Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3280
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.807
Protección de Derechos Humanos, apoyo de las Fuerzas
Armadas en la seguridad interna del Ecuador
Protection of Human Rights, Support of the Armed Forces in Ecuador's Internal
Security
Kevin Joao Moya Pilatasig
kmoya3@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-7969-2976
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas
Tecnológica Indoamérica
Artículo recibido: 10 enero 2025 - Aceptado para publicación: 20 febrero 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
La militarización de la seguridad pública en América Latina ha sido una estrategia recurrente para
enfrentar el crimen organizado y la violencia. En Ecuador, la intervención de las Fuerzas Armadas
en funciones de seguridad interna ha crecido significativamente en los últimos años, lo que ha
generado un debate sobre su impacto en la protección de los derechos humanos y la
institucionalidad democrática. El objetivo de esta investigación fue analizar el impacto del uso de
las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública en Ecuador, con énfasis en su relación
con el respeto y la protección de los derechos humanos, así como en los desafíos que plantea para
la institucionalidad democrática y la seguridad ciudadana. La metodología empleada es
cualitativa, con un enfoque documental y analítico, basado en el examen de normativas,
jurisprudencia y doctrina jurídica. Los hallazgos revelan que, aunque la militarización puede ser
efectiva en la reducción de la criminalidad a corto plazo, su aplicación prolongada conlleva
riesgos para los derechos humanos y debilita la autonomía de la Policía Nacional. Se concluye
que la seguridad ciudadana debe abordarse desde una perspectiva integral, basada en la
prevención del delito y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Palabras clave: derechos humanos, Ecuador, fuerzas armadas, militarización, seguridad
pública
ABSTRACT
The militarization of public security in Latin America has been a recurring strategy to address
organized crime and violence. In Ecuador, the intervention of the Armed Forces in internal
security functions has significantly increased in recent years, generating a debate about its impact
on human rights protection and democratic institutions. The objective of this research was to
analyze the impact of the use of the Armed Forces in public security functions in Ecuador, with
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3281
an emphasis on their relationship with respect for and protection of human rights, as well as the
challenges they pose for democratic institutions and citizen security. The methodology used is
qualitative, with a documentary and analytical approach based on the examination of regulations,
jurisprudence, and legal doctrine. The findings reveal that although militarization can be effective
in reducing crime in the short term, its prolonged application entails risks for human rights and
weakens the autonomy of the National Police. It is concluded that citizen security should be
approached from a comprehensive perspective, based on crime prevention and the strengthening
of democratic institutions.
Keywords: armed forces, Ecuador, human rights, militarization, public security
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
an emphasis on their relationship with respect for and protection of human rights, as well as the
challenges they pose for democratic institutions and citizen security. The methodology used is
qualitative, with a documentary and analytical approach based on the examination of regulations,
jurisprudence, and legal doctrine. The findings reveal that although militarization can be effective
in reducing crime in the short term, its prolonged application entails risks for human rights and
weakens the autonomy of the National Police. It is concluded that citizen security should be
approached from a comprehensive perspective, based on crime prevention and the strengthening
of democratic institutions.
Keywords: armed forces, Ecuador, human rights, militarization, public security
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3282
INTRODUCCIÓN
La militarización de la seguridad pública en América Latina ha sido una respuesta
frecuente ante el incremento de la violencia y el crimen organizado. En diversos países de la
región, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna se ha justificado
bajo la premisa de que las instituciones policiales carecen de la capacidad operativa para enfrentar
las amenazas delictivas contemporáneas. Sin embargo, esta estrategia genera un profundo debate
sobre sus efectos a largo plazo, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la
consolidación de un modelo de seguridad basado en la coerción estatal.
Ecuador no ha sido ajeno a esta tendencia. A lo largo de los últimos años, el gobierno
ecuatoriano ha recurrido a la intervención militar en distintas situaciones de crisis de seguridad,
ya sea para el control de protestas, la lucha contra el narcotráfico o la intervención en el sistema
penitenciario. Si bien estas medidas han sido adoptadas como una solución inmediata ante la
creciente ola de violencia y el debilitamiento de las instituciones de seguridad, su implementación
ha generado una serie de interrogantes sobre su legalidad, proporcionalidad y sostenibilidad en
un Estado de derecho.
El objetivo de esta investigación es analizar el impacto del uso de las Fuerzas Armadas
en funciones de seguridad pública en Ecuador, con énfasis en su relación con el respeto y la
protección de los derechos humanos, así como en los desafíos que plantea para la institucionalidad
democrática y la seguridad ciudadana. Se busca determinar si la militarización es una estrategia
efectiva y legítima para garantizar el orden público o si, por el contrario, su implementación
genera riesgos que pueden comprometer el respeto a las libertades fundamentales y la autonomía
de la Policía Nacional. En este contexto, la pregunta de investigación que orienta este estudio es:
¿Cuáles son las implicaciones de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública
de Ecuador en términos de institucionalidad democrática y derechos humanos?
A partir de este cuestionamiento, el estudio examina los antecedentes regionales de la
militarización de la seguridad, el marco normativo que regula la intervención de las Fuerzas
Armadas en Ecuador, así como los efectos que esta estrategia ha tenido en la gobernabilidad y la
relación entre el Estado y la ciudadanía. Finalmente, se proponen reflexiones sobre la necesidad
de establecer un modelo de seguridad equilibrado, que garantice la eficacia en la lucha contra el
crimen sin menoscabar los principios democráticos ni el respeto a los derechos fundamentales.
METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de tipo
documental y analítico, basado en el examen de normativas, jurisprudencia y doctrina jurídica.
En sintonía con estudios previos, como el de Miranda y Mayorga (2024), se ha adoptado una
estrategia descriptiva y narrativa, estructurando etapas para identificar, clasificar y analizar datos
de fuentes especializadas. Este proceso garantiza la sistematicidad y la profundidad necesarias
INTRODUCCIÓN
La militarización de la seguridad pública en América Latina ha sido una respuesta
frecuente ante el incremento de la violencia y el crimen organizado. En diversos países de la
región, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna se ha justificado
bajo la premisa de que las instituciones policiales carecen de la capacidad operativa para enfrentar
las amenazas delictivas contemporáneas. Sin embargo, esta estrategia genera un profundo debate
sobre sus efectos a largo plazo, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la
consolidación de un modelo de seguridad basado en la coerción estatal.
Ecuador no ha sido ajeno a esta tendencia. A lo largo de los últimos años, el gobierno
ecuatoriano ha recurrido a la intervención militar en distintas situaciones de crisis de seguridad,
ya sea para el control de protestas, la lucha contra el narcotráfico o la intervención en el sistema
penitenciario. Si bien estas medidas han sido adoptadas como una solución inmediata ante la
creciente ola de violencia y el debilitamiento de las instituciones de seguridad, su implementación
ha generado una serie de interrogantes sobre su legalidad, proporcionalidad y sostenibilidad en
un Estado de derecho.
El objetivo de esta investigación es analizar el impacto del uso de las Fuerzas Armadas
en funciones de seguridad pública en Ecuador, con énfasis en su relación con el respeto y la
protección de los derechos humanos, así como en los desafíos que plantea para la institucionalidad
democrática y la seguridad ciudadana. Se busca determinar si la militarización es una estrategia
efectiva y legítima para garantizar el orden público o si, por el contrario, su implementación
genera riesgos que pueden comprometer el respeto a las libertades fundamentales y la autonomía
de la Policía Nacional. En este contexto, la pregunta de investigación que orienta este estudio es:
¿Cuáles son las implicaciones de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública
de Ecuador en términos de institucionalidad democrática y derechos humanos?
A partir de este cuestionamiento, el estudio examina los antecedentes regionales de la
militarización de la seguridad, el marco normativo que regula la intervención de las Fuerzas
Armadas en Ecuador, así como los efectos que esta estrategia ha tenido en la gobernabilidad y la
relación entre el Estado y la ciudadanía. Finalmente, se proponen reflexiones sobre la necesidad
de establecer un modelo de seguridad equilibrado, que garantice la eficacia en la lucha contra el
crimen sin menoscabar los principios democráticos ni el respeto a los derechos fundamentales.
METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de tipo
documental y analítico, basado en el examen de normativas, jurisprudencia y doctrina jurídica.
En sintonía con estudios previos, como el de Miranda y Mayorga (2024), se ha adoptado una
estrategia descriptiva y narrativa, estructurando etapas para identificar, clasificar y analizar datos
de fuentes especializadas. Este proceso garantiza la sistematicidad y la profundidad necesarias
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3283
para comprender cómo el derecho natural puede reinterpretarse en el siglo XXI (p. 71). Se llevó
a cabo un análisis comparativo de casos en América Latina, incluyendo Ecuador, para evaluar el
impacto del uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y su relación con la
protección de los derechos humanos. Se recurrió al método hermenéutico-jurídico para interpretar
las disposiciones constitucionales y legales, así como al método analítico para desglosar los
efectos de la militarización en la institucionalidad democrática.
Para la recolección de información, se revisaron fuentes primarias y secundarias,
incluyendo la Constitución del Ecuador, leyes de seguridad pública, sentencias de la Corte
Constitucional y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incorporó
literatura especializada y estudios académicos que abordan la militarización de la seguridad en
América Latina. La información fue analizada de manera crítica, garantizando una argumentación
sustentada en principios jurídicos y en la evaluación de las implicaciones sociales y políticas del
fenómeno estudiado.
