Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3886
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.846
El ordenamiento territorial desde la filosofía intercultural: Un
análisis crítico del caso ecuatoriano (2013-2017)
Land Use Planning from the Perspective of Intercultural Philosophy: A Critical
Analysis of the Ecuadorian Case (2013-2017)
Paola Noemi Avila Luna
paoavila2810@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2055-3393
Investigadora Independiente
Artículo recibido: 10 enero 2025 - Aceptado para publicación: 20 febrero 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar
RESUMEN
El presente artículo de revisión analiza el ordenamiento territorial en Ecuador desde una
perspectiva intercultural, con énfasis en el período 2013-2017. El objetivo es evaluar la relación
entre el marco normativo, la gestión del territorio y los derechos de los pueblos indígenas,
considerando la plurinacionalidad y el Buen Vivir como principios constitucionales.La
metodología aplicada sigue las directrices PRISMA para revisiones sistemáticas, utilizando
fuentes académicas, informes gubernamentales y documentos de organismos internacionales. Se
establecieron cinco categorías de análisis: marco normativo y centralización, interculturalidad y
plurinacionalidad, conflictos territoriales y extractivismo, consulta previa y participación
indígena, y el Buen Vivir en la gestión territorial.Los hallazgos evidencian una brecha entre el
reconocimiento legal de la plurinacionalidad y su implementación efectiva. La planificación
territorial sigue respondiendo a una lógica centralista y extractivista, lo que ha generado conflictos
con comunidades indígenas, cuya participación en la toma de decisiones es limitada. La consulta
previa no ha sido aplicada de manera efectiva, y el Buen Vivir sigue siendo un concepto más
discursivo que práctico. Se concluye que es necesario fortalecer la autonomía territorial indígena,
reformular la consulta previa y transitar hacia un modelo de gestión verdaderamente intercultural
y sostenible.
Palabras clave: ordenamiento territorial, filosofía intercultural, Ecuador
ABSTRACT
This review article analyzes land use planning in Ecuador from an intercultural perspective,
focusing on the period 2013-2017. The objective is to assess the relationship between the legal
framework, territorial management, and the rights of Indigenous peoples, considering
plurinationality and Buen Vivir as constitutional principles.The applied methodology follows the
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3887
PRISMA guidelines for systematic reviews, utilizing academic sources, government reports, and
documents from international organizations. Five categories of analysis were established: legal
framework and centralization, interculturality and plurinationality, territorial conflicts and
extractivism, prior consultation and Indigenous participation, and Buen Vivir in territorial
management.The findings reveal a gap between the legal recognition of plurinationality and its
effective implementation. Territorial planning continues to follow a centralist and extractivist
logic, generating conflicts with Indigenous communities, whose participation in decision-making
remains limited. Prior consultation has not been effectively applied, and Buen Vivir remains more
of a discursive concept than a practical one. The study concludes that it is necessary to strengthen
Indigenous territorial autonomy, reformulate the prior consultation process, and transition toward
a truly intercultural and sustainable management model.
Keywords: land use planning, intercultural philosophy, Ecuador
PRISMA guidelines for systematic reviews, utilizing academic sources, government reports, and
documents from international organizations. Five categories of analysis were established: legal
framework and centralization, interculturality and plurinationality, territorial conflicts and
extractivism, prior consultation and Indigenous participation, and Buen Vivir in territorial
management.The findings reveal a gap between the legal recognition of plurinationality and its
effective implementation. Territorial planning continues to follow a centralist and extractivist
logic, generating conflicts with Indigenous communities, whose participation in decision-making
remains limited. Prior consultation has not been effectively applied, and Buen Vivir remains more
of a discursive concept than a practical one. The study concludes that it is necessary to strengthen
Indigenous territorial autonomy, reformulate the prior consultation process, and transition toward
a truly intercultural and sustainable management model.
Keywords: land use planning, intercultural philosophy, Ecuador
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Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
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licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3889
INTRODUCCIÓN
El ordenamiento territorial es una herramienta fundamental para el desarrollo y la gestión
del territorio de un país, dado que permite planificar y regular las actividades humanas de acuerdo
con las características geográficas, culturales, sociales y económicas de un espacio determinado.
En el caso de Ecuador, este proceso ha adquirido una relevancia significativa en las últimas
décadas debido a la necesidad de integrar una visión más inclusiva que respete y valore las
diversidades culturales, sociales y étnicas que conforman la nación. El enfoque intercultural, que
reconoce las diversas formas de conocimiento y las cosmovisiones propias de los pueblos y
nacionalidades indígenas, ha emergido como un elemento esencial para repensar las políticas de
ordenamiento territorial en el país, particularmente entre 2013 y 2017. Este periodo está marcado
por importantes reformas y políticas públicas que han intentado armonizar la planificación
territorial con el principio de interculturalidad, una noción que se basa en el reconocimiento y la
valoración de la diversidad cultural como un derecho fundamental.
La filosofía intercultural, como disciplina y enfoque político, se ha consolidado en América
Latina a partir de los procesos de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas y la necesidad de transformar las estructuras del Estado para que sean más inclusivas y
justas. Según Quijano (2000), la interculturalidad no solo implica la coexistencia pacífica de
culturas diferentes, sino que debe comprender una relación de igualdad y respeto entre ellas,
eliminando las jerarquías históricas impuestas por las políticas coloniales. Esta visión ha sido
clave en la construcción de un nuevo modelo de ordenamiento territorial en Ecuador, donde se
reconoce la pluralidad cultural del país y se busca una integración que no implique
homogeneización, sino una integración respetuosa de las diversidades.
El proceso de implementación de un ordenamiento territorial intercultural en Ecuador no
ha estado exento de desafíos y tensiones. A pesar de los avances legislativos y políticos, como la
adopción de la Constitución de 2008, que establece el Ecuador como un Estado intercultural, y
las reformas realizadas durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), persisten importantes
dificultades en la aplicación efectiva de políticas que realmente respeten los derechos territoriales
de las comunidades indígenas. En este sentido, el trabajo de Acosta y Martínez (2011) ha sido
crucial al señalar que, si bien la Constitución de 2008 reconoce la diversidad cultural, las políticas
públicas aún están marcadas por un enfoque occidentalista y paternalista que no logra capturar la
complejidad de las demandas territoriales de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. La
desconexión entre la legislación y la realidad sobre el terreno, así como la resistencia de sectores
que no comprenden o rechazan los enfoques interculturales, continúan siendo barreras para lograr
un ordenamiento territorial verdaderamente inclusivo.
El periodo entre 2013 y 2017 es particularmente relevante en este contexto debido a las
políticas implementadas bajo el gobierno de Rafael Correa, quien, si bien propugnó un modelo
INTRODUCCIÓN
El ordenamiento territorial es una herramienta fundamental para el desarrollo y la gestión
del territorio de un país, dado que permite planificar y regular las actividades humanas de acuerdo
con las características geográficas, culturales, sociales y económicas de un espacio determinado.
En el caso de Ecuador, este proceso ha adquirido una relevancia significativa en las últimas
décadas debido a la necesidad de integrar una visión más inclusiva que respete y valore las
diversidades culturales, sociales y étnicas que conforman la nación. El enfoque intercultural, que
reconoce las diversas formas de conocimiento y las cosmovisiones propias de los pueblos y
nacionalidades indígenas, ha emergido como un elemento esencial para repensar las políticas de
ordenamiento territorial en el país, particularmente entre 2013 y 2017. Este periodo está marcado
por importantes reformas y políticas públicas que han intentado armonizar la planificación
territorial con el principio de interculturalidad, una noción que se basa en el reconocimiento y la
valoración de la diversidad cultural como un derecho fundamental.
La filosofía intercultural, como disciplina y enfoque político, se ha consolidado en América
Latina a partir de los procesos de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas y la necesidad de transformar las estructuras del Estado para que sean más inclusivas y
justas. Según Quijano (2000), la interculturalidad no solo implica la coexistencia pacífica de
culturas diferentes, sino que debe comprender una relación de igualdad y respeto entre ellas,
eliminando las jerarquías históricas impuestas por las políticas coloniales. Esta visión ha sido
clave en la construcción de un nuevo modelo de ordenamiento territorial en Ecuador, donde se
reconoce la pluralidad cultural del país y se busca una integración que no implique
homogeneización, sino una integración respetuosa de las diversidades.
El proceso de implementación de un ordenamiento territorial intercultural en Ecuador no
ha estado exento de desafíos y tensiones. A pesar de los avances legislativos y políticos, como la
adopción de la Constitución de 2008, que establece el Ecuador como un Estado intercultural, y
las reformas realizadas durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), persisten importantes
dificultades en la aplicación efectiva de políticas que realmente respeten los derechos territoriales
de las comunidades indígenas. En este sentido, el trabajo de Acosta y Martínez (2011) ha sido
crucial al señalar que, si bien la Constitución de 2008 reconoce la diversidad cultural, las políticas
públicas aún están marcadas por un enfoque occidentalista y paternalista que no logra capturar la
complejidad de las demandas territoriales de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. La
desconexión entre la legislación y la realidad sobre el terreno, así como la resistencia de sectores
que no comprenden o rechazan los enfoques interculturales, continúan siendo barreras para lograr
un ordenamiento territorial verdaderamente inclusivo.
El periodo entre 2013 y 2017 es particularmente relevante en este contexto debido a las
políticas implementadas bajo el gobierno de Rafael Correa, quien, si bien propugnó un modelo
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de desarrollo denominado "Socialismo del Siglo XXI", también promovió reformas significativas
en áreas como la infraestructura, la agricultura y la minería, que a menudo entraron en conflicto
con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Según Samaniego (2014), durante este
periodo el gobierno impulsó grandes proyectos de infraestructura que, aunque fueron presentados
como mecanismos para el desarrollo del país, en muchos casos afectaron directamente las tierras
de las comunidades indígenas, alterando sus formas de vida y su relación con el territorio. Estos
conflictos reflejan una tensión persistente entre las políticas de desarrollo económico, centradas
en la explotación de recursos naturales, y la necesidad de preservar los derechos territoriales y la
autonomía de los pueblos indígenas.
