano frente al poder
sancionador, jurídicamente reconocido del Estado, que le permite aplicar y dar seguimiento a las
sanciones. (Mir, p. 5).
Las normas que regulan esta potestad del Estado y las que la limitan forman parte del
derecho penal, que se entiende como un mecanismo punitivo institucionalizado, integral y
formalizado, es decir, esto implica que las normas jurídico-penales deben cumplir con
condiciones que no se solicitan en otras ramas del derecho, como la necesidad de definir de
manera precisa cuáles conductas constituyen un delito y qué sanción corresponde. Estos requisitos
subrayan el carácter formal del derecho penal como un control social. (Mir, p. 45).
Cuando hay una clara resistencia por parte de la persona a la que se supone que debes
obedecer con la intención de generar una adecuada coerción penal, surge la pregunta de cómo
debe reaccionar el ius puniendi frente a otros sistemas de control social que simplemente
formalizan el control, es decir, como no generar una confrontación con la forma de lograr el orden
dentro de la sociedad y duplicar una función dentro de la sociedad (Muñoz, p. 45).
Así, en la medida de lo posible, se va eliminando la subjetividad, es decir, se constituyen
formas y manifestaciones de conductas, actuaciones y métodos de control social, es decir, los
controles sociales legales y penales también son controles normativos y se implementan a través
de un conjunto de reglas creadas previamente para este propósito. (Muñoz, p. 45).
Sistema Penal En México
El sistema penal consiste en un conjunto de estructuras y procedimientos diseñados para
tratar las conductas delictivas y garantizar que se haga justicia, es decir, su objetivo principal es
mantener el orden social y gestionar las infracciones a la ley. Este sistema se ha establecido con
la finalidad de abordar y manejar las conductas delictivas, desempeñando un papel fundamental
en la sociedad. (Bustos, p. 20).
El derecho penal también ayuda a reafirmar la autoridad del Estado y el sistema de justicia,
lo que a su vez refuerza la credibilidad de la población en la aplicación justa y equitativa de las
leyes, es decir, de esta manera actúa como un mecanismo de control que busca asegurar la
tranquilidad, la seguridad y la paz en la comunidad, lo que demuestra que el derecho penal tiene
un papel fundamental en fortalecer la autoridad del Estado y la credibilidad en el sistema legal.
Por lo tanto, al asegurar que las leyes se apliquen de forma justa e imparcial, las personas
confían en que se mantendrá el orden y que aquellos que cometan delitos recibirán las sanciones
correspondientes. Este proceso, a su vez, refuerza la credibilidad de los órganos jurisdiccionales
encargados de impartir justicia. Así, el derecho penal no solo castiga a quienes violan la ley, sino
que también ayuda a preservar la seguridad, el orden y la estabilidad social al regular el
comportamiento de los individuos.
Así las cosas, a raíz de esta forma de reacción, especialmente a partir de la revolución
francesa, se busca definir de la mejor manera posible el castigo. De este modo, las normas
establecidas en este sentido se convierten en una defensa del ciudadano frente al poder
sancionador, jurídicamente reconocido del Estado, que le permite aplicar y dar seguimiento a las
sanciones. (Mir, p. 5).
Las normas que regulan esta potestad del Estado y las que la limitan forman parte del
derecho penal, que se entiende como un mecanismo punitivo institucionalizado, integral y
formalizado, es decir, esto implica que las normas jurídico-penales deben cumplir con
condiciones que no se solicitan en otras ramas del derecho, como la necesidad de definir de
manera precisa cuáles conductas constituyen un delito y qué sanción corresponde. Estos requisitos
subrayan el carácter formal del derecho penal como un control social. (Mir, p. 45).
Cuando hay una clara resistencia por parte de la persona a la que se supone que debes
obedecer con la intención de generar una adecuada coerción penal, surge la pregunta de cómo
debe reaccionar el ius puniendi frente a otros sistemas de control social que simplemente
formalizan el control, es decir, como no generar una confrontación con la forma de lograr el orden
dentro de la sociedad y duplicar una función dentro de la sociedad (Muñoz, p. 45).
Así, en la medida de lo posible, se va eliminando la subjetividad, es decir, se constituyen
formas y manifestaciones de conductas, actuaciones y métodos de control social, es decir, los
controles sociales legales y penales también son controles normativos y se implementan a través
de un conjunto de reglas creadas previamente para este propósito. (Muñoz, p. 45).
Sistema Penal En México
El sistema penal consiste en un conjunto de estructuras y procedimientos diseñados para
tratar las conductas delictivas y garantizar que se haga justicia, es decir, su objetivo principal es
mantener el orden social y gestionar las infracciones a la ley. Este sistema se ha establecido con
la finalidad de abordar y manejar las conductas delictivas, desempeñando un papel fundamental
en la sociedad. (Bustos, p. 20).
