Comparación entre Sistema Anglosajón y Régimen Administrativo: Implicaciones para la Protección de Derechos

Resumen

El principio de legalidad es esencial en el derecho administrativo, exigiendo que todas las acciones estatales se basen en normas jurídicas preexistentes. Este principio, que tiene raíces en la filosofía de Aristóteles y el Derecho Romano, se ha consolidado a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y ha influenciado el Estado de Derecho moderno. La legalidad garantiza que la administración pública actúe conforme a la ley, promoviendo decisiones justas y proporcionales, lo que se denomina razonabilidad. Comparar el sistema anglosajón y el régimen administrativo revela diferencias significativas en la aplicación del principio de legalidad. En el sistema anglosajón, vigente en países como Inglaterra y Estados Unidos, el common law se basa en precedentes judiciales, ofreciendo flexibilidad para la evolución del derecho a través de decisiones y la interpretación de casos anteriores. Sin embargo, esta flexibilidad puede resultar en costos elevados y una complejidad en la resolución de casos, como se vio en el caso de los "Guildford Four", que mostró deficiencias en la administración de justicia debido a errores judiciales y pruebas fabricadas. En contraste, el régimen administrativo, típico de los sistemas de derecho continental, se basa en un marco legal codificado que define claramente las competencias y procedimientos administrativos. Este enfoque previene conflictos y asegura un funcionamiento eficiente del Estado, pero puede ser visto como rígido y menos adaptable en comparación con el common law. Ambos sistemas presentan fortalezas y debilidades en la protección de derechos. Una posible solución sería fusionar la codificación del régimen administrativo con la flexibilidad del common law, incorporando mecanismos de revisión judicial que mejoren la transparencia y participación pública, optimizando así la protección de derechos en una estructura legal más adaptable.