RESULTADOS
Antecedentes Regionales
La militarización de la seguridad pública en América Latina ha sido una respuesta
frecuente ante el incremento de la violencia y el crimen organizado. En diversos países, la
participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana se ha justificado bajo la
premisa de combatir estructuras criminales que superan la capacidad de la Policía Nacional. Sin
embargo, esta estrategia genera debates en torno a sus efectos a largo plazo, especialmente por
las implicaciones en derechos humanos y la consolidación de un modelo de seguridad basado en
la coerción estatal.
Gerardo y Romero (2019) sostienen que: “…la militarización de la seguridad pública en
América Latina es un fenómeno recurrente en países como El Salvador, Brasil, Colombia y
México, donde las Fuerzas Armadas han asumido funciones tradicionalmente asignadas a la
Policía Nacional.” (p. 45). En el caso de El Salvador, la estrategia de "mano dura" implementada
por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas ha marcado un punto de inflexión en el modelo
de seguridad pública. La intervención de las Fuerzas Armadas ha sido clave en la reducción de
los índices de criminalidad, lo que ha fortalecido el respaldo ciudadano a estas medidas. Sin
embargo, esta militarización ha generado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos
humanos y el uso excesivo de la fuerza en espacios públicos.
Raziel (2023) señala que, “aunque las acciones de Bukele han reducido los índices
delictivos, se han documentado abusos de poder, incluyendo detenciones arbitrarias y violaciones
de derechos fundamentales, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta política de
seguridad.” (p. 51). El impacto de estas estrategias no solo se limita al contexto salvadoreño, sino
que ha influenciado a otros países de la región en la búsqueda de soluciones inmediatas a la crisis
para comprender cómo el derecho natural puede reinterpretarse en el siglo XXI (p. 71). Se llevó
a cabo un análisis comparativo de casos en América Latina, incluyendo Ecuador, para evaluar el
impacto del uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y su relación con la
protección de los derechos humanos. Se recurrió al método hermenéutico-jurídico para interpretar
las disposiciones constitucionales y legales, así como al método analítico para desglosar los
efectos de la militarización en la institucionalidad democrática.
Para la recolección de información, se revisaron fuentes primarias y secundarias,
incluyendo la Constitución del Ecuador, leyes de seguridad pública, sentencias de la Corte
Constitucional y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incorporó
literatura especializada y estudios académicos que abordan la militarización de la seguridad en
América Latina. La información fue analizada de manera crítica, garantizando una argumentación
sustentada en principios jurídicos y en la evaluación de las implicaciones sociales y políticas del
fenómeno estudiado.
RESULTADOS
Antecedentes Regionales
La militarización de la seguridad pública en América Latina ha sido una respuesta
frecuente ante el incremento de la violencia y el crimen organizado. En diversos países, la
participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana se ha justificado bajo la
premisa de combatir estructuras criminales que superan la capacidad de la Policía Nacional. Sin
embargo, esta estrategia genera debates en torno a sus efectos a largo plazo, especialmente por
las implicaciones en derechos humanos y la consolidación de un modelo de seguridad basado en
la coerción estatal.
Gerardo y Romero (2019) sostienen que: “…la militarización de la seguridad pública en
América Latina es un fenómeno recurrente en países como El Salvador, Brasil, Colombia y
México, donde las Fuerzas Armadas han asumido funciones tradicionalmente asignadas a la
Policía Nacional.” (p. 45). En el caso de El Salvador, la estrategia de "mano dura" implementada
por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas ha marcado un punto de inflexión en el modelo
de seguridad pública. La intervención de las Fuerzas Armadas ha sido clave en la reducción de
los índices de criminalidad, lo que ha fortalecido el respaldo ciudadano a estas medidas. Sin
embargo, esta militarización ha generado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos
humanos y el uso excesivo de la fuerza en espacios públicos.
Raziel (2023) señala que, “aunque las acciones de Bukele han reducido los índices
delictivos, se han documentado abusos de poder, incluyendo detenciones arbitrarias y violaciones
de derechos fundamentales, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta política de
seguridad.” (p. 51). El impacto de estas estrategias no solo se limita al contexto salvadoreño, sino
que ha influenciado a otros países de la región en la búsqueda de soluciones inmediatas a la crisis
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3284
de inseguridad. Esta tendencia pone en riesgo la consolidación de instituciones policiales
autónomas y profesionalizadas, generando una dependencia creciente del uso de las Fuerzas
Armadas para el control social.
En el caso de Colombia, la relación entre Fuerzas Armadas y seguridad interna tiene un
antecedente prolongado. La lucha contra el narcotráfico, las guerrillas y los grupos paramilitares
ha llevado a la militarización de la seguridad pública desde finales del siglo XX, consolidando un
modelo donde la distinción entre funciones militares y policiales es difusa. Montenegro (2019)
explica que: “la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna de Colombia se
incrementó con la implementación del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, el cual
incentivó la integración de estrategias policiales y militares para combatir la delincuencia
organizada.” (p. 98).
A pesar de la reducción de los grupos armados ilegales, este modelo ha sido criticado por
sus efectos colaterales en las comunidades locales. La implementación de operativos militares ha
generado desplazamiento forzado, denuncias de violaciones a los derechos humanos y una
percepción de represión estatal en sectores rurales, donde la población civil ha quedado atrapada
en el conflicto.
En Brasil, la militarización de la seguridad pública ha sido una constante a lo largo de su
historia contemporánea. Durante la dictadura militar (1964-1985), las Fuerzas Armadas ejercieron
un control absoluto sobre las políticas de seguridad interna, dejando un legado de intervención
militar en asuntos de orden público. Becarla y Kalil (2020) afirman que, “…aunque Brasil
recuperó su democracia en 1985, el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha
persistido, especialmente en crisis de violencia urbana como la intervención federal en Río de
Janeiro en 2018…” (p. 76). Este tipo de medidas han generado una reducción temporal de la
criminalidad, pero también han incrementado las denuncias por violencia institucional. La
represión ejercida en comunidades vulnerables ha sido motivo de críticas, ya que la militarización
no ha abordado las causas estructurales de la inseguridad, sino que ha perpetuado un enfoque
reactivo y punitivo.
En el caso de México, la guerra contra las drogas iniciada en 2006 marcó un punto de
inflexión en la militarización de la seguridad pública. La creación de la Guardia Nacional y la
presencia militar en operativos de seguridad han sido estrategias adoptadas para contener la
violencia generada por los carteles de narcotráfico. Salmorán (2024) destaca que: “…la
militarización en México ha sido justificada como una necesidad ante la incapacidad de las
fuerzas policiales para enfrentar el crimen organizado, aunque su implementación ha traído
consigo serios cuestionamientos en materia de derechos humanos…” (p. 112).
A pesar de los esfuerzos por reducir la criminalidad, el modelo militarizado de seguridad
ha sido objeto de fuertes críticas. El uso excesivo de la fuerza, la falta de control en los operativos
de inseguridad. Esta tendencia pone en riesgo la consolidación de instituciones policiales
autónomas y profesionalizadas, generando una dependencia creciente del uso de las Fuerzas
Armadas para el control social.
En el caso de Colombia, la relación entre Fuerzas Armadas y seguridad interna tiene un
antecedente prolongado. La lucha contra el narcotráfico, las guerrillas y los grupos paramilitares
ha llevado a la militarización de la seguridad pública desde finales del siglo XX, consolidando un
modelo donde la distinción entre funciones militares y policiales es difusa. Montenegro (2019)
explica que: “la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna de Colombia se
incrementó con la implementación del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, el cual
incentivó la integración de estrategias policiales y militares para combatir la delincuencia
organizada.” (p. 98).
A pesar de la reducción de los grupos armados ilegales, este modelo ha sido criticado por
sus efectos colaterales en las comunidades locales. La implementación de operativos militares ha
generado desplazamiento forzado, denuncias de violaciones a los derechos humanos y una
percepción de represión estatal en sectores rurales, donde la población civil ha quedado atrapada
en el conflicto.
En Brasil, la militarización de la seguridad pública ha sido una constante a lo largo de su
historia contemporánea. Durante la dictadura militar (1964-1985), las Fuerzas Armadas ejercieron
un control absoluto sobre las políticas de seguridad interna, dejando un legado de intervención
militar en asuntos de orden público. Becarla y Kalil (2020) afirman que, “…aunque Brasil
recuperó su democracia en 1985, el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha
persistido, especialmente en crisis de violencia urbana como la intervención federal en Río de
Janeiro en 2018…” (p. 76). Este tipo de medidas han generado una reducción temporal de la
criminalidad, pero también han incrementado las denuncias por violencia institucional. La
represión ejercida en comunidades vulnerables ha sido motivo de críticas, ya que la militarización
no ha abordado las causas estructurales de la inseguridad, sino que ha perpetuado un enfoque
reactivo y punitivo.
En el caso de México, la guerra contra las drogas iniciada en 2006 marcó un punto de
inflexión en la militarización de la seguridad pública. La creación de la Guardia Nacional y la
presencia militar en operativos de seguridad han sido estrategias adoptadas para contener la
violencia generada por los carteles de narcotráfico. Salmorán (2024) destaca que: “…la
militarización en México ha sido justificada como una necesidad ante la incapacidad de las
fuerzas policiales para enfrentar el crimen organizado, aunque su implementación ha traído
consigo serios cuestionamientos en materia de derechos humanos…” (p. 112).
