Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3736
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.837
Femicidio en Ecuador: el desafío del realismo jurídico ante la
impunidad y la violencia sistemática hacia las mujeres
Femicide in Ecuador: the challenge of legal realism against impunity and systematic
violence against women
María Teresa Macias Bowen
mmacias@umet.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-1306-6175
Investigador Independiente
Silvia Nataly Macías Bowen
nataly.macias@educacion.gob.ec
https://orcid.org/0000-0003-1622-0721
Investigador Independiente
Patricia Angelita Mendieta Sarmiento
pmendieta@defensoria.gob.ec
https://orcid.org/0009-0005-3828-4357
Investigador Independiente
Artículo recibido: 10 febrero 2025 - Aceptado para publicación: 20 marzo 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
La violencia de género, en particular el femicidio, constituye una grave problemática en Ecuador,
que revela fallas significativas en las estructuras judiciales y sociales. Este artículo emplea una
metodología cualitativa interpretativa y un diseño documental analítico para examinar casos
emblemáticos como los de Karina del Pozo y María Belén Bernal. Estos casos evidencian la
desconexión entre las leyes existentes y su aplicación práctica, reflejando barreras institucionales
y culturales que perpetúan la violencia de género. Los principales hallazgos incluyen la persistente
impunidad en los casos de femicidio, lo que demuestra que, a pesar de las normativas vigentes,
las leyes no se implementan de manera efectiva. Asimismo, se observa que el sistema judicial
muestra resistencia a reconocer el femicidio como un problema estructural, lo cual impide una
respuesta judicial adecuada y eficaz. Otro hallazgo clave es la influencia de las dinámicas de
poder y los prejuicios de género que afectan el proceso judicial. El análisis concluye que es
urgente una reforma judicial integral, que no solo modifique las leyes, sino que también incorpore
una perspectiva de género en la formación de los operadores de justicia. Además, se destaca la
importancia de la sociedad civil como motor de cambio, que impulsa una cultura de igualdad,
respeto y justicia para las mujeres, esencial para erradicar el femicidio y la violencia de género
en el país.
Palabras clave: mujer, violencia, impunidad, justicia, pena
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3737
ABSTRACT
Gender-based violence, particularly femicide, constitutes a serious issue in Ecuador, revealing
significant flaws in judicial and social structures. This article uses a qualitative interpretive
methodology and an analytical documentary design to examine emblematic cases such as those
of Karina del Pozo and María Belén Bernal. These cases highlight the disconnect between existing
laws and their practical application, reflecting institutional and cultural barriers that perpetuate
gender-based violence. Key findings include the persistent impunity in femicide cases,
demonstrating that despite current regulations, laws are not effectively implemented.
Additionally, it is observed that the judicial system resists recognizing femicide as a structural
problem, hindering an appropriate and effective judicial response. Another key finding is the
influence of power dynamics and gender biases that affect the judicial process. The analysis
concludes that comprehensive judicial reform is urgent, which should not only modify laws but
also incorporate a gender perspective in the training of justice operators. Furthermore, the
importance of civil society as a driving force for change is emphasized, promoting a culture of
equality, respect, and justice for women, which is essential to eradicate femicide and gender-
based violence in the country.
Keywords: woman, violence, impunity, justice, punishment
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
ABSTRACT
Gender-based violence, particularly femicide, constitutes a serious issue in Ecuador, revealing
significant flaws in judicial and social structures. This article uses a qualitative interpretive
methodology and an analytical documentary design to examine emblematic cases such as those
of Karina del Pozo and María Belén Bernal. These cases highlight the disconnect between existing
laws and their practical application, reflecting institutional and cultural barriers that perpetuate
gender-based violence. Key findings include the persistent impunity in femicide cases,
demonstrating that despite current regulations, laws are not effectively implemented.
Additionally, it is observed that the judicial system resists recognizing femicide as a structural
problem, hindering an appropriate and effective judicial response. Another key finding is the
influence of power dynamics and gender biases that affect the judicial process. The analysis
concludes that comprehensive judicial reform is urgent, which should not only modify laws but
also incorporate a gender perspective in the training of justice operators. Furthermore, the
importance of civil society as a driving force for change is emphasized, promoting a culture of
equality, respect, and justice for women, which is essential to eradicate femicide and gender-
based violence in the country.
Keywords: woman, violence, impunity, justice, punishment
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3738
INTRODUCCIÓN
Este trabajo busca no solo arrojar luz sobre la magnitud y las dinámicas del femicidio en
Ecuador, sino también aporta con propuestas teóricas y prácticas para fortalezcan el sistema
judicial. La violencia de género no es solo un problema de las víctimas, sino un desafío colectivo
que exige el compromiso de toda la sociedad para erradicar la cultura de la impunidad y construir
un entorno donde las mujeres puedan vivir libres de violencia.
El femicidio, como manifestación extrema de la violencia de género, se erige como una de
las problemáticas sociales más graves y dolorosas en Ecuador. Este fenómeno, que ha cobrado
cientos de vidas, refleja no solo la vulnerabilidad de las mujeres, sino también la profunda
desigualdad estructural que prevalece en la sociedad ecuatoriana. A pesar de las reformas legales
y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, las cifras siguen siendo alarmantes.
Según el Observatorio Nacional de la Violencia de Género, entre 2014 y 2023 se registraron más
de 1.000 casos de femicidio (), una realidad que persiste y, en algunos aspectos, se intensifica,
revelando las fallas y vacíos en el sistema judicial del país. Este panorama exige un análisis más
allá de las estadísticas, que permita identificar las causas sociales, culturales y estructurales que
perpetúan esta tragedia.
El presente trabajo se propone abordar el fenómeno del femicidio en Ecuador desde la
perspectiva del realismo jurídico, un enfoque que, como sostiene Riccardo Guastini, permite
examinar el derecho no solo como un conjunto de normas escritas, sino como un sistema vivo
cuyo éxito depende de su aplicación en contextos sociales específicos. Este enfoque es crucial
para entender cómo las estructuras patriarcales y las dinámicas de impunidad operan en los
sistemas judiciales, minando su capacidad de ofrecer respuestas eficaces frente a la violencia de
género. A través de este marco teórico, se pretende analizar casos emblemáticos como los de
Karina del Pozo y María Belén Bernal, cuyas muertes han evidenciado las profundas fallas del
sistema y generado un clamor social por una reforma integral en la protección de las mujeres.
El objetivo principal de este estudio es evaluar cómo el sistema judicial ecuatoriano ha
enfrentado los casos de femicidio, identificando las barreras en la implementación de las leyes
existentes, los factores culturales que perpetúan la violencia y las posibles estrategias para una
transformación estructural que garantice la justicia y la equidad. Se busca contribuir al debate
académico y, a su vez, ofrecer propuestas concretas que fortalezcan el sistema judicial y
promuevan una mayor sensibilidad y eficacia frente a los crímenes de género.