En este artículo, se realizará un análisis crítico del ordenamiento territorial en Ecuador
durante el periodo 2013-2017 desde la perspectiva de la filosofía intercultural, con el objetivo de
explorar las tensiones y desafíos que surgieron en la implementación de políticas públicas en un
contexto de creciente pluralidad cultural. El análisis se basará en los enfoques teóricos de autores
como Walsh (2013) y Escobar (2015), quienes han reflexionado profundamente sobre los
conceptos de interculturalidad, derechos territoriales y justicia social en el contexto
latinoamericano. Asimismo, se abordará la manera en que el Estado ecuatoriano ha gestionado
estos desafíos, tanto desde el ámbito legislativo como desde la práctica política y administrativa.
De esta forma, se busca contribuir a una comprensión más profunda de cómo el ordenamiento
territorial, en un contexto intercultural, puede ser una herramienta eficaz para la justicia social y
la equidad, o bien, cómo puede seguir siendo un mecanismo de exclusión y marginación si no se
articula adecuadamente con las demandas de las comunidades históricamente oprimidas.
Finalmente, se plantea que el análisis de este periodo puede ofrecer lecciones valiosas para
otros países de la región que se encuentran en procesos similares de reconfiguración del
ordenamiento territorial en clave intercultural. La experiencia ecuatoriana, aunque compleja y
contradictoria, es un caso ilustrativo de los retos que implica la implementación de un enfoque
intercultural en la gestión del territorio, especialmente cuando las dinámicas de poder, los
intereses económicos y las estructuras de dominación siguen siendo factores determinantes en las
decisiones políticas. La reflexión crítica sobre este proceso permitirá, por un lado, valorar los
avances logrados y, por otro, identificar los límites y las dificultades que aún deben ser superadas
para alcanzar un modelo de ordenamiento territorial verdaderamente inclusivo y respetuoso de la
diversidad cultural.
Contexto y Relevancia del Estudio
El ordenamiento territorial en Ecuador ha sido un tema de gran importancia política, social
y cultural desde la promulgación de la Constitución de 2008, que establece al país como un Estado
plurinacional e intercultural. Esta perspectiva constituye un hito fundamental en la historia
política ecuatoriana, al reconocer la diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas como
sujetos plenos de derechos, especialmente en relación con sus territorios ancestrales. A lo largo
de desarrollo denominado "Socialismo del Siglo XXI", también promovió reformas significativas
en áreas como la infraestructura, la agricultura y la minería, que a menudo entraron en conflicto
con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Según Samaniego (2014), durante este
periodo el gobierno impulsó grandes proyectos de infraestructura que, aunque fueron presentados
como mecanismos para el desarrollo del país, en muchos casos afectaron directamente las tierras
de las comunidades indígenas, alterando sus formas de vida y su relación con el territorio. Estos
conflictos reflejan una tensión persistente entre las políticas de desarrollo económico, centradas
en la explotación de recursos naturales, y la necesidad de preservar los derechos territoriales y la
autonomía de los pueblos indígenas.
En este artículo, se realizará un análisis crítico del ordenamiento territorial en Ecuador
durante el periodo 2013-2017 desde la perspectiva de la filosofía intercultural, con el objetivo de
explorar las tensiones y desafíos que surgieron en la implementación de políticas públicas en un
contexto de creciente pluralidad cultural. El análisis se basará en los enfoques teóricos de autores
como Walsh (2013) y Escobar (2015), quienes han reflexionado profundamente sobre los
conceptos de interculturalidad, derechos territoriales y justicia social en el contexto
latinoamericano. Asimismo, se abordará la manera en que el Estado ecuatoriano ha gestionado
estos desafíos, tanto desde el ámbito legislativo como desde la práctica política y administrativa.
De esta forma, se busca contribuir a una comprensión más profunda de cómo el ordenamiento
territorial, en un contexto intercultural, puede ser una herramienta eficaz para la justicia social y
la equidad, o bien, cómo puede seguir siendo un mecanismo de exclusión y marginación si no se
articula adecuadamente con las demandas de las comunidades históricamente oprimidas.
Finalmente, se plantea que el análisis de este periodo puede ofrecer lecciones valiosas para
otros países de la región que se encuentran en procesos similares de reconfiguración del
ordenamiento territorial en clave intercultural. La experiencia ecuatoriana, aunque compleja y
contradictoria, es un caso ilustrativo de los retos que implica la implementación de un enfoque
intercultural en la gestión del territorio, especialmente cuando las dinámicas de poder, los
intereses económicos y las estructuras de dominación siguen siendo factores determinantes en las
decisiones políticas. La reflexión crítica sobre este proceso permitirá, por un lado, valorar los
avances logrados y, por otro, identificar los límites y las dificultades que aún deben ser superadas
para alcanzar un modelo de ordenamiento territorial verdaderamente inclusivo y respetuoso de la
diversidad cultural.
Contexto y Relevancia del Estudio
El ordenamiento territorial en Ecuador ha sido un tema de gran importancia política, social
y cultural desde la promulgación de la Constitución de 2008, que establece al país como un Estado
plurinacional e intercultural. Esta perspectiva constituye un hito fundamental en la historia
política ecuatoriana, al reconocer la diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas como
sujetos plenos de derechos, especialmente en relación con sus territorios ancestrales. A lo largo
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de los años, diversas políticas públicas han buscado armonizar la gestión del territorio con el
reconocimiento de esta pluralidad cultural y de identidades, bajo el principio de interculturalidad.
Sin embargo, la implementación de estos enfoques sigue siendo un proceso complejo y
conflictivo.
En el período comprendido entre 2013 y 2017, el gobierno de Rafael Correa impulsó
grandes proyectos de infraestructura que, si bien se presentaban como motores de desarrollo,
generaron tensiones con las comunidades indígenas, que veían sus territorios amenazados por las
explotaciones mineras, la expansión agrícola y la construcción de grandes represas. Estos
proyectos, a menudo impulsados sin un consentimiento pleno y libre de las comunidades,
generaron debates acerca de la efectividad de un modelo de ordenamiento territorial que, por un
lado, promueve la justicia social e interculturalidad, y por otro, favorece los intereses económicos
relacionados con la extracción de recursos naturales.
El contexto de este estudio tiene una relevancia significativa, ya que no solo aborda el caso
ecuatoriano, sino que también ofrece una reflexión sobre cómo los enfoques de ordenamiento
territorial y las políticas públicas pueden incidir en la integración de las comunidades indígenas
y afroecuatorianas en un modelo de desarrollo económico que respete sus derechos culturales y
territoriales. Este análisis se encuentra enmarcado en un contexto latinoamericano, donde las
tensiones entre el desarrollo económico y la preservación de los derechos de los pueblos indígenas
continúan siendo un tema central de debate y de lucha.
Este estudio, por lo tanto, contribuye a entender los avances y limitaciones del modelo
intercultural ecuatoriano en relación con la gestión del territorio y la implementación de políticas
públicas que respeten los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, al mismo
tiempo que pone en discusión las contradicciones inherentes al desarrollo económico basado en
el extractivismo.
Fundamentación Teórica
El ordenamiento territorial desde la perspectiva intercultural involucra una serie de
consideraciones teóricas que han sido ampliamente debatidas en el contexto latinoamericano. La
interculturalidad es un concepto que hace referencia a la coexistencia de diversas culturas en un
mismo espacio social, económico y político, sin que ninguna de ellas sea subordinada o asimilada.
En este sentido, la interculturalidad debe ir más allá de la simple convivencia, promoviendo un
diálogo entre culturas que fomente el respeto mutuo y la igualdad de derechos, en particular en lo
que respecta a la tierra y el territorio.
Autores como Boaventura de Sousa Santos (2009) han argumentado que la
interculturalidad debe ser entendida como un proceso que desafía las estructuras coloniales y
propone nuevas formas de convivencia basadas en el reconocimiento y respeto de las diferencias.
Según el autor, el reconocimiento de las culturas no debe limitarse a una diversidad superficial,
de los años, diversas políticas públicas han buscado armonizar la gestión del territorio con el
reconocimiento de esta pluralidad cultural y de identidades, bajo el principio de interculturalidad.
Sin embargo, la implementación de estos enfoques sigue siendo un proceso complejo y
conflictivo.
En el período comprendido entre 2013 y 2017, el gobierno de Rafael Correa impulsó
grandes proyectos de infraestructura que, si bien se presentaban como motores de desarrollo,
generaron tensiones con las comunidades indígenas, que veían sus territorios amenazados por las
explotaciones mineras, la expansión agrícola y la construcción de grandes represas. Estos
proyectos, a menudo impulsados sin un consentimiento pleno y libre de las comunidades,
generaron debates acerca de la efectividad de un modelo de ordenamiento territorial que, por un
lado, promueve la justicia social e interculturalidad, y por otro, favorece los intereses económicos
relacionados con la extracción de recursos naturales.
El contexto de este estudio tiene una relevancia significativa, ya que no solo aborda el caso
ecuatoriano, sino que también ofrece una reflexión sobre cómo los enfoques de ordenamiento
territorial y las políticas públicas pueden incidir en la integración de las comunidades indígenas
y afroecuatorianas en un modelo de desarrollo económico que respete sus derechos culturales y
territoriales. Este análisis se encuentra enmarcado en un contexto latinoamericano, donde las
tensiones entre el desarrollo económico y la preservación de los derechos de los pueblos indígenas
continúan siendo un tema central de debate y de lucha.
Este estudio, por lo tanto, contribuye a entender los avances y limitaciones del modelo
intercultural ecuatoriano en relación con la gestión del territorio y la implementación de políticas
públicas que respeten los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, al mismo
tiempo que pone en discusión las contradicciones inherentes al desarrollo económico basado en
el extractivismo.
Fundamentación Teórica
El ordenamiento territorial desde la perspectiva intercultural involucra una serie de
consideraciones teóricas que han sido ampliamente debatidas en el contexto latinoamericano. La
interculturalidad es un concepto que hace referencia a la coexistencia de diversas culturas en un
mismo espacio social, económico y político, sin que ninguna de ellas sea subordinada o asimilada.
En este sentido, la interculturalidad debe ir más allá de la simple convivencia, promoviendo un
diálogo entre culturas que fomente el respeto mutuo y la igualdad de derechos, en particular en lo
que respecta a la tierra y el territorio.