A pesar de los esfuerzos por reducir la criminalidad, el modelo militarizado de seguridad
ha sido objeto de fuertes críticas. El uso excesivo de la fuerza, la falta de control en los operativos
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3285
y la creciente subordinación de la Policía a las Fuerzas Armadas han generado preocupaciones
sobre la erosión del Estado de derecho y la militarización del gobierno.
Sánchez y Álvarez (2022) concluyen que, si bien la militarización de la seguridad pública
ha demostrado ser una estrategia efectiva en el corto plazo para reducir los niveles de
violencia y criminalidad, sus consecuencias a largo plazo pueden comprometer la
estabilidad institucional y la protección de los derechos fundamentales (p. 89).
En definitiva, la militarización de la seguridad pública en América Latina refleja una
tendencia donde las Fuerzas Armadas asumen un papel protagónico en el control del orden
interno. Aunque esta estrategia ha sido efectiva en la reducción de la criminalidad en algunos
contextos, su impacto en términos de derechos humanos, gobernabilidad y consolidación de las
instituciones policiales plantea serios desafíos para el futuro de la seguridad en la región.
La Intervención Militar en América Latina
La militarización de la seguridad pública en América Latina se ha convertido en una
estrategia recurrente para enfrentar el crimen organizado y la violencia en la región. Sin embargo,
su implementación ha generado debates en torno a sus efectos en la gobernabilidad, la protección
de los derechos humanos y el papel de las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad interna. A
pesar de que en algunos países la intervención militar ha reducido ciertos índices de criminalidad,
también ha dado lugar a violaciones de derechos fundamentales y al uso desproporcionado de la
fuerza.
Vargas (2020) sostiene que la creciente militarización en América Latina refleja la
posible ineficacia de las fuerzas policiales y del sistema de justicia en la lucha contra el
crimen organizado, lo que ha llevado a los gobiernos a recurrir a las Fuerzas Armadas
como una alternativa para restaurar el orden (p. 67).
En El Salvador, la implementación de tácticas militares ha sido objeto de críticas por parte
de organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a la aplicación indiscriminada de
medidas represivas que vulneran derechos fundamentales, como la integridad física y el derecho
a la vida. Si bien el gobierno ha justificado estas acciones como parte de su estrategia de
seguridad, el impacto en la población ha generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad de
este modelo y la necesidad de adoptar políticas más integrales.
Rubert (2017) señala que: “El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
en El Salvador ha resultado en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo que ha
intensificado las tensiones entre el Estado y la sociedad civil.” (p. 45). La militarización también
ha sido un punto de controversia en México, donde la falta de formación y entrenamiento de las
Fuerzas Armadas en el manejo de situaciones relacionadas con la protección de los civiles ha
generado serias preocupaciones. La ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y control
puede exacerbar la violencia en lugar de reducirla, aumentando la percepción de inseguridad en
la población.
y la creciente subordinación de la Policía a las Fuerzas Armadas han generado preocupaciones
sobre la erosión del Estado de derecho y la militarización del gobierno.
Sánchez y Álvarez (2022) concluyen que, si bien la militarización de la seguridad pública
ha demostrado ser una estrategia efectiva en el corto plazo para reducir los niveles de
violencia y criminalidad, sus consecuencias a largo plazo pueden comprometer la
estabilidad institucional y la protección de los derechos fundamentales (p. 89).
En definitiva, la militarización de la seguridad pública en América Latina refleja una
tendencia donde las Fuerzas Armadas asumen un papel protagónico en el control del orden
interno. Aunque esta estrategia ha sido efectiva en la reducción de la criminalidad en algunos
contextos, su impacto en términos de derechos humanos, gobernabilidad y consolidación de las
instituciones policiales plantea serios desafíos para el futuro de la seguridad en la región.
La Intervención Militar en América Latina
La militarización de la seguridad pública en América Latina se ha convertido en una
estrategia recurrente para enfrentar el crimen organizado y la violencia en la región. Sin embargo,
su implementación ha generado debates en torno a sus efectos en la gobernabilidad, la protección
de los derechos humanos y el papel de las Fuerzas Armadas en contextos de seguridad interna. A
pesar de que en algunos países la intervención militar ha reducido ciertos índices de criminalidad,
también ha dado lugar a violaciones de derechos fundamentales y al uso desproporcionado de la
fuerza.
Vargas (2020) sostiene que la creciente militarización en América Latina refleja la
posible ineficacia de las fuerzas policiales y del sistema de justicia en la lucha contra el
crimen organizado, lo que ha llevado a los gobiernos a recurrir a las Fuerzas Armadas
como una alternativa para restaurar el orden (p. 67).
En El Salvador, la implementación de tácticas militares ha sido objeto de críticas por parte
de organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a la aplicación indiscriminada de
medidas represivas que vulneran derechos fundamentales, como la integridad física y el derecho
a la vida. Si bien el gobierno ha justificado estas acciones como parte de su estrategia de
seguridad, el impacto en la población ha generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad de
este modelo y la necesidad de adoptar políticas más integrales.
Rubert (2017) señala que: “El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
en El Salvador ha resultado en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo que ha
intensificado las tensiones entre el Estado y la sociedad civil.” (p. 45). La militarización también
ha sido un punto de controversia en México, donde la falta de formación y entrenamiento de las
Fuerzas Armadas en el manejo de situaciones relacionadas con la protección de los civiles ha
generado serias preocupaciones. La ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y control
puede exacerbar la violencia en lugar de reducirla, aumentando la percepción de inseguridad en
la población.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3286
Por otro lado, Zendryk (2024) advierte que: la participación de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública en México, sin un marco normativo claro y sin formación
específica en derechos humanos, puede derivar en el uso excesivo de la fuerza y en abusos
contra la población civil (p. 112).
En el caso de Colombia, la intervención militar ha tenido un impacto significativo en la
reducción de grupos delictivos y narcotraficantes. No obstante, su implementación también ha
contribuido al aumento de la violencia sistemática en relación con los derechos humanos. Las
comunidades con mayor presencia militar han sido las más afectadas por desplazamientos
forzosos, asesinatos y otras formas de violencia estructural. Aunque el gobierno ha tratado de
buscar soluciones integrales al conflicto armado, la militarización sigue siendo una estrategia
recurrente en el país.
Por su parte, Jiménez y Franchi (2020) indican que: “…el uso de las Fuerzas Armadas en
la seguridad interna de Colombia ha sido eficaz en la contención de grupos armados ilegales, pero
al mismo tiempo ha incrementado las denuncias por violaciones de derechos humanos,
especialmente en zonas rurales.” (p. 87).
Brasil es otro país donde la intervención militar en la seguridad pública ha tenido
consecuencias significativas, especialmente en las favelas. Los operativos militares y policiales
en barrios marginados, aunque efectivos en términos de control del narcotráfico a pequeña escala,
han intensificado la violencia en lugar de disminuirla. Los enfrentamientos armados entre fuerzas
de seguridad y grupos criminales han derivado en tiroteos masivos y en la muerte de civiles
inocentes, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la viabilidad de esta estrategia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) advierte que la militarización de
la seguridad pública en Brasil ha dado lugar a un fenómeno conocido como "la guerra
contra las drogas", donde las principales víctimas son personas de barrios empobrecidos,
mientras que los responsables de los abusos suelen gozar de impunidad (p. 94).
En resumen, la intervención militar en la seguridad pública de América Latina ha sido
utilizada como una herramienta para hacer frente al crimen organizado y la violencia. Sin
embargo, su impacto ha sido ambivalente, ya que, aunque en algunos casos ha reducido la
criminalidad, también ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el
uso excesivo de la fuerza. La militarización de la seguridad plantea desafíos en términos de
institucionalidad democrática y exige la implementación de estrategias más equilibradas que
combinen el fortalecimiento de las fuerzas policiales con políticas de prevención y desarrollo
social.
Contexto ecuatoriano: Intervención de las Fuerzas Armadas sobre seguridad interna
La intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna en Ecuador ha
aumentado de manera progresiva debido al incremento de la inseguridad y la expansión del
crimen organizado, en particular el narcotráfico. Aunque la Constitución de 2008 establece que
Por otro lado, Zendryk (2024) advierte que: la participación de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública en México, sin un marco normativo claro y sin formación
específica en derechos humanos, puede derivar en el uso excesivo de la fuerza y en abusos
contra la población civil (p. 112).
En el caso de Colombia, la intervención militar ha tenido un impacto significativo en la
reducción de grupos delictivos y narcotraficantes. No obstante, su implementación también ha
contribuido al aumento de la violencia sistemática en relación con los derechos humanos. Las
comunidades con mayor presencia militar han sido las más afectadas por desplazamientos
forzosos, asesinatos y otras formas de violencia estructural. Aunque el gobierno ha tratado de
buscar soluciones integrales al conflicto armado, la militarización sigue siendo una estrategia
recurrente en el país.
Por su parte, Jiménez y Franchi (2020) indican que: “…el uso de las Fuerzas Armadas en
la seguridad interna de Colombia ha sido eficaz en la contención de grupos armados ilegales, pero
al mismo tiempo ha incrementado las denuncias por violaciones de derechos humanos,
especialmente en zonas rurales.” (p. 87).
Brasil es otro país donde la intervención militar en la seguridad pública ha tenido
consecuencias significativas, especialmente en las favelas. Los operativos militares y policiales
en barrios marginados, aunque efectivos en términos de control del narcotráfico a pequeña escala,
han intensificado la violencia en lugar de disminuirla. Los enfrentamientos armados entre fuerzas
de seguridad y grupos criminales han derivado en tiroteos masivos y en la muerte de civiles
inocentes, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la viabilidad de esta estrategia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) advierte que la militarización de
la seguridad pública en Brasil ha dado lugar a un fenómeno conocido como "la guerra
contra las drogas", donde las principales víctimas son personas de barrios empobrecidos,
mientras que los responsables de los abusos suelen gozar de impunidad (p. 94).