La investigación se enmarca dentro de un enfoque metodológico cualitativo, bajo el
paradigma interpretativo, que emplea el análisis documental y el estudio de casos específicos. Se
revisaron normativas nacionales, sentencias judiciales, informes de organismos internacionales,
literatura especializada y artículos periodísticos para construir una visión integral sobre la
magnitud y las dinámicas del femicidio en Ecuador. Las técnicas utilizadas incluyen la revisión
INTRODUCCIÓN
Este trabajo busca no solo arrojar luz sobre la magnitud y las dinámicas del femicidio en
Ecuador, sino también aporta con propuestas teóricas y prácticas para fortalezcan el sistema
judicial. La violencia de género no es solo un problema de las víctimas, sino un desafío colectivo
que exige el compromiso de toda la sociedad para erradicar la cultura de la impunidad y construir
un entorno donde las mujeres puedan vivir libres de violencia.
El femicidio, como manifestación extrema de la violencia de género, se erige como una de
las problemáticas sociales más graves y dolorosas en Ecuador. Este fenómeno, que ha cobrado
cientos de vidas, refleja no solo la vulnerabilidad de las mujeres, sino también la profunda
desigualdad estructural que prevalece en la sociedad ecuatoriana. A pesar de las reformas legales
y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, las cifras siguen siendo alarmantes.
Según el Observatorio Nacional de la Violencia de Género, entre 2014 y 2023 se registraron más
de 1.000 casos de femicidio (), una realidad que persiste y, en algunos aspectos, se intensifica,
revelando las fallas y vacíos en el sistema judicial del país. Este panorama exige un análisis más
allá de las estadísticas, que permita identificar las causas sociales, culturales y estructurales que
perpetúan esta tragedia.
El presente trabajo se propone abordar el fenómeno del femicidio en Ecuador desde la
perspectiva del realismo jurídico, un enfoque que, como sostiene Riccardo Guastini, permite
examinar el derecho no solo como un conjunto de normas escritas, sino como un sistema vivo
cuyo éxito depende de su aplicación en contextos sociales específicos. Este enfoque es crucial
para entender cómo las estructuras patriarcales y las dinámicas de impunidad operan en los
sistemas judiciales, minando su capacidad de ofrecer respuestas eficaces frente a la violencia de
género. A través de este marco teórico, se pretende analizar casos emblemáticos como los de
Karina del Pozo y María Belén Bernal, cuyas muertes han evidenciado las profundas fallas del
sistema y generado un clamor social por una reforma integral en la protección de las mujeres.
El objetivo principal de este estudio es evaluar cómo el sistema judicial ecuatoriano ha
enfrentado los casos de femicidio, identificando las barreras en la implementación de las leyes
existentes, los factores culturales que perpetúan la violencia y las posibles estrategias para una
transformación estructural que garantice la justicia y la equidad. Se busca contribuir al debate
académico y, a su vez, ofrecer propuestas concretas que fortalezcan el sistema judicial y
promuevan una mayor sensibilidad y eficacia frente a los crímenes de género.
La investigación se enmarca dentro de un enfoque metodológico cualitativo, bajo el
paradigma interpretativo, que emplea el análisis documental y el estudio de casos específicos. Se
revisaron normativas nacionales, sentencias judiciales, informes de organismos internacionales,
literatura especializada y artículos periodísticos para construir una visión integral sobre la
magnitud y las dinámicas del femicidio en Ecuador. Las técnicas utilizadas incluyen la revisión
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3739
bibliográfica, el análisis jurisprudencial y un análisis crítico de los discursos institucionales y las
prácticas judiciales en el país. Este trabajo pretende no solo arrojar luz sobre la magnitud del
problema, sino también aportar con propuestas que fortalezcan el sistema judicial y avancen en
la erradicación de la violencia de género.
DESARROLLO
El realismo jurídico y la brecha entre la ley y su aplicación en casos de femicidio
El realismo jurídico destaca que las leyes, aunque sean diseñadas para generar justicia o
por mas estructuradas que estén para proteger los derechos, normalmente choca con la realidad
social y eficacia de su implementación. En el caso del femicidio en Ecuador, la desunión entre lo
que dicta la ley y la manera en que se aplica en la vida real muestra una clara disfuncionalidad en
el sistema judicial. Según Guastini (2022), considera que, a distancia entre la ley como un ideal
y su efectividad en la realidad, observando que las estructuras de poder y las prácticas sociales
influyen en la aplicación del derecho.
El femicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género, es decir, cuando la
víctima es asesinada debido a su condición de mujer, y normalmente está asociado con una
historia de violencia física, psicológica o sexual. En Ecuador a pesar de que el Código Orgánico
Integral Penal (), establece el femicidio como un delito en su articulo 141, con una pena de 22 a
26 años de prisión, las tasas de impunidad y la continua violencia de género indican que la ley no
cumple con su función de protección. El realismo jurídico según Guastini (2022), considera que
las leyes deben ser evaluadas en función de su aplicación real, más que por su simple formulación
normativa.
Pese a la legislación avanzada, que contempla penas severas para los responsables de
femicidio, las cifras de violencia de género en Ecuador siguen siendo alarmantes. Según el
Ministerio del la mujer y derechos humanos y el sistema de información de Ecuador (2024), desde
el 2014 al 2024 , se reportaron 795 feminicidios, lo que evidencia la ineficacia en la prevención
y sanción de este delito. Esta situación refleja que, aunque el marco normativo está diseñado para
proteger a las mujeres, las barreras institucionales y sociales impiden que las leyes se materialicen
en justicia real para las víctimas.
Otro aspecto crucial es la impunidad, que sigue siendo un obstáculo significativo para la
justicia. De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género (2021), más del 50% de los casos
de femicidio en Ecuador no llegan a juicio, y de los que llegan, muchos terminan con sentencias
leves o sin condena. Esto genera un clima de desconfianza en las instituciones judiciales, donde
las mujeres se sienten desprotegidas y sin garantías de justicia.
Caso Karina del Pozo
El caso ocurrido en 2013, en Ecuador y puso a la vista la violencia de género en el país.
Karina, una joven de 20 años, fue reportada como desaparecida el 20 de febrero de 2013, y su
bibliográfica, el análisis jurisprudencial y un análisis crítico de los discursos institucionales y las
prácticas judiciales en el país. Este trabajo pretende no solo arrojar luz sobre la magnitud del
problema, sino también aportar con propuestas que fortalezcan el sistema judicial y avancen en
la erradicación de la violencia de género.
DESARROLLO
El realismo jurídico y la brecha entre la ley y su aplicación en casos de femicidio
El realismo jurídico destaca que las leyes, aunque sean diseñadas para generar justicia o
por mas estructuradas que estén para proteger los derechos, normalmente choca con la realidad
social y eficacia de su implementación. En el caso del femicidio en Ecuador, la desunión entre lo
que dicta la ley y la manera en que se aplica en la vida real muestra una clara disfuncionalidad en
el sistema judicial. Según Guastini (2022), considera que, a distancia entre la ley como un ideal
y su efectividad en la realidad, observando que las estructuras de poder y las prácticas sociales
influyen en la aplicación del derecho.
El femicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género, es decir, cuando la
víctima es asesinada debido a su condición de mujer, y normalmente está asociado con una
historia de violencia física, psicológica o sexual. En Ecuador a pesar de que el Código Orgánico
Integral Penal (), establece el femicidio como un delito en su articulo 141, con una pena de 22 a
26 años de prisión, las tasas de impunidad y la continua violencia de género indican que la ley no
cumple con su función de protección. El realismo jurídico según Guastini (2022), considera que
las leyes deben ser evaluadas en función de su aplicación real, más que por su simple formulación
normativa.