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1799
Su estructura está diseñada para mantener el orden social, asegurando que se apliquen las
leyes que definen qué conductas se consideran delitos y estableciendo las sanciones
correspondientes, es decir, ayuda a prevenir el crimen al disuadir a las personas de cometer delitos
a través de la imposición de penas utilizando la sanción y el aspecto coactivo para ello.
Además, el sistema penal ofrece un marco formal para el juicio de los acusados, buscando
que el proceso sea eficiente y que se respeten en todo momento las garantías de todas las partes
involucradas. Esto incluye principios importantes para garantizar que las pruebas sean evaluadas
de manera justa, y se cumplan los principios del debido proceso legal.
El sistema penal también tiene como objetivo prevenir conductas delictivas a través de
políticas de seguridad, programas educativos que fomenten el respeto a la ley y la activa
participación de las fuerzas del orden, es decir, que mediante medidas de prevención pueden
incluir patrullajes, campañas de concienciación y la creación de entornos que desincentiven el
crimen.
Cuando se observa una conducta delictiva, el sistema penal se ocupa de investigar, juzgar
y, si es necesario, imponer una pena a los culpables. Esto incluye la recolección de pruebas, la
realización de juicios y la aplicación de sanciones, que pueden ser multas, encarcelamiento u otras
medidas, dependiendo de cómo se presente la conducta delictiva y de la legislación vigente.
(Orellana, p.123).
Los componentes del sistema penal son:
a) Legislación Penal: Es el conjunto de leyes que determina qué acciones se consideran
delitos y establece las sanciones correspondientes para cada tipo de infracción.
b) Policía: Su función es prevenir delitos, investigar crímenes y arrestar a los sospechosos
de haber cometido delitos.
c) Fiscalía: Esta institución se encarga de llevar a cabo las investigaciones, presentar cargos
contra los acusados y representar al Estado en los procesos judiciales.Tribunales: Órganos
judiciales que evalúan los casos penales y emiten sentencias basadas en las pruebas presentadas
durante el juicio.
d) Sistema Penitenciario: Son las instituciones responsables de la custodia y rehabilitación
de las personas condenadas, con el fin de facilitar su reintegración en la sociedad.
e) Defensa: Se refiere a los abogados que protegen los derechos de los acusados y
garantizan que se respete el debido proceso durante el juicio. (Orellana, p.123).
En conjunto, el sistema penal tiene como objetivo preservar la tranquilidad y la estabilidad
social al asegurar el respeto a las leyes. También se centra en hacer justicia, garantizando que
tanto las víctimas como los acusados reciban un trato equitativo, al mismo tiempo que se protege
y promueve el respeto a los derechos humanos durante todo el proceso legal. (Orellana, p.123).
La percepción del sistema penal en México está influenciada por diversos factores que
afectan la manera en que se percibe su funcionamiento y eficacia:
Su estructura está diseñada para mantener el orden social, asegurando que se apliquen las
leyes que definen qué conductas se consideran delitos y estableciendo las sanciones
correspondientes, es decir, ayuda a prevenir el crimen al disuadir a las personas de cometer delitos
a través de la imposición de penas utilizando la sanción y el aspecto coactivo para ello.
Además, el sistema penal ofrece un marco formal para el juicio de los acusados, buscando
que el proceso sea eficiente y que se respeten en todo momento las garantías de todas las partes
involucradas. Esto incluye principios importantes para garantizar que las pruebas sean evaluadas
de manera justa, y se cumplan los principios del debido proceso legal.
El sistema penal también tiene como objetivo prevenir conductas delictivas a través de
políticas de seguridad, programas educativos que fomenten el respeto a la ley y la activa
participación de las fuerzas del orden, es decir, que mediante medidas de prevención pueden
incluir patrullajes, campañas de concienciación y la creación de entornos que desincentiven el
crimen.
Cuando se observa una conducta delictiva, el sistema penal se ocupa de investigar, juzgar
y, si es necesario, imponer una pena a los culpables. Esto incluye la recolección de pruebas, la
realización de juicios y la aplicación de sanciones, que pueden ser multas, encarcelamiento u otras
medidas, dependiendo de cómo se presente la conducta delictiva y de la legislación vigente.
(Orellana, p.123).
Los componentes del sistema penal son:
a) Legislación Penal: Es el conjunto de leyes que determina qué acciones se consideran
delitos y establece las sanciones correspondientes para cada tipo de infracción.
b) Policía: Su función es prevenir delitos, investigar crímenes y arrestar a los sospechosos
de haber cometido delitos.
c) Fiscalía: Esta institución se encarga de llevar a cabo las investigaciones, presentar cargos
contra los acusados y representar al Estado en los procesos judiciales.Tribunales: Órganos
judiciales que evalúan los casos penales y emiten sentencias basadas en las pruebas presentadas
durante el juicio.
d) Sistema Penitenciario: Son las instituciones responsables de la custodia y rehabilitación
de las personas condenadas, con el fin de facilitar su reintegración en la sociedad.
e) Defensa: Se refiere a los abogados que protegen los derechos de los acusados y
garantizan que se respete el debido proceso durante el juicio. (Orellana, p.123).