En resumen, la intervención militar en la seguridad pública de América Latina ha sido
utilizada como una herramienta para hacer frente al crimen organizado y la violencia. Sin
embargo, su impacto ha sido ambivalente, ya que, aunque en algunos casos ha reducido la
criminalidad, también ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el
uso excesivo de la fuerza. La militarización de la seguridad plantea desafíos en términos de
institucionalidad democrática y exige la implementación de estrategias más equilibradas que
combinen el fortalecimiento de las fuerzas policiales con políticas de prevención y desarrollo
social.
Contexto ecuatoriano: Intervención de las Fuerzas Armadas sobre seguridad interna
La intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna en Ecuador ha
aumentado de manera progresiva debido al incremento de la inseguridad y la expansión del
crimen organizado, en particular el narcotráfico. Aunque la Constitución de 2008 establece que
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3287
la misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía nacional, se permite su
participación en apoyo a la Policía Nacional en situaciones de emergencia, lo que ha llevado a
una mayor presencia militar en el mantenimiento del orden público.
Amnistía Internacional (2022) señala que, “…si bien el marco constitucional ecuatoriano
asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la soberanía nacional, su participación en la
seguridad interna ha ido en aumento, especialmente en respuesta a crisis de violencia y descontrol
social…” (p. 34). El marco normativo que regula esta participación se encuentra en la Ley de
Seguridad Pública y del Estado. En su artículo 11, se establece que las Fuerzas Armadas pueden
brindar apoyo complementario a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público y la
seguridad ciudadana. Sin embargo, esta normativa ha sido objeto de múltiples reformas con el fin
de adaptarse a las crecientes demandas de seguridad en el país.
Un caso representativo de esta intervención tuvo lugar en octubre de 2019, durante las
protestas contra las medidas de austeridad implementadas por el gobierno. Ante la escalada de
violencia y la posibilidad de desestabilización del país, se decretó un estado de excepción que
permitió la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las manifestaciones. Si bien esta
medida buscaba contener actos de vandalismo y restablecer el orden, también fue marcada por el
uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en múltiples heridos y fallecidos, generando un clima de
tensión y desconfianza en la ciudadanía.
Según El Telégrafo (2023), el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en las
manifestaciones de 2019 provocó denuncias por violaciones a los derechos humanos,
evidenciando los riesgos de emplear a la institución militar en labores de orden público
sin protocolos adecuados para la gestión de protestas (p. 21).
Otro ámbito en el que se ha evidenciado la intervención militar es el sistema penitenciario.
En los últimos años, la crisis carcelaria ha estado marcada por enfrentamientos entre bandas
criminales, masacres internas y un alto número de víctimas, lo que ha obligado al gobierno a
recurrir a las Fuerzas Armadas para restaurar el control en los centros de detención. Esta situación
ha expuesto la fragilidad institucional de los organismos encargados de la seguridad penitenciaria,
así como las deficiencias del sistema de rehabilitación social.
El Telégrafo (2023) destaca que la intervención militar en las cárceles ecuatorianas ha
sido una medida necesaria ante la escalada de violencia en los centros penitenciarios, pero
también refleja la falta de un control estatal efectivo y el debilitamiento de la
institucionalidad en la gestión de la seguridad (p. 38).
En este contexto, la participación de las Fuerzas Armadas en funciones policiales en
Ecuador es percibida como una respuesta inmediata ante crisis de seguridad. No obstante, este
enfoque genera interrogantes sobre la sostenibilidad de estas políticas y su impacto en la
protección de los derechos humanos. La principal tarea del Estado es encontrar un equilibrio entre
garantizar la seguridad ciudadana y respetar las normativas de derechos fundamentales, evitando
la misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía nacional, se permite su
participación en apoyo a la Policía Nacional en situaciones de emergencia, lo que ha llevado a
una mayor presencia militar en el mantenimiento del orden público.
Amnistía Internacional (2022) señala que, “…si bien el marco constitucional ecuatoriano
asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la soberanía nacional, su participación en la
seguridad interna ha ido en aumento, especialmente en respuesta a crisis de violencia y descontrol
social…” (p. 34). El marco normativo que regula esta participación se encuentra en la Ley de
Seguridad Pública y del Estado. En su artículo 11, se establece que las Fuerzas Armadas pueden
brindar apoyo complementario a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público y la
seguridad ciudadana. Sin embargo, esta normativa ha sido objeto de múltiples reformas con el fin
de adaptarse a las crecientes demandas de seguridad en el país.
Un caso representativo de esta intervención tuvo lugar en octubre de 2019, durante las
protestas contra las medidas de austeridad implementadas por el gobierno. Ante la escalada de
violencia y la posibilidad de desestabilización del país, se decretó un estado de excepción que
permitió la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las manifestaciones. Si bien esta
medida buscaba contener actos de vandalismo y restablecer el orden, también fue marcada por el
uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en múltiples heridos y fallecidos, generando un clima de
tensión y desconfianza en la ciudadanía.
Según El Telégrafo (2023), el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en las
manifestaciones de 2019 provocó denuncias por violaciones a los derechos humanos,
evidenciando los riesgos de emplear a la institución militar en labores de orden público
sin protocolos adecuados para la gestión de protestas (p. 21).
Otro ámbito en el que se ha evidenciado la intervención militar es el sistema penitenciario.
En los últimos años, la crisis carcelaria ha estado marcada por enfrentamientos entre bandas
criminales, masacres internas y un alto número de víctimas, lo que ha obligado al gobierno a
recurrir a las Fuerzas Armadas para restaurar el control en los centros de detención. Esta situación
ha expuesto la fragilidad institucional de los organismos encargados de la seguridad penitenciaria,
así como las deficiencias del sistema de rehabilitación social.
El Telégrafo (2023) destaca que la intervención militar en las cárceles ecuatorianas ha
sido una medida necesaria ante la escalada de violencia en los centros penitenciarios, pero
también refleja la falta de un control estatal efectivo y el debilitamiento de la
institucionalidad en la gestión de la seguridad (p. 38).
En este contexto, la participación de las Fuerzas Armadas en funciones policiales en
Ecuador es percibida como una respuesta inmediata ante crisis de seguridad. No obstante, este
enfoque genera interrogantes sobre la sostenibilidad de estas políticas y su impacto en la
protección de los derechos humanos. La principal tarea del Estado es encontrar un equilibrio entre
garantizar la seguridad ciudadana y respetar las normativas de derechos fundamentales, evitando
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3288
la militarización permanente de la seguridad pública como única solución a la violencia y el
crimen organizado.
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública genera un dilema
entre la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. En
muchos casos, la militarización de la seguridad ha sido utilizada como una medida excepcional
ante crisis de violencia, pero su aplicación prolongada plantea cuestionamientos sobre la
separación de funciones entre las instituciones encargadas del orden público y el impacto en las
garantías constitucionales. El reto radica en establecer un equilibrio que permita enfrentar la
inseguridad sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El marco jurídico ecuatoriano establece una clara distinción entre las funciones de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según la Constitución de la República del Ecuador
(2008), en su artículo 158, las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía e
integridad territorial del país, mientras que la Policía Nacional es la institución encargada de
garantizar el orden interno y la seguridad pública (p. 78). Este principio delimita el alcance de la
intervención militar en cuestiones de seguridad interna y evidencia la necesidad de que el uso de
la fuerza se mantenga dentro de los límites normativos establecidos.
No obstante, la militarización de la seguridad puede generar conflictos con las garantías
constitucionales, afectando derechos fundamentales de la ciudadanía. En primer lugar, la
participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad interna puede vulnerar el
derecho a la libertad personal y al debido proceso. Al no estar formados para la gestión de
conflictos civiles, los militares pueden recurrir a métodos coercitivos que restringen libertades
fundamentales y pueden derivar en detenciones arbitrarias o violaciones procesales.
Méndez (2020) sostiene que: la presencia militar en funciones de seguridad pública
incrementa el riesgo de abusos contra la población, pues los miembros de las Fuerzas
Armadas han sido entrenados para la confrontación bélica, no para la contención de
conflictos en el ámbito civil, lo que puede traducirse en un uso excesivo de la fuerza y en
la vulneración de derechos como la integridad personal y la no discriminación (p. 65).
Además, la militarización también puede afectar derechos colectivos, como la libertad de
reunión y la privacidad. La constante presencia de militares en las calles genera un ambiente de
vigilancia y control que limita el derecho a la protesta y a la libre expresión. Esto puede derivar
en restricciones indirectas a la participación ciudadana y en un aumento de la percepción de
represión estatal.
Jaramillo y Mantilla (2021) afirman que: “La militarización de los espacios públicos
conlleva un riesgo para la democracia, ya que el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones o
reuniones ciudadanas puede desincentivar la protesta y generar un clima de temor entre la
población.” (p. 84). Otro aspecto preocupante es la posible afectación a la autonomía de las
la militarización permanente de la seguridad pública como única solución a la violencia y el
crimen organizado.