Pese a la legislación avanzada, que contempla penas severas para los responsables de
femicidio, las cifras de violencia de género en Ecuador siguen siendo alarmantes. Según el
Ministerio del la mujer y derechos humanos y el sistema de información de Ecuador (2024), desde
el 2014 al 2024 , se reportaron 795 feminicidios, lo que evidencia la ineficacia en la prevención
y sanción de este delito. Esta situación refleja que, aunque el marco normativo está diseñado para
proteger a las mujeres, las barreras institucionales y sociales impiden que las leyes se materialicen
en justicia real para las víctimas.
Otro aspecto crucial es la impunidad, que sigue siendo un obstáculo significativo para la
justicia. De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género (2021), más del 50% de los casos
de femicidio en Ecuador no llegan a juicio, y de los que llegan, muchos terminan con sentencias
leves o sin condena. Esto genera un clima de desconfianza en las instituciones judiciales, donde
las mujeres se sienten desprotegidas y sin garantías de justicia.
Caso Karina del Pozo
El caso ocurrido en 2013, en Ecuador y puso a la vista la violencia de género en el país.
Karina, una joven de 20 años, fue reportada como desaparecida el 20 de febrero de 2013, y su
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3740
cuerpo sin vida fue encontrado ocho días después en una quebrada en Llano Grande, al nororiente
de Quito, presentando signos de tortura y agresión sexual. Las investigaciones señalaron a David
Piña, Gustavo Salazar y José Sevilla como los principales sospechosos. Fueron detenidos el 27
de febrero de 2013 y enfrentaron cargos por asesinato.
En septiembre de 2013, se presentaron al juicio donde el Tribunal Séptimo de Garantías
Penales de Pichincha los declaró culpables del asesinato de Karina del Pozo. Cada uno fue
sentenciado a 25 años de reclusión mayor especial y a pagar una indemnización de 20.000 dólares
a los familiares de la víctima.
Esta decisión del juez provoco que los sentenciados hagan la debida apelación; sin
embargo, en febrero de 2014, la Corte Provincial de Pichincha ratificó las condenas, considerando
que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran irrefutables.
La ultima actualización del caso es en mayo de 2023, que se informó que David Piña, uno
de los sentenciados como autor del asesinato, obtuvo el beneficio de la prelibertad tras cumplir
10 años de prisión. Este caso tuvo un impacto significativo en la sociedad ecuatoriana,
impulsando debates sobre la violencia de género y la necesidad de fortalecer las leyes para
proteger a las mujeres (2013).
El caso de Karina del Pozo no solo puso de relieve las falencias del sistema judicial en el
tratamiento de los crímenes de género, sino que también abrió un debate profundo sobre la
efectividad de las leyes para combatir la violencia contra las mujeres en Ecuador. Aunque las
condenas iniciales representaron un avance en la búsqueda de justicia, la obtención de beneficios
penitenciarios por parte de los responsables evidencia las inconsistencias del sistema judicial y
las limitaciones en la aplicación de sanciones ejemplares.
Desde el enfoque del realismo jurídico, este caso refleja cómo las dinámicas del sistema
judicial pueden ser influenciadas por factores ajenos al derecho escrito, como las interpretaciones
subjetivas de los jueces y la presión social. Según Guastini (2022), "la eficacia de una norma
jurídica no solo radica en su existencia formal, sino en cómo es aplicada y entendida en un
contexto social específico". En este sentido, la prelibertad otorgada a David Piña pone en
entredicho la percepción de justicia para las víctimas y sus familias.
Caso de María Belén Bernal: La inmunidad y las estructuras de poder en la aplicación de
la ley
El caso de María Belén Bernal es otro ejemplo claro de la desconexión entre las normas
legales y su aplicación efectiva, así como de la impunidad que sigue prevaleciendo en muchos
casos de femicidio en Ecuador. En septiembre de 2022, María Belén Bernal, una mujer de 34
años, fue brutalmente asesinada por su pareja, quien era un miembro activo de la Policía Nacional.
La víctima fue reportada como desaparecida, y tras intensas búsquedas, se descubrió que había
sido asesinada dentro de una de las instalaciones policiales en Quito.
cuerpo sin vida fue encontrado ocho días después en una quebrada en Llano Grande, al nororiente
de Quito, presentando signos de tortura y agresión sexual. Las investigaciones señalaron a David
Piña, Gustavo Salazar y José Sevilla como los principales sospechosos. Fueron detenidos el 27
de febrero de 2013 y enfrentaron cargos por asesinato.
En septiembre de 2013, se presentaron al juicio donde el Tribunal Séptimo de Garantías
Penales de Pichincha los declaró culpables del asesinato de Karina del Pozo. Cada uno fue
sentenciado a 25 años de reclusión mayor especial y a pagar una indemnización de 20.000 dólares
a los familiares de la víctima.
Esta decisión del juez provoco que los sentenciados hagan la debida apelación; sin
embargo, en febrero de 2014, la Corte Provincial de Pichincha ratificó las condenas, considerando
que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran irrefutables.
La ultima actualización del caso es en mayo de 2023, que se informó que David Piña, uno
de los sentenciados como autor del asesinato, obtuvo el beneficio de la prelibertad tras cumplir
10 años de prisión. Este caso tuvo un impacto significativo en la sociedad ecuatoriana,
impulsando debates sobre la violencia de género y la necesidad de fortalecer las leyes para
proteger a las mujeres (2013).
El caso de Karina del Pozo no solo puso de relieve las falencias del sistema judicial en el
tratamiento de los crímenes de género, sino que también abrió un debate profundo sobre la
efectividad de las leyes para combatir la violencia contra las mujeres en Ecuador. Aunque las
condenas iniciales representaron un avance en la búsqueda de justicia, la obtención de beneficios
penitenciarios por parte de los responsables evidencia las inconsistencias del sistema judicial y
las limitaciones en la aplicación de sanciones ejemplares.
Desde el enfoque del realismo jurídico, este caso refleja cómo las dinámicas del sistema
judicial pueden ser influenciadas por factores ajenos al derecho escrito, como las interpretaciones
subjetivas de los jueces y la presión social. Según Guastini (2022), "la eficacia de una norma
jurídica no solo radica en su existencia formal, sino en cómo es aplicada y entendida en un
contexto social específico". En este sentido, la prelibertad otorgada a David Piña pone en
entredicho la percepción de justicia para las víctimas y sus familias.
Caso de María Belén Bernal: La inmunidad y las estructuras de poder en la aplicación de
la ley
El caso de María Belén Bernal es otro ejemplo claro de la desconexión entre las normas
legales y su aplicación efectiva, así como de la impunidad que sigue prevaleciendo en muchos
casos de femicidio en Ecuador. En septiembre de 2022, María Belén Bernal, una mujer de 34
años, fue brutalmente asesinada por su pareja, quien era un miembro activo de la Policía Nacional.