Autores como Boaventura de Sousa Santos (2009) han argumentado que la
interculturalidad debe ser entendida como un proceso que desafía las estructuras coloniales y
propone nuevas formas de convivencia basadas en el reconocimiento y respeto de las diferencias.
Según el autor, el reconocimiento de las culturas no debe limitarse a una diversidad superficial,
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3892
sino que debe involucrar una transformación profunda en las relaciones de poder y en la
organización política y social de los países.
En el contexto ecuatoriano, la Constitución de 2008 establece un marco normativo que
reconoce explícitamente los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de gestionar el
territorio de acuerdo con sus cosmovisiones. La normativa ecuatoriana, por tanto, se convierte en
un referente importante dentro de los estudios sobre interculturalidad, pues ofrece una base legal
para que las comunidades indígenas sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus
territorios. Sin embargo, la implementación de estos principios ha sido cuestionada por la
persistencia de políticas públicas que no siempre respetan la autonomía y los derechos territoriales
de las comunidades indígenas.
El concepto de “buen vivir” (sumak kawsay), que ha sido central en la construcción de la
visión del desarrollo en Ecuador, también juega un papel relevante en el análisis del ordenamiento
territorial. Según Gudynas (2011), el buen vivir es una propuesta de vida en comunidad, en
armonía con la naturaleza y con una visión de desarrollo que no esté basada únicamente en el
crecimiento económico, sino en la sostenibilidad, la justicia social y la equidad. Este concepto
pone en evidencia la tensión entre el modelo de desarrollo capitalista, centrado en la explotación
de recursos naturales, y las propuestas alternativas de desarrollo promovidas por los pueblos
indígenas.
La teoría crítica del ordenamiento territorial también señala las contradicciones inherentes
al modelo extractivista promovido por el gobierno de Rafael Correa. Autores como Acosta (2013)
y Martínez (2015) han advertido que, aunque el gobierno ecuatoriano implementó políticas que
reconocen la plurinacionalidad y la interculturalidad, el modelo de desarrollo basado en el
extractivismo sigue siendo dominante. Este modelo, basado en la explotación intensiva de
recursos naturales, contrasta con los principios de los pueblos indígenas, quienes buscan la
protección de sus territorios y la conservación de sus formas de vida. Así, las políticas de
ordenamiento territorial se enfrentan a un dilema entre la promoción del desarrollo económico y
la protección de los derechos territoriales y culturales.
En este sentido, la noción de ordenamiento territorial intercultural no solo debe considerar
la diversidad cultural, sino también el respeto por los modos de vida y la cosmovisión de los
pueblos indígenas, que incluyen una relación armónica con la naturaleza. La propuesta de un
ordenamiento territorial intercultural en Ecuador debe, por tanto, ir más allá de la inclusión formal
de los pueblos indígenas en los procesos de planificación, e involucrar un verdadero
reconocimiento de su autonomía territorial y política.
Problemática
La implementación de un modelo de ordenamiento territorial intercultural en Ecuador ha
enfrentado diversas problemáticas que reflejan las tensiones entre el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas y las políticas de desarrollo económico impulsadas por el
sino que debe involucrar una transformación profunda en las relaciones de poder y en la
organización política y social de los países.
En el contexto ecuatoriano, la Constitución de 2008 establece un marco normativo que
reconoce explícitamente los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de gestionar el
territorio de acuerdo con sus cosmovisiones. La normativa ecuatoriana, por tanto, se convierte en
un referente importante dentro de los estudios sobre interculturalidad, pues ofrece una base legal
para que las comunidades indígenas sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus
territorios. Sin embargo, la implementación de estos principios ha sido cuestionada por la
persistencia de políticas públicas que no siempre respetan la autonomía y los derechos territoriales
de las comunidades indígenas.
El concepto de “buen vivir” (sumak kawsay), que ha sido central en la construcción de la
visión del desarrollo en Ecuador, también juega un papel relevante en el análisis del ordenamiento
territorial. Según Gudynas (2011), el buen vivir es una propuesta de vida en comunidad, en
armonía con la naturaleza y con una visión de desarrollo que no esté basada únicamente en el
crecimiento económico, sino en la sostenibilidad, la justicia social y la equidad. Este concepto
pone en evidencia la tensión entre el modelo de desarrollo capitalista, centrado en la explotación
de recursos naturales, y las propuestas alternativas de desarrollo promovidas por los pueblos
indígenas.
La teoría crítica del ordenamiento territorial también señala las contradicciones inherentes
al modelo extractivista promovido por el gobierno de Rafael Correa. Autores como Acosta (2013)
y Martínez (2015) han advertido que, aunque el gobierno ecuatoriano implementó políticas que
reconocen la plurinacionalidad y la interculturalidad, el modelo de desarrollo basado en el
extractivismo sigue siendo dominante. Este modelo, basado en la explotación intensiva de
recursos naturales, contrasta con los principios de los pueblos indígenas, quienes buscan la
protección de sus territorios y la conservación de sus formas de vida. Así, las políticas de
ordenamiento territorial se enfrentan a un dilema entre la promoción del desarrollo económico y
la protección de los derechos territoriales y culturales.
En este sentido, la noción de ordenamiento territorial intercultural no solo debe considerar
la diversidad cultural, sino también el respeto por los modos de vida y la cosmovisión de los
pueblos indígenas, que incluyen una relación armónica con la naturaleza. La propuesta de un
ordenamiento territorial intercultural en Ecuador debe, por tanto, ir más allá de la inclusión formal
de los pueblos indígenas en los procesos de planificación, e involucrar un verdadero
reconocimiento de su autonomía territorial y política.
Problemática
La implementación de un modelo de ordenamiento territorial intercultural en Ecuador ha
enfrentado diversas problemáticas que reflejan las tensiones entre el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas y las políticas de desarrollo económico impulsadas por el
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Estado. A pesar de que la Constitución de 2008 establece un marco legal que reconoce la
plurinacionalidad del país y los derechos territoriales de las comunidades indígenas, las políticas
públicas implementadas entre 2013 y 2017 han evidenciado contradicciones y conflictos en su
aplicación.
Uno de los principales problemas radica en la falta de un enfoque verdaderamente
intercultural en las políticas de ordenamiento territorial. Aunque el discurso oficial promueve la
idea de un Estado intercultural, en la práctica, muchas de las decisiones sobre el uso del territorio
han sido tomadas sin una consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas. Este ha
sido el caso de grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de hidroeléctricas,
carreteras y la expansión de la minería, que han afectado los territorios ancestrales de los pueblos
indígenas sin su consentimiento, vulnerando sus derechos reconocidos por la Constitución.
La falta de consulta previa y la imposición de proyectos que no respetan las cosmovisiones
y formas de vida de los pueblos indígenas es una de las principales fuentes de conflicto. Como
señalan autores como Melián (2015), la consulta previa debe ser entendida no solo como un
mecanismo informativo, sino como un derecho fundamental que garantiza la autodeterminación
de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus territorios. Sin embargo, en Ecuador,
muchos de los procesos de consulta se han realizado de manera superficial o se han llevado a cabo
sin el respeto debido a las condiciones y procedimientos establecidos por el Convenio 169 de la
OIT.
Otro problema relacionado es la contradicción entre los principios del "buen vivir" y las
políticas extractivistas del gobierno de Correa. Si bien el "buen vivir" propone un modelo de
desarrollo basado en la justicia social, la equidad y la sostenibilidad, las políticas de extracción
de recursos naturales han priorizado el crecimiento económico a corto plazo sobre la protección
de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Este enfoque ha generado un conflicto
entre el modelo de desarrollo promovido por el Estado y las formas de vida de los pueblos
indígenas, que buscan una relación armónica con la naturaleza y la conservación de sus territorios.
Finalmente, otro aspecto problemático es la resistencia de sectores políticos y económicos
que consideran que la integración de los pueblos indígenas al proceso de ordenamiento territorial
limita las posibilidades de crecimiento económico. La defensa de los intereses de grandes
corporaciones y grupos económicos ha sido un obstáculo para la implementación efectiva de
políticas que respeten los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afroecuatorianas.
Objetivos y Preguntas de Investigación
Objetivos
El objetivo principal de este estudio es analizar críticamente el ordenamiento territorial en
Ecuador desde una perspectiva intercultural, centrado en el periodo 2013-2017. Se pretende
evaluar cómo las políticas públicas implementadas durante este tiempo han abordado las
demandas territoriales de los pueblos indígenas, en especial en el contexto de los proyectos de
Estado. A pesar de que la Constitución de 2008 establece un marco legal que reconoce la
plurinacionalidad del país y los derechos territoriales de las comunidades indígenas, las políticas
públicas implementadas entre 2013 y 2017 han evidenciado contradicciones y conflictos en su
aplicación.
Uno de los principales problemas radica en la falta de un enfoque verdaderamente
intercultural en las políticas de ordenamiento territorial. Aunque el discurso oficial promueve la
idea de un Estado intercultural, en la práctica, muchas de las decisiones sobre el uso del territorio
han sido tomadas sin una consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas. Este ha
sido el caso de grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de hidroeléctricas,
carreteras y la expansión de la minería, que han afectado los territorios ancestrales de los pueblos
indígenas sin su consentimiento, vulnerando sus derechos reconocidos por la Constitución.
La falta de consulta previa y la imposición de proyectos que no respetan las cosmovisiones
y formas de vida de los pueblos indígenas es una de las principales fuentes de conflicto. Como
señalan autores como Melián (2015), la consulta previa debe ser entendida no solo como un
mecanismo informativo, sino como un derecho fundamental que garantiza la autodeterminación
de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus territorios. Sin embargo, en Ecuador,
muchos de los procesos de consulta se han realizado de manera superficial o se han llevado a cabo
sin el respeto debido a las condiciones y procedimientos establecidos por el Convenio 169 de la
OIT.