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública genera un dilema
entre la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. En
muchos casos, la militarización de la seguridad ha sido utilizada como una medida excepcional
ante crisis de violencia, pero su aplicación prolongada plantea cuestionamientos sobre la
separación de funciones entre las instituciones encargadas del orden público y el impacto en las
garantías constitucionales. El reto radica en establecer un equilibrio que permita enfrentar la
inseguridad sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El marco jurídico ecuatoriano establece una clara distinción entre las funciones de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según la Constitución de la República del Ecuador
(2008), en su artículo 158, las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía e
integridad territorial del país, mientras que la Policía Nacional es la institución encargada de
garantizar el orden interno y la seguridad pública (p. 78). Este principio delimita el alcance de la
intervención militar en cuestiones de seguridad interna y evidencia la necesidad de que el uso de
la fuerza se mantenga dentro de los límites normativos establecidos.
No obstante, la militarización de la seguridad puede generar conflictos con las garantías
constitucionales, afectando derechos fundamentales de la ciudadanía. En primer lugar, la
participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad interna puede vulnerar el
derecho a la libertad personal y al debido proceso. Al no estar formados para la gestión de
conflictos civiles, los militares pueden recurrir a métodos coercitivos que restringen libertades
fundamentales y pueden derivar en detenciones arbitrarias o violaciones procesales.
Méndez (2020) sostiene que: la presencia militar en funciones de seguridad pública
incrementa el riesgo de abusos contra la población, pues los miembros de las Fuerzas
Armadas han sido entrenados para la confrontación bélica, no para la contención de
conflictos en el ámbito civil, lo que puede traducirse en un uso excesivo de la fuerza y en
la vulneración de derechos como la integridad personal y la no discriminación (p. 65).
Además, la militarización también puede afectar derechos colectivos, como la libertad de
reunión y la privacidad. La constante presencia de militares en las calles genera un ambiente de
vigilancia y control que limita el derecho a la protesta y a la libre expresión. Esto puede derivar
en restricciones indirectas a la participación ciudadana y en un aumento de la percepción de
represión estatal.
Jaramillo y Mantilla (2021) afirman que: “La militarización de los espacios públicos
conlleva un riesgo para la democracia, ya que el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones o
reuniones ciudadanas puede desincentivar la protesta y generar un clima de temor entre la
población.” (p. 84). Otro aspecto preocupante es la posible afectación a la autonomía de las
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3289
instituciones encargadas de la seguridad. La creciente dependencia de las Fuerzas Armadas para
el control del orden interno debilita la capacidad operativa de la Policía Nacional y afecta la
separación de poderes, ya que la intervención militar prolongada puede llevar a un retroceso en
la institucionalidad democrática. En este sentido, la militarización no solo desplaza a las
autoridades civiles, sino que también puede consolidar un modelo de seguridad basado en la
coerción, en lugar de fortalecer mecanismos de prevención y justicia.
En este contexto, es fundamental reconocer que la militarización de la seguridad interna
no debe considerarse una solución permanente a los problemas de violencia y criminalidad, sino
una medida temporal que debe aplicarse con estrictos límites normativos y bajo principios de
respeto a los derechos humanos. La implementación de estrategias de seguridad debe enfocarse
en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y en la adopción de políticas de
prevención que aborden las causas estructurales de la inseguridad, garantizando un equilibrio
entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales. Por ello, entre las
ventajas y riesgos se tienen:
Tabla 1
Ventajas y riesgos de los derechos humanos
Ventajas operativas Riesgos hacia los derechos humanos
Equipamiento avanzado y
entrenamiento especializado para que
se aborden amenazas de alta intensidad.
Exceso uso de la fuerza, abusos de
poder y detenciones arbitrarias.
Actúa como elemento disuasorio de
criminales con una reducción de la
actividad delictiva.
Limitación de los derechos esenciales
como la libertad de expresión y el
derecho de la privacidad.
Movilización con rapidez en casos de
respuestas a emergencias o crisis de
seguridad.
Poca capacitación de tareas policiales
cotidianas lleva a una mala aplicación
de la ley.
Apoyo en las regiones en las que la
policía no puede controlar el crimen.
Creación del ambiente represivo que
dañe la relación del Estado con la
ciudadanía.
Acceso a los vehículos blindados,
tecnología de vigilancia y armas
avanzadas.
La dependencia a largo plazo de las
Fuerzas Armadas crea debilidades en
la autonomía de la Policía Nacional.
Eficiencia en la lucha contra el
narcotráfico y el control de fronteras.
Genera confusión de las competencias
y las responsabilidades entre la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas.
instituciones encargadas de la seguridad. La creciente dependencia de las Fuerzas Armadas para
el control del orden interno debilita la capacidad operativa de la Policía Nacional y afecta la
separación de poderes, ya que la intervención militar prolongada puede llevar a un retroceso en
la institucionalidad democrática. En este sentido, la militarización no solo desplaza a las
autoridades civiles, sino que también puede consolidar un modelo de seguridad basado en la
coerción, en lugar de fortalecer mecanismos de prevención y justicia.
En este contexto, es fundamental reconocer que la militarización de la seguridad interna
no debe considerarse una solución permanente a los problemas de violencia y criminalidad, sino
una medida temporal que debe aplicarse con estrictos límites normativos y bajo principios de
respeto a los derechos humanos. La implementación de estrategias de seguridad debe enfocarse
en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y en la adopción de políticas de
prevención que aborden las causas estructurales de la inseguridad, garantizando un equilibrio
entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales. Por ello, entre las
ventajas y riesgos se tienen:
Tabla 1
Ventajas y riesgos de los derechos humanos
Ventajas operativas Riesgos hacia los derechos humanos
Equipamiento avanzado y
entrenamiento especializado para que
se aborden amenazas de alta intensidad.
Exceso uso de la fuerza, abusos de
poder y detenciones arbitrarias.
Actúa como elemento disuasorio de
criminales con una reducción de la
actividad delictiva.
Limitación de los derechos esenciales
como la libertad de expresión y el
derecho de la privacidad.
Movilización con rapidez en casos de
respuestas a emergencias o crisis de
seguridad.
Poca capacitación de tareas policiales
cotidianas lleva a una mala aplicación
de la ley.
Apoyo en las regiones en las que la
policía no puede controlar el crimen.
Creación del ambiente represivo que
dañe la relación del Estado con la
ciudadanía.
Acceso a los vehículos blindados,
tecnología de vigilancia y armas
avanzadas.
La dependencia a largo plazo de las
Fuerzas Armadas crea debilidades en
la autonomía de la Policía Nacional.
Eficiencia en la lucha contra el
narcotráfico y el control de fronteras.
Genera confusión de las competencias
y las responsabilidades entre la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3290
Asistencia en los desastres naturales,
generando ayuda logística rápida.
La militarización podría ser útil en el
aumento del control político y la
represión de la oposición.
Nota: La tabla muestra la información sobre las ventajas operativas y los riesgos para los derechos humanos.
La militarización de la seguridad pública en Ecuador, aunque presenta ventajas operativas,
plantea un desafío significativo en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad y derechos
humanos. Las Fuerzas Armadas pueden ser eficaces en el control de amenazas de alta intensidad
y en la respuesta a emergencias. No obstante, su participación en funciones que corresponden a
la Policía Nacional conlleva riesgos que afectan la protección de las libertades civiles y el respeto
a los derechos fundamentales.
Uno de los principales problemas de esta intervención es su impacto en el Estado de
derecho y en la institucionalidad democrática. La presencia constante de militares en las calles
puede generar un ambiente de temor y alterar la relación entre el Estado y la ciudadanía,
debilitando la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad. A su vez, la
prolongación de esta práctica puede derivar en una dependencia de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública, lo que a largo plazo podría debilitar la autonomía y la capacidad operativa
de la Policía Nacional.
Desde una perspectiva operativa, la militarización ofrece ciertas ventajas, como el uso de
equipamiento avanzado y el entrenamiento especializado, factores que permiten abordar
amenazas de alta intensidad con mayor eficacia. Asimismo, la presencia de las Fuerzas Armadas
puede funcionar como un elemento disuasorio para la criminalidad y mejorar la respuesta ante
crisis de seguridad. Además, su despliegue en regiones donde la Policía Nacional no tiene
suficiente control puede contribuir a la estabilidad en zonas de alta violencia.
Sin embargo, estos beneficios deben ser analizados con cautela, ya que la militarización
conlleva importantes riesgos en términos de derechos humanos. El uso excesivo de la fuerza, las
detenciones arbitrarias y la falta de capacitación en tareas policiales pueden derivar en abusos que
afectan la integridad de la población. Asimismo, la limitación de derechos esenciales, como la
libertad de expresión y la privacidad, es una de las principales preocupaciones en los regímenes
donde las Fuerzas Armadas tienen un rol predominante en la seguridad interna.
Además, la militarización prolongada puede generar confusión en las competencias y
responsabilidades entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, debilitando la
institucionalidad y dificultando la transición hacia un modelo de seguridad basado en la
prevención y el respeto a los derechos humanos. También existe el riesgo de que esta estrategia
sea utilizada como un mecanismo de control político, lo que podría derivar en la represión de la
oposición y la restricción de libertades democráticas.
Asistencia en los desastres naturales,
generando ayuda logística rápida.
La militarización podría ser útil en el
aumento del control político y la
represión de la oposición.
Nota: La tabla muestra la información sobre las ventajas operativas y los riesgos para los derechos humanos.