La víctima fue reportada como desaparecida, y tras intensas búsquedas, se descubrió que había
sido asesinada dentro de una de las instalaciones policiales en Quito.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3741
Lo que hace especialmente impactante este caso es la percepción de inmunidad y la
connivencia dentro de las estructuras de poder. A pesar de que la Policía Nacional se encontraba
involucrada en el crimen, las investigaciones iniciales fueron lentas y se percibió un posible
encubrimiento del hecho, lo que generó un gran rechazo tanto a nivel nacional como internacional.
La familia de María Belén denunció que hubo esfuerzos por desvirtuar las pruebas y retrasar la
investigación debido a la implicación de un miembro de la institución, lo que refleja las dinámicas
de impunidad que favorecen a aquellos con poder dentro del aparato estatal (2022).
Este caso es un claro ejemplo de cómo las estructuras de poder y las relaciones dentro de
las instituciones estatales afectan la aplicación de la ley, alineándose con los postulados del
realismo jurídico, que destacan cómo la práctica judicial está influenciada por elementos sociales
y políticos que no son necesariamente acordes con el derecho escrito. La sociedad ecuatoriana
vivió una profunda indignación y las protestas exigieron justicia para María Belén Bernal, lo que
provocó una revisión de las políticas internas dentro de la Policía Nacional y un cambio en la
postura institucional frente a la violencia de género. Sin embargo, el caso subraya las deficiencias
en el sistema judicial, y la falta de un enfoque adecuado para abordar los crímenes de violencia
de género cuando las instituciones estatales están implicadas.
La impunidad y la cultura patriarcal
En Ecuador, la impunidad es un factor estructural que contribuye significativamente al
crecimiento del femicidio. A pesar de la existencia de leyes protectoras de los derechos de las
mujeres, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(), los casos de violencia de género no siempre son atendidos con la urgencia y seriedad que
exigen. El artículo 6 de dicha ley establece que "el Estado garantizará a las mujeres el acceso a
una vida libre de violencia" (2018), sin embargo, en la práctica, muchos procesos se estancan
debido a la cultura patriarcal, que aún llegan hasta las decisiones de los operadores de justicia.
Este fenómeno es consistente con lo que señalan diversos estudios sobre violencia de
género en América Latina. Según Borja Salazar (2021), "la invisibilización de las violencias
cotidianas contra las mujeres es una estrategia de control social que refuerza las jerarquías de
género". Casos como el de Karina del Pozo y María Belén Bernal reflejan cómo los prejuicios de
género están presentes en las instituciones encargadas de impartir justicia. En el caso de Bernal,
por ejemplo, la negligencia y la falta de actuación oportuna por parte de las autoridades policiales
y judiciales muestran cómo los estereotipos patriarcales pueden influir en la toma de decisiones,
permitiendo que los perpetradores actúen con relativa libertad.
El papel de los medios de comunicación en la perpetuación y prevención de la violencia de
género
Los medios de comunicación juegan un rol crucial tanto en la perpetuación como en la
prevención de la violencia de género. Aunque muchas veces se les critica por perpetuar
estereotipos machistas y normalizar la violencia, también tienen el poder de transformar la
Lo que hace especialmente impactante este caso es la percepción de inmunidad y la
connivencia dentro de las estructuras de poder. A pesar de que la Policía Nacional se encontraba
involucrada en el crimen, las investigaciones iniciales fueron lentas y se percibió un posible
encubrimiento del hecho, lo que generó un gran rechazo tanto a nivel nacional como internacional.
La familia de María Belén denunció que hubo esfuerzos por desvirtuar las pruebas y retrasar la
investigación debido a la implicación de un miembro de la institución, lo que refleja las dinámicas
de impunidad que favorecen a aquellos con poder dentro del aparato estatal (2022).
Este caso es un claro ejemplo de cómo las estructuras de poder y las relaciones dentro de
las instituciones estatales afectan la aplicación de la ley, alineándose con los postulados del
realismo jurídico, que destacan cómo la práctica judicial está influenciada por elementos sociales
y políticos que no son necesariamente acordes con el derecho escrito. La sociedad ecuatoriana
vivió una profunda indignación y las protestas exigieron justicia para María Belén Bernal, lo que
provocó una revisión de las políticas internas dentro de la Policía Nacional y un cambio en la
postura institucional frente a la violencia de género. Sin embargo, el caso subraya las deficiencias
en el sistema judicial, y la falta de un enfoque adecuado para abordar los crímenes de violencia
de género cuando las instituciones estatales están implicadas.
La impunidad y la cultura patriarcal
En Ecuador, la impunidad es un factor estructural que contribuye significativamente al
crecimiento del femicidio. A pesar de la existencia de leyes protectoras de los derechos de las
mujeres, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(), los casos de violencia de género no siempre son atendidos con la urgencia y seriedad que
exigen. El artículo 6 de dicha ley establece que "el Estado garantizará a las mujeres el acceso a
una vida libre de violencia" (2018), sin embargo, en la práctica, muchos procesos se estancan
debido a la cultura patriarcal, que aún llegan hasta las decisiones de los operadores de justicia.
Este fenómeno es consistente con lo que señalan diversos estudios sobre violencia de
género en América Latina. Según Borja Salazar (2021), "la invisibilización de las violencias
cotidianas contra las mujeres es una estrategia de control social que refuerza las jerarquías de
género". Casos como el de Karina del Pozo y María Belén Bernal reflejan cómo los prejuicios de
género están presentes en las instituciones encargadas de impartir justicia. En el caso de Bernal,
por ejemplo, la negligencia y la falta de actuación oportuna por parte de las autoridades policiales
y judiciales muestran cómo los estereotipos patriarcales pueden influir en la toma de decisiones,
permitiendo que los perpetradores actúen con relativa libertad.
El papel de los medios de comunicación en la perpetuación y prevención de la violencia de
género
Los medios de comunicación juegan un rol crucial tanto en la perpetuación como en la
prevención de la violencia de género. Aunque muchas veces se les critica por perpetuar
estereotipos machistas y normalizar la violencia, también tienen el poder de transformar la
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3742
narrativa pública y sensibilizar a la sociedad. La forma en que los medios cubren casos de
femicidio y violencia de género, y la representación de las víctimas, pueden influir en la
percepción pública y, por ende, en la respuesta judicial y social ante estos crímenes.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), la manera en que
se cubren los casos de violencia de género puede reforzar estereotipos y permitir la
revictimización de las mujeres, al centrarse en su comportamiento y no en el agresor. Además,
cuando los medios de comunicación informan de forma sensacionalista sobre femicidios o
violencia de género, pueden crear una cultura de indiferencia y desensibilización, lo que afecta la
respuesta pública y judicial ante estos crímenes. En Ecuador, varios informes han señalado que
los medios a menudo tratan los casos de violencia de género de manera superficial, lo que
contribuye a la desinformación y normalización del problema (Comisión de Derechos Humanos
de Ecuador, 2022).
Por otro lado, los medios tienen un potencial transformador cuando se utilizan para
sensibilizar y educar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género. Iniciativas como
campañas de concientización y programas de sensibilización en radio, televisión y redes sociales
son herramientas poderosas para cambiar la mentalidad colectiva y prevenir futuros crímenes.
Según Amnistía Internacional (2019), las campañas mediáticas que promueven la igualdad de
género y el respeto en las relaciones humanas pueden contribuir a la reducción de la violencia y
la prevención de femicidios. En Ecuador, el aumento de campañas masivas en medios de
comunicación, dirigidas a sensibilizar sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, podría
ser un paso fundamental para erradicar estas prácticas (2023).