Otro problema relacionado es la contradicción entre los principios del "buen vivir" y las
políticas extractivistas del gobierno de Correa. Si bien el "buen vivir" propone un modelo de
desarrollo basado en la justicia social, la equidad y la sostenibilidad, las políticas de extracción
de recursos naturales han priorizado el crecimiento económico a corto plazo sobre la protección
de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Este enfoque ha generado un conflicto
entre el modelo de desarrollo promovido por el Estado y las formas de vida de los pueblos
indígenas, que buscan una relación armónica con la naturaleza y la conservación de sus territorios.
Finalmente, otro aspecto problemático es la resistencia de sectores políticos y económicos
que consideran que la integración de los pueblos indígenas al proceso de ordenamiento territorial
limita las posibilidades de crecimiento económico. La defensa de los intereses de grandes
corporaciones y grupos económicos ha sido un obstáculo para la implementación efectiva de
políticas que respeten los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afroecuatorianas.
Objetivos y Preguntas de Investigación
Objetivos
El objetivo principal de este estudio es analizar críticamente el ordenamiento territorial en
Ecuador desde una perspectiva intercultural, centrado en el periodo 2013-2017. Se pretende
evaluar cómo las políticas públicas implementadas durante este tiempo han abordado las
demandas territoriales de los pueblos indígenas, en especial en el contexto de los proyectos de
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3894
desarrollo económico impulsados por el gobierno. Además, se busca identificar las tensiones y
contradicciones entre el reconocimiento formal de la interculturalidad y su implementación
práctica en el territorio.
Preguntas de Investigación
1. ¿Cómo han influido las políticas de ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017) en
los derechos territoriales de los pueblos indígenas?
2. ¿En qué medida las políticas públicas de este período han integrado de manera efectiva los
principios de interculturalidad y respeto a la diversidad cultural en la gestión territorial?
3. ¿Qué tensiones existen entre las políticas extractivistas del gobierno y los derechos
territoriales de las comunidades indígenas en el contexto del ordenamiento territorial?
4. ¿Qué impacto ha tenido la implementación de proyectos de infraestructura en los territorios
indígenas en el marco del modelo de desarrollo ecuatoriano?
METODOLOGÍA
Este estudio se enmarca dentro de una revisión sistemática de la literatura, utilizando la
metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses),
con el objetivo de garantizar la transparencia, reproducibilidad y rigor en la recopilación y análisis
de la información. La revisión se enfocó en identificar y analizar investigaciones relevantes sobre
el ordenamiento territorial en Ecuador en el período 2013-2017 desde una perspectiva
intercultural. A continuación, se describen los pasos seguidos en el proceso de revisión sistemática
de acuerdo con la metodología PRISMA.
Criterios de Inclusión y Exclusión
Para garantizar la relevancia de los estudios seleccionados, se definieron los siguientes
criterios:
Criterios de inclusión:
• Artículos académicos, libros y documentos oficiales publicados entre 2013 y 2023
relacionados con el ordenamiento territorial y la interculturalidad en Ecuador.
• Estudios que aborden específicamente el periodo 2013-2017, incluyendo políticas
públicas, impactos socioterritoriales y enfoques teóricos sobre interculturalidad.
• Publicaciones en español e inglés, revisadas por pares y provenientes de fuentes
confiables como revistas indexadas, organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales.
Criterios de exclusión:
• Documentos que no se enfoquen en Ecuador o en la relación entre ordenamiento
territorial e interculturalidad.
• Trabajos que no cumplan con estándares de rigor académico, como informes sin revisión
por pares o publicaciones de baja calidad metodológica.
desarrollo económico impulsados por el gobierno. Además, se busca identificar las tensiones y
contradicciones entre el reconocimiento formal de la interculturalidad y su implementación
práctica en el territorio.
Preguntas de Investigación
1. ¿Cómo han influido las políticas de ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017) en
los derechos territoriales de los pueblos indígenas?
2. ¿En qué medida las políticas públicas de este período han integrado de manera efectiva los
principios de interculturalidad y respeto a la diversidad cultural en la gestión territorial?
3. ¿Qué tensiones existen entre las políticas extractivistas del gobierno y los derechos
territoriales de las comunidades indígenas en el contexto del ordenamiento territorial?
4. ¿Qué impacto ha tenido la implementación de proyectos de infraestructura en los territorios
indígenas en el marco del modelo de desarrollo ecuatoriano?
METODOLOGÍA
Este estudio se enmarca dentro de una revisión sistemática de la literatura, utilizando la
metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses),
con el objetivo de garantizar la transparencia, reproducibilidad y rigor en la recopilación y análisis
de la información. La revisión se enfocó en identificar y analizar investigaciones relevantes sobre
el ordenamiento territorial en Ecuador en el período 2013-2017 desde una perspectiva
intercultural. A continuación, se describen los pasos seguidos en el proceso de revisión sistemática
de acuerdo con la metodología PRISMA.
Criterios de Inclusión y Exclusión
Para garantizar la relevancia de los estudios seleccionados, se definieron los siguientes
criterios:
Criterios de inclusión:
• Artículos académicos, libros y documentos oficiales publicados entre 2013 y 2023
relacionados con el ordenamiento territorial y la interculturalidad en Ecuador.
• Estudios que aborden específicamente el periodo 2013-2017, incluyendo políticas
públicas, impactos socioterritoriales y enfoques teóricos sobre interculturalidad.
• Publicaciones en español e inglés, revisadas por pares y provenientes de fuentes
confiables como revistas indexadas, organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales.
Criterios de exclusión:
• Documentos que no se enfoquen en Ecuador o en la relación entre ordenamiento
territorial e interculturalidad.
• Trabajos que no cumplan con estándares de rigor académico, como informes sin revisión
por pares o publicaciones de baja calidad metodológica.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3895
• Artículos duplicados en distintas bases de datos.
Estrategia de Búsqueda
Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas y repositorios
institucionales para recopilar información relevante. Las bases de datos consultadas fueron:
• Scopus
• Web of Science
• Google Scholar
• Scielo
• Redalyc
• Repositorio de la FLACSO Ecuador
• Repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar
Para la búsqueda, se utilizaron palabras clave combinadas con operadores booleanos, tales
como:
• “ordenamiento territorial” AND “interculturalidad” AND “Ecuador”
• “territorialidad indígena” AND “políticas públicas” AND “desarrollo”
• “buen vivir” AND “derechos territoriales” AND “gestión del territorio”
Se aplicaron filtros para limitar los resultados a estudios publicados entre 2013 y 2023,
priorizando investigaciones centradas en el periodo 2013-2017.
Proceso de Selección de Estudios
La selección de los documentos siguió el diagrama de flujo PRISMA, que comprende las
siguientes fases:
1. Identificación: Se recopilaron inicialmente 320 documentos en distintas bases de datos.
2. Depuración: Se eliminaron 110 documentos por ser irrelevantes según el título o el
resumen.
3. Elegibilidad: Se revisaron 150 textos en detalle, aplicando los criterios de inclusión y
exclusión.
4. Inclusión: Finalmente, se seleccionaron 60 artículos y documentos para el análisis en
profundidad.
La selección se llevó a cabo mediante un proceso de doble revisión, donde dos
investigadores analizaron cada estudio para minimizar sesgos y errores en la selección.
Categorías de Análisis
A partir del corpus de documentos seleccionados, se establecieron las siguientes categorías
de análisis para estructurar la revisión:
1. Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017): Análisis de las políticas públicas y
su impacto en la gestión territorial.
2. Interculturalidad y plurinacionalidad: Evaluación del reconocimiento de la diversidad
cultural en el ordenamiento territorial.
• Artículos duplicados en distintas bases de datos.
Estrategia de Búsqueda
Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas y repositorios
institucionales para recopilar información relevante. Las bases de datos consultadas fueron:
• Scopus
• Web of Science
• Google Scholar
• Scielo
• Redalyc
• Repositorio de la FLACSO Ecuador
• Repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar
Para la búsqueda, se utilizaron palabras clave combinadas con operadores booleanos, tales
como:
• “ordenamiento territorial” AND “interculturalidad” AND “Ecuador”
• “territorialidad indígena” AND “políticas públicas” AND “desarrollo”
• “buen vivir” AND “derechos territoriales” AND “gestión del territorio”
Se aplicaron filtros para limitar los resultados a estudios publicados entre 2013 y 2023,
priorizando investigaciones centradas en el periodo 2013-2017.
Proceso de Selección de Estudios
La selección de los documentos siguió el diagrama de flujo PRISMA, que comprende las
siguientes fases:
1. Identificación: Se recopilaron inicialmente 320 documentos en distintas bases de datos.
2. Depuración: Se eliminaron 110 documentos por ser irrelevantes según el título o el
resumen.
3. Elegibilidad: Se revisaron 150 textos en detalle, aplicando los criterios de inclusión y
exclusión.
4. Inclusión: Finalmente, se seleccionaron 60 artículos y documentos para el análisis en
profundidad.
La selección se llevó a cabo mediante un proceso de doble revisión, donde dos
investigadores analizaron cada estudio para minimizar sesgos y errores en la selección.
Categorías de Análisis
A partir del corpus de documentos seleccionados, se establecieron las siguientes categorías
de análisis para estructurar la revisión:
1. Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017): Análisis de las políticas públicas y
su impacto en la gestión territorial.
2. Interculturalidad y plurinacionalidad: Evaluación del reconocimiento de la diversidad
cultural en el ordenamiento territorial.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3896
3. Conflictos territoriales y extractivismo: Impacto de los proyectos de infraestructura y
explotación de recursos en comunidades indígenas.
4. Participación de comunidades indígenas y consulta previa: Análisis de la
implementación del Convenio 169 de la OIT y su efectividad en Ecuador.
5. Enfoque del buen vivir (sumak kawsay) en la gestión territorial: Relación entre los
principios del buen vivir y las estrategias de planificación territorial.
Síntesis y Análisis de Datos
Los documentos seleccionados fueron analizados mediante un enfoque cualitativo basado
en el análisis de contenido. Se utilizó la codificación temática para agrupar y comparar los
hallazgos de diferentes estudios en relación con las categorías establecidas. La información fue
organizada en matrices de datos para facilitar la comparación entre documentos y la identificación
de patrones, divergencias y convergencias en la literatura revisada.
Para fortalecer la validez y confiabilidad del estudio, se aplicaron estrategias como la
triangulación de fuentes y la revisión por pares de los hallazgos obtenidos.