La militarización de la seguridad pública en Ecuador, aunque presenta ventajas operativas,
plantea un desafío significativo en la búsqueda de un equilibrio entre seguridad y derechos
humanos. Las Fuerzas Armadas pueden ser eficaces en el control de amenazas de alta intensidad
y en la respuesta a emergencias. No obstante, su participación en funciones que corresponden a
la Policía Nacional conlleva riesgos que afectan la protección de las libertades civiles y el respeto
a los derechos fundamentales.
Uno de los principales problemas de esta intervención es su impacto en el Estado de
derecho y en la institucionalidad democrática. La presencia constante de militares en las calles
puede generar un ambiente de temor y alterar la relación entre el Estado y la ciudadanía,
debilitando la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad. A su vez, la
prolongación de esta práctica puede derivar en una dependencia de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública, lo que a largo plazo podría debilitar la autonomía y la capacidad operativa
de la Policía Nacional.
Desde una perspectiva operativa, la militarización ofrece ciertas ventajas, como el uso de
equipamiento avanzado y el entrenamiento especializado, factores que permiten abordar
amenazas de alta intensidad con mayor eficacia. Asimismo, la presencia de las Fuerzas Armadas
puede funcionar como un elemento disuasorio para la criminalidad y mejorar la respuesta ante
crisis de seguridad. Además, su despliegue en regiones donde la Policía Nacional no tiene
suficiente control puede contribuir a la estabilidad en zonas de alta violencia.
Sin embargo, estos beneficios deben ser analizados con cautela, ya que la militarización
conlleva importantes riesgos en términos de derechos humanos. El uso excesivo de la fuerza, las
detenciones arbitrarias y la falta de capacitación en tareas policiales pueden derivar en abusos que
afectan la integridad de la población. Asimismo, la limitación de derechos esenciales, como la
libertad de expresión y la privacidad, es una de las principales preocupaciones en los regímenes
donde las Fuerzas Armadas tienen un rol predominante en la seguridad interna.
Además, la militarización prolongada puede generar confusión en las competencias y
responsabilidades entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, debilitando la
institucionalidad y dificultando la transición hacia un modelo de seguridad basado en la
prevención y el respeto a los derechos humanos. También existe el riesgo de que esta estrategia
sea utilizada como un mecanismo de control político, lo que podría derivar en la represión de la
oposición y la restricción de libertades democráticas.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3291
Por ello, es fundamental que cualquier medida de militarización esté respaldada por un
marco normativo sólido, que garantice la capacitación de los militares en derechos humanos y
establezca mecanismos de supervisión efectivos. De lo contrario, las vulneraciones a los derechos
fundamentales y el riesgo de abuso podrían superar las ventajas operativas, comprometiendo la
legitimidad del Estado y debilitando la institucionalidad democrática.
Marco Normativo Internacional y Nacional
El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna ha sido
un tema de amplio debate en el derecho internacional y constitucional ecuatoriano. La
militarización de la seguridad pública, si bien se justifica en determinados escenarios de crisis,
debe enmarcarse en principios jurídicos que garanticen la proporcionalidad y el respeto a los
derechos humanos.
En el ámbito internacional, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1990 establecen que: “…la
fuerza debe ser utilizada únicamente cuando sea necesaria y de manera proporcional.” (Naciones
Unidas, 1990, p. 12). De igual manera, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley, enfatiza que: “Los Estados deben garantizar que cualquier intervención de
las fuerzas del orden no vulnere los derechos fundamentales de la ciudadanía.” (Naciones Unidas,
1979, p. 8).
Desde la perspectiva interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha
reiterado la necesidad de que las Fuerzas Armadas solo sean utilizadas en casos excepcionales y
bajo estrictos mecanismos de control judicial (CIDH, 2022, p. 27).
En Ecuador, el marco normativo establece límites claros a la participación de las Fuerzas
Armadas en seguridad pública. La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su
artículo 158, determina que la Policía Nacional es la encargada de la seguridad pública, mientras
que las Fuerzas Armadas deben centrarse en la defensa de la soberanía y la integridad territorial
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 76). Sin embargo, la misma norma establece
que, en casos excepcionales, el presidente de la República puede autorizar su intervención en
apoyo a la Policía.
A pesar de esta restricción constitucional, en los últimos años se ha observado un
incremento de la militarización en Ecuador, evidenciado en políticas como el Acuerdo Ministerial
179, que ha impulsado un modelo de seguridad basado en la intervención militar en el orden
interno. Esta medida ha generado cuestionamientos en torno a su constitucionalidad, ya que podría
contravenir la especialidad de funciones establecida en la Carta Magna.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador
La Corte Constitucional del Ecuador ha sido un actor clave en la delimitación del papel de
las Fuerzas Armadas en seguridad interna, estableciendo precedentes que buscan garantizar un
equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos.
Por ello, es fundamental que cualquier medida de militarización esté respaldada por un
marco normativo sólido, que garantice la capacitación de los militares en derechos humanos y
establezca mecanismos de supervisión efectivos. De lo contrario, las vulneraciones a los derechos
fundamentales y el riesgo de abuso podrían superar las ventajas operativas, comprometiendo la
legitimidad del Estado y debilitando la institucionalidad democrática.
Marco Normativo Internacional y Nacional
El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna ha sido
un tema de amplio debate en el derecho internacional y constitucional ecuatoriano. La
militarización de la seguridad pública, si bien se justifica en determinados escenarios de crisis,
debe enmarcarse en principios jurídicos que garanticen la proporcionalidad y el respeto a los
derechos humanos.
En el ámbito internacional, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1990 establecen que: “…la
fuerza debe ser utilizada únicamente cuando sea necesaria y de manera proporcional.” (Naciones
Unidas, 1990, p. 12). De igual manera, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley, enfatiza que: “Los Estados deben garantizar que cualquier intervención de
las fuerzas del orden no vulnere los derechos fundamentales de la ciudadanía.” (Naciones Unidas,
1979, p. 8).
Desde la perspectiva interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha
reiterado la necesidad de que las Fuerzas Armadas solo sean utilizadas en casos excepcionales y
bajo estrictos mecanismos de control judicial (CIDH, 2022, p. 27).
En Ecuador, el marco normativo establece límites claros a la participación de las Fuerzas
Armadas en seguridad pública. La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su
artículo 158, determina que la Policía Nacional es la encargada de la seguridad pública, mientras
que las Fuerzas Armadas deben centrarse en la defensa de la soberanía y la integridad territorial
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 76). Sin embargo, la misma norma establece
que, en casos excepcionales, el presidente de la República puede autorizar su intervención en
apoyo a la Policía.
A pesar de esta restricción constitucional, en los últimos años se ha observado un
incremento de la militarización en Ecuador, evidenciado en políticas como el Acuerdo Ministerial
179, que ha impulsado un modelo de seguridad basado en la intervención militar en el orden
interno. Esta medida ha generado cuestionamientos en torno a su constitucionalidad, ya que podría
contravenir la especialidad de funciones establecida en la Carta Magna.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador
La Corte Constitucional del Ecuador ha sido un actor clave en la delimitación del papel de
las Fuerzas Armadas en seguridad interna, estableciendo precedentes que buscan garantizar un
equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3292
Sentencia No. 0008-13-EP/21 (2013)
En esta sentencia, la Corte reafirmó la separación de funciones entre la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas, señalando que la seguridad pública es una función civil y que la militarización
de la seguridad debe ser una medida excepcional (Corte Constitucional del Ecuador, 2013, p. 19).
Además, el fallo enfatizó que la presencia militar en tareas de orden público puede afectar el
ejercicio de derechos fundamentales, ya que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la
gestión de conflictos civiles.
Sentencia No. 022-19-SIS-CC (2022)
En este caso, la Corte abordó la participación de las Fuerzas Armadas en el control de
manifestaciones y protestas sociales. Se estableció que los militares no pueden intervenir en
protestas o movilizaciones populares, salvo cuando exista una amenaza grave a la seguridad del
Estado o un riesgo crítico para el orden público (Corte Constitucional del Ecuador, 2022, p. 34).
Sin embargo, la Corte subrayó la importancia del principio de proporcionalidad, señalando que
cualquier intervención militar debe estar sujeta a control judicial y garantizar el respeto a los
derechos humanos.
Sentencia No. 003-14-SIS-CC (2014)
Esta sentencia determinó que las Fuerzas Armadas están sujetas a los mismos estándares
internacionales en materia de derechos humanos que la Policía Nacional (Corte Constitucional
del Ecuador, 2014, p. 42). En este sentido, el fallo ratificó que la intervención militar no exime al
Estado de su responsabilidad en la protección de los derechos ciudadanos, asegurando que el uso
de la fuerza debe ser siempre regulado y supervisado.
La jurisprudencia ecuatoriana ha destacado la necesidad de establecer mecanismos de
control y rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2022, p. 48), la Corte
Constitucional ha insistido en que los militares deben recibir formación especializada en derechos
humanos, uso proporcional de la fuerza y manejo de conflictos civiles.
Además, la CIDH ha recomendado que Ecuador establezca un marco normativo
específico que regule la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, con un énfasis
en la supervisión judicial y la rendición de cuentas. Estas medidas son esenciales para prevenir
abusos de poder y garantizar que la intervención militar no derive en violaciones sistemáticas de
derechos humanos.
La jurisprudencia ecuatoriana ha sido determinante en la delimitación de los límites
constitucionales de la militarización de la seguridad pública. A través de diversos fallos, la Corte
Constitucional ha señalado que la seguridad pública es competencia exclusiva de la Policía
Nacional, y que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional, limitada y sujeta a
control judicial.