Los retos del sistema judicial
La implementación de reformas judiciales, especialmente en contextos tan complejos como
la violencia de género y el femicidio, requiere ir más allá del ámbito normativo y adentrarse en
los desafíos de la práctica judicial. En Ecuador, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, establece bases importantes para abordar el problema. Sin
embargo, desde la perspectiva del realismo jurídico, es imperativo evaluar cómo estas
disposiciones se traducen en acciones concretas, y si las estructuras judiciales y sociales existentes
están preparadas para enfrentar esta crisis de manera efectiva
La creación de tribunales especializados para atender casos de violencia de género y
femicidio en Ecuador está contemplada en el artículo 38 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018). Este artículo establece que los tribunales
deben estar especializados y contar con jueces capacitados para garantizar la correcta atención de
los casos de violencia de género.El objetivo es asegurar que los casos sean manejados por personal
capacitado, promoviendo una respuesta más efectiva ante la violencia de género y femicidio. Sin
embargo, su implementación enfrenta varios desafíos:
narrativa pública y sensibilizar a la sociedad. La forma en que los medios cubren casos de
femicidio y violencia de género, y la representación de las víctimas, pueden influir en la
percepción pública y, por ende, en la respuesta judicial y social ante estos crímenes.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), la manera en que
se cubren los casos de violencia de género puede reforzar estereotipos y permitir la
revictimización de las mujeres, al centrarse en su comportamiento y no en el agresor. Además,
cuando los medios de comunicación informan de forma sensacionalista sobre femicidios o
violencia de género, pueden crear una cultura de indiferencia y desensibilización, lo que afecta la
respuesta pública y judicial ante estos crímenes. En Ecuador, varios informes han señalado que
los medios a menudo tratan los casos de violencia de género de manera superficial, lo que
contribuye a la desinformación y normalización del problema (Comisión de Derechos Humanos
de Ecuador, 2022).
Por otro lado, los medios tienen un potencial transformador cuando se utilizan para
sensibilizar y educar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género. Iniciativas como
campañas de concientización y programas de sensibilización en radio, televisión y redes sociales
son herramientas poderosas para cambiar la mentalidad colectiva y prevenir futuros crímenes.
Según Amnistía Internacional (2019), las campañas mediáticas que promueven la igualdad de
género y el respeto en las relaciones humanas pueden contribuir a la reducción de la violencia y
la prevención de femicidios. En Ecuador, el aumento de campañas masivas en medios de
comunicación, dirigidas a sensibilizar sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, podría
ser un paso fundamental para erradicar estas prácticas (2023).
Los retos del sistema judicial
La implementación de reformas judiciales, especialmente en contextos tan complejos como
la violencia de género y el femicidio, requiere ir más allá del ámbito normativo y adentrarse en
los desafíos de la práctica judicial. En Ecuador, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, establece bases importantes para abordar el problema. Sin
embargo, desde la perspectiva del realismo jurídico, es imperativo evaluar cómo estas
disposiciones se traducen en acciones concretas, y si las estructuras judiciales y sociales existentes
están preparadas para enfrentar esta crisis de manera efectiva
La creación de tribunales especializados para atender casos de violencia de género y
femicidio en Ecuador está contemplada en el artículo 38 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018). Este artículo establece que los tribunales
deben estar especializados y contar con jueces capacitados para garantizar la correcta atención de
los casos de violencia de género.El objetivo es asegurar que los casos sean manejados por personal
capacitado, promoviendo una respuesta más efectiva ante la violencia de género y femicidio. Sin
embargo, su implementación enfrenta varios desafíos:
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3743
1. Capacitación Insuficiente: A pesar de los esfuerzos de capacitación, jueces y fiscales
muchas veces carecen de formación especializada en perspectiva de género, lo que afecta
la calidad de sus decisiones. En países como España, la creación de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer en 2004 mejoró significativamente la resolución de casos al
incluir personal altamente capacitado (1996).
2. Desigualdades Geográficas: En las zonas rurales del Ecuador, las víctimas enfrentan
mayores barreras de acceso a los servicios judiciales. La falta de tribunales especializados
en estas áreas perpetúa la impunidad y pone en riesgo la vida de las mujeres.
3. Saturación Judicial: Los tribunales enfrentan una sobrecarga de casos que limita su
capacidad para ofrecer respuestas rápidas y efectivas. En Ecuador, se estima que el tiempo
promedio para resolver un caso de feminicidio supera los dos años, lo que evidencia la
urgencia de una reestructuración judicial (Naciones Unidas)
Comparación internacional
Naciones como España, Argentina y Noruega han desarrollado modelos efectivos que no
solo fortalecen la respuesta judicial, sino que también abordan las causas estructurales de la
violencia de género. Estos ejemplos internacionales destacan la importancia de un enfoque
integral que combine medidas legales, sociales y tecnológicas.
En el caso de España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género establece un modelo pionero que integra tribunales especializados en
violencia de género, los cuales son atendidos por jueces y fiscales capacitados en la materia (Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género., 2004). Este sistema permite tramitar los casos de forma más rápida y con mayor
sensibilidad hacia las víctimas, garantizando protección inmediata, asesoría jurídica gratuita y
apoyo psicológico. Como resultado, España ha reducido los tiempos procesales y aumentado las
tasas de condena en casos de violencia de género (Ministerio de Igualdad, 2023). Ecuador podría
replicar este modelo, asegurando que los tribunales especializados contemplados en la LOIV
cuenten con los recursos necesarios para su operación efectiva y formación continua para los
operadores de justicia.
Por su parte, Noruega se destaca por su enfoque en la rehabilitación de agresores mediante
programas como Alternative to Violence. Este modelo combina terapia grupal e individual,
enfocándose en la responsabilidad de los agresores y la transformación de patrones de conducta.
Según estudios realizados por el instituto, estos programas han logrado reducir significativamente
la reincidencia, creando un impacto positivo tanto en las víctimas como en el entorno social del
agresor (Alternatives to Violence., 2025). Adaptar este enfoque en Ecuador podría complementar
las sanciones penales, ofreciendo herramientas para romper los ciclos de violencia y prevenir
futuros actos de femicidio.
1. Capacitación Insuficiente: A pesar de los esfuerzos de capacitación, jueces y fiscales
muchas veces carecen de formación especializada en perspectiva de género, lo que afecta
la calidad de sus decisiones. En países como España, la creación de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer en 2004 mejoró significativamente la resolución de casos al
incluir personal altamente capacitado (1996).
2. Desigualdades Geográficas: En las zonas rurales del Ecuador, las víctimas enfrentan
mayores barreras de acceso a los servicios judiciales. La falta de tribunales especializados
en estas áreas perpetúa la impunidad y pone en riesgo la vida de las mujeres.