Consideraciones Éticas
Dado que este estudio es una revisión de literatura y no involucra trabajo de campo con
sujetos humanos, no requiere aprobación de un comité de ética. No obstante, se respetaron los
principios de integridad académica, citando adecuadamente todas las fuentes utilizadas y
asegurando la objetividad en el análisis de la información.
Conclusión de la Metodología
El uso de la metodología PRISMA garantiza un proceso riguroso y sistemático en la
selección y análisis de estudios sobre ordenamiento territorial e interculturalidad en Ecuador. La
aplicación de esta metodología permite que la investigación sea replicable y transparente,
proporcionando un marco sólido para evaluar las políticas implementadas entre 2013 y 2017.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se presentan y analizan los hallazgos de la revisión de literatura sobre el
ordenamiento territorial desde una perspectiva intercultural en Ecuador durante el período 2013-
2017. El análisis se organiza en función de las categorías establecidas previamente:
1. Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017)
2. Interculturalidad y plurinacionalidad
3. Conflictos territoriales y extractivismo
4. Participación de comunidades indígenas y consulta previa
5. Enfoque del buen vivir (sumak kawsay) en la gestión territorial
Cada categoría se desarrolla desde una perspectiva crítica, considerando tanto los avances
como las limitaciones en la implementación de un modelo de ordenamiento territorial que respete
los derechos de los pueblos indígenas y promueva un enfoque verdaderamente intercultural.
3. Conflictos territoriales y extractivismo: Impacto de los proyectos de infraestructura y
explotación de recursos en comunidades indígenas.
4. Participación de comunidades indígenas y consulta previa: Análisis de la
implementación del Convenio 169 de la OIT y su efectividad en Ecuador.
5. Enfoque del buen vivir (sumak kawsay) en la gestión territorial: Relación entre los
principios del buen vivir y las estrategias de planificación territorial.
Síntesis y Análisis de Datos
Los documentos seleccionados fueron analizados mediante un enfoque cualitativo basado
en el análisis de contenido. Se utilizó la codificación temática para agrupar y comparar los
hallazgos de diferentes estudios en relación con las categorías establecidas. La información fue
organizada en matrices de datos para facilitar la comparación entre documentos y la identificación
de patrones, divergencias y convergencias en la literatura revisada.
Para fortalecer la validez y confiabilidad del estudio, se aplicaron estrategias como la
triangulación de fuentes y la revisión por pares de los hallazgos obtenidos.
Consideraciones Éticas
Dado que este estudio es una revisión de literatura y no involucra trabajo de campo con
sujetos humanos, no requiere aprobación de un comité de ética. No obstante, se respetaron los
principios de integridad académica, citando adecuadamente todas las fuentes utilizadas y
asegurando la objetividad en el análisis de la información.
Conclusión de la Metodología
El uso de la metodología PRISMA garantiza un proceso riguroso y sistemático en la
selección y análisis de estudios sobre ordenamiento territorial e interculturalidad en Ecuador. La
aplicación de esta metodología permite que la investigación sea replicable y transparente,
proporcionando un marco sólido para evaluar las políticas implementadas entre 2013 y 2017.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se presentan y analizan los hallazgos de la revisión de literatura sobre el
ordenamiento territorial desde una perspectiva intercultural en Ecuador durante el período 2013-
2017. El análisis se organiza en función de las categorías establecidas previamente:
1. Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017)
2. Interculturalidad y plurinacionalidad
3. Conflictos territoriales y extractivismo
4. Participación de comunidades indígenas y consulta previa
5. Enfoque del buen vivir (sumak kawsay) en la gestión territorial
Cada categoría se desarrolla desde una perspectiva crítica, considerando tanto los avances
como las limitaciones en la implementación de un modelo de ordenamiento territorial que respete
los derechos de los pueblos indígenas y promueva un enfoque verdaderamente intercultural.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3897
Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017)
El ordenamiento territorial en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2013-2017)
estuvo marcado por una serie de contradicciones entre el marco normativo, que reconoce la
interculturalidad y plurinacionalidad, y las políticas públicas implementadas, que en muchos
casos privilegiaron un modelo de desarrollo basado en el extractivismo.
Marco normativo y políticas de ordenamiento territorial
Desde la promulgación de la Constitución de 2008, Ecuador adoptó un marco jurídico que
reconoce la importancia del ordenamiento territorial con un enfoque descentralizado y
participativo (Ramírez, 2016). La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo (LOOTUGS), aprobada en 2016, establece que el ordenamiento territorial debe considerar
la diversidad geográfica, cultural y social del país, promoviendo un desarrollo equitativo y
sostenible (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016).
A pesar de estos avances en la legislación, la implementación de estas normas ha sido
deficiente. En la práctica, las decisiones sobre el uso del territorio han seguido un modelo
centralista en el que el Estado tiene la autoridad para definir las prioridades de desarrollo sin una
consulta efectiva con las comunidades afectadas (Acosta, 2015). Esto ha generado conflictos entre
el gobierno y las comunidades indígenas, quienes han reclamado una mayor autonomía en la
gestión de sus territorios.
Instrumentos de planificación y descentralización
Uno de los principales instrumentos de ordenamiento territorial en Ecuador es el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), que establece las directrices estratégicas del país en materia de
planificación y gestión territorial. Durante el período 2013-2017, el PND promovió un modelo de
desarrollo basado en la construcción de infraestructura y la explotación de recursos naturales
como pilares fundamentales de la economía (SENPLADES, 2017).
Sin embargo, la descentralización en la planificación territorial ha sido limitada. Si bien la
LOOTUGS otorga competencias a los gobiernos locales en la gestión del suelo, muchas
decisiones clave siguen dependiendo del gobierno central, lo que dificulta la implementación de
un enfoque intercultural en la planificación territorial (Martínez, 2018).
Tensiones entre desarrollo y derechos territoriales
El modelo de desarrollo promovido por el gobierno ecuatoriano ha generado tensiones con
los pueblos indígenas, especialmente en relación con la implementación de proyectos extractivos
en territorios ancestrales. Según Perreault (2018), las políticas de ordenamiento territorial han
priorizado la inversión en sectores estratégicos como la minería y la explotación petrolera, a pesar
de que estas actividades afectan directamente a comunidades indígenas que dependen de sus
territorios para su supervivencia cultural y económica.
En este contexto, el ordenamiento territorial en Ecuador ha reflejado una contradicción
fundamental: aunque en el discurso oficial se reconoce la diversidad cultural y la importancia de
Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017)
El ordenamiento territorial en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa (2013-2017)
estuvo marcado por una serie de contradicciones entre el marco normativo, que reconoce la
interculturalidad y plurinacionalidad, y las políticas públicas implementadas, que en muchos
casos privilegiaron un modelo de desarrollo basado en el extractivismo.
Marco normativo y políticas de ordenamiento territorial
Desde la promulgación de la Constitución de 2008, Ecuador adoptó un marco jurídico que
reconoce la importancia del ordenamiento territorial con un enfoque descentralizado y
participativo (Ramírez, 2016). La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo (LOOTUGS), aprobada en 2016, establece que el ordenamiento territorial debe considerar
la diversidad geográfica, cultural y social del país, promoviendo un desarrollo equitativo y
sostenible (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016).
A pesar de estos avances en la legislación, la implementación de estas normas ha sido
deficiente. En la práctica, las decisiones sobre el uso del territorio han seguido un modelo
centralista en el que el Estado tiene la autoridad para definir las prioridades de desarrollo sin una
consulta efectiva con las comunidades afectadas (Acosta, 2015). Esto ha generado conflictos entre
el gobierno y las comunidades indígenas, quienes han reclamado una mayor autonomía en la
gestión de sus territorios.
Instrumentos de planificación y descentralización
Uno de los principales instrumentos de ordenamiento territorial en Ecuador es el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), que establece las directrices estratégicas del país en materia de
planificación y gestión territorial. Durante el período 2013-2017, el PND promovió un modelo de
desarrollo basado en la construcción de infraestructura y la explotación de recursos naturales
como pilares fundamentales de la economía (SENPLADES, 2017).
Sin embargo, la descentralización en la planificación territorial ha sido limitada. Si bien la
LOOTUGS otorga competencias a los gobiernos locales en la gestión del suelo, muchas
decisiones clave siguen dependiendo del gobierno central, lo que dificulta la implementación de
un enfoque intercultural en la planificación territorial (Martínez, 2018).
Tensiones entre desarrollo y derechos territoriales
El modelo de desarrollo promovido por el gobierno ecuatoriano ha generado tensiones con
los pueblos indígenas, especialmente en relación con la implementación de proyectos extractivos
en territorios ancestrales. Según Perreault (2018), las políticas de ordenamiento territorial han
priorizado la inversión en sectores estratégicos como la minería y la explotación petrolera, a pesar
de que estas actividades afectan directamente a comunidades indígenas que dependen de sus
territorios para su supervivencia cultural y económica.
En este contexto, el ordenamiento territorial en Ecuador ha reflejado una contradicción
fundamental: aunque en el discurso oficial se reconoce la diversidad cultural y la importancia de
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3898
un modelo de desarrollo sostenible, en la práctica, las políticas implementadas han favorecido el
crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales, a menudo sin garantizar la
participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones (Escobar, 2017).
Conclusión de la categoría
El análisis del ordenamiento territorial en Ecuador entre 2013 y 2017 revela que, si bien
existe un marco normativo que reconoce la importancia de un enfoque intercultural y
descentralizado, su aplicación ha sido limitada debido a la persistencia de un modelo de desarrollo
extractivista y centralista. La falta de mecanismos efectivos de participación y consulta ha
generado conflictos con los pueblos indígenas, poniendo en evidencia las contradicciones entre
el reconocimiento legal de la interculturalidad y su implementación real en la gestión territorial.
Interculturalidad y Plurinacionalidad
Interculturalidad en la legislación ecuatoriana
La Constitución de 2008 marcó un cambio fundamental en la conceptualización del Estado
ecuatoriano al declararlo plurinacional e intercultural (Constitución del Ecuador, 2008, art. 1).
Este reconocimiento implica que las diversas nacionalidades indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a autogestionar sus territorios, mantener sus sistemas de conocimiento y participar en la
planificación del desarrollo territorial.