En conjunto, el sistema penal tiene como objetivo preservar la tranquilidad y la estabilidad
social al asegurar el respeto a las leyes. También se centra en hacer justicia, garantizando que
tanto las víctimas como los acusados reciban un trato equitativo, al mismo tiempo que se protege
y promueve el respeto a los derechos humanos durante todo el proceso legal. (Orellana, p.123).
La percepción del sistema penal en México está influenciada por diversos factores que
afectan la manera en que se percibe su funcionamiento y eficacia:
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1800
- Desconfianza General: Muchos ciudadanos consideran que el sistema penal es corrupto
y poco confiable, es decir, la falta de transparencia y las prácticas corruptas dentro de las
instituciones judiciales alimentan una baja confianza en su capacidad para impartir justicia de
manera imparcial.
- Alta Impunidad: Existe una percepción extendida de que muchos crímenes quedan sin
castigo. La elevada tasa de impunidad, donde las investigaciones y juicios no logran llevar a los
culpables ante la justicia, genera escepticismo.
- Ineficiencia Judicial: Las demoras y la complejidad en los procesos judiciales son
frecuentes, lo que lleva a que el sistema sea percibido como lento e ineficaz. Esta burocracia
puede frustrar tanto a las víctimas como a los acusados, impactando la percepción del sistema.
- Condiciones Carcelarias: Las deficientes condiciones en los centros penitenciarios,
como la sobrepoblación y la falta de programas de rehabilitación adecuados, también perjudican
la imagen del sistema penal. Las carencias en el tratamiento de los reclusos alimentan una visión
negativa del sistema.
La desconfianza hacia la policía en México se origina en factores históricos, sociales y
estructurales. Uno de los aspectos más destacados es la percepción de corrupción, ya que la
población sospecha que muchos oficiales participan en actividades ilegales, que van desde aceptar
sobornos hasta colaborar con el crimen organizado. Esto afecta gravemente la confianza pública
en la institución.
La corrupción se ve acompañada por la impunidad, ya que a menudo no se imponen
sanciones a los policías que cometen delitos o abusos. Esto alimenta la percepción de que la
policía opera sin control ni supervisión. Los casos de abuso de poder, como detenciones
injustificadas o el uso desmedido de la fuerza, son otro elemento que aumenta el escepticismo de
la ciudadanía.
La percepción de ineficacia policial es bastante común, ya que muchas personas creen que
la policía carece de los recursos, la capacitación o el compromiso necesarios para combatir el
crimen de manera efectiva. En algunas áreas, la policía está asociada con el crimen organizado,
lo que aumenta la desconfianza al considerarla parte del problema. (Orellana, p.123).
En este sentido, una de las funciones clave del sistema penal es siempre buscar la protección
de la comunidad, es decir, al sancionar conductas delictivas, se contribuye a la seguridad pública
y se implementan medidas preventivas para reducir el riesgo que los delincuentes pueden
representar para la sociedad, evitando así que se genere un clima de inseguridad e intranquilidad.
Por lo tanto, sancionar los delitos es fundamental para la seguridad pública, ya que refuerza
el respeto por el estado de derecho y disuade a las personas de cometer actos ilícitos, es decir, al
imponer consecuencias a quienes violan la ley, se establece un precedente claro de que las
acciones delictivas no quedarán impunes, lo que ayuda a disminuir la impunidad y promueve el
cumplimiento de las normas legales. (Orellana, p.126).
- Desconfianza General: Muchos ciudadanos consideran que el sistema penal es corrupto
y poco confiable, es decir, la falta de transparencia y las prácticas corruptas dentro de las
instituciones judiciales alimentan una baja confianza en su capacidad para impartir justicia de
manera imparcial.
- Alta Impunidad: Existe una percepción extendida de que muchos crímenes quedan sin
castigo. La elevada tasa de impunidad, donde las investigaciones y juicios no logran llevar a los
culpables ante la justicia, genera escepticismo.
- Ineficiencia Judicial: Las demoras y la complejidad en los procesos judiciales son
frecuentes, lo que lleva a que el sistema sea percibido como lento e ineficaz. Esta burocracia
puede frustrar tanto a las víctimas como a los acusados, impactando la percepción del sistema.
- Condiciones Carcelarias: Las deficientes condiciones en los centros penitenciarios,
como la sobrepoblación y la falta de programas de rehabilitación adecuados, también perjudican
la imagen del sistema penal. Las carencias en el tratamiento de los reclusos alimentan una visión
negativa del sistema.
La desconfianza hacia la policía en México se origina en factores históricos, sociales y
estructurales. Uno de los aspectos más destacados es la percepción de corrupción, ya que la
población sospecha que muchos oficiales participan en actividades ilegales, que van desde aceptar
sobornos hasta colaborar con el crimen organizado. Esto afecta gravemente la confianza pública
en la institución.