3. Saturación Judicial: Los tribunales enfrentan una sobrecarga de casos que limita su
capacidad para ofrecer respuestas rápidas y efectivas. En Ecuador, se estima que el tiempo
promedio para resolver un caso de feminicidio supera los dos años, lo que evidencia la
urgencia de una reestructuración judicial (Naciones Unidas)
Comparación internacional
Naciones como España, Argentina y Noruega han desarrollado modelos efectivos que no
solo fortalecen la respuesta judicial, sino que también abordan las causas estructurales de la
violencia de género. Estos ejemplos internacionales destacan la importancia de un enfoque
integral que combine medidas legales, sociales y tecnológicas.
En el caso de España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género establece un modelo pionero que integra tribunales especializados en
violencia de género, los cuales son atendidos por jueces y fiscales capacitados en la materia (Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género., 2004). Este sistema permite tramitar los casos de forma más rápida y con mayor
sensibilidad hacia las víctimas, garantizando protección inmediata, asesoría jurídica gratuita y
apoyo psicológico. Como resultado, España ha reducido los tiempos procesales y aumentado las
tasas de condena en casos de violencia de género (Ministerio de Igualdad, 2023). Ecuador podría
replicar este modelo, asegurando que los tribunales especializados contemplados en la LOIV
cuenten con los recursos necesarios para su operación efectiva y formación continua para los
operadores de justicia.
Por su parte, Noruega se destaca por su enfoque en la rehabilitación de agresores mediante
programas como Alternative to Violence. Este modelo combina terapia grupal e individual,
enfocándose en la responsabilidad de los agresores y la transformación de patrones de conducta.
Según estudios realizados por el instituto, estos programas han logrado reducir significativamente
la reincidencia, creando un impacto positivo tanto en las víctimas como en el entorno social del
agresor (Alternatives to Violence., 2025). Adaptar este enfoque en Ecuador podría complementar
las sanciones penales, ofreciendo herramientas para romper los ciclos de violencia y prevenir
futuros actos de femicidio.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3744
En América Latina, Argentina ha implementado estrategias innovadoras como el registro
nacional de femicidios, que recopila estadísticas oficiales actualizadas sobre casos de violencia
de género. Este sistema permite analizar patrones y diseñar políticas públicas basadas en
evidencia. Además, el uso de herramientas tecnológicas, como los botones de pánico conectados
a las fuerzas de seguridad, ha demostrado ser efectivo en la protección inmediata de mujeres en
situaciones de riesgo (2023). En comparación, Ecuador carece de un registro unificado y
confiable, lo que dificulta el diseño de políticas efectivas. La implementación de un sistema de
recopilación de datos similar permitiría un monitoreo más eficiente de los casos y una respuesta
más focalizada.
Estos ejemplos subrayan que el éxito en la lucha contra el femicidio no depende únicamente
de reformas legales, sino también de políticas que aborden la prevención, protección y
rehabilitación de manera integral. Ecuador puede aprender de estas experiencias internacionales,
adaptándolas a su realidad sociocultural para fortalecer su sistema de justicia y garantizar una
respuesta efectiva y sostenible frente a la violencia de género.
El rol de la educación de la violencia de genero y femicidio
La educación es una de las herramientas más poderosas para cambiar las estructuras
sociales que perpetúan la violencia de género. Incluir contenidos sobre igualdad de género,
respeto y resolución pacífica de conflictos en los programas educativos desde la infancia es
esencial para lograr una sociedad más equitativa y libre de violencia. Este enfoque debe ser
implementado en todos los niveles de educación, desde la educación primaria hasta la educación
superior, y adaptado a las realidades socioculturales de cada región.
La Educación en Igualdad de Género no solo implica la enseñanza de conceptos
relacionados con la igualdad y la no violencia, sino también la promoción de actitudes que
favorezcan la empatía y el respeto mutuo. Según el informe de la Unesco (2023), los programas
educativos que incluyen módulos sobre prevención de la violencia de género y derechos humanos
pueden reducir las actitudes tolerantes hacia la violencia y promover una cultura de paz.
En Ecuador, la implementación de programas educativos sobre la igualdad de género y la
prevención del femicidio en las escuelas y universidades podría ser una medida clave para
transformar la mentalidad de las nuevas generaciones. Sin embargo, se requiere una voluntad
política para reformar los planes de estudio, integrar a los docentes en formaciones especializadas
y garantizar que estas iniciativas sean sostenibles a largo plazo. Según un estudio realizado por
UNICEF (2022), la educación en valores y la promoción de relaciones igualitarias en la juventud
es una de las estrategias más efectivas para prevenir la violencia en el futuro.
La educación superior también juega un papel importante en la formación de profesionales
del derecho, jueces y fiscales que trabajarán en el sistema judicial. La inclusión de perspectiva de
género y derechos humanos en los programas de derecho sería esencial para que los futuros
En América Latina, Argentina ha implementado estrategias innovadoras como el registro
nacional de femicidios, que recopila estadísticas oficiales actualizadas sobre casos de violencia
de género. Este sistema permite analizar patrones y diseñar políticas públicas basadas en
evidencia. Además, el uso de herramientas tecnológicas, como los botones de pánico conectados
a las fuerzas de seguridad, ha demostrado ser efectivo en la protección inmediata de mujeres en
situaciones de riesgo (2023). En comparación, Ecuador carece de un registro unificado y
confiable, lo que dificulta el diseño de políticas efectivas. La implementación de un sistema de
recopilación de datos similar permitiría un monitoreo más eficiente de los casos y una respuesta
más focalizada.
Estos ejemplos subrayan que el éxito en la lucha contra el femicidio no depende únicamente
de reformas legales, sino también de políticas que aborden la prevención, protección y
rehabilitación de manera integral. Ecuador puede aprender de estas experiencias internacionales,
adaptándolas a su realidad sociocultural para fortalecer su sistema de justicia y garantizar una
respuesta efectiva y sostenible frente a la violencia de género.
El rol de la educación de la violencia de genero y femicidio
La educación es una de las herramientas más poderosas para cambiar las estructuras
sociales que perpetúan la violencia de género. Incluir contenidos sobre igualdad de género,
respeto y resolución pacífica de conflictos en los programas educativos desde la infancia es
esencial para lograr una sociedad más equitativa y libre de violencia. Este enfoque debe ser
implementado en todos los niveles de educación, desde la educación primaria hasta la educación
superior, y adaptado a las realidades socioculturales de cada región.
La Educación en Igualdad de Género no solo implica la enseñanza de conceptos
relacionados con la igualdad y la no violencia, sino también la promoción de actitudes que
favorezcan la empatía y el respeto mutuo. Según el informe de la Unesco (2023), los programas
educativos que incluyen módulos sobre prevención de la violencia de género y derechos humanos
pueden reducir las actitudes tolerantes hacia la violencia y promover una cultura de paz.
En Ecuador, la implementación de programas educativos sobre la igualdad de género y la
prevención del femicidio en las escuelas y universidades podría ser una medida clave para
transformar la mentalidad de las nuevas generaciones. Sin embargo, se requiere una voluntad
política para reformar los planes de estudio, integrar a los docentes en formaciones especializadas
y garantizar que estas iniciativas sean sostenibles a largo plazo. Según un estudio realizado por
UNICEF (2022), la educación en valores y la promoción de relaciones igualitarias en la juventud
es una de las estrategias más efectivas para prevenir la violencia en el futuro.