Sentencia No. 0008-13-EP/21 (2013)
En esta sentencia, la Corte reafirmó la separación de funciones entre la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas, señalando que la seguridad pública es una función civil y que la militarización
de la seguridad debe ser una medida excepcional (Corte Constitucional del Ecuador, 2013, p. 19).
Además, el fallo enfatizó que la presencia militar en tareas de orden público puede afectar el
ejercicio de derechos fundamentales, ya que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la
gestión de conflictos civiles.
Sentencia No. 022-19-SIS-CC (2022)
En este caso, la Corte abordó la participación de las Fuerzas Armadas en el control de
manifestaciones y protestas sociales. Se estableció que los militares no pueden intervenir en
protestas o movilizaciones populares, salvo cuando exista una amenaza grave a la seguridad del
Estado o un riesgo crítico para el orden público (Corte Constitucional del Ecuador, 2022, p. 34).
Sin embargo, la Corte subrayó la importancia del principio de proporcionalidad, señalando que
cualquier intervención militar debe estar sujeta a control judicial y garantizar el respeto a los
derechos humanos.
Sentencia No. 003-14-SIS-CC (2014)
Esta sentencia determinó que las Fuerzas Armadas están sujetas a los mismos estándares
internacionales en materia de derechos humanos que la Policía Nacional (Corte Constitucional
del Ecuador, 2014, p. 42). En este sentido, el fallo ratificó que la intervención militar no exime al
Estado de su responsabilidad en la protección de los derechos ciudadanos, asegurando que el uso
de la fuerza debe ser siempre regulado y supervisado.
La jurisprudencia ecuatoriana ha destacado la necesidad de establecer mecanismos de
control y rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2022, p. 48), la Corte
Constitucional ha insistido en que los militares deben recibir formación especializada en derechos
humanos, uso proporcional de la fuerza y manejo de conflictos civiles.
Además, la CIDH ha recomendado que Ecuador establezca un marco normativo
específico que regule la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, con un énfasis
en la supervisión judicial y la rendición de cuentas. Estas medidas son esenciales para prevenir
abusos de poder y garantizar que la intervención militar no derive en violaciones sistemáticas de
derechos humanos.
La jurisprudencia ecuatoriana ha sido determinante en la delimitación de los límites
constitucionales de la militarización de la seguridad pública. A través de diversos fallos, la Corte
Constitucional ha señalado que la seguridad pública es competencia exclusiva de la Policía
Nacional, y que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional, limitada y sujeta a
control judicial.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3293
Si bien el Estado tiene la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas en situaciones
extraordinarias, la militarización prolongada afecta la institucionalidad democrática y puede
derivar en vulneraciones a los derechos fundamentales. Por ello, cualquier política de seguridad
debe enfocarse en el fortalecimiento de las instituciones civiles, la capacitación en derechos
humanos y la supervisión estricta del uso de la fuerza.
Ecuador debe garantizar que las decisiones en materia de seguridad pública se mantengan
dentro de los límites constitucionales e internacionales, evitando que la militarización se convierta
en una práctica habitual que comprometa los principios democráticos y el respeto a los derechos
humanos.
DISCUSIÓN
El análisis sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna en
Ecuador pone en evidencia la complejidad de esta estrategia y los desafíos que implica para la
protección de los derechos humanos. La militarización de la seguridad ha sido una medida
recurrente en América Latina, justificada principalmente por la necesidad de combatir el crimen
organizado y responder a crisis de violencia. Sin embargo, este enfoque ha generado debates sobre
su eficacia a largo plazo y sobre las consecuencias que conlleva en la institucionalidad
democrática y el respeto a las garantías fundamentales.
La implementación de operativos militares en contextos de seguridad interna suele estar
impulsada por la percepción de que las instituciones policiales son insuficientes para hacer frente
a amenazas de gran escala. En muchos casos, la Policía Nacional carece de los recursos, la
formación y la capacidad operativa para enfrentar organizaciones criminales altamente
estructuradas. Esto ha llevado a que los gobiernos recurran a las Fuerzas Armadas como un
mecanismo de respuesta inmediata ante situaciones de violencia descontrolada. No obstante, esta
solución, aunque efectiva en ciertos aspectos operativos, plantea interrogantes sobre su impacto
en la estructura del Estado y el equilibrio de poderes.
Uno de los principales problemas de la militarización es la alteración del modelo de
seguridad pública. Las Fuerzas Armadas están diseñadas para la defensa nacional y la protección
de la soberanía frente a amenazas externas, no para la gestión del orden público. Su intervención
en tareas policiales puede generar confusión en los roles y funciones de las instituciones de
seguridad, debilitando la autonomía y la especialización de la Policía Nacional. Además, al asumir
responsabilidades que no les son propias, los militares pueden enfrentar dificultades en el manejo
de conflictos civiles, lo que incrementa el riesgo de uso excesivo de la fuerza y vulneraciones de
derechos fundamentales.
Otro aspecto relevante es la percepción ciudadana respecto a la presencia militar en las
calles. Si bien algunos sectores de la población pueden considerar esta medida como una garantía
de seguridad, otros la perciben como una forma de represión y una amenaza a sus libertades. La
Si bien el Estado tiene la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas en situaciones
extraordinarias, la militarización prolongada afecta la institucionalidad democrática y puede
derivar en vulneraciones a los derechos fundamentales. Por ello, cualquier política de seguridad
debe enfocarse en el fortalecimiento de las instituciones civiles, la capacitación en derechos
humanos y la supervisión estricta del uso de la fuerza.
Ecuador debe garantizar que las decisiones en materia de seguridad pública se mantengan
dentro de los límites constitucionales e internacionales, evitando que la militarización se convierta
en una práctica habitual que comprometa los principios democráticos y el respeto a los derechos
humanos.
DISCUSIÓN
El análisis sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna en
Ecuador pone en evidencia la complejidad de esta estrategia y los desafíos que implica para la
protección de los derechos humanos. La militarización de la seguridad ha sido una medida
recurrente en América Latina, justificada principalmente por la necesidad de combatir el crimen
organizado y responder a crisis de violencia. Sin embargo, este enfoque ha generado debates sobre
su eficacia a largo plazo y sobre las consecuencias que conlleva en la institucionalidad
democrática y el respeto a las garantías fundamentales.
La implementación de operativos militares en contextos de seguridad interna suele estar
impulsada por la percepción de que las instituciones policiales son insuficientes para hacer frente
a amenazas de gran escala. En muchos casos, la Policía Nacional carece de los recursos, la
formación y la capacidad operativa para enfrentar organizaciones criminales altamente
estructuradas. Esto ha llevado a que los gobiernos recurran a las Fuerzas Armadas como un
mecanismo de respuesta inmediata ante situaciones de violencia descontrolada. No obstante, esta
solución, aunque efectiva en ciertos aspectos operativos, plantea interrogantes sobre su impacto
en la estructura del Estado y el equilibrio de poderes.
Uno de los principales problemas de la militarización es la alteración del modelo de
seguridad pública. Las Fuerzas Armadas están diseñadas para la defensa nacional y la protección
de la soberanía frente a amenazas externas, no para la gestión del orden público. Su intervención
en tareas policiales puede generar confusión en los roles y funciones de las instituciones de
seguridad, debilitando la autonomía y la especialización de la Policía Nacional. Además, al asumir
responsabilidades que no les son propias, los militares pueden enfrentar dificultades en el manejo
de conflictos civiles, lo que incrementa el riesgo de uso excesivo de la fuerza y vulneraciones de
derechos fundamentales.
Otro aspecto relevante es la percepción ciudadana respecto a la presencia militar en las
calles. Si bien algunos sectores de la población pueden considerar esta medida como una garantía
de seguridad, otros la perciben como una forma de represión y una amenaza a sus libertades. La
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presencia prolongada de efectivos militares en espacios urbanos puede afectar la relación entre el
Estado y la sociedad, generando desconfianza y una sensación de vigilancia constante. Esto es
especialmente preocupante en contextos de protestas sociales o movilizaciones ciudadanas, donde
la intervención de las Fuerzas Armadas puede ser vista como un intento de coartar el derecho a la
manifestación y la libre expresión.
Además, la militarización prolongada puede debilitar el sistema democrático y la
institucionalidad del Estado. Cuando un gobierno recurre de manera reiterada a las Fuerzas
Armadas para atender problemas de seguridad pública, se corre el riesgo de que la estructura de
poder se desplace hacia un modelo de control basado en la coerción. Esto puede derivar en la
consolidación de un Estado securitizado, donde las políticas de prevención y justicia ceden
espacio a estrategias de control basadas en la fuerza. En este sentido, el desafío radica en
establecer límites claros para evitar que la militarización se convierta en una práctica habitual y
en garantizar que el uso de la fuerza se mantenga dentro de los principios de proporcionalidad y
legalidad.
Un elemento adicional para considerar es la necesidad de fortalecer las capacidades
institucionales de la Policía Nacional. La seguridad pública no debe depender exclusivamente de
la presencia militar, sino de un modelo integral que combine la formación especializada de las
fuerzas policiales con estrategias de prevención del delito. La inversión en tecnología,
infraestructura y capacitación de la Policía es una alternativa más sostenible y menos riesgosa que
la militarización. Además, es fundamental que los organismos de seguridad actúen bajo estrictos
mecanismos de control y rendición de cuentas, asegurando que su labor se alinee con los
principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.