La corrupción se ve acompañada por la impunidad, ya que a menudo no se imponen
sanciones a los policías que cometen delitos o abusos. Esto alimenta la percepción de que la
policía opera sin control ni supervisión. Los casos de abuso de poder, como detenciones
injustificadas o el uso desmedido de la fuerza, son otro elemento que aumenta el escepticismo de
la ciudadanía.
La percepción de ineficacia policial es bastante común, ya que muchas personas creen que
la policía carece de los recursos, la capacitación o el compromiso necesarios para combatir el
crimen de manera efectiva. En algunas áreas, la policía está asociada con el crimen organizado,
lo que aumenta la desconfianza al considerarla parte del problema. (Orellana, p.123).
En este sentido, una de las funciones clave del sistema penal es siempre buscar la protección
de la comunidad, es decir, al sancionar conductas delictivas, se contribuye a la seguridad pública
y se implementan medidas preventivas para reducir el riesgo que los delincuentes pueden
representar para la sociedad, evitando así que se genere un clima de inseguridad e intranquilidad.
Por lo tanto, sancionar los delitos es fundamental para la seguridad pública, ya que refuerza
el respeto por el estado de derecho y disuade a las personas de cometer actos ilícitos, es decir, al
imponer consecuencias a quienes violan la ley, se establece un precedente claro de que las
acciones delictivas no quedarán impunes, lo que ayuda a disminuir la impunidad y promueve el
cumplimiento de las normas legales. (Orellana, p.126).
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1801
Por lo tanto, el sistema penal también se ocupa de identificar y perseguir delitos,
colaborando con fuerzas de seguridad y agencias de investigación para investigar a los culpables
y llevarlos ante la justicia, es decir, las sanciones que se imponen pueden ir desde multas y trabajos
comunitarios, mediante seguimientos de dichos trabajos, hasta penas de prisión.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque mixto que combina métodos
cualitativos y cuantitativos. A través de una revisión de la literatura existente sobre el control
social y el sistema penal en México, se analizaron artículos académicos, libros y documentos
oficiales. Además, se examinaron datos estadísticos que buscan evidenciar la delincuencia, la
justicia penal y la reinserción social en el país, con el objetivo de obtener información cuantitativa
sobre el funcionamiento del sistema penal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El control social en México implica los métodos que el Estado y la sociedad emplean para
regular el comportamiento y preservar el orden, es decir, lo largo de la historia, estos mecanismos
han sido influenciados por transformaciones políticas, sociales y históricas. Aunque hay tanto
formas formales como informales de control, su efectividad en la práctica se enfrenta a diversas
complicaciones.
Es importante señalar que los controles sociales en México han cambiado de manera
significativa en las últimas décadas, influenciados por una serie de factores que, sin duda, han
afectado nuestra forma de relacionarnos en los últimos años en el país. Algunos de estos cambios
pueden atribuirse a las siguientes razones:
a) Cambio en los valores y normas sociales: La sociedad mexicana ha vivido un cambio
notable en sus valores y normas, especialmente en lo que se refiere a la libertad individual,
la igualdad de género y la tolerancia hacia diferentes religiones y culturas.
b) Globalización y modernización: La globalización y la modernización han permitido una
mayor exposición a las ideas y valores de otros países, lo que ha impactado en la manera
en que los mexicanos perciben el mundo y se relacionan entre sí.
c) Cambio en la estructura familiar: En México, la estructura familiar ha experimentado
cambios notables en las últimas décadas, destacando el aumento de familias
monoparentales y una transformación en los roles de género dentro del hogar.
d) Cambio en los medios de comunicación: La aparición de internet y las redes sociales ha
transformado la manera en que los mexicanos obtienen información y se comunican, lo que
ha facilitado una mayor difusión de ideas y valores.
Por lo tanto, ante estos cambios significativos, nos enfrentamos a nuevos problemas
relacionados con el control social en México. Identificamos los siguientes:
Por lo tanto, el sistema penal también se ocupa de identificar y perseguir delitos,
colaborando con fuerzas de seguridad y agencias de investigación para investigar a los culpables
y llevarlos ante la justicia, es decir, las sanciones que se imponen pueden ir desde multas y trabajos
comunitarios, mediante seguimientos de dichos trabajos, hasta penas de prisión.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque mixto que combina métodos
cualitativos y cuantitativos. A través de una revisión de la literatura existente sobre el control
social y el sistema penal en México, se analizaron artículos académicos, libros y documentos
oficiales. Además, se examinaron datos estadísticos que buscan evidenciar la delincuencia, la
justicia penal y la reinserción social en el país, con el objetivo de obtener información cuantitativa
sobre el funcionamiento del sistema penal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El control social en México implica los métodos que el Estado y la sociedad emplean para
regular el comportamiento y preservar el orden, es decir, lo largo de la historia, estos mecanismos
han sido influenciados por transformaciones políticas, sociales y históricas. Aunque hay tanto
formas formales como informales de control, su efectividad en la práctica se enfrenta a diversas
complicaciones.