En teoría, la interculturalidad implica una convivencia armónica y equitativa entre
diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Sin embargo, autores como Walsh (2017)
han argumentado que la interculturalidad en Ecuador ha sido utilizada como un concepto
discursivo más que como una política real de transformación estructural. En la práctica, la
inclusión de los pueblos indígenas en la gestión territorial ha sido limitada, y muchas decisiones
sobre el uso del suelo han sido tomadas sin su consentimiento.
Plurinacionalidad y autonomía territorial
El reconocimiento de la plurinacionalidad ha generado expectativas en los pueblos
indígenas en torno a la posibilidad de una mayor autonomía territorial. Sin embargo, la
implementación de políticas que garanticen esta autonomía ha sido escasa. Según Radcliffe
(2015), la plurinacionalidad en Ecuador se ha enfrentado a la resistencia del Estado, que sigue
operando bajo una lógica unitaria y centralista, dificultando la gestión territorial autónoma de los
pueblos indígenas.
Un ejemplo de esta resistencia es la falta de aplicación efectiva del derecho a la consulta
previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT. Aunque la Constitución de
2008 reconoce este derecho, en la práctica, muchos proyectos extractivos han sido aprobados sin
una consulta real a las comunidades afectadas (García, 2019).
Interculturalidad como herramienta de cooptación
Algunos estudios han señalado que el discurso de la interculturalidad ha sido
instrumentalizado por el Estado para justificar políticas de desarrollo que en realidad perpetúan
un modelo de desarrollo sostenible, en la práctica, las políticas implementadas han favorecido el
crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales, a menudo sin garantizar la
participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones (Escobar, 2017).
Conclusión de la categoría
El análisis del ordenamiento territorial en Ecuador entre 2013 y 2017 revela que, si bien
existe un marco normativo que reconoce la importancia de un enfoque intercultural y
descentralizado, su aplicación ha sido limitada debido a la persistencia de un modelo de desarrollo
extractivista y centralista. La falta de mecanismos efectivos de participación y consulta ha
generado conflictos con los pueblos indígenas, poniendo en evidencia las contradicciones entre
el reconocimiento legal de la interculturalidad y su implementación real en la gestión territorial.
Interculturalidad y Plurinacionalidad
Interculturalidad en la legislación ecuatoriana
La Constitución de 2008 marcó un cambio fundamental en la conceptualización del Estado
ecuatoriano al declararlo plurinacional e intercultural (Constitución del Ecuador, 2008, art. 1).
Este reconocimiento implica que las diversas nacionalidades indígenas y afrodescendientes tienen
derecho a autogestionar sus territorios, mantener sus sistemas de conocimiento y participar en la
planificación del desarrollo territorial.
En teoría, la interculturalidad implica una convivencia armónica y equitativa entre
diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Sin embargo, autores como Walsh (2017)
han argumentado que la interculturalidad en Ecuador ha sido utilizada como un concepto
discursivo más que como una política real de transformación estructural. En la práctica, la
inclusión de los pueblos indígenas en la gestión territorial ha sido limitada, y muchas decisiones
sobre el uso del suelo han sido tomadas sin su consentimiento.
Plurinacionalidad y autonomía territorial
El reconocimiento de la plurinacionalidad ha generado expectativas en los pueblos
indígenas en torno a la posibilidad de una mayor autonomía territorial. Sin embargo, la
implementación de políticas que garanticen esta autonomía ha sido escasa. Según Radcliffe
(2015), la plurinacionalidad en Ecuador se ha enfrentado a la resistencia del Estado, que sigue
operando bajo una lógica unitaria y centralista, dificultando la gestión territorial autónoma de los
pueblos indígenas.
Un ejemplo de esta resistencia es la falta de aplicación efectiva del derecho a la consulta
previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT. Aunque la Constitución de
2008 reconoce este derecho, en la práctica, muchos proyectos extractivos han sido aprobados sin
una consulta real a las comunidades afectadas (García, 2019).
Interculturalidad como herramienta de cooptación
Algunos estudios han señalado que el discurso de la interculturalidad ha sido
instrumentalizado por el Estado para justificar políticas de desarrollo que en realidad perpetúan
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3899
el modelo extractivista. Según Zibechi (2016), el gobierno de Rafael Correa utilizó la retórica de
la interculturalidad para obtener legitimidad, al tiempo que promovía proyectos de infraestructura
y minería que afectaban directamente a los territorios indígenas.
Esto ha llevado a una paradoja en la implementación de la interculturalidad en Ecuador:
mientras que en el plano normativo se promueve el respeto por la diversidad cultural, en la
práctica, las políticas públicas han tendido a homogenizar los procesos de desarrollo, ignorando
las demandas de los pueblos indígenas y afroecuatorianos.
Conclusión de la categoría
El análisis de la interculturalidad y la plurinacionalidad en Ecuador entre 2013 y 2017
muestra que, si bien ha habido avances normativos en el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas, la implementación de políticas interculturales ha sido deficiente. La
plurinacionalidad sigue siendo un concepto más simbólico que práctico, y la falta de autonomía
territorial para las comunidades indígenas refleja las dificultades en la construcción de un modelo
de ordenamiento territorial verdaderamente intercultural.
Tabla 1
Síntesis de los Principales Hallazgos
Categoría de Análisis Principales Resultados Implicaciones
Ordenamiento
territorial en Ecuador
(2013-2017)
- Existencia de un marco normativo
que reconoce la interculturalidad y la
descentralización territorial
(Constitución de 2008, LOOTUGS
2016).
- Predominio de un modelo de
desarrollo centralista basado en la
extracción de recursos.
- Falta de implementación efectiva de
los instrumentos de planificación
territorial descentralizada.
- Limitada participación de
comunidades indígenas en la toma de
decisiones sobre el uso del suelo.
- Persisten conflictos
territoriales debido a la
imposición de megaproyectos
sin consulta adecuada.
- La descentralización sigue
siendo limitada, restringiendo
la autonomía local en la gestión
territorial.
Interculturalidad y
plurinacionalidad
- Reconocimiento constitucional de
Ecuador como Estado plurinacional e
intercultural (2008).
- Falta de aplicación efectiva de
políticas que garanticen la autonomía
- La plurinacionalidad se
mantiene más como un
concepto simbólico que
práctico.
- Necesidad de un marco
el modelo extractivista. Según Zibechi (2016), el gobierno de Rafael Correa utilizó la retórica de
la interculturalidad para obtener legitimidad, al tiempo que promovía proyectos de infraestructura
y minería que afectaban directamente a los territorios indígenas.
Esto ha llevado a una paradoja en la implementación de la interculturalidad en Ecuador:
mientras que en el plano normativo se promueve el respeto por la diversidad cultural, en la
práctica, las políticas públicas han tendido a homogenizar los procesos de desarrollo, ignorando
las demandas de los pueblos indígenas y afroecuatorianos.
Conclusión de la categoría
El análisis de la interculturalidad y la plurinacionalidad en Ecuador entre 2013 y 2017
muestra que, si bien ha habido avances normativos en el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas, la implementación de políticas interculturales ha sido deficiente. La
plurinacionalidad sigue siendo un concepto más simbólico que práctico, y la falta de autonomía
territorial para las comunidades indígenas refleja las dificultades en la construcción de un modelo
de ordenamiento territorial verdaderamente intercultural.
Tabla 1
Síntesis de los Principales Hallazgos
Categoría de Análisis Principales Resultados Implicaciones
Ordenamiento
territorial en Ecuador
(2013-2017)
- Existencia de un marco normativo
que reconoce la interculturalidad y la
descentralización territorial
(Constitución de 2008, LOOTUGS
2016).
- Predominio de un modelo de
desarrollo centralista basado en la
extracción de recursos.
- Falta de implementación efectiva de
los instrumentos de planificación
territorial descentralizada.
- Limitada participación de
comunidades indígenas en la toma de
decisiones sobre el uso del suelo.
- Persisten conflictos
territoriales debido a la
imposición de megaproyectos
sin consulta adecuada.
- La descentralización sigue
siendo limitada, restringiendo
la autonomía local en la gestión
territorial.
Interculturalidad y
plurinacionalidad
- Reconocimiento constitucional de
Ecuador como Estado plurinacional e
intercultural (2008).
- Falta de aplicación efectiva de
políticas que garanticen la autonomía
- La plurinacionalidad se
mantiene más como un
concepto simbólico que
práctico.
- Necesidad de un marco
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3900
Categoría de Análisis Principales Resultados Implicaciones
territorial de los pueblos indígenas.
- Instrumentalización del discurso de
la interculturalidad para justificar
políticas extractivistas.
- No se ha consolidado un modelo de
gobernanza que respete la diversidad
cultural y los sistemas de
conocimiento indígena.
normativo más sólido que
garantice el autogobierno
indígena y el respeto a sus
territorios.
Conflictos territoriales
y extractivismo
- Aumento de conflictos
socioambientales debido a la
expansión de proyectos extractivos en
territorios indígenas.
- Incumplimiento del derecho a la
consulta previa, libre e informada
(Convenio 169 de la OIT).
- Resistencia de comunidades
indígenas ante megaproyectos
mineros y petroleros.
- Criminalización de líderes indígenas
y represión de movimientos sociales
en defensa del territorio.
- La imposición del
extractivismo genera
vulneraciones a los derechos
colectivos de los pueblos
indígenas.
- La falta de diálogo
intercultural y consulta efectiva
ha exacerbado la conflictividad
social.
Participación de
comunidades indígenas
y consulta previa
- La consulta previa ha sido aplicada
de manera deficiente o inexistente en
muchos casos.
- Falta de mecanismos efectivos para
garantizar una participación real de
las comunidades en la planificación
territorial.
- Desequilibrio de poder entre el
Estado, las empresas extractivas y las
comunidades locales.
- La consulta previa se ha convertido
en un trámite formal sin incidencia
real en las decisiones.
- Urgencia de reformular la
consulta previa para que sea
vinculante y respete el derecho
a la autodeterminación.
- Se requiere fortalecer los
espacios de participación
indígena en la planificación
territorial.
Categoría de Análisis Principales Resultados Implicaciones
territorial de los pueblos indígenas.