En definitiva, la militarización de la seguridad en Ecuador plantea un dilema entre la
necesidad de responder de manera efectiva a la crisis de violencia y el deber de proteger los
derechos de la ciudadanía. Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas puede ser una medida
de corto plazo para contener el crimen organizado y garantizar el orden, su implementación debe
ser excepcional, limitada y bajo un marco normativo sólido. La seguridad no puede abordarse
únicamente desde una perspectiva reactiva, sino que requiere políticas integrales que refuercen la
institucionalidad y promuevan un enfoque de prevención, justicia y respeto a los derechos
humanos. El reto del Estado es encontrar un equilibrio entre el mantenimiento del orden y la
garantía de las libertades fundamentales, evitando que la militarización se convierta en una
solución permanente que comprometa la estabilidad democrática.
CONCLUSIONES
El análisis sobre la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha permitido
identificar sus implicaciones en la protección de los derechos humanos y la institucionalidad
democrática. Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna se
presencia prolongada de efectivos militares en espacios urbanos puede afectar la relación entre el
Estado y la sociedad, generando desconfianza y una sensación de vigilancia constante. Esto es
especialmente preocupante en contextos de protestas sociales o movilizaciones ciudadanas, donde
la intervención de las Fuerzas Armadas puede ser vista como un intento de coartar el derecho a la
manifestación y la libre expresión.
Además, la militarización prolongada puede debilitar el sistema democrático y la
institucionalidad del Estado. Cuando un gobierno recurre de manera reiterada a las Fuerzas
Armadas para atender problemas de seguridad pública, se corre el riesgo de que la estructura de
poder se desplace hacia un modelo de control basado en la coerción. Esto puede derivar en la
consolidación de un Estado securitizado, donde las políticas de prevención y justicia ceden
espacio a estrategias de control basadas en la fuerza. En este sentido, el desafío radica en
establecer límites claros para evitar que la militarización se convierta en una práctica habitual y
en garantizar que el uso de la fuerza se mantenga dentro de los principios de proporcionalidad y
legalidad.
Un elemento adicional para considerar es la necesidad de fortalecer las capacidades
institucionales de la Policía Nacional. La seguridad pública no debe depender exclusivamente de
la presencia militar, sino de un modelo integral que combine la formación especializada de las
fuerzas policiales con estrategias de prevención del delito. La inversión en tecnología,
infraestructura y capacitación de la Policía es una alternativa más sostenible y menos riesgosa que
la militarización. Además, es fundamental que los organismos de seguridad actúen bajo estrictos
mecanismos de control y rendición de cuentas, asegurando que su labor se alinee con los
principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.
En definitiva, la militarización de la seguridad en Ecuador plantea un dilema entre la
necesidad de responder de manera efectiva a la crisis de violencia y el deber de proteger los
derechos de la ciudadanía. Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas puede ser una medida
de corto plazo para contener el crimen organizado y garantizar el orden, su implementación debe
ser excepcional, limitada y bajo un marco normativo sólido. La seguridad no puede abordarse
únicamente desde una perspectiva reactiva, sino que requiere políticas integrales que refuercen la
institucionalidad y promuevan un enfoque de prevención, justicia y respeto a los derechos
humanos. El reto del Estado es encontrar un equilibrio entre el mantenimiento del orden y la
garantía de las libertades fundamentales, evitando que la militarización se convierta en una
solución permanente que comprometa la estabilidad democrática.
CONCLUSIONES
El análisis sobre la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha permitido
identificar sus implicaciones en la protección de los derechos humanos y la institucionalidad
democrática. Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna se
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ha justificado como una medida de emergencia ante el incremento del crimen organizado y la
violencia, su aplicación prolongada genera una serie de desafíos que requieren un abordaje
integral y equilibrado.
Uno de los hallazgos más relevantes es que la militarización ha sido utilizada en diversos
países de América Latina como una respuesta a la falta de capacidad de las fuerzas policiales para
enfrentar amenazas de alta intensidad. Sin embargo, la evidencia demuestra que este enfoque,
aunque puede generar resultados inmediatos en la reducción de la criminalidad, también conlleva
riesgos significativos para los derechos fundamentales. La falta de formación de los militares en
el manejo de conflictos civiles y el uso adecuado de la fuerza ha derivado en situaciones de abuso,
represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo que a largo plazo afecta la confianza
de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.
Desde el punto de vista normativo, el marco legal ecuatoriano establece que la seguridad
interna es una competencia exclusiva de la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas
deben centrarse en la defensa de la soberanía. No obstante, la normativa vigente permite su
participación en situaciones excepcionales, lo que ha llevado a una creciente dependencia de la
militarización como estrategia de seguridad pública. Este fenómeno ha sido cuestionado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que ha reiterado la necesidad de mantener
una clara separación de funciones y ha enfatizado la importancia de garantizar que cualquier
intervención de la fuerza militar se realice bajo un estricto control judicial y con pleno respeto a
los derechos humanos.
Un aspecto fundamental es que la militarización de la seguridad interna no debe ser vista
como una solución estructural a los problemas de violencia y criminalidad. Si bien puede
contribuir en determinadas circunstancias a contener crisis de seguridad, su uso indiscriminado
puede debilitar la institucionalidad democrática y generar una percepción de represión estatal.
Además, su aplicación prolongada tiende a desplazar la responsabilidad de la Policía Nacional, lo
que pone en riesgo la especialización y autonomía de las instituciones encargadas del orden
público.
En este sentido, es imperativo que el Estado ecuatoriano refuerce el papel de la Policía
Nacional mediante estrategias que fortalezcan su capacidad operativa, profesionalización y
modernización. La implementación de programas de formación en derechos humanos, el uso
adecuado de la fuerza y la gestión de conflictos civiles resulta esencial para garantizar una
seguridad pública eficaz y respetuosa de los principios democráticos. Asimismo, es necesario
establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisión en caso de que las Fuerzas
Armadas intervengan en situaciones excepcionales, con el objetivo de prevenir abusos y
garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Finalmente, la militarización de la seguridad debe ser vista como una medida de última
instancia, aplicable solo en contextos excepcionales y bajo estrictos controles legales. La
ha justificado como una medida de emergencia ante el incremento del crimen organizado y la
violencia, su aplicación prolongada genera una serie de desafíos que requieren un abordaje
integral y equilibrado.
Uno de los hallazgos más relevantes es que la militarización ha sido utilizada en diversos
países de América Latina como una respuesta a la falta de capacidad de las fuerzas policiales para
enfrentar amenazas de alta intensidad. Sin embargo, la evidencia demuestra que este enfoque,
aunque puede generar resultados inmediatos en la reducción de la criminalidad, también conlleva
riesgos significativos para los derechos fundamentales. La falta de formación de los militares en
el manejo de conflictos civiles y el uso adecuado de la fuerza ha derivado en situaciones de abuso,
represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo que a largo plazo afecta la confianza
de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.
Desde el punto de vista normativo, el marco legal ecuatoriano establece que la seguridad
interna es una competencia exclusiva de la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas
deben centrarse en la defensa de la soberanía. No obstante, la normativa vigente permite su
participación en situaciones excepcionales, lo que ha llevado a una creciente dependencia de la
militarización como estrategia de seguridad pública. Este fenómeno ha sido cuestionado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que ha reiterado la necesidad de mantener
una clara separación de funciones y ha enfatizado la importancia de garantizar que cualquier
intervención de la fuerza militar se realice bajo un estricto control judicial y con pleno respeto a
los derechos humanos.
Un aspecto fundamental es que la militarización de la seguridad interna no debe ser vista
como una solución estructural a los problemas de violencia y criminalidad. Si bien puede
contribuir en determinadas circunstancias a contener crisis de seguridad, su uso indiscriminado
puede debilitar la institucionalidad democrática y generar una percepción de represión estatal.
Además, su aplicación prolongada tiende a desplazar la responsabilidad de la Policía Nacional, lo
que pone en riesgo la especialización y autonomía de las instituciones encargadas del orden
público.
En este sentido, es imperativo que el Estado ecuatoriano refuerce el papel de la Policía
Nacional mediante estrategias que fortalezcan su capacidad operativa, profesionalización y
modernización. La implementación de programas de formación en derechos humanos, el uso
adecuado de la fuerza y la gestión de conflictos civiles resulta esencial para garantizar una
seguridad pública eficaz y respetuosa de los principios democráticos. Asimismo, es necesario
establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisión en caso de que las Fuerzas
Armadas intervengan en situaciones excepcionales, con el objetivo de prevenir abusos y
garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Finalmente, la militarización de la seguridad debe ser vista como una medida de última
instancia, aplicable solo en contextos excepcionales y bajo estrictos controles legales. La
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seguridad ciudadana no puede depender exclusivamente del uso de la fuerza, sino que requiere
un enfoque integral basado en la prevención del delito, el fortalecimiento de la justicia y la
inversión en políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia. Solo a través
de una estrategia equilibrada que combine el respeto a los derechos humanos con un modelo de
seguridad eficaz y sostenible, se podrá garantizar la estabilidad y el bienestar de la sociedad
ecuatoriana en el largo plazo.
seguridad ciudadana no puede depender exclusivamente del uso de la fuerza, sino que requiere
un enfoque integral basado en la prevención del delito, el fortalecimiento de la justicia y la
inversión en políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia. Solo a través
de una estrategia equilibrada que combine el respeto a los derechos humanos con un modelo de
seguridad eficaz y sostenible, se podrá garantizar la estabilidad y el bienestar de la sociedad
ecuatoriana en el largo plazo.
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