Es importante señalar que los controles sociales en México han cambiado de manera
significativa en las últimas décadas, influenciados por una serie de factores que, sin duda, han
afectado nuestra forma de relacionarnos en los últimos años en el país. Algunos de estos cambios
pueden atribuirse a las siguientes razones:
a) Cambio en los valores y normas sociales: La sociedad mexicana ha vivido un cambio
notable en sus valores y normas, especialmente en lo que se refiere a la libertad individual,
la igualdad de género y la tolerancia hacia diferentes religiones y culturas.
b) Globalización y modernización: La globalización y la modernización han permitido una
mayor exposición a las ideas y valores de otros países, lo que ha impactado en la manera
en que los mexicanos perciben el mundo y se relacionan entre sí.
c) Cambio en la estructura familiar: En México, la estructura familiar ha experimentado
cambios notables en las últimas décadas, destacando el aumento de familias
monoparentales y una transformación en los roles de género dentro del hogar.
d) Cambio en los medios de comunicación: La aparición de internet y las redes sociales ha
transformado la manera en que los mexicanos obtienen información y se comunican, lo que
ha facilitado una mayor difusión de ideas y valores.
Por lo tanto, ante estos cambios significativos, nos enfrentamos a nuevos problemas
relacionados con el control social en México. Identificamos los siguientes:
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- Corrupción en las instituciones: Las entidades responsables de asegurar el control
social, como el sistema judicial y las fuerzas del orden, a menudo se ven afectadas por la
corrupción, es decir, esto provoca que las leyes no se apliquen de manera justa, y que los sectores
más vulnerables padezcan las consecuencias de una justicia selectiva. Este problema, a su vez,
alimenta la desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar justicia y orden.
- La impunidad y los altos niveles de violencia: Son factores clave que debilitan el control
social en México. Una gran parte de los delitos no se investiga ni se resuelve, lo que deja a los
ciudadanos sin acceso a una justicia efectiva. La violencia, especialmente la relacionada con el
crimen organizado, agrava esta situación, ya que en muchas áreas del país, los grupos delictivos
han impuesto sus propias reglas, debilitando aún más la autoridad del Estado (Transparencia
Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción, 2023).
- La militarización de la seguridad pública: La participación del ejército en tareas de
seguridad pública, especialmente a través de la Guardia Nacional, ha sido una medida del Estado
para intentar controlar la violencia. Sin embargo, esto ha suscitado críticas por abusos de poder y
violaciones a los derechos humanos. En lugar de incrementar la sensación de seguridad, esta
estrategia ha provocado tensiones entre las comunidades y las fuerzas del orden.
- La desigualdad y los mecanismos informales de control: La marcada desigualdad
social en el país ha impulsado a muchos sectores a buscar sistemas de justicia y control no
oficiales, como la justicia comunitaria o los grupos de autodefensa. Estos mecanismos informales
suelen aparecer en áreas donde la presencia del Estado es escasa, creando un vacío que es ocupado
por la propia comunidad o por actores ilegales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[INEGI], 2023).
- Los medios de comunicación y la manipulación de la información: Los medios
desempeñan un papel crucial en la formación de normas y comportamientos sociales. Sin
embargo, en México, muchos de estos medios están bajo el control de intereses privados que
siguen agendas políticas o económicas. Esta concentración de poder mediático puede distorsionar
la percepción pública sobre diversos problemas, generando polarización y desinformación, lo que
a su vez impacta la cohesión social.
- Las redes sociales: Han empezado a desempeñar un papel importante en el control social,
aunque enfrentan sus propios desafíos. Si bien proporcionan un espacio para la libre expresión,
también son utilizadas para difundir noticias falsas y mensajes de odio, lo que en ocasiones
intensifica los conflictos sociales en lugar de ayudar a resolverlos.
La situación de los mecanismos de control social en México ha generado una gran
desconfianza hacia las instituciones públicas. La gente no siente que el sistema opere de manera
justa, lo que reduce la legitimidad del Estado. Además, al no sentirse protegidos, muchos
ciudadanos eligen buscar alternativas fuera del sistema formal, lo que fragmenta aún más el
control social y debilita la cohesión en la sociedad (Rodríguez, p. 89).
- Corrupción en las instituciones: Las entidades responsables de asegurar el control
social, como el sistema judicial y las fuerzas del orden, a menudo se ven afectadas por la
corrupción, es decir, esto provoca que las leyes no se apliquen de manera justa, y que los sectores
más vulnerables padezcan las consecuencias de una justicia selectiva. Este problema, a su vez,
alimenta la desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar justicia y orden.
- La impunidad y los altos niveles de violencia: Son factores clave que debilitan el control
social en México. Una gran parte de los delitos no se investiga ni se resuelve, lo que deja a los
ciudadanos sin acceso a una justicia efectiva. La violencia, especialmente la relacionada con el
crimen organizado, agrava esta situación, ya que en muchas áreas del país, los grupos delictivos
han impuesto sus propias reglas, debilitando aún más la autoridad del Estado (Transparencia
Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción, 2023).