La educación superior también juega un papel importante en la formación de profesionales
del derecho, jueces y fiscales que trabajarán en el sistema judicial. La inclusión de perspectiva de
género y derechos humanos en los programas de derecho sería esencial para que los futuros
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3745
operadores de justicia comprendan la importancia de la no discriminación y de aplicar las leyes
de manera justa y equilibrada (2019).
El enfoque interdisciplinario como clave para el cambio
El femicidio no es solo un problema legal; es un fenómeno complejo con raíces profundas
en factores sociales, psicológicos y económicos que requieren un abordaje interdisciplinario. En
este sentido, la incorporación de expertos en género, sociólogos y psicólogos dentro de los
procesos judiciales puede proporcionar una visión integral de las dinámicas que rodean la
violencia de género. Esto ayudaría a los jueces y fiscales a entender mejor los contextos
específicos de cada caso y, en consecuencia, a emitir resoluciones más informadas y justas. Un
enfoque interdisciplinario no solo fortalece el sistema judicial, sino que también promueve una
respuesta holística que atienda las causas estructurales del problema.
Las reformas judiciales y las innovaciones tecnológicas no serán sostenibles si no se aborda
el problema desde su raíz: la cultura patriarcal que perpetúa la violencia de género. Es
imprescindible un cambio cultural profundo que desnaturalice estas conductas y promueva una
sociedad basada en la equidad y el respeto. Una de las estrategias más efectivas para lograr esto
es la educación en igualdad de género desde edades tempranas. Incorporar en el currículo
educativo contenidos que enseñen a niños y niñas sobre el respeto mutuo, la resolución pacífica
de conflictos y la valoración de la diversidad es fundamental para construir una generación libre
de violencia.
Asimismo, las campañas de sensibilización en medios de comunicación y espacios públicos
juegan un rol crucial en la transformación cultural. Estas iniciativas deben visibilizar las
consecuencias devastadoras del femicidio y fomentar relaciones basadas en el respeto, la igualdad
y la solidaridad. Las campañas masivas no solo generan conciencia, sino que también envían un
mensaje claro de tolerancia cero hacia la violencia de género. Países como España han
implementado campañas nacionales con gran impacto social, demostrando que la comunicación
estratégica puede cambiar actitudes y comportamientos profundamente arraigados.
Finalmente, el empoderamiento económico de las mujeres es un componente clave para
prevenir la violencia. La dependencia económica de las víctimas hacia sus agresores es una de las
principales razones por las que muchas mujeres no pueden escapar de relaciones abusivas.
Diseñar programas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, como acceso al
empleo digno, capacitación laboral y créditos accesibles, no solo mejora su calidad de vida, sino
que también reduce su vulnerabilidad frente a la violencia. Un cambio cultural verdadero requiere
acciones integrales que combinen educación, sensibilización y empoderamiento para garantizar
una sociedad más justa y equitativa.
operadores de justicia comprendan la importancia de la no discriminación y de aplicar las leyes
de manera justa y equilibrada (2019).
El enfoque interdisciplinario como clave para el cambio
El femicidio no es solo un problema legal; es un fenómeno complejo con raíces profundas
en factores sociales, psicológicos y económicos que requieren un abordaje interdisciplinario. En
este sentido, la incorporación de expertos en género, sociólogos y psicólogos dentro de los
procesos judiciales puede proporcionar una visión integral de las dinámicas que rodean la
violencia de género. Esto ayudaría a los jueces y fiscales a entender mejor los contextos
específicos de cada caso y, en consecuencia, a emitir resoluciones más informadas y justas. Un
enfoque interdisciplinario no solo fortalece el sistema judicial, sino que también promueve una
respuesta holística que atienda las causas estructurales del problema.
Las reformas judiciales y las innovaciones tecnológicas no serán sostenibles si no se aborda
el problema desde su raíz: la cultura patriarcal que perpetúa la violencia de género. Es
imprescindible un cambio cultural profundo que desnaturalice estas conductas y promueva una
sociedad basada en la equidad y el respeto. Una de las estrategias más efectivas para lograr esto
es la educación en igualdad de género desde edades tempranas. Incorporar en el currículo
educativo contenidos que enseñen a niños y niñas sobre el respeto mutuo, la resolución pacífica
de conflictos y la valoración de la diversidad es fundamental para construir una generación libre
de violencia.
Asimismo, las campañas de sensibilización en medios de comunicación y espacios públicos
juegan un rol crucial en la transformación cultural. Estas iniciativas deben visibilizar las
consecuencias devastadoras del femicidio y fomentar relaciones basadas en el respeto, la igualdad
y la solidaridad. Las campañas masivas no solo generan conciencia, sino que también envían un
mensaje claro de tolerancia cero hacia la violencia de género. Países como España han
implementado campañas nacionales con gran impacto social, demostrando que la comunicación
estratégica puede cambiar actitudes y comportamientos profundamente arraigados.
Finalmente, el empoderamiento económico de las mujeres es un componente clave para
prevenir la violencia. La dependencia económica de las víctimas hacia sus agresores es una de las
principales razones por las que muchas mujeres no pueden escapar de relaciones abusivas.
Diseñar programas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres, como acceso al
empleo digno, capacitación laboral y créditos accesibles, no solo mejora su calidad de vida, sino
que también reduce su vulnerabilidad frente a la violencia. Un cambio cultural verdadero requiere
acciones integrales que combinen educación, sensibilización y empoderamiento para garantizar
una sociedad más justa y equitativa.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3746
CONCLUSIONES
La investigación sobre el realismo jurídico y la brecha entre la ley y su aplicación en casos
de femicidio en Ecuador ha puesto de manifiesto importantes resultados que evidencian las
contradicciones y desafíos que enfrenta el sistema judicial en la lucha contra la violencia de
género. A continuación, se presentan las principales conclusiones que se conectan con el objetivo
de la investigación, buscando resaltar tanto los avances como las áreas de mejora necesarias para
lograr una implementación efectiva de las leyes contra el femicidio.
1. Desajuste entre la ley y la práctica judicial: Aunque Ecuador ha logrado formular leyes
que penalizan el femicidio, la brecha entre las normativas legales y su aplicación real es
evidente. Casos emblemáticos como los de Karina del Pozo y María Belén Bernal reflejan
la ineficacia del sistema judicial para garantizar una justicia oportuna y efectiva. Esta
situación confirma las premisas del realismo jurídico, que subraya que la efectividad de
una norma depende no solo de su formulación, sino también de su implementación en el
contexto social y judicial. La necesidad de una reforma judicial estructural que incorpore
una perspectiva de género es fundamental para garantizar que las instituciones judiciales
puedan dar una respuesta adecuada y efectiva.
2. Impunidad y estructuras de poder: La impunidad sigue siendo un factor determinante en
la perpetuación de la violencia de género en Ecuador. La presencia de dinámicas de poder
y la cultura patriarcal en el sistema judicial contribuyen a la desconfianza en las
instituciones y favorecen la protección de los agresores. Casos como el de María Belén
Bernal muestran cómo las estructuras de poder permiten que los responsables de femicidios
queden impunes, lo que refuerza el ciclo de violencia. Esta situación destaca la necesidad
urgente de revisar los procesos judiciales y los actores involucrados, promoviendo un
sistema más eficiente y equitativo.