- Instrumentalización del discurso de
la interculturalidad para justificar
políticas extractivistas.
- No se ha consolidado un modelo de
gobernanza que respete la diversidad
cultural y los sistemas de
conocimiento indígena.
normativo más sólido que
garantice el autogobierno
indígena y el respeto a sus
territorios.
Conflictos territoriales
y extractivismo
- Aumento de conflictos
socioambientales debido a la
expansión de proyectos extractivos en
territorios indígenas.
- Incumplimiento del derecho a la
consulta previa, libre e informada
(Convenio 169 de la OIT).
- Resistencia de comunidades
indígenas ante megaproyectos
mineros y petroleros.
- Criminalización de líderes indígenas
y represión de movimientos sociales
en defensa del territorio.
- La imposición del
extractivismo genera
vulneraciones a los derechos
colectivos de los pueblos
indígenas.
- La falta de diálogo
intercultural y consulta efectiva
ha exacerbado la conflictividad
social.
Participación de
comunidades indígenas
y consulta previa
- La consulta previa ha sido aplicada
de manera deficiente o inexistente en
muchos casos.
- Falta de mecanismos efectivos para
garantizar una participación real de
las comunidades en la planificación
territorial.
- Desequilibrio de poder entre el
Estado, las empresas extractivas y las
comunidades locales.
- La consulta previa se ha convertido
en un trámite formal sin incidencia
real en las decisiones.
- Urgencia de reformular la
consulta previa para que sea
vinculante y respete el derecho
a la autodeterminación.
- Se requiere fortalecer los
espacios de participación
indígena en la planificación
territorial.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3901
Categoría de Análisis Principales Resultados Implicaciones
Enfoque del buen vivir
(sumak kawsay) en la
gestión territorial
- El Buen Vivir ha sido incorporado
en el discurso político, pero su
aplicación práctica ha sido limitada.
- El modelo de desarrollo impulsado
por el Estado sigue priorizando el
crecimiento económico sobre la
sostenibilidad ambiental y la
autodeterminación territorial.
- Falta de reconocimiento de sistemas
de gestión territorial basados en
cosmovisiones indígenas.
- Escasa articulación entre el Buen
Vivir y las políticas de ordenamiento
territorial.
- La aplicación del Buen Vivir
en la planificación territorial
requiere un cambio estructural
en el modelo de desarrollo.
- Es necesario fortalecer la
gobernanza indígena y los
modelos alternativos de gestión
territorial.
Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES
El análisis del ordenamiento territorial en Ecuador desde una perspectiva intercultural
durante el período 2013-2017 revela profundas contradicciones entre el marco normativo, que
reconoce la plurinacionalidad y la descentralización, y las políticas implementadas, que han
favorecido un modelo extractivista y centralizado. A pesar de los avances en la legislación, la
aplicación efectiva de un ordenamiento territorial basado en el respeto a la diversidad cultural y
la autonomía de los pueblos indígenas ha sido insuficiente.
A continuación, se presentan las principales conclusiones del estudio, organizadas en
función de las categorías de análisis previamente establecidas.
1. Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017): Entre el reconocimiento
normativo y la centralización del poder
Uno de los hallazgos más significativos de esta revisión es la existencia de un marco
normativo que, al menos en el plano discursivo, reconoce la interculturalidad y la
plurinacionalidad como principios fundamentales del Estado ecuatoriano. La Constitución de
2008, así como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(LOOTUGS) de 2016, establecen lineamientos que en teoría deberían promover una gestión del
territorio más equitativa y descentralizada.
Sin embargo, en la práctica, el ordenamiento territorial ha estado marcado por una lógica
centralista en la que el gobierno nacional mantiene el control sobre las decisiones estratégicas
relacionadas con el uso del suelo y el desarrollo económico. A pesar de los esfuerzos por fortalecer
Categoría de Análisis Principales Resultados Implicaciones
Enfoque del buen vivir
(sumak kawsay) en la
gestión territorial
- El Buen Vivir ha sido incorporado
en el discurso político, pero su
aplicación práctica ha sido limitada.
- El modelo de desarrollo impulsado
por el Estado sigue priorizando el
crecimiento económico sobre la
sostenibilidad ambiental y la
autodeterminación territorial.
- Falta de reconocimiento de sistemas
de gestión territorial basados en
cosmovisiones indígenas.
- Escasa articulación entre el Buen
Vivir y las políticas de ordenamiento
territorial.
- La aplicación del Buen Vivir
en la planificación territorial
requiere un cambio estructural
en el modelo de desarrollo.
- Es necesario fortalecer la
gobernanza indígena y los
modelos alternativos de gestión
territorial.
Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES
El análisis del ordenamiento territorial en Ecuador desde una perspectiva intercultural
durante el período 2013-2017 revela profundas contradicciones entre el marco normativo, que
reconoce la plurinacionalidad y la descentralización, y las políticas implementadas, que han
favorecido un modelo extractivista y centralizado. A pesar de los avances en la legislación, la
aplicación efectiva de un ordenamiento territorial basado en el respeto a la diversidad cultural y
la autonomía de los pueblos indígenas ha sido insuficiente.
A continuación, se presentan las principales conclusiones del estudio, organizadas en
función de las categorías de análisis previamente establecidas.
1. Ordenamiento territorial en Ecuador (2013-2017): Entre el reconocimiento
normativo y la centralización del poder
Uno de los hallazgos más significativos de esta revisión es la existencia de un marco
normativo que, al menos en el plano discursivo, reconoce la interculturalidad y la
plurinacionalidad como principios fundamentales del Estado ecuatoriano. La Constitución de
2008, así como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(LOOTUGS) de 2016, establecen lineamientos que en teoría deberían promover una gestión del
territorio más equitativa y descentralizada.
Sin embargo, en la práctica, el ordenamiento territorial ha estado marcado por una lógica
centralista en la que el gobierno nacional mantiene el control sobre las decisiones estratégicas
relacionadas con el uso del suelo y el desarrollo económico. A pesar de los esfuerzos por fortalecer
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la planificación territorial a nivel local, muchas decisiones clave, como la aprobación de
megaproyectos extractivos, siguen dependiendo del Estado central sin una participación efectiva
de los gobiernos locales ni de las comunidades afectadas.
Esto ha generado una falta de articulación entre los planes nacionales de desarrollo y las
realidades territoriales específicas. En muchos casos, los planes de ordenamiento territorial han
sido diseñados sin considerar las particularidades culturales, ambientales y sociales de los
territorios indígenas y afrodescendientes. En consecuencia, se han implementado proyectos de
infraestructura y extracción de recursos que han transformado radicalmente los territorios sin
garantizar la consulta y el consentimiento de las comunidades.
2. Interculturalidad y plurinacionalidad: Un reconocimiento simbólico sin aplicación
efectiva
La plurinacionalidad es uno de los principios fundamentales de la Constitución de 2008,
pero su implementación real sigue siendo deficiente. Si bien el reconocimiento de Ecuador como
un Estado plurinacional implica la existencia de múltiples naciones dentro de su territorio, cada
una con derechos colectivos y formas propias de gestión del territorio, la estructura estatal sigue
operando bajo una lógica unitaria y homogeneizadora.
El análisis muestra que la interculturalidad ha sido utilizada en muchos casos como una
herramienta discursiva por parte del Estado, sin una aplicación efectiva en las políticas públicas.
A pesar de que el marco normativo establece la necesidad de considerar la diversidad cultural en
el ordenamiento territorial, en la práctica no existen mecanismos sólidos que garanticen la
inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre el uso del suelo.
Un aspecto clave es la falta de reconocimiento de los sistemas de planificación territorial
propios de los pueblos indígenas. Estos sistemas, basados en la cosmovisión y el conocimiento
tradicional, han sido históricamente marginados en favor de modelos de ordenamiento territorial
inspirados en paradigmas occidentales de desarrollo y urbanización. Esto ha generado una
contradicción fundamental entre el discurso oficial de la interculturalidad y la realidad de la
gestión territorial en el país.
3. Conflictos territoriales y extractivismo: Un modelo de desarrollo que perpetúa la
desigualdad
Uno de los impactos más significativos del modelo de ordenamiento territorial adoptado en
Ecuador ha sido el aumento de los conflictos territoriales entre el Estado, las comunidades
indígenas y las empresas extractivas. Durante el período 2013-2017, se registraron numerosos
casos de resistencia por parte de las comunidades indígenas ante la implementación de proyectos
mineros y petroleros en sus territorios.
El problema central radica en que el Estado ha priorizado la explotación de recursos
naturales como una estrategia para el crecimiento económico, sin considerar adecuadamente los
impactos socioambientales y culturales en los territorios indígenas. En muchos casos, los
la planificación territorial a nivel local, muchas decisiones clave, como la aprobación de
megaproyectos extractivos, siguen dependiendo del Estado central sin una participación efectiva
de los gobiernos locales ni de las comunidades afectadas.
Esto ha generado una falta de articulación entre los planes nacionales de desarrollo y las
realidades territoriales específicas. En muchos casos, los planes de ordenamiento territorial han
sido diseñados sin considerar las particularidades culturales, ambientales y sociales de los
territorios indígenas y afrodescendientes. En consecuencia, se han implementado proyectos de
infraestructura y extracción de recursos que han transformado radicalmente los territorios sin
garantizar la consulta y el consentimiento de las comunidades.
2. Interculturalidad y plurinacionalidad: Un reconocimiento simbólico sin aplicación
efectiva
La plurinacionalidad es uno de los principios fundamentales de la Constitución de 2008,
pero su implementación real sigue siendo deficiente. Si bien el reconocimiento de Ecuador como
un Estado plurinacional implica la existencia de múltiples naciones dentro de su territorio, cada
una con derechos colectivos y formas propias de gestión del territorio, la estructura estatal sigue
operando bajo una lógica unitaria y homogeneizadora.
El análisis muestra que la interculturalidad ha sido utilizada en muchos casos como una
herramienta discursiva por parte del Estado, sin una aplicación efectiva en las políticas públicas.
A pesar de que el marco normativo establece la necesidad de considerar la diversidad cultural en
el ordenamiento territorial, en la práctica no existen mecanismos sólidos que garanticen la
inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre el uso del suelo.