- La militarización de la seguridad pública: La participación del ejército en tareas de
seguridad pública, especialmente a través de la Guardia Nacional, ha sido una medida del Estado
para intentar controlar la violencia. Sin embargo, esto ha suscitado críticas por abusos de poder y
violaciones a los derechos humanos. En lugar de incrementar la sensación de seguridad, esta
estrategia ha provocado tensiones entre las comunidades y las fuerzas del orden.
- La desigualdad y los mecanismos informales de control: La marcada desigualdad
social en el país ha impulsado a muchos sectores a buscar sistemas de justicia y control no
oficiales, como la justicia comunitaria o los grupos de autodefensa. Estos mecanismos informales
suelen aparecer en áreas donde la presencia del Estado es escasa, creando un vacío que es ocupado
por la propia comunidad o por actores ilegales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[INEGI], 2023).
- Los medios de comunicación y la manipulación de la información: Los medios
desempeñan un papel crucial en la formación de normas y comportamientos sociales. Sin
embargo, en México, muchos de estos medios están bajo el control de intereses privados que
siguen agendas políticas o económicas. Esta concentración de poder mediático puede distorsionar
la percepción pública sobre diversos problemas, generando polarización y desinformación, lo que
a su vez impacta la cohesión social.
- Las redes sociales: Han empezado a desempeñar un papel importante en el control social,
aunque enfrentan sus propios desafíos. Si bien proporcionan un espacio para la libre expresión,
también son utilizadas para difundir noticias falsas y mensajes de odio, lo que en ocasiones
intensifica los conflictos sociales en lugar de ayudar a resolverlos.
La situación de los mecanismos de control social en México ha generado una gran
desconfianza hacia las instituciones públicas. La gente no siente que el sistema opere de manera
justa, lo que reduce la legitimidad del Estado. Además, al no sentirse protegidos, muchos
ciudadanos eligen buscar alternativas fuera del sistema formal, lo que fragmenta aún más el
control social y debilita la cohesión en la sociedad (Rodríguez, p. 89).
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1803
En este contexto, la mezcla de corrupción, impunidad y desigualdad ha creado una
profunda desconfianza hacia las instituciones responsables de asegurar el control social. Muchas
personas sienten que el sistema legal y las fuerzas de seguridad no están a su disposición, sino
que defienden a los poderosos, lo que genera una crisis de legitimidad en el Estado.
Ante la desconfianza hacia las instituciones formales, muchas comunidades eligen formas
de resistencia, como la creación de sistemas de autodefensa o la implementación de justicia
comunitaria. Esto fragmenta aún más el control social, ya que hay diversas normas y estructuras
de poder en distintas regiones del país. La resistencia social en México continúa siendo un
elemento importante en la vida política y social del país (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [INEGI], 2023).
Diversos movimientos siguen levantando la voz ante desafíos persistentes como la
corrupción, la violencia y la desigualdad. En particular, la seguridad se mantiene como un tema
central de protesta debido a la violencia asociada con el crimen organizado. Comunidades
organizadas en diferentes regiones del país están exigiendo una mayor protección y enfrentando
tanto a los grupos criminales como a las fallas del gobierno en asegurar la seguridad.
En varias zonas rurales, han surgido movimientos de autodefensa como respuesta a esta
problemática. Al mismo tiempo, las protestas feministas son muy visibles, centrándose en la
violencia de género y los feminicidios. Organizaciones como "Ni Una Menos" y "Marea Verde"
siguen llevando a cabo manifestaciones para exigir justicia para las víctimas, una mayor
protección para las mujeres y la despenalización del aborto en todo el país. (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía [INEGI], 2023).
En este contexto, la falta de capacidad del Estado para asegurar un control social efectivo
y equitativo en todo su territorio debilita su autoridad, sobre todo en áreas dominadas por actores
no estatales, como el crimen organizado, es decir, esto pone en peligro la cohesión social y el
Estado de derecho, ya que hay diversas formas de regulación social que no siempre se ajustan a
los principios constitucionales.
La desigualdad económica en México representa un serio problema social, ya que tiene
diversas repercusiones, es decir, una de ellas es la amplia brecha de desigualdad que surge de la
pobreza, lo que restringe el acceso a recursos fundamentales como la educación, la salud y la
vivienda, y con ello se genera una gran y enorme estigmatización social.
Esto perpetúa ciclos de exclusión y limita la movilidad social, es decir, las personas en
situación de vulnerabilidad enfrentan obstáculos que complican su acceso a mejores
oportunidades laborales y educativas, lo que a su vez refuerza la mala distribución de los recursos
económicos, y por consiguiente son factores para generar un etiquetamiento social en la realidad
de cada persona.
Esto genera tensiones y frustración en la sociedad, al mismo tiempo que excluye a sectores
importantes, lo que afecta la cohesión social y limita el sentido de comunidad. Además, la
En este contexto, la mezcla de corrupción, impunidad y desigualdad ha creado una
profunda desconfianza hacia las instituciones responsables de asegurar el control social. Muchas
personas sienten que el sistema legal y las fuerzas de seguridad no están a su disposición, sino
que defienden a los poderosos, lo que genera una crisis de legitimidad en el Estado.