3. Cultura patriarcal y estereotipos de género: La persistencia de la cultura patriarcal
dentro de las instituciones judiciales influye directamente en cómo se tratan los casos de
violencia de género. El machismo internalizado en muchos operadores de justicia provoca
que los casos de femicidio no sean tratados con la seriedad que requieren, lo que perpetúa
la violencia y la desigualdad de género. Por tanto, es necesario un cambio en los enfoques
judiciales y sociales, así como la implementación de una educación en igualdad de género
desde temprana edad, que combata los estereotipos y fomente una cultura de respeto y
equidad.
4. El rol transformador de la sociedad civil: La sociedad civil juega un papel crucial en la
lucha contra el femicidio. Las movilizaciones sociales, la presión pública y la acción
colectiva son fundamentales para exigir cambios en la legislación y en la aplicación de la
ley. Asimismo, contribuyen a la construcción de una cultura de respeto hacia los derechos
CONCLUSIONES
La investigación sobre el realismo jurídico y la brecha entre la ley y su aplicación en casos
de femicidio en Ecuador ha puesto de manifiesto importantes resultados que evidencian las
contradicciones y desafíos que enfrenta el sistema judicial en la lucha contra la violencia de
género. A continuación, se presentan las principales conclusiones que se conectan con el objetivo
de la investigación, buscando resaltar tanto los avances como las áreas de mejora necesarias para
lograr una implementación efectiva de las leyes contra el femicidio.
1. Desajuste entre la ley y la práctica judicial: Aunque Ecuador ha logrado formular leyes
que penalizan el femicidio, la brecha entre las normativas legales y su aplicación real es
evidente. Casos emblemáticos como los de Karina del Pozo y María Belén Bernal reflejan
la ineficacia del sistema judicial para garantizar una justicia oportuna y efectiva. Esta
situación confirma las premisas del realismo jurídico, que subraya que la efectividad de
una norma depende no solo de su formulación, sino también de su implementación en el
contexto social y judicial. La necesidad de una reforma judicial estructural que incorpore
una perspectiva de género es fundamental para garantizar que las instituciones judiciales
puedan dar una respuesta adecuada y efectiva.
2. Impunidad y estructuras de poder: La impunidad sigue siendo un factor determinante en
la perpetuación de la violencia de género en Ecuador. La presencia de dinámicas de poder
y la cultura patriarcal en el sistema judicial contribuyen a la desconfianza en las
instituciones y favorecen la protección de los agresores. Casos como el de María Belén
Bernal muestran cómo las estructuras de poder permiten que los responsables de femicidios
queden impunes, lo que refuerza el ciclo de violencia. Esta situación destaca la necesidad
urgente de revisar los procesos judiciales y los actores involucrados, promoviendo un
sistema más eficiente y equitativo.
3. Cultura patriarcal y estereotipos de género: La persistencia de la cultura patriarcal
dentro de las instituciones judiciales influye directamente en cómo se tratan los casos de
violencia de género. El machismo internalizado en muchos operadores de justicia provoca
que los casos de femicidio no sean tratados con la seriedad que requieren, lo que perpetúa
la violencia y la desigualdad de género. Por tanto, es necesario un cambio en los enfoques
judiciales y sociales, así como la implementación de una educación en igualdad de género
desde temprana edad, que combata los estereotipos y fomente una cultura de respeto y
equidad.
4. El rol transformador de la sociedad civil: La sociedad civil juega un papel crucial en la
lucha contra el femicidio. Las movilizaciones sociales, la presión pública y la acción
colectiva son fundamentales para exigir cambios en la legislación y en la aplicación de la
ley. Asimismo, contribuyen a la construcción de una cultura de respeto hacia los derechos
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3747
de las mujeres. Las estrategias de sensibilización y la educación sobre violencia de género
son herramientas poderosas que pueden transformar la mentalidad de las futuras
generaciones y contribuir a reducir la tolerancia social hacia la violencia.
5. Propuestas de reforma y cooperación internacional: Para fortalecer la respuesta judicial
ante el femicidio, es necesario implementar tribunales especializados y continuar con la
capacitación de jueces y fiscales en temas de género. La cooperación internacional,
tomando como referencia modelos de países como España y Argentina, podría ofrecer
soluciones y enfoques integrales que combinen la legislación, la educación y las políticas
sociales. Además, la implementación de tecnologías como botones de pánico y la
recopilación de datos sobre femicidios podría mejorar la respuesta ante estos crímenes.
6. Aporte para futuras investigaciones: Esta investigación abre la puerta a futuras
investigaciones que profundicen en la interacción entre la teoría legal y las realidades
sociales en Ecuador. Es crucial explorar cómo las reformas judiciales podrían impactar en
la reducción de la violencia de género y evaluar la efectividad de las estrategias de
sensibilización social. Las futuras investigaciones deben centrarse en la evaluación de la
eficacia de los modelos de justicia especializados y la integración de la perspectiva de
género en todas las políticas judiciales.
En resumen, la investigación demuestra que, a pesar de contar con un marco normativo
adecuado, el sistema judicial ecuatoriano sigue enfrentando grandes desafíos en su aplicación
efectiva. Estos desafíos están profundamente influenciados por factores culturales, sociales y
políticos, como la impunidad y la cultura patriarcal, que siguen permeando las instituciones. La
brecha entre la ley y la realidad exige una reforma integral que no solo aborde las estructuras
judiciales, sino que también combata la impunidad, promueva la igualdad de género y fomente
una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos de las mujeres.
de las mujeres. Las estrategias de sensibilización y la educación sobre violencia de género
son herramientas poderosas que pueden transformar la mentalidad de las futuras
generaciones y contribuir a reducir la tolerancia social hacia la violencia.
5. Propuestas de reforma y cooperación internacional: Para fortalecer la respuesta judicial
ante el femicidio, es necesario implementar tribunales especializados y continuar con la
capacitación de jueces y fiscales en temas de género. La cooperación internacional,
tomando como referencia modelos de países como España y Argentina, podría ofrecer
soluciones y enfoques integrales que combinen la legislación, la educación y las políticas
sociales. Además, la implementación de tecnologías como botones de pánico y la
recopilación de datos sobre femicidios podría mejorar la respuesta ante estos crímenes.
6. Aporte para futuras investigaciones: Esta investigación abre la puerta a futuras
investigaciones que profundicen en la interacción entre la teoría legal y las realidades
sociales en Ecuador. Es crucial explorar cómo las reformas judiciales podrían impactar en
la reducción de la violencia de género y evaluar la efectividad de las estrategias de
sensibilización social. Las futuras investigaciones deben centrarse en la evaluación de la
eficacia de los modelos de justicia especializados y la integración de la perspectiva de
género en todas las políticas judiciales.
En resumen, la investigación demuestra que, a pesar de contar con un marco normativo
adecuado, el sistema judicial ecuatoriano sigue enfrentando grandes desafíos en su aplicación
efectiva. Estos desafíos están profundamente influenciados por factores culturales, sociales y
políticos, como la impunidad y la cultura patriarcal, que siguen permeando las instituciones. La
brecha entre la ley y la realidad exige una reforma integral que no solo aborde las estructuras
judiciales, sino que también combata la impunidad, promueva la igualdad de género y fomente
una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos de las mujeres.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3748
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