Un aspecto clave es la falta de reconocimiento de los sistemas de planificación territorial
propios de los pueblos indígenas. Estos sistemas, basados en la cosmovisión y el conocimiento
tradicional, han sido históricamente marginados en favor de modelos de ordenamiento territorial
inspirados en paradigmas occidentales de desarrollo y urbanización. Esto ha generado una
contradicción fundamental entre el discurso oficial de la interculturalidad y la realidad de la
gestión territorial en el país.
3. Conflictos territoriales y extractivismo: Un modelo de desarrollo que perpetúa la
desigualdad
Uno de los impactos más significativos del modelo de ordenamiento territorial adoptado en
Ecuador ha sido el aumento de los conflictos territoriales entre el Estado, las comunidades
indígenas y las empresas extractivas. Durante el período 2013-2017, se registraron numerosos
casos de resistencia por parte de las comunidades indígenas ante la implementación de proyectos
mineros y petroleros en sus territorios.
El problema central radica en que el Estado ha priorizado la explotación de recursos
naturales como una estrategia para el crecimiento económico, sin considerar adecuadamente los
impactos socioambientales y culturales en los territorios indígenas. En muchos casos, los
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proyectos extractivos han sido impuestos sin un proceso adecuado de consulta y sin el
consentimiento de las comunidades afectadas, lo que ha derivado en enfrentamientos entre los
pueblos indígenas, el gobierno y las empresas.
Además, se ha evidenciado un patrón de criminalización de los líderes indígenas que han
encabezado la resistencia a estos proyectos. En lugar de establecer mecanismos de diálogo y
negociación, el Estado ha recurrido a la represión y a la judicialización de la protesta social, lo
que ha contribuido a un clima de tensión y desconfianza entre las comunidades y el gobierno.
La expansión de la minería y la explotación petrolera también ha generado impactos
negativos en el medio ambiente y en la calidad de vida de las comunidades indígenas. La
contaminación de ríos, la deforestación y la pérdida de territorios ancestrales han debilitado las
formas tradicionales de vida de muchas comunidades, poniendo en riesgo su soberanía alimentaria
y su identidad cultural.
4. Participación de comunidades indígenas y consulta previa: Un derecho vulnerado
Uno de los principios fundamentales del derecho internacional en materia de pueblos
indígenas es el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, en Ecuador, la aplicación de este
derecho ha sido altamente deficiente.
El análisis muestra que la consulta previa ha sido reducida a un mero trámite administrativo
sin efectos vinculantes. En muchos casos, los proyectos extractivos han sido aprobados sin una
consulta real a las comunidades afectadas, lo que ha generado un sentimiento de exclusión y
despojo entre los pueblos indígenas.
Además, cuando la consulta ha sido realizada, los procesos han estado marcados por una
serie de irregularidades, como la falta de acceso a información clara y comprensible, la
manipulación de los procesos de consulta para obtener resultados favorables a los intereses del
Estado y las empresas, y la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar que las decisiones
de las comunidades sean respetadas.
Para que la consulta previa cumpla su verdadero propósito, es necesario que se reformulen
sus procedimientos y que se garantice su carácter vinculante. Solo de esta manera se podrá
asegurar que los pueblos indígenas tengan un papel real en la planificación territorial y que sus
derechos sean respetados en el marco de los proyectos de desarrollo.
5. El enfoque del Buen Vivir (sumak kawsay) en la gestión territorial: Un principio
constitucional sin aplicación real
El Buen Vivir (sumak kawsay) es un concepto central en la Constitución de 2008, que
propone un modelo de desarrollo alternativo basado en la armonía entre los seres humanos y la
naturaleza. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento en el marco normativo, su implementación
en el ordenamiento territorial ha sido limitada.
proyectos extractivos han sido impuestos sin un proceso adecuado de consulta y sin el
consentimiento de las comunidades afectadas, lo que ha derivado en enfrentamientos entre los
pueblos indígenas, el gobierno y las empresas.
Además, se ha evidenciado un patrón de criminalización de los líderes indígenas que han
encabezado la resistencia a estos proyectos. En lugar de establecer mecanismos de diálogo y
negociación, el Estado ha recurrido a la represión y a la judicialización de la protesta social, lo
que ha contribuido a un clima de tensión y desconfianza entre las comunidades y el gobierno.
La expansión de la minería y la explotación petrolera también ha generado impactos
negativos en el medio ambiente y en la calidad de vida de las comunidades indígenas. La
contaminación de ríos, la deforestación y la pérdida de territorios ancestrales han debilitado las
formas tradicionales de vida de muchas comunidades, poniendo en riesgo su soberanía alimentaria
y su identidad cultural.
4. Participación de comunidades indígenas y consulta previa: Un derecho vulnerado
Uno de los principios fundamentales del derecho internacional en materia de pueblos
indígenas es el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, en Ecuador, la aplicación de este
derecho ha sido altamente deficiente.
El análisis muestra que la consulta previa ha sido reducida a un mero trámite administrativo
sin efectos vinculantes. En muchos casos, los proyectos extractivos han sido aprobados sin una
consulta real a las comunidades afectadas, lo que ha generado un sentimiento de exclusión y
despojo entre los pueblos indígenas.
Además, cuando la consulta ha sido realizada, los procesos han estado marcados por una
serie de irregularidades, como la falta de acceso a información clara y comprensible, la
manipulación de los procesos de consulta para obtener resultados favorables a los intereses del
Estado y las empresas, y la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar que las decisiones
de las comunidades sean respetadas.
Para que la consulta previa cumpla su verdadero propósito, es necesario que se reformulen
sus procedimientos y que se garantice su carácter vinculante. Solo de esta manera se podrá
asegurar que los pueblos indígenas tengan un papel real en la planificación territorial y que sus
derechos sean respetados en el marco de los proyectos de desarrollo.
5. El enfoque del Buen Vivir (sumak kawsay) en la gestión territorial: Un principio
constitucional sin aplicación real
El Buen Vivir (sumak kawsay) es un concepto central en la Constitución de 2008, que
propone un modelo de desarrollo alternativo basado en la armonía entre los seres humanos y la
naturaleza. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento en el marco normativo, su implementación
en el ordenamiento territorial ha sido limitada.
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El análisis muestra que el Buen Vivir ha sido incorporado en los discursos políticos, pero
no se ha traducido en políticas concretas que transformen el modelo de desarrollo. En la práctica,
el Estado ha continuado promoviendo un modelo extractivista y desarrollista que contradice los
principios del Buen Vivir.
Además, no se ha reconocido ni fortalecido suficientemente la gestión territorial indígena
basada en el Buen Vivir. Muchas comunidades han desarrollado sistemas de manejo del territorio
basados en principios de equilibrio ecológico, reciprocidad y respeto por la naturaleza, pero estos
modelos han sido marginados por las políticas estatales, que siguen priorizando un enfoque
tecnocrático de planificación territorial.
Para que el Buen Vivir tenga un impacto real en la gestión territorial, es necesario adoptar
un enfoque de desarrollo que no solo valore el crecimiento económico, sino que también incorpore
principios de sostenibilidad ecológica, autodeterminación de los pueblos indígenas y justicia
social.
Reflexión final y propuestas para un modelo de ordenamiento territorial intercultural
El análisis de la literatura revisada sugiere que Ecuador enfrenta el desafío de construir un
modelo de ordenamiento territorial que realmente refleje su carácter plurinacional e intercultural.
Para ello, es fundamental:
1. Fortalecer la autonomía territorial indígena, reconociendo sus sistemas de planificación
y autogestión.
2. Reformar la consulta previa para garantizar que sea un proceso vinculante y respetuoso
de los derechos colectivos.
3. Superar el modelo extractivista, promoviendo alternativas económicas sostenibles y
basadas en el Buen Vivir.
4. Incorporar mecanismos de participación efectiva, asegurando que las comunidades
indígenas tengan voz y voto en las decisiones territoriales.
Solo a través de una transformación profunda del modelo de ordenamiento territorial será posible
construir un Ecuador verdaderamente intercultural y plurinacional, donde se respeten los derechos
de los pueblos indígenas y se garantice una gestión sostenible del territorio.
El análisis muestra que el Buen Vivir ha sido incorporado en los discursos políticos, pero
no se ha traducido en políticas concretas que transformen el modelo de desarrollo. En la práctica,
el Estado ha continuado promoviendo un modelo extractivista y desarrollista que contradice los
principios del Buen Vivir.
Además, no se ha reconocido ni fortalecido suficientemente la gestión territorial indígena
basada en el Buen Vivir. Muchas comunidades han desarrollado sistemas de manejo del territorio
basados en principios de equilibrio ecológico, reciprocidad y respeto por la naturaleza, pero estos
modelos han sido marginados por las políticas estatales, que siguen priorizando un enfoque
tecnocrático de planificación territorial.
Para que el Buen Vivir tenga un impacto real en la gestión territorial, es necesario adoptar
un enfoque de desarrollo que no solo valore el crecimiento económico, sino que también incorpore
principios de sostenibilidad ecológica, autodeterminación de los pueblos indígenas y justicia
social.
Reflexión final y propuestas para un modelo de ordenamiento territorial intercultural
El análisis de la literatura revisada sugiere que Ecuador enfrenta el desafío de construir un
modelo de ordenamiento territorial que realmente refleje su carácter plurinacional e intercultural.
Para ello, es fundamental:
1. Fortalecer la autonomía territorial indígena, reconociendo sus sistemas de planificación
y autogestión.
2. Reformar la consulta previa para garantizar que sea un proceso vinculante y respetuoso
de los derechos colectivos.
3. Superar el modelo extractivista, promoviendo alternativas económicas sostenibles y
basadas en el Buen Vivir.
4. Incorporar mecanismos de participación efectiva, asegurando que las comunidades
indígenas tengan voz y voto en las decisiones territoriales.
Solo a través de una transformación profunda del modelo de ordenamiento territorial será posible
construir un Ecuador verdaderamente intercultural y plurinacional, donde se respeten los derechos
de los pueblos indígenas y se garantice una gestión sostenible del territorio.
Vol. 12/ Núm. 1 2025 pág. 3905
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