Ante la desconfianza hacia las instituciones formales, muchas comunidades eligen formas
de resistencia, como la creación de sistemas de autodefensa o la implementación de justicia
comunitaria. Esto fragmenta aún más el control social, ya que hay diversas normas y estructuras
de poder en distintas regiones del país. La resistencia social en México continúa siendo un
elemento importante en la vida política y social del país (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [INEGI], 2023).
Diversos movimientos siguen levantando la voz ante desafíos persistentes como la
corrupción, la violencia y la desigualdad. En particular, la seguridad se mantiene como un tema
central de protesta debido a la violencia asociada con el crimen organizado. Comunidades
organizadas en diferentes regiones del país están exigiendo una mayor protección y enfrentando
tanto a los grupos criminales como a las fallas del gobierno en asegurar la seguridad.
En varias zonas rurales, han surgido movimientos de autodefensa como respuesta a esta
problemática. Al mismo tiempo, las protestas feministas son muy visibles, centrándose en la
violencia de género y los feminicidios. Organizaciones como "Ni Una Menos" y "Marea Verde"
siguen llevando a cabo manifestaciones para exigir justicia para las víctimas, una mayor
protección para las mujeres y la despenalización del aborto en todo el país. (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía [INEGI], 2023).
En este contexto, la falta de capacidad del Estado para asegurar un control social efectivo
y equitativo en todo su territorio debilita su autoridad, sobre todo en áreas dominadas por actores
no estatales, como el crimen organizado, es decir, esto pone en peligro la cohesión social y el
Estado de derecho, ya que hay diversas formas de regulación social que no siempre se ajustan a
los principios constitucionales.
La desigualdad económica en México representa un serio problema social, ya que tiene
diversas repercusiones, es decir, una de ellas es la amplia brecha de desigualdad que surge de la
pobreza, lo que restringe el acceso a recursos fundamentales como la educación, la salud y la
vivienda, y con ello se genera una gran y enorme estigmatización social.
Esto perpetúa ciclos de exclusión y limita la movilidad social, es decir, las personas en
situación de vulnerabilidad enfrentan obstáculos que complican su acceso a mejores
oportunidades laborales y educativas, lo que a su vez refuerza la mala distribución de los recursos
económicos, y por consiguiente son factores para generar un etiquetamiento social en la realidad
de cada persona.
Esto genera tensiones y frustración en la sociedad, al mismo tiempo que excluye a sectores
importantes, lo que afecta la cohesión social y limita el sentido de comunidad. Además, la
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desigualdad alimenta la inestabilidad social, ya que las diferencias económicas extremas a
menudo se relacionan con un aumento en los índices delictivos y la inseguridad.
A largo plazo, la captación de la riqueza en algunas personas también frena el desarrollo
de la economía, porque un indicador para ello sería que se carece del poder adquisitivo necesario
para apoyar la demanda de bienes y servicios, debido a la falta de recursos económicos y
oportunidad para tener mejores empleos que permitan acceder a mejores oportunidades de vida.
En este contexto, la desigualdad económica y social representa un problema persistente en
México, lo que provoca que los mecanismos formales destinados a garantizar la paz y la
estabilidad en la sociedad, así como en el sistema de justicia penal, no se apliquen de manera
equitativa en todas las regiones del país, es decir, numerosas comunidades rurales y marginadas,
la presencia del Estado es escasa o inexistente.
CONCLUSIONES
En conclusión, el control social y el sistema penal son fundamentales para mantener el
orden en cualquier sociedad, es decir, a través de estos mecanismos, se regula el comportamiento
de las personas, aunque cada individuo actúa de manera diferente, el control social se refiere
entonces a las estrategias que utiliza el estado para que sus ciudadanos se adhieran a las normas
y valores comunes. Este control puede manifestarse de forma informal, a través de las
interacciones diarias en la familia, entre amigos o en la comunidad, donde las personas ajustan su
conducta en función de la aprobación o desaprobación de los demás.
De esta manera, las críticas, la presión social o el rechazo colectivo juegan un papel
importante en la regulación del comportamiento sin necesidad de sanciones oficiales. Es decir, el
control social formal es ejercido por instituciones como las de seguridad pública, los poderes
judiciales y el sistema judicial; estas instituciones aplican las leyes de manera directa cuando
alguien infringe las normas establecidas.
En estos casos, las sanciones pueden variar desde multas hasta penas de cárcel, y su
propósito es tanto castigar como prevenir futuras violaciones, este control formal es una parte
esencial del sistema penal, que se encarga de gestionar las infracciones de manera estructurada,
es decir, el sistema penal no solo busca castigar a quienes cometen delitos, sino también evitar
nuevas infracciones mediante la amenaza de sanciones. Además, a través de los juicios y
sentencias, se busca la rehabilitación de los infractores, con la intención de reintegrarlos a la
sociedad de manera efectiva.
En conjunto, el control social y el sistema penal cumplen funciones complementarias que
garantizan la estabilidad y la convivencia pacífica, es decir, el control social, a través de su
dimensión informal, regula los comportamientos diarios mediante la influencia de la comunidad,
mientras que el sistema penal se encarga de sancionar adecuadamente las violaciones graves de
desigualdad alimenta la inestabilidad social, ya que las diferencias económicas extremas a
menudo se relacionan con un aumento en los índices delictivos y la inseguridad.
A largo plazo, la captación de la riqueza en algunas personas también frena el desarrollo
de la economía, porque un indicador para ello sería que se carece del poder adquisitivo necesario
para apoyar la demanda de bienes y servicios, debido a la falta de recursos económicos y
oportunidad para tener mejores empleos que permitan acceder a mejores oportunidades de vida.
En este contexto, la desigualdad económica y social representa un problema persistente en
México, lo que provoca que los mecanismos formales destinados a garantizar la paz y la
estabilidad en la sociedad, así como en el sistema de justicia penal, no se apliquen de manera
equitativa en todas las regiones del país, es decir, numerosas comunidades rurales y marginadas,
la presencia del Estado es escasa o inexistente.
CONCLUSIONES
En conclusión, el control social y el sistema penal son fundamentales para mantener el
orden en cualquier sociedad, es decir, a través de estos mecanismos, se regula el comportamiento
de las personas, aunque cada individuo actúa de manera diferente, el control social se refiere
entonces a las estrategias que utiliza el estado para que sus ciudadanos se adhieran a las normas
y valores comunes. Este control puede manifestarse de forma informal, a través de las
interacciones diarias en la familia, entre amigos o en la comunidad, donde las personas ajustan su
conducta en función de la aprobación o desaprobación de los demás.
De esta manera, las críticas, la presión social o el rechazo colectivo juegan un papel
importante en la regulación del comportamiento sin necesidad de sanciones oficiales. Es decir, el
control social formal es ejercido por instituciones como las de seguridad pública, los poderes
judiciales y el sistema judicial; estas instituciones aplican las leyes de manera directa cuando
alguien infringe las normas establecidas.
En estos casos, las sanciones pueden variar desde multas hasta penas de cárcel, y su
propósito es tanto castigar como prevenir futuras violaciones, este control formal es una parte
esencial del sistema penal, que se encarga de gestionar las infracciones de manera estructurada,
es decir, el sistema penal no solo busca castigar a quienes cometen delitos, sino también evitar
nuevas infracciones mediante la amenaza de sanciones. Además, a través de los juicios y
sentencias, se busca la rehabilitación de los infractores, con la intención de reintegrarlos a la
sociedad de manera efectiva.
En conjunto, el control social y el sistema penal cumplen funciones complementarias que
garantizan la estabilidad y la convivencia pacífica, es decir, el control social, a través de su
dimensión informal, regula los comportamientos diarios mediante la influencia de la comunidad,
mientras que el sistema penal se encarga de sancionar adecuadamente las violaciones graves de
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1805
las normas. Ambos mecanismos son esenciales para preservar el orden, proteger los derechos de
los ciudadanos y mantener un equilibrio entre la justicia y el bienestar social.
las normas. Ambos mecanismos son esenciales para preservar el orden, proteger los derechos de
los ciudadanos y mantener un equilibrio entre la justicia y el bienestar social.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 1806
REFERENCIAS
Bustos Ramírez, J. (1999). Estado y control: la ideología del control y el control de la ideología,
en El pensamiento criminológico, Bogotá, Temis.
Lea, J. (2016). Delito y modernidad. Nuevas argumentaciones en la criminología realista de
izquierda”, trad. de Alejandro Piombo, México, Ediciones Coyoacán.
Mir Puig, S. (2009). Derecho penal. Parte General, Barcelona, Reppertor.
Mir Puig, S. (2003). Introducción a las Bases del Derecho Penal, Paidos.
Muñoz Conde, F. (2012). Derecho penal. Parte general, Valencia, Tirant lo Blanch.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Informe sobre Criminalidad y Seguridad [INEGI,
octubre, 2023]
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ensu/ensu2023_10.pdf
Rodríguez, F. (2020). La seguridad en México: un análisis de las políticas públicas, Editorial
XYZ.
Orellana, Wiarco, O. (2016). Seguridad Pública. Profesionalización de los policías, México,
Porrúa.
Resta, E. (2005). La certeza y la esperanza. Ensayo sobre el derecho y la violencia, Barcelona,
Paidós.
Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2023: Resultados de México.
Transparencia Internacional [enero, 2024] https://www.transparency.org/es/press/cpi2023-
corruption-perceptions-index-weakening-justice-systems-leave-corruption-unchecked
Tenorio Tagle, F. (2008). La utopía de la exclusión, en La experiencia del penitenciarismo
contemporáneo. Aportes y expectativas, México, Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
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